REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. Los Teques, 01 de julio de 2011 ASUNTO: JMS1-131 (13958)-10 Vista las anteriores actuaciones y la solicitud formulada por las partes en el presente juicio, este Tribunal para decidir, previamente OBSERVA: I Se inició el presente asunto el 05.10.09, por ante el tribunal declinante del Área Metropolitana de Caracas, hoy suprimido Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, órgano que declinó la competencia por el lugar de residencia del niño y, una vez implantada la reforma plena de la LOPNNA, este Tribunal fijó el inicio de la fase de sustanciación, solicitando en el inicio de la fase de sustanciación, tanto la defensora de la parte actora, como el Ministerio Público, se emitiera pronunciamiento sobre la necesidad de reponer o no para llamar al padre (F.1, 114). II Ahora bien, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente dispone: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso… …3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial…”. Lo anterior significa que, para materializar al justiciable el derecho a la tutela judicial efectiva en los términos del artículo 26 constitucional, debe acceder a la administración de justicia no a través de cualquier proceso o a capricho de las partes o del Tribunal, sino a través de un proceso debido, en el cual sea tramitada la acción incoada de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de que se trate y no fuera de ellos, ni al capricho de las partes o de los juzgadores, única vía para obtener la decisión correspondiente en conformidad con la Ley, con prontitud y que sea ejecutada la misma. Y, precisamente para lograrlo se constitucionalizó la prohibición de sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, al disponer el artículo 257 ibídem: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Con esta norma constitucional se elimina la consideración del proceso como un fin en si mismo; es sólo un instrumento para lograr la materialización del fin justicia, no otro. Ahora bien, cuando no se trata de meros formalismos, sino esenciales para la validez del acto, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone: “….Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado...”. Igualmente, el artículo 212 ejusdem preceptúa: “No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.” Y en su artículo 207 ejusdem, preceptúa: “La nulidad de actos aislados del procedimiento no acarreará la de los demás actos anteriores ni consecutivos, independientes del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro de un término que fijará el Tribunal, siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya ocurrido el acto irrito.” A tal efecto, la acción incoada bajo la vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lo fue la de Impugnación de Paternidad, procediendo el extinto Tribunal a admitir la demanda, el 09.10.09, ordenando emplazar únicamente al niño y a la ciudadana datos omitidos por confidencialidad, mas no al padre legal del referido niño. En este sentido, la defensa es un derecho inviolable en cualquier estado y grado de la investigación y del proceso, por tanto, toda persona tiene derecho a ser oída dentro del plazo razonable y con las debidas garantías e, igualmente, de acceder a los medios de prueba –los propios y los de la contraria- y de contar con el tiempo necesario para preparar su defensa. No obstante, en los asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes el legislador previó los principios procesales fundamentales para el desarrollo del proceso a través del procedimiento ordinario, los cuales deben verificarse con vista a los principios de derechos humanos y constitucionales, beneficiándose así en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes el acceso a la justicia, por ende, solo debe proceder la reposición cuando, frente al vicio o el error ocurrido, no exista ningún otro mecanismo que permita subsanarlo. En tal sentido, tanto la Defensora de la parte actora, como la representante Fiscal solicitaron se pronunciara este órgano jurisdiccional sobre la reposición o, con vista a los preceptos constitucionales, aplicar un remedio procesal distinto a la reposición, siendo criterio de quien decide que, efectivamente, la reposición de la causa es un remedio procesal de último recurso, en el entendido que, con vista a la celeridad procesal y a la protección debida a niños, niñas y adolescentes, siempre deberá evitarse decretar la reposición cuando exista un mecanismo procesal que permita corregir el vicio o salvar la omisión, sin tener que retrotraer el proceso a estadios ya superados, debiendo considerarse en ese sentido, que el propio legislador en el artículo 475 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, previó que, cuando sea necesario llamar a un tercero interesado indisolublemente en la causa, es decir, llamar a quienes no constituyeron la relación procesal al inicio, pero que deben ser llamados por existir un litis consorcio, por ejemplo, se debe ordenar el emplazamiento y convocar a una nueva Audiencia Preliminar, para que se inicie dentro de un plazo no menor de 15 días, ni mayor de 20 días siguientes a aquel en que conste en autos la notificación de aquel o aquella, siendo así absolutamente inútil reponer la causa, cuando tal situación puede corregirse mediante el llamado de la madre a la causa, ordenando su emplazamiento para que sea oída en conformidad con la Ley, por lo que es procedente y ajustado a derecho DECLARAR IMPROCEDENTE la reposición del asunto al resultar inútil la reposición, conforme al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE. En consecuencia, se ordena emplazar al ciudadano datos omitidos por confidencialidad, a objeto que conozca la oportunidad fijada para la Audiencia Preliminar en fase de sustanciación, en virtud de tratarse de un asunto referido a la filiación. III Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la reposición del asunto al resultar inútil la reposición, conforme al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se ordena emplazar al ciudadano datos omitidos por confidencialidad, a objeto que conozca la oportunidad fijada para la Audiencia Preliminar en fase de sustanciación, en virtud de tratarse de un asunto referido a la filiación. Regístrese y publíquese la presente decisión. Expídase a las partes copia certificada del presente fallo. Cúmplase. LA JUEZA, DRA. ZULAY CHAPARRO EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO ROSALES En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede. EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO ROSALES