REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA. Santa Teresa del Tuy 200° y 151° EXPEDIENTE N° 10-2866. PARTE ACTORA: SOCIEDAD MERCANTIL INVERSORA VASCO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del distrito Federal y estado Miranda en fecha Nº 06 de mayo de 1991, bajo el número 51º, tomo, 2do, con domicilio en Santa Teresa del Tuy, representada por su Presidente NURSIKIAN TEFNEKJI NERSES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V-12.085.463. Con domicilio procesal en el Escritorio Jurídico Andrea y De León, Centro Comercial La Cascada, Piso 2, oficina 2, Km 21, Carretera Panamericana, Carrizal, estado Miranda APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: EMILIA DE LEÓN ALONSO DE ANDREA, GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ y AISKEL ORSI CHIRINOS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 35.336 y 37.063 y 25.299 respectivamente. PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAMBA N.R.C.A., inscrita el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción del distrito Federal y estado Miranda, bajo el número 163 A-Pro, Nº 36 de fecha 28 de julio de 1998, con domicilio procesal, calle Ayacucho, edificio Don Guillermo, Piso 2, Oficina 8, Santa Teresa del Tuy, representada por RAFAEL JACOBO ISKENDERIAN LOPENZA, venezolano mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número 12.072.322. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados RAFAEL EDUARDO CASTELLANO CALZADILLA y NOELIA DI VINCENZO RAMIREZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 59.217 y 64.146 respectivamente. MOTIVO: DESALOJO. SENTENCIA: DEFINITIVA SINTESÍS DE LA CONTROVERSIA Se inicia la presente causa por demanda de Desalojo presentada el 30 de Septiembre de 2010, ante este juzgado contra la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAMBA N.R.C.A., representada por RAFAEL JACOBO ISKENDERIAN LOPENZA. Señala la actora como hechos fundamentales de la demanda los siguientes: Que su representada la Sociedad Mercantil Inversora Vasco C.A., celebró un Contrato de Arrendamiento con la Sociedad Mercantil Inversiones Samba N.R.,C.A., en fecha 07 de junio de 1999, sobre un local comercial ubicado en la calle Ayacucho, signado con el número 88 en Santa Teresa del Tuy, Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda. Que dicho contrato de arrendamiento comenzó a regir de acuerdo a su cláusula cuarta desde el día primero de junio de 1999, por un lapso de 6 meses sin prorroga. Señala como Punto Previo que el termino de los 6 meses sin prorroga, del contrato celebrado impedía la renovación automática del mismo, manteniéndose en vigencia por la tácita voluntad de las partes contratantes por un lapso de 11 años consecutivos, adoptando un lapso de duración indeterminado y que es ese el contrato valido por haber sido debidamente suscrito por las partes. Que durante todo ese tiempo El Arrendatario ha incumplido reiteradamente con las cláusulas del contrato, habiendo incurrido en diversas causales establecidas en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, señalando que El Arrendatario sin autorización previa y contraviniendo la cláusula sexta del contrato, autorizó, cedió, y sub-arrendó dando calidad de arrendatario a la Compañía Samba del Tuy C.A., la cual solicitó Patente de Industria y Comercio por ante la Alcaldía, haciéndose pasar esta por la arrendataria en el local comercial objeto del contrato de arrendamiento, ubicado en la calle Ayacucho número 88, con la anuencia y conocimiento de Inversiones Samba N.R.,C.A. Que desconoce a la Compañía que allí se ha instalado como arrendataria, encontrándose en situación de abandono y deterioro las instalaciones del local dado en arrendamiento, no contando con energía eléctrica y no cumpliendo el destino para el cual fue arrendado, que es vender calzados. Que la Alcaldía del Municipio Independencia emitió un acto administrativo por situaciones irregulares en torno a la empresa Samba N.R.C.A., lo que ocasiono la anulación de la Patente de Industria y Comercio. Que El Arrendatario ha incumplido con la obligación de cancelar el servicio de energía eléctrica y aseo, teniendo una deuda de Bs. 2.401,00, además de hacer una toma ilegal, todo lo cual constituye otro incumplimiento de contrato y causal de desalojo. Que ha sido infructuoso, imposible, hacer entender a El Arrendatario, que debe desocupar el inmueble, haciéndose insoportable e insostenible la situación planteada. Que el arrendatario Samba N.R., C.A., ha incumplido con diversas cláusulas del contrato de arrendamiento, lo cual acarrea la acción de desalojo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 ordinal d, y el literal f de las disposiciones del Reglamento Interno, lo cual está constituido de acuerdo al Documento de Condominio y el Reglamento de Condominio, artículo 21,22 y 23, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 26 de la Ley de Propiedad Horizontal. Fundamento su acción en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, causales d, e, f y g. En el petitorio de la demanda solicito lo siguiente: “…por todas las razones expuestas que demando en nombre de mi representada INVERSORA VASCO C.A. A la Entidad Mercantil INVERSIONES SAMBA N.R.C.A., sociedad esta inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda bajo el Nº 163ª Pro., Numero 36 de fecha 28 de julio de 1.998 POR LA ACCION DE DESALOJO DE ACUERDO AL ARTICULO 34 DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS específicamente las causales: d) En el hecho de que el arrendatario haya destinado el inmueble a usos deshonestos, indebidos o en contravención a la conformidad de uso concedida por las Autoridades Municipales respectivas o por quien haga sus veces, o por el hecho de que el arrendatario haya cambiado el uso o destino que para el inmueble se pacto en el contrato de arrendamiento, sin el consentimiento previo y por escrito del ARRENDADOR. e) Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble, deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por el ARRENDADOR. f) Que el arrendatario haya incurrido en violación o incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno del Inmueble, En los inmuebles sometidos al régimen de Propiedad Horizontal, el respectivo Documento de Condominio y el Reglamento de Condominio, previsto en el articulo 26 de la ley de Propiedad Horizontal, se consideraran a los fines de este literal, como Reglamento Interno. g)Que el arrendatario haya cedido el contrato de arrendamiento o subarrendado total o parcialmente el inmueble, sin el consentimiento previo y por escrito del ARRENDADOR….” Estimó la cuantía de la demanda en la cantidad de Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs.65.000,00). En fecha 4 de octubre de 2010, el tribunal admitió la demanda, librando boleta de citación a la parte demanda a fin de que diera contestación al segundo día de despacho siguiente a su citación. En fechas 11 y 13 de