REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

Los Teques,

200° y 152°

MAGISTRADO PONENTE: DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA
CAUSA Nº: 1A-a 8657-11
IMPUTADO: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL
FISCAL SEXTO (6°) AUXILIA DEL MINISTERIO PÚBLICO SALA DE FLAGRANCIAS: ABG. ADRIANA GRATEROL
VÍCTIMA: HERRERA MÁRQUEZ ARTURO JOSÉ
DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO
DEFENSA PRIVADA: ABG. EDECIO VELÁSQUEZ
PROCEDENCIA: TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN BARLOVENTO
MATERIA: PENAL
MOTIVO: APELACIÓN DE MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
DECISIÓN: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por el Profesional del Derecho: EDECIO VELÁSQUEZ, en su carácter de defensor privado del imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, y SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada el veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), mediante la cual el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, por la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral1 del artículo 406 del Código Penal venezolano. Y ASÍ SE DECIDE.-


Corresponde a esta Corte de Apelaciones, conocer del recurso de apelación, interpuesto por el profesional del derecho: EDECIO VELÁSQUEZ, en su carácter de defensor privado del imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, contra la decisión de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, mediante la cual decretó al ciudadano antes mencionado, Medida Judicial Privativa de Libertad, por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal Venezolano.-

Admitido como ha sido el presente recurso esta Corte de Apelaciones en la oportunidad de decidir, lo hace en los siguientes términos:

PRIMERO
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

En fecha veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, realizó audiencia de presentación para oír al Imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal Venezolano, en dicha audiencia el Tribunal A-Quo entre otras cosas dictaminó:

“…SEGUNDO: Se Acoge la precalificación dada por el Ministerio Público, como HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal... CUARTO: Vista LA Solicitud de privación preventiva de libertad solicitada por la fiscal del Ministerio Público, a la cual la defensa pública se opone este tribunal observa que existe la comisión de un hecho punible que amerita pena privativa de libertad, que existen elementos de convicción para estimar que el imputado de autos es autor o partícipe del hecho punible precalificado por la vindicta pública, tomando en consideración el (sic) la magnitud del daño causado, ya que es evidente que es un delito que atenta contra el derecho mas (sic) consagrado como lo es el derecho a la vida, por tratarse de un delito de homicidio calificado, aunado a la pena que podría llegar a imponerse si se llega a demostrar la responsabilidad pena (sic) del nombrado ciudadano ya que la misma excede de dieciocho años en su limite (sic) máximo…de manera pues que están dados los extremos de ley establecidos en los artículos 250, 251 y 252 Ejusdem, considera quien aquí decide que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es decretar LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, en contra del imputado MARCOS DANIEL NIEVES RIVERO…” (Subrayado y negrilla de esta Corte de Apelaciones)

SEGUNDO
DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha cinco (05) de mayo de dos mil once (2011), el profesional del derecho: EDECIO JOSÉ VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de defensor privado del imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, presentó recurso de apelación en contra de la decisión dictada en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, en la cual, entre otras, cosas denunció lo siguiente:

“…considera esta defensa de acuerdo a los argumentos presentados en su contra no arrojan fundamentos serios de derecho en vista que los testigos presentados no tienen conocimientos de los hechos suscitados porque así lo dejan plasmado e incluso existe una notable contradicción entre lo expuesto en el Acta Policial, levantada por los funcionarios del Cuerpo de investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub Delegación Higuerote y la declaración rendida por el ciudadano RICHARD JOSÉ MARTÍNEZ FLAMEZ, … de que forma puede tener credibilidad el acta policial que dice que el referido ciudadano reconoce a mi representado, considerando que la duda siempre debe favorecer a l reo de acuerdo a lo consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 24 último aparte.
…esta defensa solicitó al referido juzgado la aplicación de la imposición de una medida cautelar menos gravosa de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de garantizar las resultas del proceso, en vista de que las actuaciones no cuentan, con un acervo probatorio en su contra para destruir la presunción de inocencia que lo ampara y que muchos menos la Fiscalía motivó la precalificación jurídica dada a los hechos en decir el porque a la aplicación del numeral 1° del artículo 406 del Código Penal.
…omissis…
De acuerdo al artículo antes señalado, la aplicación del delito de Homicidio Calificado debe ser motivos fútiles o innobles y en ejecución de rodo, de lo cual el Ministerio Público no lo fundamenta, a través de elementos que lo demuestran y el ciudadano Juez en Funciones de Control, no indagó en que se basó los hechos que se le imputaron de lo cual no tiene elementos para sustentar sus pronunciamientos, en este particular hay que hacer mención que son reiteradas las decisiones de estas mismas instancias en cuanto dentro del principio de universalidad de la prueba se comprende que es obligación de las partes en el proceso contribuir en la obtención de la verdad material, pues se trata no de un simple interés individual o particular, sino de un beneficio social en decidir conforme a las garantías constitucional de lo cual depende una buena administración de justicia en aras de garantizar el proceso acusatorio regido por el Código Orgánico Procesal Penal.
…omissis…
Es importante destacar que con relación a la referida calificación jurídica que el representante del Ministerio Público no motivó la calificación jurídica ni el Tribunal, sin embargo estima la defensa que se acogió esta calificación sin analizar el delito en cuestión , por tal motivo procederé a realizar algunas precisiones sobre la base del principio iura novit curia, relacionado a que debe tenerse presente que la misma lo que busca es la igualdad y que sea real y efectiva su aplicación con un procedimiento que resguarde los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción.
…ha sido criterio reiterado de la Sala Constitucional y Penal del Tribunal Supremo de Justicia en lo que respecta a la falta de imputación u omisión de imputación formal ‘imponer al imputado y a su abogado defensor, sobre los hechos y circunstancias que se le imputan, así como sus derechos y a la calificación jurídica aplicable al caso, todo de forma clara, precisa y circunstanciada’…
Las citadas sentencias traen a colación que durante la fase preparatoria es imperativo que el encartado comparezca ante el Ministerio Público a los fines de que se le impute formalmente, ello de conformidad con el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo que la defensa se encuentra condicionada al conocimiento por parte del imputado de los hechos, circunstancias y medios probatorios.
…omissis…
Se evidencia entonces, mi defendido no ha ejercido cabalmente las facultades conectadas al derecho a la Defensa, contempladas en los artículos 49 de la Constitución y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, pues se inició una investigación en virtud de un acta policial por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas… realizan una serie de diligencias de investigación y remiten las actuaciones a la Fiscalía sexta… del Ministerio Público… quien se encontraba en la obligación de realizar el acto formal de imputación en su contra… en tal sentido obvió tales instrumentos y de lo cual solicitó ante un Tribunal de Control de eta Jurisdicción Orden de Aprehensión en su contra sin estar en presencia de la comisión de un delito flagrante.
…omissis…
Desde este punto de vista, es que me permito ejercer el presente Recurso de Apelación, en vista de que considero de que se debe reponer la causa al estado del Acto formal de Imputación Fiscal, ya que este proceso constituye una garantía única, indivisible e irrenunciable para las partes, que no puede ser relajado por éstas bajo ningún pretexto y cuyo objeto es asegurarle a los investigados el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitando así la nulidad de la Audiencia de Presentación de fecha 29/04/2011, de acuerdo a los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia otorgue su libertad plena sin restricciones.
…omissis…
De todos los argumentos arriba explanados, es que me permito solicitar la Nulidad de la Decisión de fecha 29/04/2011, en vista de que las reglas generales del debido proceso no son condicionadas a objeto del Juzgador, porque de esta manera estaría en contravención a las garantías generales del derecho que arropan a mi representado en todo estado y grado del proceso, de allí que aludo los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a las nulidades…
DEL PETITORIO
Por todos los razonamientos antes expuestos, solicito ante los Honorables Miembros de la Sala de la Corte de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial, que el presente RECURSO DE APELACIÓN , sea admitido y declarado CON LUGAR y COMO CONSECUENCIA SE ANULE LA DECISIÓN DICTADA 29/04/2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control de esta Circunscripción Judicial, a través de la cual acogió la precalificación Jurídica dada a los hechos por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1° del Código Penal y decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad y en su defecto reponga la causa al estado del Acto formal de Imputación Fiscal con prescindencia de los vicios indicados.”

