TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICPIO PLAZA DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, Guarenas, dos (02) de marzo de dos mil once (2011).-------------------------------------------------------------------------------
Años 200° y 152°
EXP N° 3239
En este juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA VENTA sigue el ciudadano LUIS EDUARDO DIAZ TURPIAL contra la ciudadana: HEIDY COROMOTO MEDINA MARCANO, la parte actora ha solicitado, de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el decreto de medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un bien inmueble constituido por una casa ubicada en la Urbanización los naranjos,, zona 2, distinguida con el Nº E-43, lote catastral Nº 01-12-21-02, Guarenas, jurisdicción del Municipio Plaza del Estado Miranda propiedad de la demandada, ciudadana: HEIDY COROMOTO MEDINA MARCANO, sobre el cual este Tribunal pronuncia las siguientes:
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
PRIMERO: Considera este Tribunal que conforme a los hechos alegados en la demanda, apoyados en la documentación aportada a la misma se establece el primer supuesto del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil como lo es el Fumus Boni Iuris; quedando establecido el segundo supuesto, o periculum in mora, en la posibilidad de que el bien reclamado la parte demandada, ciudadano VINICIO GARBAN MENDOZA pueda desprenderse de su patrimonio a través de nuevas ventas ejecutadas bien por el demandado o bien por terceras personas extrañas al proceso, demostrándole a este Juzgador la existencia del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria, en la posibilidad de que el bien inmueble, del cual pretende la parte actora, sea enajenado o gravado.
SEGUNDO: En su obra LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS. Estudio Analítico y Temático de la Jurisprudencia Nacional, (Paredes Editores, Vol. 1, Pags. 63, 64), EL DR. RAFAEL ORTIZ ORTIZ, expresa:
“La solicitud de la medida debe ser autosuficiente, es decir, debe contener de manera clara la medida solicitada y, de especial manera, la indicación y el análisis de la lesión temida y la señalización de la prueba que demuestra tal lesión; en este sentido nos parece incorrecto la practica forense en solicitar de manera ambigua la medida o no explanar las razones en que se fundamenta; así, es común observar en la solicitud: “solicito la medida mas adecuada”, o de esta manera “cumplidos como están los requisitos solicito una medida cautelar…” todas estas formulas son técnicamente improcedentes.-
La observación anterior se fundamenta en que las medidas cautelares tienen como objetivo evitar un daño en la esfera patrimonial o personal de los litigantes y nadie mas que la parte afectada por la lesión para la indicación y demostración de los hechos que configuran el interés cautelar. Por otro lado, los jueces están sometidos al principio dispositivo y de ninguna manera pueden actuar de oficio salvo que se trate de orden público, moral y buenas costumbres, o alguna disposición expresa de la Ley; es una obligación para los jueces no permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ninguna especie que coloquen a las partes en ventaja procesal con respecto a la otra, tratando de mantenerlas en igualdad de condiciones, (omissis)…Como antes dijimos, además de la explanación de los motivos que justifican la adopción de la medida, esto es, la indicación del Periculum in mora, fumus boni iuris y periculum in damni, debe existir una actividad probatoria por parte del solicitante para llevar a conocimiento del Juez de tal necesidad; en este sentido no es suficiente con señalar que existe peligro de daño o lesión, debe existir la prueba de que efectivamente ello es así”.-
TERCERO: En relación a los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en sus diversas Salas y así podemos citar entre muchas otras: 1°) Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 17/03/2000, (Diógenes Celta y otros vs. Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui, exp. 00-0198, con ponencia del Magistrado IVAN RINCON URDANETA.
“Por otra parte, más allá de sus dichos, no aportaron ningún medio de prueba capaz de evidenciar que exista algún daño posible, inminente o inmediato de sus derechos, y en el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, que haya periculum in mora, ni tampoco elementos de convicción que comprueben la existencia de presunción grave del derecho que se reclama, fumus boni iuris, requisitos estos exigidos en los referidos Artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Todo lo anterior conduce a negar las medidas cautelares solicitadas, y así se declara.”
2°) Sentencia de la Sala Político-Administrativa de fecha 17/03/2000 (Alcaldía del Municipio Vaillalba del Estado Nueva Esparta vs. Decreto 483 de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, exp. 14884:
“Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la necesaria presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. Ambos requisitos se encuentran previstos en el artículo 585 ejusdem, y están referidos, en primer lugar, a la apariencia de buen derecho que reclama en el fondo del proceso el solicitante de la medida cautelar y, en segundo lugar, a la existencia del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria. En este sentido, ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sin que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumarias o de una argumentación fáctico-jurídica consistente por parte del demandante”.
CUARTO: En el caso bajo estudio se observa claramente que la parte actora solicitante, además de fundamentar su petición en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, ha dado a este Tribunal explicación detallada de lo que a su parecer configura el Fumus Boni Iuris, y el Periculum in mora necesarios a los efectos del decreto de la medida cautelar solicitada; cumpliendo su solicitud con los requerimientos establecidos en las jurisprudencias antes citadas, resultando además, debidamente probados en los autos dichos extremos, exigiendo para el Sentenciador elementos de convicción suficientes para proveer tal decreto y, ASI SE DECLARA.-
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sobre el siguiente bien inmueble: constituido por una parcela de terreno y la casa quinta sobre ella construida, ubicada en la Urbanización los Naranjos, zona 2, distinguida con el Nº E-43 Guarenas, jurisdicción del Municipio Plaza del Estado Miranda, lote catastral Nº 01-12-21-02; el terreno tiene una superficie aproximada de DOSCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (224,63 m2), y tiene los siguientes linderos y medidas: NORTE: En trece metros cuadrados cuarenta y ocho centímetros (13,48 mts), con casa E-44; SUR: en dieciocho metros con noventa centímetros (18,90) con casa E-42; ESTE: En quince metros con veinticinco centímetros (15,25 mts) con vereda del sector; y OESTE: catorce metros con cinco centímetros (14,05 mts), con zona verde y la casa construida sobre la parcela de terreno antes identificada tiene las mismas medidas y linderos y pertenece a la demandada, ciudadana: HEIDY COROMOTO MEDINA MARCANO, portadora de la cédula de identidad Nros V-11.489.273, según documento de partición de bienes de la comunidad conyugal, debidamente protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Plaza del Estado Miranda, en fecha 12/08/2009, quedando anotado bajo el Nº 17, Tomo 17 del tercer trimestre del 2009, Protocolo Primero, igualmente quedo registrado bajo el Nº 19, protocolo segundo, tomo 01, en el tercer trimestre del año 2009 y previa sentencia de divorcio definitivamente firme dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, de fecha 09-07-2007, debidamente protocolizada por ante la Oficina de Registro Publico Inmobiliario del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda, en fecha 05-09-2008, bajo el Nº 17, protocolo segundo, tomo 01, del tercer trimestre del año 2008. Líbrese oficio de conformidad con el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil.
EL JUEZ,