octubre del mismo año, el alguacil del tribunal deja constancia de la imposibilidad de citar a la parte demandada, reservándose la compulsa. En diligencia de fecha 18 de octubre de 2010, la parte actora solicito se citara a la parte demandada en la persona de sus apoderados judiciales. Consignado a tales efectos copia certificada que acreditaba la representación de estos respecto al demandado. En el mismo mes y año el actor otorgo poder apud acta a las abogadas AIZKIL ORSI CHIRINOS, EMILIA DE LEON, ALONSO DE ANDREA, GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.299, 35.336 y, 37.063. En fecha 22 de octubre de 2010, el tribunal acordó la citación de la demandada en la persona de sus apoderados judicial, siendo que el 26 del mismo mes y año, el alguacil dejo constancia de la negativa de estos a firmar dicha boleta. En fecha 11 de noviembre del 2010, la secretaria del Tribunal carmen Luisa Salazar, deja constancia de haber notificado a la parte demandada conforme al articulo 218 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 15 de noviembre del 2010, la parte demandada dio contestación a la demanda. El 22 de noviembre del mismo año, la apoderada actora presento escrito de alegatos. En la misma fecha arriba señalada ambas partes presentaron sendos escritos de pruebas, y anexos. Dichos escritos fueron admitidos por auto de fecha 23 de noviembre del 2010. El 24 de noviembre de 2010, el apoderado de la parte demandada RAFAEL EDUARDO CASTELLANO CALZADILLA, presenta nuevamente escrito de pruebas, las cuales fueron admitidas, el día siguiente a esa fecha. En fecha 25 de noviembre de 2010, el tribunal practico inspección judicial, promovida por la parte actora, en el sitio objeto de la litis. En fecha 30 de noviembre del 2010, el Tribunal recibió oficios procedentes de la Alcaldía del Municipio Independencia y Simón Bolívar, (Sindico Procurador, Ingeniería Municipal, del Despacho del Alcalde y del Presidente de la Comisión de Seguridad y Participación ciudadana). Lo anterior constituye una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia. -II- DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. En la contestación a la demanda, el apoderado judicial de la parte demandada Inversiones Samba N.R.C.A., Abogado Rafael Eduardo Castellanos Calzadilla, alegó como Punto Previo, que la interposición de la demanda constituye un Fraude Procesal, lo cual la haría inadmisible, por cuanto indica que cursa ante la Sala de Casación Civil, una demanda judicial propuesta por la parte actora, contra su mandante, en el que bajo distinta denominación pretendió la terminación arrendaticia y que al momento de la interposición ante este Juzgado de Municipio no se había dictado sentencia, por lo que habría dolo y mala fe. Negó, rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda incoada contra su representada, por no ser ciertos los hechos alegados en ella, y no amparar al demandante el derecho del que se dice acreedor tanto en los hechos como el derecho alegado por ser falsas y temerarias las exposiciones señaladas; asimismo, admitió que la relación arrendaticia derivó de documento autenticado fechado 07 de junio de 1999. Negó, rechazó y contradijo, que su representada haya incumplido alguna cláusula contractual; que por algún hecho que le sea imputable haya incumplido con el pago de los servicios del inmueble arrendado y en consecuencia niega su obligación contractual; que su representada haya subarrendado o cedido el inmueble arrendado; que su mandante haya incumplido con las normas internas del condominio del inmueble arrendado; que su mandante haya destinado el inmueble para fines distintos a los pautados contractualmente, cambiándole el uso y lo haya destinado a depósito. Alegó: Que su representada ha pagado los cánones de arrendamiento correspondientes; que su representada ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante los tiempos que ha estado en posesión del inmueble, ya que ha sufrido injusta y muy dañinas medidas de secuestro, ambas revocadas. Que la arrendadora ha perturbado el derecho de su mandante al goce de la cosa arrendada, instaurando juicios infundados bloqueando el acceso a los servicios del inmueble, haciendo denuncias administrativas. Que producto de la ejecución de la última medida de secuestro, su representada perdió la posesión del inmueble por más de 3 años y medio, razón por la cual no pudo pagar la patente, la cual fue anulada, ni los servicios públicos del local sin actividad comercial, pues ello constituía responsabilidad del Depositario, en este caso, la parte actora. Que ha venido depositando regularmente el canon de arrendamiento del inmueble por ante el Juzgado de Municipio respectivo. Que desde el 4 de abril del 2006, primero debido al Secuestro mencionado y luego a la falta de energía eléctrica en el inmueble y por falta de respuestas de la Alcaldía sobre permisos municipales, no se ha ejercido ningún acto comercial dentro del local. Solicitó que como punto previo a la sentencia definitiva se declare CON LUGAR la prohibición legal de admitir la acción propuesta, dado que la actora ha incurrido en un fraude procesal y que en todo caso se declare SIN LUGAR la pretensión de la parte actora. DE LA CUESTIÓN PREVIA De la inadmisibilidad pro tempore de la demanda. La representación judicial del demandado alegó la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, toda vez que la parte actora no podía intentar esta demanda mientras la anterior controversia no quedara definitivamente resuelta, no podía sin desistir de aquel juicio proponer la presente demanda, por lo que la actora incurrió en fraude procesal al interponerla de nuevo; expresando además que: “Al tiempo de la presentación de la demanda, la Sala de Casación Civil aún no había dictado sentencia, por lo que la interposición del presente juicio se hizo con dolo y mala fe, en franca constitución de un fraude procesal, lo cual hace inadmisible la demanda”. A tal efecto, la actora argumentó que la demandada incurre en mala praxis, al exponer falsa doctrina en su alegato de Fraude Procesal en el presente caso, ya que es un acto natural de todo Abogado en Venezuela plantear demandas, y que en todo caso se alegaron causas nuevas que generan, nueva oportunidad de conocimiento a los Tribunales de la República. Que pretender unir un juicio concluido por sentencia definitivamente firme a la presente, sería improcedente y violatorio del Derecho fundamental a presentar causas nuevas, invocando el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, señaló que no existe norma alguna que prohíba introducir demanda de desalojo en los contratos por tiempo indeterminado, basada en las causales establecidas en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Para el jurista Humberto Cuenca, el proceso es un conjunto de actividades ordenadas por ley, para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional. Se considera que la existencia o