REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE EJECUCIÓN EXTENSIÓN BARLOVENTO

Corresponde conocer y decidir a este Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en Guarenas, en virtud del Cumplimiento de la pena que le fuera impuesta al penado DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY, quien es de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V-14.224.100, natural de Guarenas, Estado Miranda, donde nació en fecha 07-07-1978, de 32 años de edad, de estado civil casado, hijo de Félix Gutiérrez (v) y de Petra Monroy (v), de profesión u oficio Albañil, residenciado en: El Tamarindo, Ciudad Belén, Apto 1 P.B., Guarenas, Municipio Plaza, Estado Miranda, a quien se le sigue causa signada con el N° 2E 176-09 por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de la COLECTIVIDAD, en consecuencia, antes de dictar el correspondiente pronunciamiento, es preciso hacer las siguientes consideraciones:

En fecha 02 de Diciembre de 2008, el Tribunal Primero de Control de este mismo Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, Condenó al ciudadano DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY, a cumplir la pena de: DOS (02) AÑOS Y OCHO MESES DE PRISION, por ser autor responsable de los delitos de: TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de la COLECTIVIDAD, así como también fue condenado a cumplir las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal.

En esta misma fecha, 18 de Febrero de 2009, este Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en Guarenas, dictó decisión mediante la cual DECLARO EJECUTADA Y COMPUTADA la pena del penado: DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY a un lapso se tiempo igual a DOS (02) AÑOS Y DIECISEIS (16) DIAS DE PRISION, todo conforme con lo dispuesto en los artículos 479, 480 y 482 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se observa de lo anteriormente expuesto que el penado: DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY, cumplió la pena principal de DOS (02) AÑOS Y OCHO MESES DE PRISION, que le fue impuesta en fecha 02 de Diciembre de 2008, por el Tribunal Primero de Control de este mismo Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, así como también la pena accesoria Inhabilitación Política que le fue impuesta, pero no así dio cumplimiento a la pena accesoria de Sujeción a la Vigilancia de la Autoridad en su totalidad, en consecuencia debe éste Juzgado emitir pronunciamiento en cuanto al cumplimiento de las penas accesorias y a tales efectos acoge el contenido de la sentencia impuesta de fecha 21 de mayo del año 2007 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de la Magistrado CARMEN ZULETA DE MERCHAN, Expediente N° 03-2352, en la cual, en relación a la PENA ACCESORIA DE SUJECIÓN A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD, se estableció lo siguiente:

“…Para el derecho penal moderno, es importante que toda pena no sea excesiva, es decir, que no sea abusiva y desmesurada; y ello responde a una exigencia de la justicia, así como de la política criminal. Esa exigencia, no sólo comprende a las penas principales o corporales, sino también debe incluir a las penas accesorias y no corporales, toda vez que todas ellas son consecuencias jurídicas del delito…..”

Por otra parte, más adelante señala la sentencia antes mencionada:

“…..Ahora bien, la Sala observa que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito. La sujeción a la vigilancia de la autoridad, a pesar de que no es una pena principal, restringe la libertad plena a la que tiene derecho el penado luego de cumplida la pena principal, por lo que la misma, a juicio de esta Sala, se convierte en excesiva….”

“……..en efecto, a juicio de la Sala, la sujeción de vigilancia a la libertad obliga al penado a dar cuenta a los respectivos Jefes Civiles de Municipio sobre el lugar donde resida o por donde transite, lo que equivale a un régimen de presentación que limita, a todas luces, la libertad individual……

…..para la Sala, basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, el que se restrinja por extensión la libertad plena a través de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela……

……Lo anterior demuestra que la sujeción a la vigilancia de la autoridad es una pena excesiva, por lo que no cumple con las exigencias del derecho penal moderno…..

…..Además, cabe acotar que el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas desaplicó los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, los cuales prevén la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, al considerar que dicha figura penal “...además de estar completamente en desuso, es violatoria a los derechos humanos más intrínsecos del penado”. Adicionalmente, vale otra reflexión……

…..En la práctica la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad siendo una pena de auto ejecución su eficacia depende de las persona sujeta a la misma; ahora bien, toda vez que su eficacia depende de la propia presentación del penado ante la autoridad pública, aunado a lo cual debe tomarse en cuenta, tal como lo sostuvo el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que las condiciones geográficas de las ciudades venezolanas han cambiado sustancialmente en los últimos años, convirtiéndose en grandes urbes cosmopolitas en las cuales existen varios Jefes Civiles, resultando imposible, por lo tanto, que dichos funcionarios pudiesen ejercer algún tipo de control sobre los penados que están sometidos a esa pena accesoria, es lógico concluir que con ella no se hace efectiva la reinserción social del penado…”

Más adelante expresa la referida sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

