REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

Los Teques, 23 DE MAYO DE 2011 201° y 152° CAUSA N° 1A-a 8564-11. IMPUTADO: ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZÁLEZ DEFENSORES PRIVADOS: ABGS. ROBERTO TARICANI LOZADA Y JOSÉ FUENMAYOR. FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO: ABG. MERCEDES GAMARRA VENEGAS FISCAL VIGÉSIMA PRIMERA, DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA DELITO: HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES GRAVES MOTIVO: APELACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. JUEZ PONENTE: DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO. DECISIÓN: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del Derecho: MERCEDES GAMARRA VENEGAS, Fiscal Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. SEGUNDO: SE REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, de fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Once (2011), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, Otorgó al ciudadano ALBERTO JOSÉ GUAIMARO GONZALEZ, las Medidas Cautelares Sustitutivas previstas en los numerales 3°, 4°. 6°, 8° y 9° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y se decreta en contra del mismo la Privación Judicial Preventiva de Libertad. TERCERO: Líbrese el correspondiente oficio a la División de Aprehensiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sede El Rosal, Caracas Distrito Capital, anexándose la Boleta de Encarcelación del ciudadano supra mencionado al Internado Judicial Región Capital Rodeo I. Cúmplase.- Corresponde a este Tribunal Colegiado del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, conocer del Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del Derecho: MERCEDES GAMARRA VENEGAS, Fiscal Auxiliar Sexta (6ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, de fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Once (2011), en ocasión de la Audiencia Preliminar, mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, entre otras cosas: DECRETÓ en contra del ciudadano ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZÁLEZ las Medidas Cautelares, previstas en el artículo 256 numerales 3°, 4°, 6°, 8° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 último aparte del Código Penal, y LESIONES GRAVES, previsto y sancionado en los artículos 415 en relación con el 420, ejusdem. En fecha Tres (03) de Mayo de Dos Mil Once 2011, se le dio entrada a la causa asignándole el N° 1A-a 8564-11, quedando designada como ponente quien suscribe el presente fallo con tal carácter. Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, dictó auto de admisión en la presente causa, de conformidad a lo establecido en el artículo 447 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal de Alzada, para decidir previamente observa: LA DECISIÓN RECURRIDA En fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Once (2011), el Tribunal Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, emite pronunciamiento en los términos siguientes: “…Oídas como han sido las partes y al imputado, este Tribunal CUARTO de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Guarenas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad solicitada por la defensa, ya que siempre tenemos que ir tras la verdad procesal, si la fiscal duda de esas actas debe investigar penalmente Por (sic) encuadrar dentro de las previsiones del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se Decreta como FLAGRANTE la aprehensión del imputado de autos. No obstante vista la solicitud del Fiscal del Ministerio Público, que se lleve el presente procedimiento por la vía ordinaria, este Tribunal lo DECLARA CON LUGAR, en virtud de que la fase preparatoria del procedimiento ordinario, consagrado en el Libro 2 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la defensa del imputado y la acusación Fiscal artículo 280 y 281 del Código Orgánico Procesal Penal y siendo que el Ministerio Público y conforme a los artículos 11, 24, 108, 281 del Código Orgánico Procesal Penal, en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias para fundar la inculpación de los imputados, sino aquellos que sirvan para exculparle, y tomando en cuenta que en la presente causa faltan diligencias que practicar, es por lo que el tribunal acoge la solicitud del Fiscal de seguir el presente procedimiento por la vía ordinaria. Segundo: Los casos cuando fallecen las personas, se deben a la imprudencia a la inobservancia, a la falta de consciencia de los conductores, ya que tenemos la responsabilidad de nuestra vidas (sic) y de los acompañantes, es difícil que la persona reconozca que iba a exceso de velocidad aunado a otros factores aunado (sic) a la falta de luz, horas nocturnas, la falta de previsión de las víctimas, que es lo que dice el acta policial, 70 kilómetros da tiempo de frenar, no basta con que se diga la magnitud del daño causado ya que