validez del proceso exige ciertas condiciones, sin las cuales el proceso no existe o su existencia es irregular. En este sentido, el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, prevé lo siguiente: “Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas: 11° La prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda”. Es menester determinar el alcance de la norma antes transcrita, pues la voluntad de no permitir el ejercicio de la acción debe ser clara e indiscutible. La aludida prohibición debe provenir de una disposición legal, no puede derivar de la jurisprudencia, de principios doctrinarios, ni de analogías, sino de disposición legal expresa, como por ejemplo, las situaciones contempladas en los artículos 266 y 271 del Código de Procedimiento Civil, que prohíben, temporalmente, proponer la demanda en caso de que se verifique desistimiento o perención; y 1.801 del Código Civil, que niega la acción para reclamar lo ganado en juego de suerte, azar, o envite o en una apuesta, con excepción de las loterías autorizadas y garantizadas por el Estado. Las inadmisibilidades pro tempore que prevén los artículos 266 y 271 del Código de Procedimiento Civil sólo limitan el ejercicio de un derecho, sin lesionar el derecho a la defensa, ni a la tutela judicial efectiva, toda vez que nace de un interés de evitar que se utilice el proceso como un mecanismo de retardo y de extorsión judicial. La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta no se refiere a la pretensión, ni debe producirse por parte del juez un examen acerca del fondo de lo litigado; dicha cuestión previa se atiene exclusivamente a la acción, entendida ésta como el derecho que tienen todos los justiciables de acudir ante los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos y tutelar sus intereses, y obtener de ella una respuesta oportuna fundada en derecho. El artículo 266 del Código de Procedimiento Civil, determina que una vez producido el desistimiento, el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de que transcurran noventa días. Alega la parte demandante que no se trata de la misma demanda, pues, la de cumplimiento de contrato por vencimiento de prorroga legal se encuentra definitivamente firme, y el caso que hoy nos ocupa es una demanda por desalojo de acuerdo a las causas del articulo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por un contrato por tiempo indeterminado y en consecuencia, no se tocan ni se argumentan los mismos elementos. De la revisión de los anexos consignados con la contestación, se evidencia que curso ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que la misma se trato de una demanda de Cumplimiento de Contrato intentada por LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSORA VASCO C.A., contra LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAMBA N.R. C.A, que ciertamente está fundamentada en el cumplimiento de contrato, por cuanto fue alegado como fundamento de hecho el vencimiento de la prorroga legal. En dicha demanda la parte actora pretendía la desocupación y entrega del inmueble constituido por un local comercial ubicado en la calle Ayacucho, signado con el número 88 en Santa Teresa del Tuy, Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda. Por su parte, la demanda desalojo que encabeza este expediente está fundada en causales d, e, f y g. del artículo 34 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios. De lo expuesto se evidencia, que la parte actora intentó demandas distintas contra la misma parte, en virtud de la misma relación arrendaticia, pero basada en distintas razones de hecho y de derecho. Ahora bien, ¿qué se debe entender por demanda?. Señala el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, que “El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora, ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez”. En este mismo sentido, Arístides Rengel-Romberg ha indicado lo siguiente: “Mientras que la acción es un derecho, la pretensión es un acto y más propiamente una declaración de voluntad. … De la acción y de la pretensión se diferencia la demanda. Ésta no es un derecho, sino un acto procesal. El acto procesal por excelencia del actor (demandante) en el proceso civil, el cual comienza por la demanda escrita. …Pero la demanda, a su vez contiene la acción y la pretensión”. Entonces, con la demanda se ejerce el derecho de acción y se deduce la pretensión, es decir, que la demanda contiene la acción que pone en movimiento a la jurisdicción, para así darle paso al proceso, y a su vez, contiene a la pretensión o reclamación del justiciable de la tutela por parte del Estado. De esta manera, la acción es un derecho o potestad; la pretensión, una declaración de voluntad, y la demanda un acto procesal. El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por analogía, señala qué debe expresar el libelo de demanda, y básicamente, tiene una serie de requisitos subjetivos, a saber, la indicación del tribunal, del actor y del demandado. Y por otra parte, tiene elementos objetivos, como, el petitum y la causa de pedir, que está conformada por fundamentos fácticos y jurídicos. Así pues, en el caso estudiado, la parte actora intentó dos demandas distintas contra LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAMBA NR. C.A, en razón del contrato de arrendamiento suscrito entre ésta y la LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSORA VASCO C.A, sobre el inmueble antes identificado. Sin embargo, las razones de hecho y de derecho son totalmente diferentes, por cuanto mientras en la primera demanda se planteó el cumplimiento por vencimiento del término; la segunda está sustentada en el desalojo, por lo que debe concluir esta juzgadora que la causa de pedir no es la misma. Sobre la base de las consideraciones anteriores, siendo distintas las causas de pedir de una y otra demanda, la inadmisibilidad temporal, no le es aplicable a la demanda en curso, por lo que es forzoso para quien decide, desestimar la cuestión previa alegada por la parte demandada. Así se decide. Respecto al alegato de fraude, dice la doctrina que por fraude procesal se entiende aquel o aquellos actos contrarios a la verdad y a la rectitud, que puedan ser ejercidos por las partes durante la prosecución de un litigio a fin de procurar una apreciación falsa del tribunal en la resolución de un conflicto, con el forjamiento de una inexistente litis entre las partes. En tal sentido se observa que uno de los deberes de los Jueces es prevenir deslealtades y falta de probidad en el proceso, esto en cumplimiento a la normativa taxativamente expuesta en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, aunado a que dicho alegato no encuadra dentro de la cuestión previa planteada, y el mismo debe ser planteado en un proceso distinto. Así también se decide. Decidido lo anterior pasa este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo de la causa, la cual fue fundamentada en los literales “d”, “e”, “f” y “g” del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, de la siguiente manera: PRUEBAS DE LAS PARTES PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA: Pruebas documentales, consignadas conjuntamente con el libelo de la demanda: a) Copia certificada de Contrato de Arrendamiento suscrito entre Inversiones Vasco C.A., y la Entidad Mercantil Inversiones Samba N.R. C.A., suscrito por las partes ante la Notaría Pública Décima Quinta del Municipio Libertador bajo el número 65, tomo 32, sobre un local comercial ubicado en la calle Ayacucho, signado 88, Santa Teresa del Tuy Municipio Independencia del estado Miranda el tribunal le otorga pleno valor probatorio por cuanto no fue desconocido por la parte contraria. b) Copia certificada del Registro Mercantil Inversora Vasco C.A., con esta prueba queda demostrado que la demandante es una empresa debidamente constituida, por lo que el tribunal le otorga el valor probatorio por tratarse de un documento público. c) Copia certificada de Acta de Asamblea General extraordinaria de la Sociedad Mercantil Inversora Vasco, de fecha 30 de marzo de 2001, registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 21 de noviembre de 2001, bajo el número 71, tomo 229 A Sgdo, en la cual consta el carácter legal del ciudadano NERSES NURSIKIAN TEFNEKJI. Con esta prueba, queda probada la cualidad de la representación legal de la empresa demandante, el cual no es un hecho controvertido, no obstante a ello el tribunal le otorga el valor probatorio por tratarse de un documento público el cual mercede fe. d) Copia certificada del Registro Mercantil Inversiones Samba N.R. C.A., Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el número 163, A-Pro número 36 del 28 de julio de 1998. El tribunal le otorga valor probatorio conforme al 1.357 del Código Civil, por tratarse de un documento público. e) Carta emitida por el ciudadano Verses Nursikian, con sello y firma original de fecha 11 de febrero de 2010, dirigida a la Alcaldía del Municipio Independencia de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, donde le informa la no autorización de la demandante a ninguna otra empresa diferente que Inversiones Samba N.R.C.A., para ejercer el comercio en las instalaciones del inmueble arrendado. Se trata de un documento privado emanado de la propia parte, el cual no fue tachado por la parte contraria, por lo que el Tribunal le otorga valor probatorio conforme al artículo 430 del Código de Procedimiento Civil. F1) Oficio original emanado de la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Independencia de Santa Teresa del Tuy, en el cual el mencionado ente decidió aperturar un procedimiento, por cuanto en fecha 19/09/2001 le fue otorgada Licencia bajo el número 347 a Inversiones Samba Tuy, a solicitud del ciudadano Jorge Humberto Menoni y que de igual forma Inversiones Samba N.R.C.A., posee patente de Industria y Comercio bajo el número 097 con domicilio en el mismo local comercial, el tribunal le otorga el valor probatorio conforme al articulo 429 del Código de Procedimiento Civil por tratarse de un documento publico. F2) Oficio S/Nº del 05 de marzo de 2010, con sello y firma original, emanado de la Dirección de Hacienda Municipal y dirigido a Inversiones Samba N.R.C.A. en la persona del ciudadano Rafael Jacobo Iskenderian Lopenza, donde le señala la existencia de irregularidades en cuanto al uso dado a su Patente de Industria y Comercio, anulando la misma. El tribunal le otorga el valor probatorio conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. g) Original de oficio emitida por la Dirección de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Independencia, donde remite copia de la Licencia Nº 347 Válida para el año 2001, a nombre de Inversiones Samba del Tuy C.A., ubicada en la Calle Ayacucho Nº 88 de Santa Teresa del Tuy. El tribunal le otorga el valor probatorio conforme al articulo 429 del Código de Procedimiento Civil por tratarse de un documento que merece fe. Marcadas “g” y “h” i) Declaración jurada de contribuyentes por Industria y Comercio de Inversiones Samba N.R.C.A., expedido por la Dirección de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Independencia de Santa Teresa del Tuy, la misma demuestra el pago de los impuestos de la demanda, no obstante dicha prueba no hace merito a favor de la causa. j) Original de carta dirigida a Corpoelec por el ciudadano Nerses Nurkisian, recibido por ese ente en fecha 12 de abril de 2010, donde solicita una inspección ocular en el sitio, a fin de verificar una toma ilegal. El mismo se trata de un documento privado emanado de la parte actora, el cual conforme al principio de alteridad nadie puede hacer prueba a favor de si mismo, por lo que este juzgado no le atribuye valor probatorio. k) Oficio emitido por la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía del Municipio Independencia, fechado 22 de marzo de 2010, y dirigido a Inversiones Samba N.R.,C.A., a efecto de informar de una deuda existente por concepto de Aseo Domiciliario por un monto de 760,00 desde febrero de 2008, a nombre de Kivork Nursikian Tefnekji. m) Reporte de Actividad Diaria-Sección Medición de la empresa eléctrica Elecentro, número 04801 de fecha 22/04/2010, que expresa que no se pudo tomar carga al contador de datos por acceso imposible y suscriptor ausente asimismo expresa que presenta una conexión irregular. Reporte de Actividad Diaria-Sección Medición de la empresa eléctrica Elecentro, número 13234 de fecha 26/05/2010, que expresa que el medidor instalado se encontraba sin carga al momento de la revisión, de igual forma que presenta una conexión adicional, que presumen sea irregular. n) Notificación emanada de Corpoelec, de fecha 11/08/2009, dirigida al usuario Kivork Nursikian Tefnekji, a fin de informarle de una deuda en la ruta de cuenta anterior 02-5601-001-2392, N.I.C 2920902, por consumo de energía eléctrica por un monto de Bs. 252,14. En cuanto a estas tres pruebas, las mismas se tratan de documentos privados emanados de terceros que deben ser ratificados en juicio, no obstante a ello el tribunal le otorga valor probatorio. ñ) Registro Mercantil de la Sociedad Samba Tuy, constituida por el ciudadano Jorge Humberto Menoni Lovera y la sociedad mercantil Inversiones Samba N.R.C.A., por medio del cual Inversiones Samba N.R.,C.A., autoriza para el registro de la firma mercantil Inversiones Samba del Tuy C.A., El Tribunal le otorga el valor probatorio que tiene como documento público, conforme al articulo 429 del Código de Procedimiento Civil o) Copia simple de documento de condominio del Edificio donde se encuentra ubicado el local arrendado p) Copia simple de documento de Propiedad del Inmueble. En lo que respecta a estas dos pruebas, “o” y “p” con ella solo queda demostrada la ubicación del inmueble y la propiedad del mismo, sin embargo estos hechos no están en discusión. En el lapso probatorio la actora promovió las siguientes pruebas de informes: a.