TERCERO
ESTA CORTE DE APELACIONES A LOS EFECTOS DE SU PRONUNCIAMIENTO, PREVIAMENTE OBSERVA:

Frente a cualquier resolución de un Órgano Jurisdiccional, las partes en el proceso pueden adoptar dos actitudes: La aquiescencia, o conformidad con dicha decisión, que supone la voluntad de aceptar como solución del conflicto o de la concreta cuestión a pesar de los defectos que pueda contener, o la impugnación, posición por la que, a través, del ejercicio de los recursos establecidos en la Ley Adjetiva Penal pretenden su anulación o su sustitución por otra que dé satisfacción a su pretensión. En este sentido la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

Articulo 49. Garantía del debido proceso. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales...

1. La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso... tiene derecho a recurrir del fallo.”

Por su parte el Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

Artículo 435. Interposición. “Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinen en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión.”
Artículo 441. Competencia. “Al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que han sido impugnados.”

La decisión sometida a la consideración de esta Corte, por vía de apelación, ha sido dictada el veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, en ocasión de la realización de la audiencia de presentación de imputado, en donde el sentenciador decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal Venezolano.

Contra el referido pronunciamiento judicial, ejerció recurso de apelación el profesional del derecho: EDECIO JOSÉ VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ, en su carácter de defensor privado del imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, quien denuncia que con la decisión dictada por el Tribunal de Control se les está violando el debido proceso, el principio de libertad individual, el principio de presunción de inocencia, y la tutela judicial efectiva, lo que le está causando un gravamen irreparable, violándosele los derechos y garantías constitucionales que le asisten en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que solicita a esta Corte de Apelaciones en primer lugar, se declare de conformidad con los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad absoluta de la decisión dictada en contra de su patrocinado en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011) toda vez que atenta contra el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad entre las partes y la libertad de su patrocinado; en virtud de que no se realizó el acto formal de imputación fiscal y no compartir la calificación jurídica dada a los hechos por parte del Ministerio Público y posteriormente acogida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, por lo que en consecuencia solicita se anule el presente proceso penal y se reponga la causa al estado de que el Ministerio Público realice el Acto Formal de Imputación Fiscal.

LA SALA SE PRONUNCIA

Primera Denuncia: De la calificación jurídica del delito imputado a su defendido.

Denuncia la defensa privada en su escrito recursivo que: “con relación a la referida calificación jurídica que (sic) el representante del Ministerio Público no motivo la calificación jurídica ni el Tribunal, sin embrago estima la defensa que se acogió esta precalificación sin analizar el delito en cuestión…” argumentando más adelante que esto es imposible dentro de una óptica estrictamente jurídica, toda vez que no existe una relación de causalidad lógica que permita vincular la conducta del hoy imputado de autos con el hecho ocurrido, toda vez, que según su decir, resulta ilógico y una suposición subjetiva, por lo que consideran que no se dan los presupuestos suficientes para acreditar dicha calificación jurídica.

Ahora bien, ha sido reiterado para esta Alzada señalar que la calificación jurídica que acoge el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control en la fase investigativa del proceso posee un carácter netamente provisional, que con la eventual presentación de acusación por parte del Ministerio Público adquirirá un carácter más definitivo.

En relación al tema, nuestro Máximo Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, mediante decisión dictada en fecha trece (13) de Abril de dos mil cinco (2005), con ponencia del Magistrado ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, ha establecido:

“…La sala de Casación Penal considera, que el artículo 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, es claro y directo y, por medio de esta disposición jurídica se faculta al juez para modificar la calificación jurídica de los hechos objetos del proceso, cuando lo considere y en razón y a la vista de los hechos y el derecho que aparecen en el proceso y esta calificación es provisional en razón de que puede variar en el juicio oral. Todo esto va acorde con el principio de control jurisdiccional que inviste al juez, quien es el rector en el proceso penal y por ende actúa como regulador del ejercicio de la acción Penal.” (Negrilla y subrayado de esta Corte de Apelaciones)

Ello significa que durante el desarrollo del proceso, más específicamente en la fase intermedia el Juez está facultado para modificar la calificación jurídica de los hechos y ello tampoco le otorga un carácter definitivo ya que tal carácter será otorgado por el Juez en funciones de Juicio al que le corresponda decidir a la luz de los hechos y el derecho que surjan el debate oral y público.

