En el día de hoy, jueves veinte de enero de dos mil once (20/01/2011), siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.,) día fijado por este Juzgado Ejecutor de Medidas para llevar a la practica la medida de EMBARGO EJECUTIVO decretada por el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 21 de diciembre del año dos mil diez (21/12/2010), con ocasión del juicio que por EJECUCION DE HIPOTECA incoara la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL., contra el ciudadano: MARCOS ARGENIS DIAZ CONTRERAS, que se sustancia en el expediente número 2812, la cual debe recaer sobre “...bienes propiedad del demandado… hasta cubrir la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 30/100 (Bs. 280.340,30), que comprende el doble del saldo de las cantidades reclamadas, que forma parte de la pretensión, más las costas de Ejecución calculadas prudencialmente por esta Juzgadora en la suma de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 12/100 (Bs. 36.566,12), a razón del 30 % de dicha cantidad, incluidas en la cifra anterior. Si la medida recayese sobre cantidades líquidas de dinero se practicará la misma hasta cubrir la suma de CIENTOCINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLIVARES CON 21/100 (Bs. 158.453,21), que comprende el saldo de las cantidades que forma parte de la pretensión, más las costas de Ejecución también referidas…”. Seguidamente, el Tribunal previa la habilitación del tiempo necesario y por haber sido jurada la urgencia del caso por parte del apoderado judicial del actor, ciudadano: EMILIO PEREZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 20.927, se trasladó y constituyó con éste y con los ciudadanos CARLOS GREGORY BERDUDEZ y ROBERTO BLANCO, venezolanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad número V-12.910.456 y 14.166.803 respectivamente en un inmueble constituido por una villa, destinada a vivienda, distinguida con el número y letra 24-E, ubicada en el módulo 24, que forma parte de la Tercera Etapa, del Conjunto Residencial denominado “Villas Miravila”, el cual está ubicado en la parcela B-22 de la Urbanización El Castillejo, Guatire, Municipio Plaza del Estado Miranda. Inmediatamente, el Tribunal toca a las puertas del mismo y no consigue respuesta alguna, es por ello que el Tribunal indaga por los miembros de la Junta de Condominio del referido Conjunto Residencial, asociación civil que es electa por todos los condóminos para la defensa de los derechos e intereses de la comunidad, quienes usualmente cuentan con mecanismos para comunicarse con los mismos por lo cual el Tribunal se vale de eso para notificar de su misión a la ciudadana: DORIS BAUTISTA MARRERO, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número V-5.121.977, quien manifestó ser la secretaria de la Junta de Condominio, que el lugar donde inicialmente se constituyó el Tribunal es el inmueble propiedad de la parte demandada, lugar donde habita el demandado, sin embargo manifestó que tiene tiempo que no lo ve. Finalmente le participó al Tribunal que para este momento se encuentra moroso con los pagos del condominio. Inmediatamente, el Tribunal lo notifica de su misión y le hace saber a la notificada como a todos los presentes que por cuanto el derecho a la defensa es un Derecho Constitucional inherente a la persona humana, el cual debe ser garantizado y protegido en todo grado y estado del proceso y siendo la fase de ejecución de medidas una etapa del proceso, es por lo que este Juzgado Ejecutor de Medidas le concede al notificado un plazo de espera de treinta (30) minutos a los fines de que se comunique con él demandado, abogado de su confianza y/o terceros con interés legitimo y directo en la presente medida y, éstos puedan hacer acto de presencia por sí o por medio de apoderado judicial que defienda sus derechos e intereses, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 49, numeral 1º de la Constitución de la República, desarrollado jurisprudencialmente en fechas primero de febrero del año dos mil (01/02/00) y veinte y tres de enero de dos mil dos (23/01/2002), por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias con ponencia de los magistrados JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO e IVAN RINCÓN URDANETA, expedientes números 00-0010 y 01-1957, respectivamente, en concordancia con lo pautado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ó Pacto de San José de Costa Rica, que se aplica por disposición del artículo 23 de la Carta Magna. Tiempo este suficiente para que comparezca el demandado y/o abogado que defienda sus derechos e intereses, con vista al lugar donde se encuentra constituido el Tribunal, sitio donde