- Se oficie a la Alcaldía del Municipio Independencia, a los fines de que informe:1) Si la empresa mercantil INVERSIONES SAMBA N.R.C.A., solicitó patente de industria y comercio y el carácter con que actuó, si la empresa SAMBA DEL TUY CA, solicitó patente de industria y comercio y el carácter con que actuó, así como la dirección en que operaba dicha empresa; si la empresa Inversiones Samba N.R.C.A., informo que la empresa mercantil Inversiones Samba del Tuy C.A, es una empresa relacionada o sucursal o si por el contrario la solicitud la hace directamente la persona jurídica Inversiones Samba del Tuy, CA.; que informen que persona jurídica hace la solicitud de patente de industria y comercio en cada caso; que informen si existe en sus archivos autorización de la empresa Inversiones Vasco CA., para ceder, traspasar o subarrendar el local comercial objeto del presente juicio; que informen si las patentes 097 y 347 otorgadas por dicha Alcaldía se encuentran sin efecto actualmente y las causas que motivaron tal decisión; que informen si Inversiones Samba NR, CA., actuó en contravención a la conformidad de uso otorgada y cambió el uso para el cual estaba destinada. Dicha prueba será analizada mas adelante en su oportunidad. b) Que se oficie a la Empresa Elecentro: para que informe si conoce que se interpuso denuncia por toma ilegal de energía eléctrica desde el local Nº 88 edificio La Tereseña, Santa Teresa del Tuy; que informe el estado de cuenta del contrato así como la forma y fecha de cancelación del servicio desde el primero de junio de 1999, hasta la presente fecha. No se recibió respuesta de la oficina requerida. c) Prueba de inspección judicial en el local objeto de la causa a los fines de constatar: a) el estado general del inmueble; b) de la existencia de mercancía en el interior del inmueble y c) de la forma en que se resguarda la seguridad del inmueble. Por ser hechos constatados personalmente por el Juez, la misma tiene valor de documento publico, por lo tanto el tribunal le otorga pleno valor probatorio. PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL DEMANDADO: Con la contestación de la demanda promovió las siguientes pruebas. El mérito favorable que se desprende de los autos, el Tribunal ratifica lo señalado en la oportunidad de la admisión de las pruebas, en el sentido que no constituye prueba alguna que pueda ser analizada, ni valorada, porque es la actividad del juzgador buscar en las actas del expediente los elementos probatorios para la comprobación de los alegatos de las partes, tal como lo establece el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con lo preceptuado en el artículo 12 eiusdem. Pruebas documentales: B1) Medida de Secuestro sobre el inmueble Nº 88 de la Calle Ayacucho de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 24 de Septiembre de 2001. B2) Acto de Medida de Secuestro efectuada sobre el precitado inmueble, en fecha 02 de octubre de 2001, efectuada por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los municipios Lander, Independencia, Simón Bolívar y Paz Castillo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. B3) Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 07 de noviembre de 2001, donde se revoca el Secuestro sobre el inmueble dictado en fecha 24 de septiembre de 2001. B4) Oficio dirigido en fecha 14 de noviembre de 2001, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda al Juzgado Ejecutor de Medidas de los municipios Lander, Independencia, Simón Bolívar y Paz Castillo de la misma Circunscripción. B5) Sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, del 20 de enero de 2003. B6) Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 20 de mayo de 2004. B7) Oficios y Acto de Medida de Secuestro efectuado en fecha 04 de abril de 2006, sobre el inmueble objeto de la controversia, emanados del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Lander, Independencia, Simón Bolívar y Paz Castillo, donde se deja constancia del Nombramiento de Inversora Vasco C.A., en su condición de propietaria del local como Depositaria. B8) Copia Certificada expedida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 26 de Febrero de 2010, que contiene Sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de marzo de 2007. Aclaratoria de la misma sala de fecha 26 de junio de 2007. Declaratoria del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de fecha 10 de noviembre de 2009, donde en acatamiento a la Sentencia de la Sala de Casación, declara nula la Medida de Secuestro dictada por el Tribunal Accidental el 06 de marzo de 2006, ordenando la restitución del inmueble y Acto de restitución de medida del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Lander, Independencia, Simón Bolívar y Paz Castillo. B9) Sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ en fecha 20 de Abril de 2008. B10) Sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 10 de noviembre de 2009. B11) Sentencia de la sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 25 de octubre de 2010, que declara sin lugar el recurso presentado por Inversiones Vasco, C.A., En relación con las anteriores pruebas documentales, consistentes en actuaciones judiciales acompañadas y promovidas por la parte demandada, las mismas guardan relación con el alegato de inadmisibilidad, el cual fue decidido en el punto previo de sentencia, por lo que las mismas quedaron desechadas del proceso. Así se decide. En cuanto a los oficios consistentes en: 1) Comunicación dirigida por el Abogado Rafael Castellano, en su carácter de Apoderado de la Sociedad Mercantil Inversiones Samba N.R.C.A., a la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio Autónomo Independencia del estado Miranda, solicitando la conformidad de uso del local del cual su mandante es arrendataria. 2) Original de Solicitud de Certificación Bomberil, tramitada por Inversiones Samba N.R.C.A., en la persona del ciudadano Rafael Iskenderian. 3) Comunicación dirigida al Sindico Procurador Municipal en fecha 5 de mayo de 2010, con la finalidad de acreditar que su representada tenia derecho a la conformidad de uso que estaba solicitando y en consecuencia a la patente correspondiente. 4) Comunicación de fecha 7 de mayo de 2010, dirigida al Concejal Diógenes Rondón para que solicitara la citación del Ingeniero Municipal ante la Comisión correspondiente para que explicara porque se negaba a conceder a su mandante la conformidad de uso. Respecto a estas pruebas marcadas 1 al 4, las mismas se trata de documentos privados emanados de la propia parte, las cuales no fueron tachadas por el adversario, por lo que el tribunal los valora conforme al articulo 430 del Código de Procedimiento Civil. 5) Copia certificada de los recibos de depósito de los cánones de arrendamiento realizados en el Expediente de consignaciones arrendaticias llevadas en este Juzgado del Municipio Independencia y Simón Bolívar de esta circunscripción Judicial. El Tribunal observa que las consignaciones de los cánones de arrendamiento no forman parte de los hechos controvertidos por lo tanto dicha prueba es impertinente. 