se trata de dos niños, que no nos están presentando informes médicos, no se debe perder el norte de la buena fe y la objetividad, estamos hablando de la desintegración de dos familias, considero que la solicitud de la fiscalía en cuanto a la medida privativa de libertad, el tribunal no la va a acoger, por cuanto el tipo penal está excluido por el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe proceder una medida privativa de libertad. En relación a la Medida de Coerción solicitada por el Ministerio Público, este Tribunal, considera que los elementos de convicción traídos a la audiencia por parte del Ministerio Público, se acredita que se ha cometido un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra prescrita, los cuales son fundados elementos de convicción, para estimar la presunta participación del imputado en el delito precalificado por el Ministerio Público como HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 último aparte del Código Penal… y el delito de: LESIONES GRAVES, previsto y sancionado en los artículos 415 en relación con el artículo 420 ambos del mencionado código…Por otra parte, no existiendo presunción de peligro de Fuga del imputado, tomando en cuenta, que tiene residencia fija y expreso su voluntad de someterse al proceso, y dado que establece el artículo 243 del Instrumento Penal Adjetivo, el estado de libertad como regla y la detención como excepción, se debe concluir, en decretar la Medidas Cautelar Sustitutiva de Libertad de imputado (sic) ALBERTO JOSÉ GUAIMARO GONZÁLEZ, LA MEDIDA CAUTALAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de las contenidas en los artículo (sic) 256 ordinal 3°, 4°, 6°, 8° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal…” LA ACCIÓN RECURSIVA En fecha Catorce (14) de Marzo de Dos Mil Once (2011) (Folios 01 al 06 de la compulsa), la Profesional del derecho MERCEDES GAMARRA VENEGAS, MERCEDES GAMARRA VENEGAS, en su carácter de Fiscal Auxiliar Sexta (6ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Barlovento, interpone Recurso de Apelación, escrito que fundamenta en los términos siguientes: “…La Defensa en el referido acto se refirió a lo dicho por el ciudadano ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZALEZ, haciendo mención a lo alegado por el imputado en la audiencia, quien señaló que en la autopista había un autobús por el canal lento el cual adelantó por el lado derecho, es decir lo adelanto por el hombrillo. De igual forma manifestó que este vehículo que adelantó le impedía la visibilidad y por eso no pudo observar las luces intermitentes de los vehículos que se encontraban estacionados en el hombrillo, auxiliando a otro que se encontraba accidentado, originándose de esta manera el fatal accidente… (…) …De lo antes transcrito podemos observar que en el caso que nos ocupa esta Representación Fiscal acreditó en la audiencia para oír al imputado los elementos de convicción suficientes a los fines de demostrar que efectivamente las circunstancias de la aprehensión son como consta en autos ya que las mismas se encuentran respaldadas por el acta policial levantada por el funcionario de tránsito y el Croquis Planimétrico, actuaciones estas donde claramente se evidencia que el ciudadano ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZALEZ, actuó imprudentemente al adelantar por el lado derecho al vehículo que circulaba por el canal lento (autobús) introduciéndose de esta manera en el canal del hombrillo donde se encontraban estacionados tres vehículos con sus respectivas luces intermitentes arreglando el neumático de uno de ellos, haciendo el correcto uso del mismo toda vez que de conformidad con el artículo 231 del Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre el hombrillo está destinado al estacionamiento de vehículos en caso de emergencias, violando así lo contemplado en el artículo 243 del Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre y en relación con el 169 numeral 12 de la Ley de Transporte Terrestre, originando el fatal accidente…entre otros elementos de convicción que perfectamente sirven a los fines de cumplir con los extremos exigidos por el legislador al momento de decretar Medida Privativa de Libertad… (…) …Siendo todas estas consideraciones para el Juzgador suficientes para decretar a favor del imputado una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en razón a que valoró la narración de los hechos realizada por este, sin embargo siendo esta Representación Fiscal la titular de la acción penal y a sabiendas de la obligación que se tiene que desvirtuar la presunción de inocencia del hoy imputado, situación esta ocurrida en dicha audiencia, toda vez que la Fiscalía demostró con los elementos de convicción arriba indicado (sic), que el procedimiento policial practicado por los funcionarios adscritos a Transito, arrojó la responsabilidad del ciudadano ALBERT JOSE GUAIMARO GONZALEZ en los hechos que le fueron imputados. Por otra parte, es importante hacer mención lo (sic) preceptuado en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la procedencia de la medida privativa de libertad, esto es cuando el delito materia del proceso merezca pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su limite (sic) máximo. En el caso que nos ocupa, el delito precalificado por esta Representación Fiscal y acogido por el Tribunal de Control resultó ser el de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 último aparte del Código Penal…el cual prevé una pena de 6 meses a 5 años de prisión, pudiéndose incrementar esta pena hasta 8 ocho (sic) de conformidad con el último aparte de la referida norma… (…) …en razón a lo antes referido en el articulo (sic) ut supra, claramente se evidencia que lo procedente y ajustado a derecho en el caso de marras claramente se evidencia que lo procedente y ajustado a derecho en el caso de marras no era acordarle al imputado ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZALEZ, la medida de coerción personal contenida en el artículo 256 numerales 3, 4, 6, 8 y 9 de la ley adjetiva penal, ya que el delito imputado y acogido en su totalidad por el juzgado ad quo (sic), tiene una pena de 6 meses a 5 años de prisión, incrementándose hasta 08 años en virtud de la cantidad de personas que resultaron fallecidas y lesionas (sic), pena esta que excede a lo señalado en el articulo (sic) 253 de la ley adjetiva penal y explicado ut supra, aunado a esto a la entidad de (sic) delito, a que el mismo ha sido considerado como delito que ofende el bien jurídico mas preciado como lo es la vida y en el presente caso además de la vida estamos en presencia del llamado interés superior del niño previsto en el articulo (sic) 8 de la Ley Orgánica para la protección del niño, niña y Adolescente, y que si bien es cierto al acordar el Tribunal de Control una medida de coerción personal menos gravosa a la privativa de libertad solicitada por la Fiscalía, considerando el Tribunal que efectivamente el imputado se encuentra incurso en el delito de marras, es menester destacar, que los supuestos que motivaron la solicitud de privación de libertad por parte de la Fiscalía, no pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de la medida de coerción personal en referencia al imputado, en virtud de la pena que podría llegar a imponerse, ya que excede al limite a que hace referencia el articulo (sic) 253 de la ley adjetiva penal, por cuanto es considerado un delito de gran entidad, donde son varias victimas (sic) dos de ellas menores de edad, personas estas que murieron a consecuencia de la acción desplegada por el imputado ya que no existe ninguna duda de la persona que conducía el vehículo que impactó contra los vehículos estacionados en el hombrillo y que de este accidente muertos los ciudadanos (IDENTIDAD OMITIDA)… y heridos los ciudadanos (IDENTIDAD OMITIDA)… (...) …En virtud de los razonamientos antes expuestos es por lo que esta Representación Fiscal interpone RECURSO DE APELACIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 447 numeral 4° de la ley adjetiva penal, contra la decisión dictada por el Juzgado CUARTO (4°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de esta misma Circunscripción Judicial de fecha trece (13) de marzo del presente año, mediante la cual acordó decretar al imputado de autos ciudadano ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZALEZ Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 N° 3, 4m 6 8 (sic) y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del hecho punible precalificado por esta representación del Ministerio Público como HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 último aparte del Código Penal y el delito de: LESIONES GRAVES, previsto y sancionado en los artículos 415 en relación co0n el 420 ambos del mencionado código. Solicito que el presente recurso de apelación sea ADMITIDO y DECLARADO CON LUGAR, y en consecuencia se le acuerde la medida de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZALEZ…” En fecha Diecisiete (17) de Marzo de Dos Mil Once (2011), el Tribunal A quo, procedió a emplazar a los Defensores Privados en la presente causa, constando en autos escrito de contestación del Recurso de Apelación por parte de la Defensa de fecha Treinta (30) de Marzo de Dos Mil Once (2011) el cual cursa a los Folios 29 al 40 de la presente compulsa, el cual a la letra es a tenor siguiente: “…Olvida la recurrente que la apelación debe ser ejercida sobre una Decisión, que no solo debe serle adversa, sino que la misma debe ser VIOLATORIA de alguna disposición legal, y por ende se encuentra obligados (sic) a señalar en que parte del fallo se cometió dicha violación, realizándose en muchas oportunidades transcripción parcial de la decisión, donde se observe tal falla, y la ind3icación EXPRESA de cual fue la norma