El delito provisionalmente calificado al imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, por el representante del Ministerio Público es y posteriormente acogido por el Tribunal de Control es el de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal Venezolano, el cual constituye evidentemente y sin lugar a dudas un hecho punible que merecen pena privativa de libertad cuyo límite superior alcanzaría los veinte (20) años de prisión, tal como lo disponen el artículo supra mencionado, siendo el caso que es posible afirmar que la acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, pudiendo variar dicha calificación con la eventual presentación de una acusación por parte del Ministerio Público, donde adquirirá un carácter más definitivo, en consecuencia la presente denuncia debe ser declarada Sin Lugar. Y así se Establece.-

Segunda Denuncia: De la no realización del Acto Formal de Imputación Fiscal por parte del Ministerio Público imputado de autos NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL.-

Como segunda denuncia alega el quejoso expresamente en su recurso de apelación que: “Se evidencia entonces, mi defendido no ha ejercido cabalmente las facultades conectadas al derecho a la Defensa, contempladas en los artículos 49 de la Constitución y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, pues se inició una investigación en virtud de un acta policial por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas… realizan una serie de diligencias de investigación y remiten las actuaciones a la Fiscalía sexta… del Ministerio Público… quien se encontraba en la obligación de realizar el acto formal de imputación en su contra… en tal sentido obvió tales instrumentos…”
En este sentido debe este Tribunal Colegiado traer a colación el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

Artículo 49 “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas.”

No obstante, esta Alzada debe aclarar que, si bien es cierto el acto formal de imputación es de obligatorio cumplimiento por parte del Representante del Ministerio Público en los casos en que se inicie una investigación en los cuales se señale o identifique como autor o partícipe de un hecho punible a una determinada persona durante la tramitación de la fase preparatoria, no es menos cierto que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 276 de fecha veinte (20) de marzo de dos mil nueve (2009), estableció con carácter vinculante que la atribución al aprehendido de uno o varios hechos punibles por el Ministerio Público en la Audiencia de Presentación, constituye un acto de imputación que surte, de forma plena, todos los efectos constitucionales y legales correspondientes:

“…En el caso de autos, esta Sala Constitucional considera que en el proceso penal que originó la presente solicitud de revisión, el acto de imputación fue satisfecho en la audiencia de presentación celebrada el 9 de enero de 2005, aun y cuando ello no haya ocurrido en la sede del Ministerio Público. En efecto, en dicha audiencia el Fiscal del Ministerio Público comunicó expresa y detalladamente a los encartados los hechos que motorizaron la persecución penal, y otorgó a tales hechos la correspondiente precalificación jurídica (agavillamiento, concusión y resistencia a la autoridad), todo ello en presencia del Juez Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.
Siendo así, la audiencia de presentación celebrada el 9 de enero de 2005, sin lugar a dudas constituyó un acto de procedimiento en el que el órgano llamado a oficializar la acción penal, a saber, el Ministerio Público, informó a los hoy solicitantes los hechos objeto del proceso penal instaurado en su contra, lo cual, a todas luces, configura un acto de persecución penal que inequívocamente les atribuyó la condición de autores de los referidos hechos, generando los mismos efectos procesales de la denominada ‘imputación formal’ realizable en la sede del Ministerio Público. Entre tales efectos, estuvo la posibilidad de ejercer -como efectivamente lo hicieron- los derechos y garantías contenidas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal...” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones).

Así las cosas, y en virtud del precedente jurisprudencial supra citado de carácter vinculante, esta Corte de Apelaciones corrobora, que en efecto en el caso particular, el ciudadano: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, fue presentado en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil once (20110), ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, con motivo de la celebración de la audiencia de presentación de imputados, en la cual estuvo debidamente asistido por su defensa técnica Abg. Edecio José Velásquez Hernández, tal y como se desprende de los folios que van del ciento cinco (105) al ciento nueve (109), ambos inclusive del presente expediente, en la cual la Fiscal del Ministerio Público, le imputó la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, lo cual constituyó el acto formal de imputación al que está llamado a oficializar el representante del Ministerio Público como titular de la acción penal. En consecuencia se verifica que no se ha violentado el debido proceso, los derechos y garantías constitucionales al ciudadano supra mencionado, es por lo que la presente denuncia debe ser declarada Sin Lugar. Y así se Establece.-


Tercera Denuncia: De la violación de los Principios, Derechos y Garantías Constitucionales relativas al: Debido proceso, el principio de libertad individual, principio de presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, y de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad decretada al Imputado de autos: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL.