6) Documentos para comprobar que Inversiones Samba N.R.C.A., e Inversiones Samba del Tuy CA., son empresas relacionadas, el Tribunal le otorga valor probatorio conforme al 429 del Código de Procedimiento Civil. 7) Comunicación de fecha 7 de junio de 2010 dirigida a la empresa CADAFE ELECENTRO, solicitando la instalación del servicio. El Tribunal le otorga valor probatorio conforme al 429 del Código de Procedimiento Civil. 8) Documento para evidenciar que en fecha 11 de marzo de 2010 su mandante pagó la suma de setecientos ochenta bolívares (Bs. 780,00), correspondiente a aseo urbano del inmueble, el Tribunal le otorga valor probatorio conforme al 429 del Código de Procedimiento Civil 9) Documento de fecha 9 de abril de 2010 para evidenciar que la misma autoridad que anuló la patente de su mandante, le otorgó solvencia de aseo urbano. Documento privado emanado de un tercero que deber ser ratificado en juicio. 10) Documentos para comprobar que su mandante efectuó el pago en fecha 26 de marzo de 2010 de Bs 3.016,66, con dicha prueba queda evidenciado que el demandando pago una deuda del inmueble arrendado, sin embargo el Tribunal considera, que la misma no hace merito a favor del demandado. 11) Documento de fecha 29 de marzo de 2010, suscrito por la Licenciada Yoleima Bravo, Jefe de la Oficina de CADAFE ELECENTRO de Santa Teresa del Tuy, carta manuscrita y firmada donde comunica a su mandante que habían visitado el lugar varias veces y no habían podido efectuar la reconexión. Se trata de un documento privado que debe ser ratificado por el tercero, conforme al articulo 431 del Código de Procedimiento Civil. 12) Dictamen de la Oficina de Coordinación de Asuntos legales y contractuales Región 4 de la Corporación Eléctrica Nacional Cadafe, de fecha 19 de agosto de 2010, en la cual se comunica a su mandante que la decisión le era favorable, que su representada esta en posesión legitima del inmueble y que se le debía continuar suministrando el servicio de energía eléctrica de manera pacifica e ininterrumpida. El mismo se valora conforme a la valoración que tienen los documentos administrativos. 13) Contrato suscrito por su representada con CADAFE ELECENTRO, en fecha 29 de octubre de 2010, dicha prueba no hace merito a favor de la causa. 14) Documentos para probar el pago por su representada al haber sido refacturada la deuda de energía eléctrica. Dicha prueba no hace merito a favor de la causa. 15) Inspección Judicial practicada en fecha 11 de febrero de 2003 sobre el local arrendado a su mandante en la que se deja constancia que para esa fecha su mandante explotaba en dicho local una tienda de calzado. El mismo se valora conforme a un documento público, no obstante nada aporta al hecho controvertido. 16) Autorización provisional otorgada a su mandante por la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Independencia del Estado Miranda. El mismo se valora conforme a un documento administrativo. 17) Copia certificada expedida en fecha 24 de noviembre de 2010 del expediente Nº 163-2001 llevado por el Juzgado del Municipio Independencia del Estado Miranda, el cual contiene las consignaciones del canon de arrendamiento de inmueble efectuadas por su representada a favor de la demandante, desde el mes de julio de 2001 hasta octubre de 2010 ambos inclusive, para comprobar que Inversiones Samba N.R.C.A., es la única que ha pagado dicho canon y que no ha traspasado su condición de arrendataria. Los cánones de arrendamiento como ya se dijo no forman parte del tema decidendum, por lo tanto los mismos son impertinentes. 18) Copia certificada del Registro Mercantil de Inversiones Samba del Tuy CA., propiedad de su mandante, tal como consta de la documentación que se anexo a la contestación de la demanda marcada H, para probar que al haber un grupo económico y unidad económica, mal puede hablarse de cesión o subarrendamiento entre las empresas del mismo grupo. El tribunal le otorga el valor probatorio de documento publico. H) Acta Constitutiva de la empresa Sociedad Mercantil Inversiones Samba N.R.C.A, y de Inversiones Samba del Tuy, C.A. el Tribunal lo valora conforme a documento público. I) Comunicación dirigida por el Abogado Rafael Castellano, en su carácter de Apoderado de la Sociedad Mercantil Inversiones Samba N.R.C.A, a la Licenciada Marisol Vásquez, de la Oficina de Elecentro de Santa Teresa del Tuy, solicitando la reinstalación del servicio de energía eléctrica. La misma se trata de una carta misiva, emanada de la propia parte la cual no hace merito a la causa. Prueba de informes: Promovió prueba de informes, a fin de que señalen si en sus libros, registros o archivos consta lo siguiente, a saber: A.-Ingeniería Municipal de la Alcaldía, Procurador Municipal y Concejal Municipal del Municipio Independencia del Estado Miranda: informen si en fecha 17 de mayo de 2010 fue recibida en la Dirección de Ingeniería Municipal comunicación emanada de Inversiones Samba NR. CA., relacionada con conformidad de uso ya solicitada; si en fecha 5 de mayo de 2010 fue recibida por el Síndico Procurador Municipal, comunicación enviada por Inversiones Samba NR.C.A., referida a la acreditación de esa empresa a su derecho de conformidad de uso y en consecuencia a la patente correspondiente; si en fecha 7 de mayo de 2010 recibió el Concejal Diógenes Rondón comunicación enviada por Samba NR.C.A., para que solicitara la citación del Ingeniero Municipal ante la Comisión correspondiente para que explicara porque se negaba a conceder a dicha empresa la respectiva conformidad de uso. B.- Cadafe Elecentro: informe si en fecha 7 de junio de 2010 recibió solicitud requiriendo la reinstalación del servicio en el local comercial que indica; si en fecha 11 de marzo de 2010 fue recibido un pago por la suma de 780,00 bolívares correspondiente a Aseo Urbano; si Inversiones Samba N.R,C.A., efectuó el pago por Bs. 3.016,00 que incluía todo el año 2009 y primer trimestre de 2010; si el 29 de marzo de 2010 le fue remitida una comunicación a accionista de la demandante que habían visitado el lugar varias veces y no habían podido efectuar la reconexión; si el 25 de octubre de 2010 le entregó a su representada el resultado de la decisión de reconexión; si se suscribió un contrato entre Inversiones Samba NR y Cadafe Elecentro, sobre electricidad en el local objeto del presente juicio; si Inversiones Samba N.R.C.A., pago en fecha 11 de noviembre de 2010 al haber sido refacturada la deuda y si se encuentra solvente o que facturas debe; que remita copia de los estados de cuenta del referido local en los últimos nueve (9) años y de las comunicaciones cruzadas tanto con la empresa demandante como la demandada. Esta prueba no fue informada sobre el ente requerido. C.