violentada. En tal sentido observamos que la apelante, no solo no señala que parte del fallo contiene la violación, sino nisiquiera (sic) se molesta en indicar que norma o normas fueron, a su juicio, violentadas. El hecho de que la decisión no haya cubierto sus pretensiones, no es motivo suficiente para apelar la misma, recomendándosele revisar su solicitud, la cual ciertamente no cumplía ni cumple con las previsiones legales vigentes para decretar una medida restrictiva de libertad; es decir, no basta con que se califique un delito como GRAVE para exigir la inmediata restricción de libertad de un ciudadano, sino que deben ser presentados los fundamentos de convicción que hagan pensar que dicho ciudadano en el autor de dicho delito, tal como lo exige el ordinal 2do., del artículo 250 del Código Adjetivo; lo cual obviamente no ocurre en el presente caso. Es de recordar al recurrente que las facultades amplias con que contaban los Juzgados a quem, con el régimen derogado, se encuentran extintas bajo el presente régimen, y sólo es posible lograr la reacción de la Alzada, cuando es alegado alguno de los motivos contemplados por el artículo 447, de una manera eficaz, debidamente enfocado y formalmente presentado, y bajo el fundamento de que es hecho violatorio efectivamente existe, y no como se pretende en el presente caso, al fundamentar un ‘pedimento’ bajo la tutela del artículo 447 sin mencionar en cuales de sus ordinales fundamenta su recurso. Amén de los alegatos esgrimidos, que por si solo hacen evidente la improcedencia del recurso de apelación interpuesto, por falta de técnica de la recurrente, y la omisión de las normas procesales en que se funde su pretensión, así como el señalamiento de aquellas supuestamente violadas… (…) …Fundamenta la recurrente su recurso, alegando que la defensa dejó constancia de que nuestro patrocinado TRATO DE ADELANTAR UN MICROBUS POR EL HOMBRILLO, lo cual es TOTALMENTE FALSO, pues lo que si quedó DEMOSTRADO Y CLARIFICADO es que nuestro patrocinado AL VER EL LETRERO QUE INDICABA QUE LA SALIDA DE TACARIGUA SE ENCONTRABA A 500 MTS SE SALIO A SU DERECHA PARA TOMAR DICHA RAMPA, pues como es por todos sabidos, al aproximarse una rampa de salida a la derecha de la autopista EL HOMBRILLO DESAPARECE, PERO NUNCA TRATO DE ADELANTAR A NINGÚN VEHÍCULO PÓR LA DERECHA. Finalmente es necesario DESTACAR que si bien es cierto que resulta totalmente lamentable el fallecimiento de cuatro personas en un accidente de tránsito, también es imperioso ser objetivo al momento de establecer responsabilidades es su ejecución, lo cual es obviamente labor del Ministerio Público, pero inicialmente es EVIDENTE que las autoridades de Tránsito dejaron expresa constancia de que los vehículos estacionados NO HABIAN COLOCADO NI TRIANGULO (sic) DE SEGURIDAD NI CONO NI SEÑAL REFLECTIVA ALGUNA, lo cual obviamente viola lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento de la ley de Tránsito Terrestre… (…) …Tal obligación IMCUMPLIDA por los vehículos estacionados EVIDENTEMENTE FUE UN FACTOR DETERMINANTE en el resultado funesto que hoy nos ocupa, y no debe pasar inadvertido por ninguno de los intervinientes en la presente investigación. Ciudadanos Magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones, el recurso interpuesto por la representante Fiscal, no busca REVERTIR EL DAÑO CAUSADO POR UNA DECISIÓN VIOLATORIA DE LAS LEYES, sino simplemente busca mantener privada de su libertad a una persona a quien los familiares de las victimas tildan de ‘culpable’ sin haber concluido las investigaciones, mas no obstante considera la defensa necesario y conveniente acotar que cualquier Juez al adoptar una decisión debe atenerse a la finalidad del proceso en aplicación del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y tratar de evitar la IMPUNIDAD, entendiendo por impunidad al acto mediante el cual el investigado EVADE su proceso, lo cual obviamente no ha ocurrido en el presente caso, calificándose su resolución como una impecable decisión, por estar ajustada a los hechos, al derecho y a la justicia, no coincidiendo con lo expresado por el Ministerio Público… (…) …Es así universalmente reconocido que la regla general es el régimen de libertad personal del imputado durante la secuela del juicio, y la privación de su libertad, como régimen excepcional, es de restrictiva interpretación… (…) …Ciudadana Juez, en lo que respecta a una de las exigencias o extremos contenido en el ordinal 3ero. del artículo 250 Ibidem, específicamente, el peligro de obstaculización de la investigación, enfáticamente considera la defensa que no existe riesgo alguno en la actualidad, toda vez que las pruebas iniciales en este tipo de acontecimientos YA FUERON PRACTICADAS, pues como todos sabemos nuestras autopsias sufren constantes modificaciones y cualquier estudio al sitio del suceso debe practicarse de manera inmediata, como confiamos