“…No obstante, esta Sala considera que, a pesar de que la función que estableció el Código Penal a los Jefes Civiles fue absorbida jurisprudencialmente por los delegados de prueba, esa solución no ha sido definitiva, en virtud de que ello no ha resuelto la ineficacia de la pena de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, por cuanto queda a responsabilidad del penado, que ya cumplió su pena privativa de libertad, acudir a los delegados de prueba, en aquellos casos que transite por varios lugares; resultando iluso el quebrantamiento de la condena previsto en el artículo 262 del Código Penal, que establece una sanción para el incumplimiento de la pena accesoria de la sujeción a la vigilancia de la autoridad; al no existir un mecanismo de control que permita supervisar el cumplimiento de la sujeción a la vigilancia de la autoridad. Por lo tanto, al no existir ese mecanismo, la pena accesoria deviene, además de excesiva, en ineficaz…….

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, por lo que, en conclusión, se estima, con la argumentación explanada, que se encuentra ajustada a derecho la decisión dictada el 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que desaplicó la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil del penado Asdrúbal Celestino Sevilla……..”

De lo antes expuesto se desprende que siendo la pena accesoria de Sujeción a la Vigilancia de la Autoridad, la obligación para el penado de dar cuenta a los respectivos Jefes Civiles de Municipio donde resida o por donde transite de su salida y llegada a éstos, y a través de esta medida, se pretende mantener un control sobre el reo para evitar que cometa nuevos delitos, la misma, aun cuando no constituye en forma alguna una penalidad de carácter denigrante o infamante, ha sido considerada por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante un cambio de criterio que venía sosteniendo, de excesiva e ineficaz, ya que su cumplimiento depende del penado. En efecto, la esencia intima de la pena es la retribución, aflicción o coacción, y su fin es el restablecimiento del orden jurídico quebrantado, a través de la retribución; la prevención general que se obtendrá mediante la intimidación o la amenaza legal, y la prevención especial que se lograría a través de la advertencia o resocialización del delincuente, motivo por el cual, estimando que el penado DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY, cumplió a cabalidad un sistema progresivo del régimen penitenciario, bien sea intra muros o fuera del recinto carcelario, por mandato de un Tribunal de la República que lo condenó a cumplir con pena de Prisión y acogiendo la sentencia antes referida, estima este Juzgador que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR la LIBERTAD PLENA del ciudadano: DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY. Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.-

DISPOSITIVA

En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

1°) DECLARA EXTINGUIDA POR CUMPLIMIENTO, la pena principal de DOS (02) AÑOS Y OCHO MESES DE PRISION, que le fue impuesta al ciudadano: DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY, quien es de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V-14.224.100, natural de Guarenas, Estado Miranda, donde nació en fecha 07-07-1978, de 32 años de edad, de estado civil casado, hijo de Félix Gutiérrez (v) y de Petra Monroy (v), de profesión u oficio Albañil, residenciado en: El Tamarindo, Ciudad Belén, Apto 1 P.B., Guarenas, Municipio Plaza, Estado Miranda, a quien se le sigue causa signada con el N° 2E 176-09 por la comisión del delito de: TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCION previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de la COLECTIVIDAD, de conformidad con el contenido del artículo 105 del Código Penal en relación con el artículo 479, ordinal 1º del Código Orgánico Procesal Penal.

2°) DECLARA EXTINGUIDAS las Penas Accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, a las cuales fue condenado el precitado ciudadano, relativas a la Inhabilitación Política, así como la Pena Accesoria de Sujeción a la Vigilancia de la Autoridad, en virtud del contenido de la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 21 de mayo del año 2007, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, en el Expediente N° 03-2352.

3ª) DECRETA LA LIBERTAD PLENA del ciudadano: DANIEL ENRIQUE GUTIERREZ MONRROY, quien es de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad V-14.224.100, en consecuencia se ordena librar la correspondiente Boleta de Excarcelación a nombre del referido penado y dirigida al Director del Internado Judicial Capital El Rodeo I, con sede en el Municipio Zamora del estado Miranda.

Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de la presente decisión. Notifíquese la presente decisión a las partes legitimadas en esta causa. Remítase copia certificada de la presente decisión al Departamento de Vigilancia y Ejecución de Sanciones Penales del Ministerio para el Poder Popular Relaciones Interiores y Justicia y al Consejo Nacional Electoral en cuanto a la Inhabilitación Política. Remítase copia certificada de la presente decisión así como oficio y boleta de Excarcelación dirigida al Internado Judicial el Rodeo I y la Boleta citación para ser impuesto de la decisión. Cúmplase.-
LA JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN

DRA. NANCY TOYO YANCY


LA SECRETARIA

Abg. FABIOLA GUERRERO
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.


LA SECRETARIA

Abg. FABIOLA GUERRERO










Exp N° 2E-176-09
NTY/Fg.