REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. Los Teques, 21 de Julio de 2011 ASUNTO: JMS1-375 (13793)-10 Vistas las anteriores actuaciones este Tribunal, a los fines de decidir, previamente OBSERVA: I Se inició el presente asunto en fecha 10.11.09, por demanda interpuesta por la representante Fiscal a requerimiento de la ciudadana datos omitidos por confidencialidad, consignando esta última, el 13.10.2010, copia del acta de defunción del demandado (F.1, 35). II Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Por su parte, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, a la letra reza: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.” Por su parte, el artículo 268 ibídem, preceptúa: “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso contra sus representantes.” Por último, el artículo 269 ejusdem, dispone expresamente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” En tal virtud, de las normas antes citadas se desprende que, al regular el legislador la institución de la perención de la instancia, pretende sancionar la inactividad de las partes, previendo la extinción del proceso como consecuencia de tal inactividad o negligencia, sin producir tal declaratoria efecto alguno respecto de la acción, habida consideración que, por su naturaleza, la perención únicamente pone fin al proceso a partir de su declaratoria. Por otra parte, la perención obra cuando las partes no han dado impulso al proceso dentro del plazo legal anual establecido (perención genérica) o cuando la parte accionante no ha cumplido determinados deberes legales dentro del lapso legal de 30 días desde la admisión, desde la reforma o, seis meses, contados desde la suspensión del proceso por la muerte de uno de los litigantes, sin hacer distinción alguna en cuanto a la persona de quien dimana la omisión o la inactividad, existiendo norma expresa declarativa de la posibilidad de declarar la perención contra los niños, niñas y adolescentes, independientemente de la materia tratada. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la representante Fiscal interpuso la denuncia en contra de quien en vida respondiera al nombre de datos omitidos por confidencialidad, cuya acta de defunción fue consignada por la ciudadana datos omitidos por confidencialidad y consignada por la URDD, en fecha 20.10.10, por tanto, a partir del 20.10.10, fecha en que se hizo constar la muerte de la parte demandada, se generó la suspensión del proceso hasta tanto se emplazara a los herederos, sin que la parte actora haya procurado lo conducente en torno a la notificación de los herederos, a fin de conocer si instarían el presente procedimiento, motivo por el cual, en consecuencia, quien aquí decide considera procedente y ajustado a derecho DECLARAR EXTINGUIDO EL PROCESO, conforme al ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE. III Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EXTINGUIDO EL PROCESO POR EFECTO DE LA PERENCION, conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 3°. Regístrese y publíquese la presente decisión. Notifíquese a la representante Fiscal. Cúmplase. LA JUEZA, DRA. ZULAY CHAPARRO EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO ROSALES En la misma fecha se cumplió lo ordenado. EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO ROSALES