REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. Los Teques, 25 de julio de 2011 200º y 152º ASUNTO: JMS1-106 (13392)-10 Vista las anteriores actuaciones y las actuaciones cumplidas para la contestación de la demanda, esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA: I En fecha 12.05.2009, se inició el presente asunto por ante el extinto Tribunal, solicitando las partes en el inicio de la fase de sustanciación, la reposición de la causa al estado de contestación. II Ahora bien, esta juzgadora estima necesario analizar la actividad cumplida para la contestación de la demanda, a fin de determinar si se produjo algún vicio que haga procedente la reposición de la causa considerando que, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente dispone: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso… …3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial…”. Lo anterior significa que, para materializar al justiciable el derecho a la tutela judicial efectiva en los términos del artículo 26 constitucional, debe acceder a la administración de justicia no a través de cualquier proceso, sino a través de un proceso debido, tramitando la acción incoada de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley de que se trate y no fuera de ellos, ni al capricho de las partes o de los juzgadores, única vía para obtener la decisión correspondiente en conformidad con la Ley, con prontitud y que sea ejecutada la misma. Y, precisamente para lograrlo se constitucionalizó la prohibición de sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, al disponer el artículo 257 ibídem: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Con esta norma constitucional se elimina la consideración del proceso como un fin en si mismo; es sólo un instrumento para lograr la materialización del fin justicia, no otro. Ahora bien, cuando no se trata de meros formalismos, sino esenciales para la validez del acto, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone: “….Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado...”. Igualmente, el artículo 212 ejusdem preceptúa: “No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.” Y en su artículo 207 ejusdem, preceptúa: “La nulidad de actos aislados del procedimiento no acarreará la de los demás actos anteriores ni consecutivos, independientes del mismo, sino que dará lugar a la renovación del acto dentro de un término que fijará el Tribunal, siempre que la causa estuviere en la misma instancia en que haya ocurrido el acto irrito.” A tal efecto observa esta juzgadora que, en fecha 27.05.11, fue certificado el cumplimiento de las boletas de notificación de la parte demandada, entre ellas las del codemandado datos omitidos por confidencialidad, mayor de 18 años para el momento de tal notificación, sin que hubiere comparecido, ni solicitó la designación de defensor, a pesar que en la boleta se le indicó tal circunstancia, es decir, que dentro de los 10 días de audiencia siguientes debían contestar la demanda y promover sus medios de prueba, sin que el codemandado datos omitidos por confidencialidad, haya acudido a este Tribunal a peticionar designación de defensor judicial, no estando previsto el mecanismo de la reposición para salvar omisiones de las partes, tratándose de un supuesto diferente cuando el demandado solicita designación de defensor, es provisto de tal defensor y, provisto de defensa técnica, el o la designada no contesta, pues en tal caso sí surge la necesidad de reponer al estado de contestación, pero en el caso que nos ocupa, el recitado ciudadano, una vez notificado, no compareció a contestar la demanda, promover medios de prueba, ni a solicitar la designación de defensor, por tanto, era su carga contestar la demanda dentro del lapso de 10 días de audiencia siguientes o, caso contrario, peticionar que fuese provisto de defensa técnica, por lo que es procedente y ajustado a derecho DECLARAR IMPROCEDENTE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, al no estar satisfechos los extremos legales exigidos en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, resultando improcedente el diferimiento del inicio de la fase de sustanciación, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE. III Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, al no estar satisfechos los extremos legales exigidos en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese y publíquese la presente decisión. Expídase a las partes copia certificada del presente fallo. Cúmplase. LA JUEZA, DRA. ZULAY CHAPARRO EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO ROSALES En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que antecede. EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO ROSALES