- Oficina de Servicios Públicos, Dirección de Hacienda Municipal del Municipio Independencia del Estado Miranda, que informe si en fecha 9 de abril de 2010, esa oficina otorgó solvencia de aseo urbano a Inversiones Samba N.R.C.A., por el local Nº 88 del Edificio La Tereseña en la Calle Ayacucho de Santa Teresa del Tuy. Esta prueba no fue informada sobre el ente requerido. D.-Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Independencia del Estado Miranda, en relación con el Acto Administrativo que anuló la patente de su representada, con la finalidad de demostrar que en dicho procedimiento se violó totalmente su derecho a la defensa y al debido proceso, que dicho Acto fue dictado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido y sin los fundamentos legales pertinentes, por lo cual es totalmente nulo. Y como complemento, que remita copia de todo el expediente contentivo del Procedimiento Administrativo en base al cual se dictó el 5 de marzo de 2010 el acto que anuló la patente de INVERSIONES SAMBA NR.CA. E.-.-Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Independencia del Estado Miranda: a los fines de que informe si en fecha 14 de febrero de 2003 fue otorgada por la Dirección de ese Municipio, conformidad de uso del inmueble ubicado en la Calle Ayacucho, Edificio La Tereseña, local Nº 88 a Inversiones Samba NRCA. Y si en fecha 23 de noviembre de 2010 fue recibida en dicho organismo solicitud de renovación de la conformidad de uso del mencionado inmueble, si se ha dado respuesta a la solicitud y en caso de haberlo hecho, cual ha sido la respuesta. En cuanto a estas pruebas marcadas de “A”, “D” y “E”, las mismas serán analizadas mas adelante. Ahora bien: La parte actora demandó el Desalojo del señalado local comercial, ubicado en la calle Ayacucho, signado con el número 88, en Santa Teresa del Tuy, Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda, invocando las causales establecidas en los literales “d”, “e”, “f” y “g” del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, los cuales establecen lo siguiente: “Solo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de los siguientes causales: (…) d.- En el hecho que el arrendatario haya destinado el inmueble a usos deshonestos, indebidos o en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades municipales respectivas o por quien haga sus veces, o por el hecho de que el arrendatario haya cambiado el uso o destino que para el inmueble se pactó en el contrato de arrendamiento, sin el consentimiento privado y por escrito del Arrendador. e.- Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por El Arrendador. f.-Que el arrendatario haya incurrido en la violación o incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno del Inmueble. g.-Que el arrendatario haya cedido el contrato de arrendamiento o subarrendado total o parcialmente el inmueble, sin el consentimiento previo y por escrito del Arrendador.” Por su lado, como ya se dijo paginas anteriores la demandada, negó, rechazo y contradijo la demanda en todas y cada una de sus partes, por no ser ciertos los hechos alegados en ella, por ser falsas y temerarias las exposiciones señaladas; asimismo, admitió que la relación arrendaticia derivó de documento autenticado fechado 07 de junio de 1999; que su representada haya incumplido alguna cláusula contractual; que por algún hecho que le sea imputable haya incumplido con el pago de los servicios del inmueble arrendado; que su representada haya subarrendado o cedido el inmueble arrendado; que su mandante haya incumplido con las normas internas del condominio del inmueble arrendado; que su mandante haya destinado el inmueble para fines distintos a los pautados contractualmente, cambiándole el uso y lo haya destinado a depósito. Asimismo, alegó que su representada ha pagado los cánones de arrendamiento correspondientes; que su representada ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante los tiempos que ha estado en posesión del inmueble, ya que ha sufrido injusta y muy dañinas medidas de secuestro, ambas revocadas. El tribunal observa: En el presente caso se evidencia que la relación arrendaticia no es un hecho controvertido, siendo que ambas partes sostienen sin contradicción, la existencia entre ellos de un contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado. La contradicción genérica mantiene la carga de la prueba en cabeza del demandante y la actividad del sentenciador queda limitada a resolver si el actor ha demostrado o no plenamente los extremos de su acción y consecuencialmente si ésta resulta fundada o infundada. Por otro lado, ha sido principio reconocido por la doctrina y por la jurisprudencia, que cuando el demandado en el acto de la contestación rechaza los hechos de la demanda, no pone sobre sí la carga de la prueba, la cual incumbe a quien alega un hecho, sea demandante o demandado, en el presente caso corresponde al actor probar los hechos alegados. En cuanto a la causal contenida en el literal “d”: que el arrendatario haya destinado el inmueble arrendado a usos deshonestos, indebidos en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades municipales respectivas por quien haga sus veces, o por el hecho de que el arrendatario haya cambiado el uso o destino que para el inmueble se pactó en el contrato de arrendamiento, sin el consentimiento privado y por escrito del arrendador. Indica la parte demandante que El Arrendatario cambió el uso o destino que para el inmueble se pactó en el contrato de arrendamiento, cual era, según el contenido de la cláusula quinta del mismo, la venta de calzados; y sin el consentimiento previo y por escrito de El Arrendador, dicho local se ha convertido en un depósito de productos y enseres y no en un local comercial para la venta de calzados, como fue pactado. La parte demandada admite que el local no esta siendo utilizado para venta de calzados desde el año 2006 y aduce como motivo que ha sido perturbado por el arrendador. El ciudadano Alcalde del Municipio Independencia Ramón Eloy Malavé Valencia, indicó en comunicación enviada a este Despacho, que tanto la patente de la empresa demandada Inversiones Samba N.R.C.A., Nº 097, como la de la empresa Samba del Tuy C.A., Nº 347 fueron anuladas, por irregularidades detectadas respecto del uso dado a la Patente de Industria y Comercio, que les fuera otorgada por ese ente municipal, por funcionar dos Compañías en una misma dirección, sin solicitar ante la Dirección de Hacienda Municipal “La Licencia correspondiente a un nuevo ramo de actividad que haya de incorporarse a un negocio establecido y la autorización para el traslado a otro sitio.” Por lo que se puede inferir que se ha utilizado el inmueble en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades municipales, de acuerdo a lo expuesto por la misma municipalidad. Así se decide. En relación con el contenido del literal “e”, el cual establece: Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por El Arrendador. De