TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
GUATIRE

ACCIONANTE: MERIDA VALENTINA ALVAREZ, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.342.893.
APODERADO DEL ACCIONANTE: No constituyó representación Judicial alguna
ACCIONADA: NANCY NAVAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Titular de las Cédulas de Identidad Números V-6.508.565.
APODERADO DE LA ACCIONADA: No constituyó representación judicial alguna.
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.
EXPEDIENTE Nº 2878-10.
-I-
PARTE NARRATIVA
Designada como he sido Jueza provisoria del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en sesión de fecha 18 de mayo del corriente año por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y participada mediante Oficio N° CJ-10-885, de fecha 20 de mayo de 2010, en virtud de la designación de la ciudadana Abg. YOLANDA DEL CARMEN DIAZ, Jueza en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques; debidamente juramentada ante la Rectoría del Estado Miranda en fecha 11 de junio de 2010, y habiendo tomado posesión del cargo recaído en mi persona en fecha 15 de junio de 2010, tal como consta de Acta que corre inserta a los folios ciento setenta y seis (176) al folio ciento setenta y siete (177) del Libro de Actas llevado por este Despacho Judicial, ME AVOCO al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra.-
Se inician las presentes actuaciones por escrito de solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, presentado el 09 de Abril de 2010, por la presunta agraviada, Ciudadana MERIDA VALENTINA ALVAREZ, mediante la cual, y por las razones de hecho y derecho contenidas en el mismo, denuncia su situación jurídica infringida, Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales dispuesto en el articulo 16 de la Ley Orgánica de Amparo, en concordancia con el contenido de la decisión dictada el 1° de febrero del año 2000 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera.
1- Así, en fecha 09 de Abril de 2010 se admitió la acción ordenándose la citación de la presunta agraviante y al Ministerio Público a los fines de la fijación de la AUDIENCIA ORAL.
2- En fecha lunes 12 de Abril del 2010 comparece ante este Tribunal el ciudadano GUMERSINDO HERNANDEZ LARA, en su carácter de alguacil titular a los fines de consignar Boleta de citación firmada y recibida por la ciudadana NANCY NAVAS.
3- En fecha 12 de Abril comparece la ciudadana Nancy Navas actuando en su carácter de Demandada otorgando poder APUD-ACTA a los Abogados Leila Brito y José Clavo, IPSA Nros 25.216 y 53.23. a lo fines de presentar escrito exponiendo los alegatos .
4- En fecha 12-4-2010 se practico la Inspección Judicial por este Tribunal no encontrándose la parte Demandada.
5- EN fecha 13 de Abril 2010 comparece ante este Tribunal el ciudadano Gumersindo Hernández en su carácter de alguacil titular a los fines de consignar facsimil de fax que le fue enviado por la Fiscal Superior del Estado Miranda.
6- En fecha 13 de Abril del 2010 este Tribunal dicto auto donde se acuerda fecha y hora de Audiencia Oral.
7- En fecha 13 de Abril del 2010 se notifica al Fiscal Superior del Estado Miranda.
8- En fecha 14 de Abril de 2010 comparecieron ante este Tribunal las ciudadanas Nancy Navas Oliveros y su apoderada Judicial Abogada Leila Brito Veliz a los fines de asistir a la audiencia Oral pautada para ese día quedando sin efecto ya que la agraviada no compareció ni por si ni por medio de apoderado Judicial alguno.
9- En fecha 14 de Abril comparece la Abg. Leila Brito a los fines de solicitar copias certificadas de todo el presente expediente.
10- En fecha 15 de Abril este Tribunal dicta auto donde acuerda expedir por secretaria las copias certificadas.
11- En fecha 23 DE Abril de 2010 comparece ante este Tribunal la Abg. Leila Brito actuando en su carácter de apoderada judicial de la presunta agraviante a los fines de consignar 22 folios útiles del presente expediente para su certificación.
12- En fecha 27 de Abril fueron certificadas las copias.
Ahora bien, toda vez que desde la fecha en que fue admitido este proceso, hasta el día de hoy, ha transcurrido suficiente tiempo sin que la accionante hubiese impulsado la notificación personal de la accionada, en apariencia ha operado la perención prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, toda vez que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no contempla la referida figura, se hace necesario establecer en principio, si la falta de notificación de los presuntos agraviantes y por consiguiente la falta de fijación de la AUDIENCIA ORAL ha producido la extinción de la instancia, para lo cual este Tribunal pasa a hacer las siguientes consideraciones:

-II-
PARTE MOTIVA
PRIMERA CONSIDERACION: Efectivamente, tal y como constató el Tribunal, desde la fecha en que fue admitida la presente acción de amparo constitucional, ha transcurrido suficiente tiempo sin que se evidencie actividad alguna por parte de la accionante tendiente a que se practique la notificación de los accionados, lo que ha mantenido el procedimiento que nos ocupa en un suspenso prolongado, que en el proceso ordinario podría originar el decaimiento del interés procesal y consecuencialmente la extinción de la instancia – ex artículo 267 del Código de Procedimiento Civil -, por incumplimiento de la actora de las cargas procesales y gestiones que han sido impuestas por el Legislador, tendientes a que se trabe la relación jurídico procesal, y que en razón de la derogatoria tácita del pago del arancel judicial contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pueden resumir en las siguientes:
a) La indicación de la dirección del demandado.
b) La provisión de los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa.
c) La provisión al Alguacil del Tribunal de las expensas necesarias para cubrir los gastos de transporte a los fines de practicar la citación del demandado. ASÍ SE DECLARA.-
SEGUNDA CONSIDERACIÓN: Sin embargo, como lo ha sostenido la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, al interpretar el texto de nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no prevé una regulación semejante que permita la declaratoria de perención de la instancia. No obstante, en el artículo 25 de la citada Ley, está prevista la figura del abandono de trámite, que presupone también el decaimiento del interés procesal del accionante, en el sentido que viene dada por una conducta negligente del actor que procura la prolongación indefinida de la controversia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 06 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael
Rondón Haaz, establece los supuestos en los que resulta procedente la declaratoria de existencia de tal figura, y en ese sentido este Juzgador se permite transcribir un extracto del mismo, en los términos siguientes:
“…En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes… (Omissis)… En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél… (Omissis)… Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restableciendo en perjuicio de aquel contra cuyos intereses opera la medida… (Omissis)… De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia…” (Extracto tomado de RAMIREZ & GARAY, Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLXXVII, Junio 2001, Págs. 303, 304 y 305).
Sobre la base del criterio anterior, y tras analizar las actas contenidas en este expediente, este Tribunal observa que desde la admisión de la acción, 09 de Abril de 2010, hasta el día de hoy, es evidente que se ha consumado con creces el lapso de seis (6) meses de inactividad de la causa por falta de impulso de la accionante, que se verifica en la falta de notificación de los involucrados y por consiguiente la no fijación de la audiencia oral, aún habiendo sido decretada la cautelar que restableció, al menos instrumentalmente, la situación jurídica que había sido denunciada como infringida. Ello ocasiona irremediablemente el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia, resulta forzoso declarar, como en efecto se hará en la parte dispositiva del fallo, la extinción de la instancia. ASI SE DECIDE.
-III-
PARTE DISPOSITIVA
Por las consideraciones que anteceden, este Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara EXTINGUIDO el procedimiento por abandono de trámite conforme lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la ACCION DE AMPARO incoada por MERIDA VALENTINA ALVAREZ contra NANCY NAVAS, identificadas al comienzo de este fallo.
Se le impone al accionante MERIDA VALENTINA ALVAREZ el pago de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,oo) de multa por el abandono de trámite, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas
Firme como se encuentre la presente decisión, ARCHIVESE definitivamente el expediente.

NOTIFIQUESE, a las partes en su oportunidad conforme las previsiones del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, sin lo cual no comenzarán a computarse los lapsos para la interposición de los recursos a los que hubiere lugar contra el presente fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION EN EL COPIADOR DE SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la ciudad de Guatire a los Veintinueve (29) días del mes de Marzo de dos mil Once (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

EL JUEZA PROVISORIA,

Abg. ANA MARIA BONAGURO BLANCO.
LA SECRETARIA acc,

Abg. JESSICA HERNANDEZ MELENDEZ.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las 09:00 de la mañana.
LA SECRETARIA,

Abg. JESSICA HERNANDEZ MELENDEZ.
AMBB/MGR/SYM-
EXP. 2878-10.

ABG. JESSICA HERNANDEZ MELENDEZ, Secretaria Accidental del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien suscribe, CERTIFICA: Que las copias que anteceden son traslado fiel y exacto de sus originales, las cuales corren insertas al expediente signado con el Nro. 2878-10, en la solicitud de Amparo Constitucional solicitado por el ciudadano en MERIDA VALENTINA ALVAREZ contra NANCY NAVAS. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. En Guatire, a los Veintinueve (29) días del mes de Marzo de dos mil Seis (2011). Años 200° y 152°.
LA SECRETARIA ACC,

Abg. JESSICA HERNANDEZ MELENDEZ

JHM/SYM.
EXP: 2878-10.-