laboran un sinnúmero de profesionales del derecho, amen de la cercanía con la ciudad de Caracas. Posteriormente, el Tribunal invita a la notificada a que éste presente en toda esta actuación judicial, lo cual no fue aceptado por ésta alegando que debe atender innumerables compromisos. Inmediatamente, el Tribunal se vuelve a trasladar y a constituir en el inmueble sub-judice. Vencido el plazo concedido por el Tribunal para que concurra él demandado y/o comparezcan terceros con interés legitimo y directo en esta actuación judicial por sí o por medio de apoderados judiciales y éstos no hacerlos, lo cual no impide dar inicio al presente acto, por cuanto para ello, el Juez debe verificar estar constituido en presencia del bien objeto de la medida y de haberle garantizado el derecho a la defensa al demandado como ha posibles terceros, extremos estos cubiertos en el presente caso, con el lugar de constitución del Tribunal, la notificación de esta medida a la secretaria de la Junta de Condominio , quien corroboró el lugar de constitución del Tribunal y, con el tiempo prudencial concedido a favor de la parte demandada y/o terceros. En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es dar inicio al presente acto con todas las formalidades de Ley. Empero, se les advierte a las partes e intervinientes en esta medida que cada uno cuenta con diez (10) minutos para hacer sus exposiciones y cinco (5) minutos para la réplica y contrarréplica, en caso de ser necesario, tiempo este establecido en todas y cada una de las audiencias constitucionales celebradas en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lugar donde se ventilan las violaciones o menoscabos a los derechos constitucionales y, siendo que la presente medida es de índole legal, mal puede contar con un tiempo superior al constitucional. Así las cosas, el Tribunal le concede la palabra al apoderado judicial de la parte actora ut-supra identificado, quien expone:”Con la venia de estilo, ocurro ante este Honorable Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de solicitar como en efecto solicito se materialice la medida de embargo ejecutivo decretada por el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado miranda con sede en la ciudad de Guatire. Señalo para ser embargado el siguiente bien inmueble: constituido por una villa, destinada a vivienda, distinguida con el número y letra 24-E, ubicada en el módulo 24, que forma parte de la Tercera Etapa, del Conjunto Residencial denominado “Villas Miravila”, el cual está ubicado en la parcela B-22 de la Urbanización El Castillejo, Guatire, Municipio Plaza del Estado Miranda. Dicho bien le pertenece al demandado según consta de documento de propiedad debidamente protocolizado ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Miranda, de fecha 21 de febrero de 2008, inserto al número seis (06), tomo 15, protocolo 1º, el cual cursa inserto a los folios de cuatro al doce (f.04 al f.12) de la presente comisión. De igual forma, le solicito al Tribunal designe y juramente a un perito avaluador como a una depositaria judicial a los fines de que intervengan en la presente actuación judicial. Es todo”. Inmediatamente, el Tribunal deja constancia que no se le dio el derecho de palabra a la notificada por cuanto abandonó el acto. Seguidamente, este Tribunal observa que no hay oposición legal contra la presente medida, se encuentra constituido en el inmueble propiedad del demandado y se le garantizó el derecho a la defensa a la parte demandada como a posibles terceros. En consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es materializar la presente medida con todas las formalidades del caso. Así se Decide. Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ORDENA la materialización de la medida de EMBARGO EJECUTIVO decretada por el Juzgado de la causa. SEGUNDO: Se ORDENA la designación y juramentación de un perito avaluador y de una depositaria judicial. TERCERO: Se ORDENA librar y fijar en la puerta de entrada del inmueble objeto de esta medida, un cartel de notificación a nombre del demandado participándole la practica de esta medida judicial, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 49 numeral 1º de la Carta Fundamental. CUARTO: Se le ORDENA al Secretario Accidental dar cumplimiento a lo pautado en los artículos 188 y 189 ambos del Código de Procedimiento Civil. QUINTO: Se ORDENA dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su oficio identificado con las siglas tpe-01-680, de fecha 04 de julio del año 2001 donde ordenan que todos los autos, decisiones y demás providencias dictadas por los funcionarios judiciales, así como la documentación que tenga que ser suscrita