TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CON SEDE EN LOS TEQUES.

EXPEDIENTE Nº 11-8808

SOLICITANTES: MARÍA ALEJANDRA MARCANO y ARMANDO JOSÉ GONZALEZ GUERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-12.623.726 y V-9.998.874, respectivamente.

ABOGADO ASISTENTE: FRANCISCO RODRIGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 111.513.

MOTIVO: SENTENCIA DE DIVORCIO (Artículo 185-A del Código Civil).-

-I-

En fecha 26 de enero de 2011, se recibió por el sistema de distribución de causa la solicitud presentada por los ciudadanos MARÍA ALEJANDRA MARCANO y ARMANDO JOSÉ GONZALEZ GUERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-12.623.726 y V-9.998.874, respectivamente, debidamente asistidos por el abogado FRANCISCO RODRIGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 111.513; en el cual solicitan se decrete su divorcio, fundamentando su solicitud en el artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común por más de cinco (05) años. Manifestando que contrajeron matrimonio civil, en fecha veintitrés (23) de noviembre de 2000, ante la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo, del Estado Bolivariano de Miranda, según consta en el acta N° 323, al folio 119 y su vuelto, Tomo II, correspondiente al año 2000. Indicaron como último domicilio conyugal la ciudad de Los Teques, Urbanización La Macarena Sur, Casa N° 32-A y que de dicha unión conyugal no procrearon hijos. Que desde el 15 de octubre de 2005, se separaron de hecho y hasta la fecha no reanudaron su vida en común. Asimismo manifestaron no haber adquirido bienes de comunidad conyugal objeto de liquidación.
En fecha 16 de febrero de 2011, este Tribunal admitió la solicitud y ordenó la notificación de la Fiscal del Ministerio Público, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe, previa consignación de los recaudos para la admisión de la solicitud.
En fecha 14 de marzo de 2011, la Secretaria Accidental del Tribunal dejó constancia de haberse librado boleta de notificación a la Fiscal Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, tal como fuera ordenado en el auto de admisión de fecha 16 de febrero de 2011, previa consignación de los fotostatos correspondientes.
En fecha 07 de abril de 2011, el Alguacil consignó boleta de notificación debidamente firmada y sellada por la Fiscalía Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial.
En fecha 07 de abril de 2011, comparece ante este Tribunal la abogada NEREIDA DEL ROSARIO CÓRDOVA DE RAMIREZ, en su carácter de Fiscal Auxiliar Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, mediante diligencia manifestó no tener objeción que formular en la solicitud.

-II-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

El matrimonio es la base principal de la familia y ésta a su vez es la base de la sociedad. El estado debe proteger la sociedad y en consecuencia la familia y el matrimonio. El artículo 77 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
La disolución del vínculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco (5) años, es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de Familia, la cual fue desarrollada en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982, la razón fundamental que lleva al legislador patrio a incluir dicha reforma es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación de ruptura irreparable e insostenible para la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, particularmente a los hijos, por lo cual se prevé un proceso de jurisdicción graciosa, sin contención ni contradicción y así desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, ya que aun cuando el vinculo matrimonial sigue vigente desde el punto de vista jurídico, en la realidad dicho vinculo no existe y la separación de hecho voluntaria de la pareja, por el transcurso por más de cinco (5) años, es decir la Separación Fáctica como es llamada en la Doctrina, a la cual el Estado como garante de la armonía familiar debe dar respuesta, mediante su legalización de esta situación de hecho, sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado en preservar las instituciones del matrimonio y por ende la familia como medio adecuado para el desarrollo de los niños y adolescentes, como individuos sujetos de derechos y a quienes debemos la protección integral.
Con el divorcio se persigue la disolución del vínculo matrimonial, y en consecuencia afecta la estabilidad de la familia, es por esta razón que todas las normas que regulan dicha materia son de estricto orden público, no pudiendo ser relajadas, ni modificadas mediante convenio entre particulares, así como tampoco ignoradas por los órganos judiciales.
En efecto la noción de orden público de las normas que regulan la materia de familia, y en especial de las normas relativas a la disolución del vinculo matrimonial, se justifica por el hecho que más allá de los intereses particulares de los cónyuges, lo que se persigue es proteger la institución de la familia, como base fundamental de la sociedad.
Así pues, establece el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.

Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país. Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera Audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”
La citada norma establece la posibilidad de solicitar el divorcio si existe una ruptura prolongada de la vida en común, la cual quedó establecida en cinco años como mínimo, cualquiera de ellos puede solicitarla o puede ser solicitada conjuntamente, adicionalmente, si la solicitud es presentada por un extranjero, deberá acreditar constancia de residencia período no menor a diez años; luego de cumplidas las formalidades en él establecidas, debe mediar la no oposición del fiscal del Ministerio Público, con lo cual, transcurrido el lapso de tiempo de doce días de despacho, se procederá a declarar la disolución del vínculo conyugal.
Ahora bien, establecido lo anterior corresponde a este Tribunal establecer si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos en la norma bajo estudio, al respecto este Tribunal observa:
PRIMERO: Que de los autos se evidencia que los ciudadanos MARÍA ALEJANDRA MARCANO y ARMANDO JOSÉ GONZALEZ GUERRA, identificados en autos, contrajeron matrimonio civil ante la ante la Primera Autoridad Civil del Municipio El Hatillo, del Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 23 de noviembre de 2000, según consta en el acta N° 323, al folio 119 y su vuelto, correspondiente al año 2000 y llevados en los Libros de Registro Civil de Matrimonios por la hoy Oficina de Registro Civil del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda y consignada al efecto.
SEGUNDO: Que los referidos ciudadanos, admitieron que se encuentran separados de hecho desde el 15 de octubre de 2005, hasta la fecha actual, configurándose de esta manera la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años).
TERCERO: Que notificada como quedó la Fiscal Auxiliar Undécima del Ministerio Público de esta misma Circunscripción Judicial, manifestó no tener objeción que formular en la solicitud.
CUARTO: Que del análisis de las actas procesales se evidencia que se encuentran llenos los extremos señalados en el artículo 185-A del Código Civil para la procedencia de la disolución del vinculo matrimonial que une a los ciudadanos MARÍA ALEJANDRA MARCANO y ARMANDO JOSÉ GONZALEZ GUERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V-12.623.726 y V-9.998.874, respectivamente, este Juzgador considera procedente la disolución del vínculo matrimonial, como en efecto se declara.

-III-

DISPOSITIVA:

Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil; artículo 185-A del Código Civil, así como la Resolución N° 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de Marzo de 2009, y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.152, el día 02 de Abril de 2009, DECLARA: CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada por los ciudadanos: MARÍA ALEJANDRA MARCANO y ARMANDO JOSÉ GONZALEZ GUERRA, ambos plenamente identificados, y en consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial que los une en virtud del matrimonio por ellos celebrado el día 23 de noviembre de 2000, según consta del acta de matrimonio anexa, que quedó inserta bajo el N° 323, al folio 119 y su vuelto, Tomo II, correspondiente al año 2000, en los Libros de Registro Civil de Matrimonios llevado por la Oficina de Registro Civil del Municipio El Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 numeral 6 y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, insértese la presente sentencia.
Que durante la unión conyugal no procrearon hijos.
No hubo bienes adquiridos en comunidad conyugal que liquidar.
Déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Abg. TERESA HERRERA ALMEIDA.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. LESBIA MONCADA de PICCA

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las 3:20 de la tarde.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

ABG. LESBIA MONCADA de PICCA

THA/LMdeP/Damelis
Exp. Nº 11-8808