ABG. WILMER HERNANDEZ OROPEZA

LA SECRETARIA,

ABG. LAURA ROWINA SOLIS HERNANDEZ
En esta misma fecha se libró oficio Nº 2011-____________________
LA SECRETARIA,

ABG. LAURA ROWINA SOLIS HERNANDEZ

WHO/LRSH/adriana
Exp Nº. 3239

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, Guarenas a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil once (2011).---------------------------------------------------------------------------------------------

Años 200 y 152º

OFICIO Nº:2011-_______
CIUDADANO (A):
REGISTRADOR (A) INMOBILIARIO (A) DEL MUNICIPIO AUTONOMO PLAZA DEL ESTADO MIRANDA – GUARENAS.
SU DESPACHO:

Me dirijo a usted de participarle, que con motivo del juicio seguido por el ciudadano LUIS EDUARDO DIAZ TURPIAL contra la ciudadana: HEIDY COROMOTO MEDINA MARCANO, por el motivo de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA VENTA, este Tribunal por auto de esta misma fecha decretó MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno y la casa quinta sobre ella construida, ubicada en la Urbanización los Naranjos, zona 2, distinguida con el Nº E-43 Guarenas, jurisdicción del Municipio Plaza del Estado Miranda, lote catastral Nº 01-12-21-02; el terreno tiene una superficie aproximada de DOSCIENTOS VEINTICUATRO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (224,63 m2), y tiene los siguientes linderos y medidas: NORTE: En trece metros cuadrados cuarenta y ocho centímetros (13,48 mts), con casa E-44; SUR: en dieciocho metros con noventa centímetros (18,90) con casa E-42; ESTE: En quince metros con veinticinco centímetros (15,25 mts) con vereda del sector; y OESTE: catorce metros con cinco centímetros (14,05 mts), con zona verde y la casa construida sobre la parcela de terreno antes identificada tiene las mismas medidas y linderos y pertenece a la demandada, ciudadana: HEIDY COROMOTO MEDINA MARCANO, portadora de la cédula de identidad Nros V-11.489.273, según documento de partición de bienes de la comunidad conyugal, debidamente protocolizado ante el Registro Inmobiliario del Municipio Plaza del Estado Miranda, en fecha 12/08/2009, quedando anotado bajo el Nº 17, Tomo 17 del tercer trimestre del 2009, Protocolo Primero, igualmente quedo registrado bajo el Nº 19, protocolo segundo, tomo 01, en el tercer trimestre del año 2009 y previa sentencia de divorcio definitivamente firme dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, de fecha 09-07-2007, debidamente protocolizada por ante la Oficina de Registro Publico Inmobiliario del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda, en fecha 05-09-2008, bajo el Nº 17, protocolo segundo, tomo 01, del tercer trimestre del año 2008.-
Participación que hago a usted, a los fines de estampar la correspondiente nota marginal.-
DIOS Y FEDERACION
EL JUEZ,

ABG. WILMER HERNANDEZ OROPEZA
Exp Nº: 3239 C.M.
Who/ls/ADRIANA