REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

Los Teques, 12 de agosto de 2011 201º y 152º CAUSA Nº 1A-a 8612-11 SOLICITANTES: ABGS. LUIS OSCAR SOSA RUIZ Y PEDRO MISLE RODRÍGUEZ (Apoderados Judiciales de la Empresa “AGRÍCOLA LA GUARDIA”) MOTIVO: APELACIÓN DE AUTO MAGISTRADA PONENTE: MARINA OJEDA BRICEÑO. Concierne a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, decidir acerca de la admisibilidad del Recurso de Apelación interpuesto por los Abgs. LUIS OSCAR SOSA RUIZ y PEDRO MISLE RODRÍGUEZ, en su carácter de Apoderados Judiciales de la Empresa “AGRICOLA LA GUARDIA”, contra el auto dictado en fecha Doce (12) de Abril de Dos Mil Once (2011), por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSIÓN BARLOVENTO, mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado notificó a los solicitantes que la suspensión de las Medidas impugnadas era improcedente. DE LA ADMISIBILIDAD El recurso referido fue ejercido con fundamento en el artículo 447 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal, dentro del término que establece el artículo 448 ejusdem y no se encuentra incurso en causal de inadmisibilidad alguna de las taxativamente previstas en el artículo 437 ibídem. Establece el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, las causales de inadmisibilidad del recurso de apelación y son las siguientes: a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimidad para hacerlo. b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente c) Cuando la decisión que se recurra sea inimpugnable o irrecurrible por disposición expresa de la ley. LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE En este punto observa este Tribunal de Alzada que, la legitimación del recurrente no se encuentra acreditada en autos, en virtud de que los recurrentes no son parte en el presente proceso, no obstante se observa que los mismos se amparan en la figura de tercero interesado de buena fe. En este sentido, observa esta Corte de Apelaciones que, en principio para la interposición del recurso de apelación están legitimados las personas o los sujetos que hayan ocupado el estatus de partes (sin consideración de su capacidad civil; asimismo por otra parte, debe avistarse que en el proceso penal no existen las figuras de los litis consortes ni los terceros interesados, por lo que no pueden postular o ejercer medios de impugnación. Así las cosas es dable destacar el contenido del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual a la letra es a tenor siguiente: ART. 433.—Legitimación. Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. Del citado artículo se desprende que, el mismo sistema acusatorio establece el sistema de partes, en este sentido, cabe señalar al respecto el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 1023, en fecha 11 de Mayo de 2006, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en la que se estableció lo siguiente: “…Precisado lo anterior, y a los efectos de una mayor claridad y sistematización del presente fallo, debe esta Sala realizar de modo previo, unas breves consideraciones respecto al requisito de la legitimación para recurrir de las decisiones judiciales, a la luz del sistema de recursos del Código Orgánico Procesal Penal; posteriormente, se analizará la legitimación de los accionantes en el presente caso, en el sentido si aquéllos se encontraban facultados para ejercer el recurso de apelación fallo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal, para determinar, en consecuencia, si realmente procedía en el presente caso la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, con base en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales… (…) …Vista entonces la relevancia que ostenta la sentencia dentro de la relación jurídico-procesal, en el sentido de ser el acto procesal del cual dimanan los efectos jurídicos de mayor importancia, la misma debe estar sometida a revisión o control, lo cual se materializa a través del ejercicio, por parte de los sujetos procesales, de los mecanismos impugnativos de decisiones judiciales, a saber, los recursos… (…) …Los anteriores planteamientos se encuentran englobados en el concepto de la impugnabilidad de la sentencia, el cual, con base en las consideraciones que anteceden, es susceptible de ser asociado al derecho o facultad de los sujetos procesales a recurrir del fallo. En este orden de ideas, la impugnabilidad puede ser vista a su vez desde dos ópticas, la primera de ellas referida a las decisiones que son susceptibles de ser atacadas y a los medios utilizables para ello, y la segunda, a los sujetos facultados por la ley para impugnar tales decisiones. Al primer aspecto se le denomina IMPUGNABILIDAD OBJETIVA, la cual, dentro del sistema de recursos de la ley adjetiva penal patria, se encuentra contemplada en el artículo 432 de ésta; mientras que el segundo se encuadra en el concepto de IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA, figura ésta recogida por el legislador, principalmente, en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, de la noción de impugnabilidad subjetiva se deriva la legitimación para el ejercicio del recurso correspondiente, la cual, de conformidad con el sistema de recursos establecido en la ley adjetiva penal, se encuentra circunscrita únicamente a las partes; dicho de otro modo, la facultad de recurrir de las decisiones judiciales le es conferida únicamente a las partes del proceso penal, desprendiéndose ello de la interpretación sistemática de los artículos 433, 436, 437.a) del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales constituyen disposiciones generales aplicables a todo el régimen de los recursos establecido en dicho código. La única excepción a esta regla se encuentra contemplada en el artículo 325 de la mencionada ley adjetiva penal, toda vez que dicha norma establece que la víctima, aun y cuando no tenga la cualidad de parte en el proceso penal –por no haberse querellado-, puede interponer recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento… (…) …De lo anterior se desprende que el catálogo de sujetos procesales que podrán recurrir de una decisión judicial en el proceso penal, se encuentra integrado por el Ministerio Público (artículo 108.13), el imputado (artículos 433 único aparte, y 436 único aparte), y la víctima (artículo 120.8). Debe aclararse que el derecho al recurso encuentra su coto en el concepto de gravamen o agravio, en el sentido de que las partes únicamente podrán recurrir de las decisiones que les desfavorezcan, principio éste que se encuentra contenido en el encabezamiento del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal… (…) …A diferencia del sistema procesal penal venezolano, en el Derecho comparado existen ordenamientos procesales penales que sí contemplan expresamente la posibilidad de que sujetos distintos a las partes, puedan recurrir de decisiones judiciales que les desfavorezcan, como es el caso de la Ordenanza Procesal Penal alemana (Strafprozeßordnung, o StPO), en la cual se dispone que, además del imputado, su defensor, la Fiscalía y los acusadores privados y adhesivos, pueden recurrir otras personas afectadas indirectamente por la decisión, específicamente, los intervinientes accesorios, como lo son los intervinientes por el comiso –personas con derechos sobre el objeto decomisado, por ej. su propietario- en el supuesto que la sentencia ordene tal medida (§ 431), así como los testigos y peritos afectados por un auto judicial (§ 304 II y 305). En el caso sub lite, los accionantes se encuentran constituidos por los ciudadanos Marilus Jiménez, Atilano González, Irgenis Fuenmayor y Leidi Alcalá, quienes alegan, en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, su condición de trabajadores de una de las sociedades mercantiles (AUTO LEASING, C.A.) afectadas por la medida de inmovilización ordenada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Tales ciudadanos, a pesar de que se vieron afectados indirectamente por tal decisión, no tenían la legitimación para ejercer el mecanismo impugnativo ordinario contra aquélla, a saber, el recurso de apelación de autos. El fundamento de tal afirmación, estriba en que dichos ciudadanos no ostentaban la condición de parte en el proceso penal que originó la interposición de la presente acción de amparo constitucional, cualidad esta necesaria en el proceso penal venezolano –tal como se señaló supra- para recurrir de toda decisión judicial, en otras palabras, no podían ser catalogados ni como víctimas, ni como imputados, sino como terceros que colateralmente se vieron afectados por tal decisión judicial. Siendo así, la única vía a la cual podían acceder los mencionados ciudadanos, a los efectos de impugnar el referido auto del Juzgado Sexto de Control, era la acción de amparo constitucional, por lo que aquellos se encontraban relevados de agotar la vía judicial ordinaria –vale decir, recurso de apelación de autos- a los fines de colocar en entredicho la validez de la mencionada decisión judicial…” (Subrayado y Negritas de esta Corte de Apelaciones) Por lo anteriormente expuesto, es por lo que este Tribunal de Alzada estima que en el presente caso los recurrentes no se encuentran revestido de legitimidad para ejercer recurso de apelación contra el fallo proferido por el Tribunal Segundo de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, Extensión Barlovento, por considerar que carecen de legitimidad, por lo que en apego de lo establecido en el literal “a” del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que es una causal de inadmisibilidad. En consecuencia, por cuanto las partes carecen de legitimidad para ejercer el Recurso de Apelación interpuesto, es por lo que se declara “INADMISIBLE” el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 437 literal “a”, en concordancia con el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1023, de fecha 11 de Mayo de 2006. Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos con anterioridad, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente Recurso de Apelación interpuesto por el Abgs. LUIS OSCAR SOSA RUIZ y PEDRO MISLE RODRÍGUEZ, en su carácter de Apoderados Judiciales de la Empresa “AGRÍCOLA LA GUARDIA”, en contra la decisión dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSIÓN BARLOVENTO, en fecha Doce (12) de Abril de Dos Mil Once (2011), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado notificó a los solicitantes que la suspensión de las Medidas impugnadas era improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 437 literal “a”, en concordancia con el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1023, de fecha 11 de Mayo de 2006. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. MAGISTRADO PRESIDENTE DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA MAGISTRADA PONENTE DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO MAGISTRADO INTEGRANTE DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ LA SECRETARIA, GHENNY HERNANDEZ APONTE En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. LA SECRETARIA, GHENNY HERNANDEZ APONTE JLIV/ MOB/LAGR/GHA/oars.- CAUSA Nº 1A- a 8612-11.- Admisión de Auto