El recurrente considera que con la decisión proferida por el referido Tribunal de Control, a su patrocinado se le ha violentado el debido proceso, el principio de libertad individual, el principio de presunción de inocencia, y una tutela judicial efectiva, y que por tanto se les está causando un gravamen irreparable. Ahora bien, para aclarar el punto controvertido, traeremos a colación el concepto del Debido Proceso.

El debido proceso en la opinión autorizada de nuestro más Alto Tribunal de Justicia en Sala de Casación Penal, en la Sentencia Nº 552 en fecha doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005) con Ponencia del Magistrado: HÉCTOR CORONADO FLORES, en que se hace referencia al precedente jurisprudencial sobre la materia, ha concebido el debido proceso como:

“…el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a ser oído con las debidas garantías, el derecho a conocer la identidad del juez, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un proceso público, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete público, en caso de no comprender o hablar el idioma, el derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho a conocer de modo detallado los pronunciamientos que se emitan en la causa seguida en su contra, el derecho que se le conceda al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho de defenderse personalmente, ser asistido por un defensor de su elección, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a recurrir el fallo, el derecho a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, y debe hacerse especial mención al derecho a ser juzgado por el juez natural...”

Del extracto del precedente jurisprudencial transcrito se colige que el debido proceso encuentra su esencia y razón de ser en un juicio justo a la persona contra la cual se sustancie una acusación penal, garantizándose plenamente la igualdad de las partes en el contradictorio, conforme a los principios de inmediación y oralidad del proceso que se cumple plenamente en el debate oral y público.

En esta misma línea de fundamentación el doctrinario Carmelo Borrego (2001), ha asentado que:

“El debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nula poena sine indicio, es decir tiene que ver con la legalidad de las formas de aquellas que se declaran esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa”... (La Constitución y el Proceso Penal. Página. 332)

Visto lo anterior, esta Instancia Superior, estima que en esta etapa del proceso (fase de investigación) el derecho a la defensa, piedra angular del sagrado principio del debido proceso, no se le ha violentado al referido imputado, al estar legitimada la decisión impugnada, al ordenarse dicha detención por un órgano jurisdiccional competente, cumpliéndose los requisitos establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, resulta de importancia destacar que el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 numerales 1°, 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal, tiene competencia para decretar esta medida, cuando considera que están llenos los supuestos del artículo 250 eiusdem a decir: 1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. 2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible. 3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un auto concreto de investigación y además que la pena que merezca el delito en su término superior sea mayor de tres años, como lo establece el artículo 253 eiusdem, para determinar la presunción de fuga del encausado.

La decisión recurrida dictada en la celebración de la audiencia de presentación de Imputado de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, se desprende que el sentenciador, para emitir su pronunciamiento y decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad al imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, en base a lo preceptuado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, realiza el siguiente análisis y de seguida su motivación, a saber:

“…Dado que el representante del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal requirió a este órgano jurisdiccional la imposición de medidas de coerción personal al ciudadano MARCOS DANIEL NIEVES RIVERO, arguyendo para ello que se encuentran cubiertos los extremos previstos en tal disposición legal para la procedencia de un decreto de privación preventiva de libertad, en relación con los artículos 251 y 252 ejusdem; es por lo que se impone el análisis de las circunstancias del caso a la luz de la normativa adjetiva legal patria y el articulado atinente a las medidas de coerción personal, su finalidad y procedencia en el desarrollo del proceso penal, por lo que de seguidas se puntualizan las consideraciones siguientes:
…omissis…
Uno de los fines de dichas medidas es asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo debiendo, por tanto, adoptarse los mecanismos cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo estos mecanismos cautelares un límite a los derechos del procesado, con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste, en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad sin que ello signifique sacrificar los derechos del imputado, y fundamentalmente su estatus de inocencia, que sólo podrá ser desvirtuado por una sentencia firme condenatoria.
…omissis…
Así en razón de la necesidad y de la proporcionalidad, únicamente cuando una medida de coerción específica es exigida por el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, y deberá ser sustituida por otra menos gravosa adecuada a las circunstancia, cada vez que el caso in concreto a sí lo indique. Y constituye otra nota característica de estos mecanismos cautelares, su provisionalidad, lo cual impone que las medidas de coerción personal se mantengan vigentes durante el proceso atendiendo a la permanencia o variación de las circunstancias que le sirvieron de fundamento –regla rebús sic stantibus-, por lo que de verificarse un cambio o modificación en las condiciones, procede la sustitución de la medida en cuestión, previendo en tal sentido el artículo 264 del texto adjetivo penal la obligación del Juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares y sustitutivas por otras menos gravosas cuando lo estime prudente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, así como la facultad que tiene el imputado para solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. Asimismo, dado el carácter excepcional de las medidas de coerción personal, debe por tanto procurarse la imposición de medidas distintas a la privación de libertad, que resulten menos lesivas de los derechos del procesado.
…omissis…
Debe indicase a su vez el contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal que señala:
(‘…’)
Atendidas por tanto, las disposiciones constitucional y legales supra precisadas, y revisada como fuera una revisión exhaustiva de las diversas actuaciones cursantes a la investigación, así como atendidas las exposiciones hechas por la parte fiscal y la defensa, aprecia este Tribunal ha quedado cubiertos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de estas consideraciones este tribunal acuerda la procedencia del decreto de privación judicial preventiva de libertad del imputado MARCOS DANIEL NIEVES RIVERO , toda vez que existen plurales y fundados elementos de convicción procesales que conducen al hecho, asi mismo tomándose en cuenta que uno de los delitos precalificados por la representación fiscal es uno de los delitos que atenta contra el derecho más sagrado establecido en nuestra carta magna como es el derecho a la vida, aunado a que de las actas se desprende que el ciudadano MARCOS DANIEL NIEVES RIVERO, tiene una conducta predelictual toda vez que el mismo se encuentra requerido en la actualidad por el Juzgado Vigésimo Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas no arrojando delito, así mimo presenta historial por Robo de Vehículo Automotor, entre otrassi (sic) bien es cierto no es objeto de esta audiencia no es menos cierto en cuanto a la medida de coerción personal aplicada en este caso aunado a los elementos de convicción estimados por este Tribunal para decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad como lo son:
…omissis…

Tales elementos en su conjunto, han llevado a la convicción a este Juzgador de establecer la autoría y presunta responsabilidad penal del ciudadano MARCOS DANIEL NIEVES RIVERO… en la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, la cual este Tribunal advirtió a las partes que se trata de una precalificación jurídica de carácter provisional la cual puede variar al momento que la vindicta pública presente al acto conclusivo que diere lugar, considerando este Juzgador que lo procedente y ajustado a derecho en el caso que nos ocupa, es decretar la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano MARCOS DANIEL NIEVES RIVERO… Y ASÍ SE DECLARA
Con fuerza en la motivación que antecede, se observa, que el Juzgador para decretar Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, conforme a los parámetros de los artículos 250, 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, establece en primer lugar, el hecho punible objeto del proceso, esto es, el delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal Venezolano.

Por otra parte, en los autos constan suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho punible presuntamente cometidos como son:

1.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL: De fecha veintisiete (27) de abril de dos mil once (2011), emanada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Higuerote, estado Bolivariano de Miranda, en la cual deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la aprehensión del hoy imputado de autos.-

2.- ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL: De fecha once (11) de marzo de dos mil siete (2007), emanada del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Higuerote, estado Bolivariano de Miranda, en la cual deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en los cuales se encuentra presuntamente implicado el imputado de autos.-

3.- ACTA DE ENTREVISTA: emanadas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Hoguerote, estado Bolivariano de Miranda, rendidas por los ciudadanos: Richard José Martínez Flamez, Esther María Díaz Ruíz y Felipe Francisco Martínez Flamez, quienes fungen como testigos y narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. –

Como tercer punto, el Sentenciador para imponer la medida preventiva privativa de libertad, considera que existe presunción de fuga del imputado, por la pena que podría llegarse a imponerse al encausado, siendo que el delito por el cual es imputado amerita una pena que en su límite máximo alcanzaría los veinte (20) años de prisión.

