TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Los Teques, veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011).
200° y 152°

PARTE DEMANDANTE: VALENTÍN MÚÑOZ CASTRO e HIPOLITA MONASTERIO DE MÚÑOZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-1.662.745 y V-2.142.247 respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE DEMANDANTE: MARTHA ÁVILA BELL y NELSON ARIAS ÁVILA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 58.335 y 111.341 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: SARKIS LAUTFALLAH CHAMBRA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-12.877.276.
APODERADO JUDICIAL DE LA
PARTE DEMANDADA No tiene apoderado judicial debidamente constituido
MOTIVO: NULIDAD DE VENTA.
EXPEDIENTE: N° 18.594

CAPITULO I
SINTESIS DE LA LITIS

En fecha 07 de octubre de 2008, se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentado por los ciudadanos VALENTÍN MÚÑOZ CASTRO e HIPOLITA MONASTERIO DE MÚÑOZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-1.662.745 y V-2.142.247 respectivamente, asistidos por sus apoderados judiciales, los abogados MARTHA ÁVILA BELL y NELSON ARIAS ÁVILA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 58.335 y 111.341 respectivamente, contra el ciudadano SARKIS LAUTFALLAH CHAMBRA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-12.877.276.
En fecha 10 de noviembre de 2008, este Tribunal dicta auto de admisión de la demanda, ordenando la citación de la parte demandada, para que compareciera dentro de los veinte días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse logrado la citación.
En fecha 09 de diciembre de 2008, el alguacil titular de este Juzgado dejó constancia mediante diligencia de haber recibido de la parte actora las expensas necesarias para citar al demandado.
Por auto de fecha 09 de enero de 2009, este Juzgado libró compulsa de citación a la parte demandada.
Mediante diligencia suscrita en fecha 27 de enero de 2009, por el ciudadano BERNARDO BELISARIO, actuando como alguacil titular de este Juzgado dejó constancia de la imposibilidad de lograr la citación personal del ciudadano SARKIS LAUTFALLAH CHAMBRA.
Por auto de fecha 19 de febrero de 2009, el Tribunal ordenó librar cartel de citación para su publicación en la prensa a los fines de que la parte demandada se diera por citado en el término de quince días continuos a partir de la constancia en autos de la última fijación, publicación y consignación del referido cartel.
El día 20 de julio de 2009, la abogada MARTHA ÁVILA BELL en su
condición de co-apoderada judicial de la parte actora consignó copia del cartel de citación publicada en la prensa para que la misma una vez certificada, fuese fijada por la secretaria de este Despacho en la morada del demandado, y así lo acordó este Juzgador mediante auto el día 07 de agosto de 2009.
Por auto dictado en fecha 27 de octubre de 2009, el Tribunal certificó la copia del cartel de citación para su respectiva citación.

CAPITULO II
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

El Juez al entrar al conocimiento de la causa, hace suyo el mandato Constitucional de administrar Justicia, teniendo como base que el proceso es el instrumento fundamental para su realización, donde se materializa lo alegado y probado, cuyo análisis, interpretación y valoración se sustenta en el marco legal vigente y los conocimientos de hecho, comprendidos en la experiencia común, sin que esto cercene el derecho conferido por la Ley para la aplicación del principio IURA NOVIT CURIA, en cumplimiento del deber
jurisdiccional. Asimismo, acoge los valores y principios consagrados en nuestra Carta Magna, especialmente los contenidos en los artículos 2, 26, 49 y 257, lo cual compromete al Estado a impartir Justicia dentro del ámbito del derecho, garantizando de esta manera la paz social.
Estando el Tribunal en la oportunidad para decidir, pasa hacerlo en los siguientes términos
La perención es una sanción que la Ley impone a los litigantes negligentes que no impulsan debidamente el proceso, en tal sentido se ha señalado de manera pacífica en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la Ley, esto es, el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001 –Exp N° AA20-C-1951-000001).
En otra sentencia, la misma Sala de Casación Civil expresó:
“…en relación a la perención de la instancia, la Sala, en decisión de 2 de agosto de 2001, sentencia N° 217, expediente N° 00-535, juicio Luis Antonio Rojas Mora y otros contra Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones, estableció el siguiente criterio:
Considera la Sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la
institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso procesal dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada porque el juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del juzgador.
En criterio de la Sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado acto de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la presunción del juicio, porque si es menester que el juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la renuncia del sentenciador en dictar la providencia que requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la
instancia si la inactividad en el juicio es imputable al Juez…” (Sala de Casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, 23 de julio de 2003-Exp N° AA20-C-2001-000914).
De modo pues, no existe ningún género de dudas, que la única actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiéndose por éstas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
Ahora bien, de la revisión efectuada a las actas procesales que
conforman el presente expediente, se evidencia que la última actuación de la parte actora en el presente juicio, fue en fecha 23 de octubre de 2009, oportunidad ésta, en que la abogada MARTHA ÁVILA BELL solicitó copia certificada del cartel de citación, a los fines de que sea practicada la citación ordenada y siendo que hasta la presente fecha, ha transcurrido un (1) año y cinco (5) meses, sin que la parte haya realizado ningún acto de procedimiento tendientes a la continuación del proceso, lo que constituye, para quien aquí decide, inactividad procesal por falta de impulso procesal de las partes, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar perimida la instancia conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…)”, por aplicación analógica del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil y acogiendo este Despacho el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia antes transcrito; así lo hará quien aquí juzga en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.
CAPITULO III
DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, administrando justicia, en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela y actuando por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa que por NULIDAD DE VENTA ha sido incoada por los ciudadanos VALENTÍN MÚÑOZ CASTRO e HIPOLITA MONASTERIO DE MÚÑOZ contra el ciudadano SARKIS LAUTFALLAH CHAMBRA, ambos identificados en el encabezamiento de la presente.
No hay especial condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese a las partes.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese a la parte actora.
Déjese copia certificada del presente fallo, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 ejusdem.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del JUZGADO
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. En Los Teques, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO
EL SECRETARIO TITULAR,
DR. HECTOR DEL V. CENTENO G.
ABG. FREDDY J. BRUZUAL
NOTA: En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 10:20 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de ley.
EL SECRETARIO TITULAR,

ABG. FREDDY J. BRUZUAL
HVCG/Eliana
Exp. Nº 18.594