las probanzas cursantes a los autos no se evidencian daños o deterioros mayores, siendo que en la inspección judicial practicada por este Tribunal (la cual se le otorga pleno valor probatorio), se evidenció buen estado de uso y conservación del inmueble. Por lo que el tribunal declara improcedente esta causal. Así se declara. Respecto al literal “f” referido a que, el arrendatario haya incurrido en la violación o incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno del Inmueble. Alegada por la parte actora, donde señala que el arrendatario a incurrido en el incumplimiento de los dispuesto en el reglamento interno del condominio en los artículos 21, 23 y 33 relacionados con las modificaciones que sean visibles desde la vía publica, toda vez que ha realizado toma ilegal de energía eléctrica, que además de dar un mal aspecto a la edificación y que al no encontrarse personas en el inmueble ha puesto en peligro la comunidad por cuanto ha sido considerado abandonado, lo que ha reforzado la vigilancia de los propietarios; ahora bien, en la prueba de informes solicitada por el tribunal a Corpoelec, para que informara si conoce que se interpuso denuncia por toma ilegal de energía eléctrica desde el local Nº 88 edificio La Tereseña, Santa Teresa del Tuy; del estado de cuenta del contrato, así como la forma y fecha de cancelación del servicio desde el primero de junio de 1999, no se obtuvo respuesta alguna, además de ello de la inspección judicial realizada al inmueble se evidencia que el inmueble se encuentra debidamente resguardado con sus respectivas santa maría y candados, por lo que forzosamente, se declara sin lugar la presente causal: Así se decide. En cuanto al literal “g”: Que el arrendatario haya cedido el contrato de arrendamiento o subarrendado total o parcialmente el inmueble, sin el consentimiento previo y por escrito del Arrendador.” En relación con este motivo de desalojo la parte demandada afirmó que las empresas Samba NRCA., y Samba del Tuy CA., están relacionadas y por esa razón no se trata de diferentes ocupantes del inmueble arrendado. De acuerdo con las informaciones aportadas tanto por la Alcaldía y que fueron citadas supra, como por la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía del Municipio Independencia, existen irregularidades respecto del uso dado a la Patente de Industria y Comercio al funcionar en un local comercial arrendado dos patentes de forma simultánea, la asignada Nº 097 a Inversiones Samba N.R.C.A., y la Nº 347 a Samba Tuy C.A., por cuanto, Inversiones Samba N.R.C.A., no informo que Samba Tuy C.A., es una empresa relacionada o sucursal, puesto que no se presentaron como empresas asociadas, tampoco solicito autorización para el traslado a otro sitio, y no cumplió con sus obligaciones del pago del trimestre correspondiente, la Dirección de Hacienda Municipal, de la precitada Alcaldía procedió a anular la patente de Samba N.R.C.A. Asimismo, la Dirección de Ingeniería Municipal señalo: “consta en el expediente que sobre el local Nro. 88, recaen dos patentes uno con el nombre de Inversiones Samba N.R.C.A., y otro Inversiones Samba del Tuy C.A., siendo ambas diferentes pudiendo este ente administrativo presumir una mala fe, por haber solicitado dos patentes para un mismo inmueble uno con el Nro. 097 y el otro con el 347, según consta en el oficio emitido por la Dirección de Hacienda, de fecha 05 de marzo de 2010, bajo el Nro. de oficio D/H004-10, trayendo como consecuencia jurídica que esta municipalidad se abstenga a otorgar alguna permisología en aras de proteger los intereses jurídicos del municipio.” Observa quien sentencia que tratándose de personas jurídicas diferentes es imposible considerarlas como una misma, aún cuando sus accionistas sean las mismas personas naturales; porque cada compañía constituye una persona jurídica distinta a la de los socios o accionistas. Precisamente la creación de diferentes sociedades de comercio, persigue individualizarlas en sus derechos y obligaciones, y esta diferenciación constituye una garantía de certeza, para si mismas, para sus accionistas y para los terceros. No puede en consecuencia admitirse como una misma persona, las empresas Samba N.R.C.A., y Samba del Tuy C.A., tal y como ha quedado demostrado y asimismo lo consideró la Alcaldía del Municipio Independencia del Estado Miranda, al anular la patente que le había sido concedida a la primera de las mencionadas empresas. Es evidente que la demandada incurrió en el supuesto previsto en el literal “g” demandado, así se decide. En tal sentido, habida cuenta de la comprobación de que la parte demandada SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAMBA N.R.C.A, arrendataria del inmueble, ha incurrido en las causales de desalojo previstas en los literales “d” y g” del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, tal como quedo evidenciado de las pruebas aportadas a la causa, forzosamente esta juzgadora debe declarar parcialmente con lugar la presente demanda de desalojo, y así quedará establecido en la parte dispositiva del fallo. DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de esta Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Santa Teresa del Tuy, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de desalojo incoada por la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSORA VASCO C.A., inscrita el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del distrito Federal y estado Miranda en fecha Nº 06 de mayo de 1991, bajo el número 51º, tomo, 2do, con domicilio en Santa Teresa del Tuy, representada por su Presidente NURSIKIAN TEFNEKJI NERSER, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número V-12.085.463. contra la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES SAMBA N.R.C.A., inscrita el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción del distrito Federal y estado Miranda, bajo el número 163 A-Pro, Nº 36 de fecha 28 de julio de 1998, representada por RAFAEL JACOBO ISKENDERIAN LOPENZA, venezolano mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número 12.072.322. SEGUNDO.- Se Condena a la parte demandada a entregar a la demandante el inmueble constituido por un local comercial ubicado en la calle Ayacucho, signado con el número 88 en Santa Teresa del Tuy, Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda. TERCERO.- No se hace condenatoria en las costas del proceso por no haber vencimiento total, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión. Notifíquese a las partes. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de esta Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Santa Teresa del Tuy, a los siete (7) días del mes de Febrero del 2011. LA JUEZ, ABOG: WENDY MARTINEZ LONGART LA SECRETARIA, ABOG. CARMEN LUISA SALAZAR BRAVO En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia, siendo la una y veinte post meridiem (1:20 P.M.). LA SECRETARIA, ABOG: CARMEN LUISA SALAZAR BRAVO EXP. 10-2866. WML/carmen.