Artículo 406. “En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas:
1. Quince años a veinte años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el Título VII de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles, o en el curso de la ejecución de los delitos previstos en los artículos 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este Código.” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones)

En este sentido cabe destacar que, cuando el legislador, establece como causal de presunción de fuga del imputado, en el numeral 2 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la pena que podría imponerse al caso, tal referencia se encuentra supeditada al principio de proporcionalidad, pues la propia ley es clara al indicar que cuando la sanción es inferior o igual a tres años de prisión y el encausado tiene una buena conducta predelictual, sólo se aplicaran medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial de libertad.

En este sentido el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, al respecto señala:
Artículo 253.- Improcedencia. “Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas.”

En el presente caso la pena que ameritan los delitos de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal Venezolano, en su límite máximo alcanzaría los veinte (20) años de prisión.-
En este orden de ideas, en sentencia signada con el número 274, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el diecinueve (19) de febrero de dos mil dos (2002), con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ M. DELGADO OCANDO, refiriéndose a la legitimación de la privación preventiva de Libertad, sostuvo:

“...aquellas medidas acordadas tanto por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal como sus respectivos superiores, tendentes a privar provisionalmente de la libertad a cualquier ciudadano durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto de las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial...”

Por su parte, el Magistrado Dr. IVÁN RINCÓN URDANETA, en decisión número 3389, de fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil tres (2003), emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la orden de aprehensión y la legitimad de las medidas de privación preventiva de Libertad, consideró:

“Ahora bien, la legitimación constitucional de la orden de aprehensión, establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, estriba en la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho punible cuyo autor o partícipe es la persona objeto de llamamiento por el órgano jurisdiccional, previo requerimiento del Ministerio Público, como director de la fase de investigación del proceso penal; y como objetivo, el normal desarrollo del proceso en la búsqueda de la verdad.
En este orden de ideas, la Sala debe ratificar el criterio establecido en su sentencia nº 114 del 6 de febrero de 2001, (caso: Robert Giuseppe Nieves Gutiérrez y Héctor Alexander Cortés Orozco), en el cual dejó sentado lo siguiente:

‘... La Sala considera oportuno reiterar que aquellas medidas –en el caso que nos ocupa, la privación provisional de libertad de cualquier ciudadano- acordadas por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de la investigación durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto a las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad, por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial (una sentencia derivada de un juicio oral y público)…’

Al analizar la orden de aprehensión emanada de un Juez de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala puede afirmar que es una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcional a los fines que constitucionalmente la justifican y limitan. Se trata de una medida tendente a asegurar el proceso, ante la posibilidad del actor de sustraerse de la administración de justicia, esto es, que la “aprehensión” tiene una génesis cautelar preordenada básicamente a garantizar la presencia y sujeción del presunto imputado al ius puniendi del Estado, por lo que, en ningún caso, dicha aprehensión puede considerarse como arbitraria o ilegal sino desarrollada en el marco de la fase investigativa del proceso conforme a las formas y requisitos legalmente establecidos.

No obstante, la orden de aprehensión es una medida que incide sobre uno de los derechos fundamentales del hombre, cual es su libertad, por lo que ha de ser dictada por el Juez de Control sólo cuando de forma inequívoca se dan los presupuestos consagrados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y subsumirse al fin perseguido en el proceso penal, extremos cuya apreciación es de la incumbencia independiente del juez a quien corresponde dictarla, sin que exista injerencia alguna del Ministerio Público en tal decisión.” (Negrilla y subrayado de esta Corte de Apelaciones)

Y en sentencia signada con el número 452, dictada también por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el diez (10) de marzo de dos mil seis (2006), con ponencia de la Magistrada Dra. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, refiriéndose a la necesidad del aseguramiento de los imputados durante la fase investigativa, sostuvo que:

“…la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal, fundamentan el derecho que tiene el Estado de imponer medidas cautelares contra el imputado, lo que en el presente caso realizó el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, el cual decretó medida judicial de privación preventiva de libertad contra el ciudadano Gregory Pastor Gutiérrez Montero, al verificar -aunado a la imputación por la comisión del delito de lesiones graves y agavillamiento-, que al mismo se le seguía otra causa por la comisión del delito de homicidio calificado...”