por los auxiliares de justicia, deberá contener, además de la firma del funcionario, la expresa mención del nombre y apellido, así como el cargo que ostenta, todo a los fines de brindar una mayor seguridad jurídica. SEXTO: Se ORDENA oficiar al Registro Público respectivo del Estado Miranda, con sede en Guatire participándole la practica de esta actuación judicial, conforme lo exige el artículo 535 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase. A continuación, el Tribunal designa como perito avaluador al ciudadano: ROBERTO BLANCO, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad número V-14.166.803 y, como Depositaria Judicial a la empresa mercantil Depositaria Judicial “La General de Depósitos Judiciales S.A”., quien está representada en este acto por el ciudadano: CARLOS GREGORY BERMUDEZ, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad número V-12.910.456, quienes estando presentes aceptan los cargos en ellos recaídos y prestan el juramento de Ley. Seguidamente, el Tribunal le ordena al perito avaluador designado determine la ubicación, linderos y medidas del inmueble señalado por el apoderado judicial del actor, y le fije un valor prudencial al mismo, conforme lo pauta el artículo 10 de la Ley Sobre Depósito Judicial, quien de seguida expone: “El Tribunal se encuentra ubicado en un inmueble constituido por una villa, destinada a vivienda, distinguida con el número y letra 24-E, ubicada en el módulo 24, que forma parte de la Tercera Etapa, del Conjunto Residencial denominado “Villas Miravila”, el cual está ubicado en la parcela B-22 de la Urbanización El Castillejo, Guatire, Municipio Plaza del Estado Miranda. El mismo tiene una superficie de SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (72,94 Mts2). Sus linderos particulares son: NORTE: con la villa número 24; SUR: con la acera común entre el Lote Etapa 4 y el módulo 24; ESTE: con la acera común entre el módulo 25 y el módulo 24, y OESTE: con la villa 24-D. Le corresponde un (1) puesto de estacionamiento distinguido con el mismo número que el inmueble. Internamente no puedo dejar constancia de su distribución por cuanto para este momento se encuentra cerrado. Finalmente, según la ubicación del inmueble, acabados, tiempo de construcción y las políticas de bienes raíces imperantes en la zona le fijo un avalúo prudencial al mismo en la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 400.000,oo). Es Todo.” Ahora bien, por cuanto los datos del inmueble donde se encuentra constituido el Tribunal corresponden a los aportados por el apoderado judicial de la parte actora según documento de propiedad donde consta que el presente inmueble es propiedad del demandado el cual que cursa a los folio cuatro al doce (f.04 y f.12) de la presente comisión, lo que corrobora que el Tribunal se encuentra constituido en el inmueble propiedad del demandado. Es por lo que este Juzgado Ejecutor EMBARGA EJECUTIVAMENTE hasta por la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 280.340,30) el mencionado inmueble y lo coloca en posesión material, real y efectiva del mismo al ciudadano: CARLOS GREGORY BERMUDEZ, representante de la Depositaria Judicial designada, ut supra identificado quien lo recibe de conformidad y en nombre de su representada, comprometiéndose a cumplir con sus obligaciones legales como un buen padre de familia. A continuación, el Tribunal le participa a todos los intervinientes a esta medida, que por la naturaleza de la misma, esta se ejecuta sin lanzamiento. Inmediatamente, el Tribunal fija en la puerta de entrada del inmueble embargado ejecutivamente un cartel de notificación librado a nombre del demandado, siendo para este momento las once horas y veinte minutos de la mañana (11:20 a.m.). Seguidamente, el Secretario Accidental da lectura a la presente acta y el Tribunal hace constar que no hay observación ni reclamo contra la misma. Finalmente, siendo las once horas y treinta y cinco minutos de la mañana, (11:35 a.m.) el Tribunal ordena el regreso a su sede natural, haciendo constar que la presente medida se cumplió a cabalidad. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman, con excepción de la notificada quien no presenció la totalidad de este acto judicial.
El juez temporal,

Abg. DANIEL J. MORELLI C.
El apoderado judicial del actor,

Abogado: EMILIO PEREZ.
La notificada,
Ciudadana: DORIS BAUTISTA M.
(No presenció el acto).
El perito avaluador,

Ciudadano: ROBERTO BLANCO.

El representante de la depositaria judicial (“La General de Depósitos Judiciales S.A”)

Ciudadano: CARLOS G. BERMUDEZ.

El secretario accidental,

Abogado: GUSTAVO A. CEDEÑO C.


Comisión Nº. 11-C-1656.-
Expediente número 2812.-