En este sentido, la doctrina Española ha expuesto:

“…La prisión provisional, es una medida cautelar de carácter personal, en virtud de la cual se priva a una determinada persona de su libertad individual a fin de asegurar su presencia en el acto del juicio oral, impidiendo su huida y garantizando el cumplimiento de la posible condena que le pueda hacer impuesta.

Cumple también otras finalidades 1) prevenir la comisión de nuevos delitos por parte del imputado. 2) asegurar la presencia del presunto culpable para la práctica de diligencias de prueba, a la vez que se le impide destruir o hacer efectos, armas o instrumentos del delito.

La prisión provisional se reserva para los delitos de mayor gravedad, rigiéndose su aplicación por el principio de la excepcionalidad…” (Publicaciones del Consejo General del Poder Judicial. 2004).

En sentido similar, el Tribunal Constitucional Español, en su sentencia del diecisiete (17) de febrero del año dos mil (2000) (STC 47/2000), estableció que la prisión provisional se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.

Así, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ha establecido al respecto lo siguiente:

“La penalización pronta y adecuada de los delitos más graves no sería posible en muchos casos, si las autoridades encargadas de la persecución penal les estuviere prohibido, sin excepción, detener y mantener en prisión a los presuntos autores hasta que se dicte la sentencia. Otra cosas es que la plena restricción de la libertad personal, mediante la confinación a un establecimiento carcelario, sea una sanción, que el Estado de Derecho, en principio, permite imponer sólo a quien ha sido juzgado por una actuación sancionada penalmente. Este tipo de medidas, en contra de una persona acusada de haber cometido un delito, son admisibles sólo en casos excepcionalmente limitados. De esto se origina que respecto de la presunción fundamental de inocencia, se excluyan las acusaciones graves en contra del inculpado, permitiendo la imposición anticipada de medidas que por sus efectos se equiparan a la pena privativa de libertad…” (Cfr CINCUENTA AÑOS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMAN. Compilación de sentencias por Jürgen Schwabe. Konrad Adenauer Stiftung.)

Visto lo anterior y con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte de Apelaciones observa que, en la decisión recurrida, se han determinado los requisitos esenciales para la decretar la medida de privación judicial de libertad al imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, según lo previsto en los artículos 250, 251 numerales 2 y 3 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el sentenciador ha establecido la existencia de un hecho punible precalificado como: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal venezolano.

En razón de lo antes expuesto, ésta Sala considera que fue procedente y ajustada a derecho la decisión del Tribunal A-quo que acordó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al imputado, sin perjuicio que él mismo, o su defensor privado puedan solicitar una medida menos gravosa todas las veces que lo consideren pertinente de acuerdo a lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que deben declararse Sin Lugar la presente denuncia Y así se Establece.-

En consecuencia, al encontrarse legitimada la decisión recurrida conforme a lo establecido en la ley procesal penal y en aplicación a los precedentes Jurisprudenciales antes transcritos pretendiéndose que se realice un juicio, sin dilaciones indebidas, con plena garantías de un debido proceso, estima esta Corte de Apelaciones, que lo procedente y ajustado a derecho, es DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuestos por la defensa privada y CONFIRMAR la decisión dictada el veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), mediante la cual el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, por la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal Venezolano. Y ASÍ SE ESTABLECE.
DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le Confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por el Profesional del Derecho: EDECIO VELÁSQUEZ, en su carácter de defensor privado del imputado: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, y SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada el veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), mediante la cual el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano: NIEVES RIVERO MARCOS DANIEL, por la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el numeral1 del artículo 406 del Código Penal venezolano. Y ASÍ SE DECIDE.-

Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y bájese a su tribunal de origen.
EL MAGISTRADO PRESIDENTE

DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA
(Ponente)
LA MAGISTRADA

DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO
EL MAGISTRADO

DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RÍSQUEZ

LA SECRETARIA

ABG. GHENNY HERNÁNDEZ APONTE

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA


ABG. GHENNY HERNÁNDEZ APONTE
CAUSA Nº 1A- a 8657-11
JLIV/ MOB/LAGR/GHA/lems.-