sucedió en el caso que nos ocupa, de igual forma consideramos que este peligro quedo reducido a cero, puesto que nuestro patrocinado no tiene manera de influir sobre los funcionarios de tránsito terrestre, ni mucho menos sobre los fiscales del Ministerio Públicos (sic), que como es sabido son los directores de la investigación, más concretamente no tiene como destruir, ocultar, o falsificar algún elemento de convicción, ni influir sobre coimputados, testigo expertos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal poniendo en peligro la investigación quedando así desvirtuada la tesis del peligro de obstaculización, aunado al hecho que en el transcurso de la audiencia no se determino que acto concreto de la investigación pudiera el imputado obstaculizar para evitar la búsqueda de la verdad, por el contrario, el es la más interesado (sic) que la investigación se profundice a los fines de determinar sin duda alguna que el mismo no es responsable del ilícito penal que se le imputa. P E T I T O R I O Por lo que no nos queda otra alternativa mas que la de solicitar a la Alzada correspondiente que declare SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, por no asistirle la razón a la recurrente, toda vez que estamos en presencia de un delito de tipo CULPOSO y no doloso, las penas no superan las previsiones del parágrafo único del articulo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, se encuentra demostrado el arraigo del imputado, no existe peligro de fuga ni peligro de obstaculización de la investigación, y fueron estos lo requisitos que esta Juzgadora consideró razonablemente satisfechos para que proceda la aplicación de una medida menos gravosa a favor de nuestro defendido, por ordenarlo así tanto nuestra Constitución Nacional, como las Leyes Tratados Internacionales, Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos…” ESTA CORTE DE APELACIONES, A LOS EFECTOS DE SU PRONUNCIAMIENTO, PREVIAMENTE OBSERVA: La profesional del derecho MERCEDES GAMARRA VENEGAS, en su condición de Fiscal Auxiliar Sexta (6ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, fundamentó su Escrito de Apelación en el numeral 4° del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Barlovento, DECRETÓ en contra del ciudadano ALBERTO JOSE GUAIMARO GONZÁLEZ, las Medidas Cautelares previstas en el artículo 256 numerales 3°, 4°, 6°, 8° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal. Corresponde ahora a esta Alzada determinar a la luz de la ley y la jurisprudencia, si le asiste o no la razón a la apelante y para ello es importante observar la existencia de los elementos de convicción para decretar la Medida Privativa Preventiva de Libertad, y para ello se observa la norma adjetiva penal: “Artículo 250. Procedencia. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de: 1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…” (Subrayado nuestro). 1.- La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, como lo son los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 último aparte del Código Penal y LESIONES GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 415 en relación con el artículo 420 ejusdem, cuyas acciónes penales no se encuentran evidentemente prescritas. 2.- Fundados elementos de convicción que hacen presumir la participación o autoría del ciudadano ALBERTO JOSÉ GUAIMARO GONZALEZ, en la comisión del delito señalado, los cuales se desprenden de la Acusación Fiscal, entre los cuales destacan: a).- Acta Policial de fecha Once (11) de Marzo de Dos Mil Once (2011), suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Transito Terrestre del Puesto de Higuerote. (Folios 60 y 61 da le compulsa) b).- Informe de Accidente de Tránsito de fecha Once (11) de Marzo de Dos Mil Once (2011), suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Transito Terrestre del Puesto de Higuerote. (Folios 62 y 63 de la compulsa) c).- Croquis del Accidente, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Transito Terrestre del Puesto de Higuerote. (Folio 69 de la compulsa). d).- Características de los Vehículos, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Transito Terrestre del Puesto de Higuerote. (Folios 70 y 73 de la compulsa) e).- Acta de Dictamen Pericial del Vehículo suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Transito Terrestre del Puesto de Higuerote. (Folios 81 y 82 de la compulsa) 3.- En lo que respecta al tercer requisito exigido por el legislador en el artículo 250 de la norma adjetiva penal, relativo a la presunción de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, se observa lo siguiente: el delito de mayor cuantía como lo es el precalificado por el Ministerio Público y acogido por el Tribunal de Control como lo es el de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal venezolano, en los cuales se establece una pena privativa de libertad de seis (06) meses a cinco (05) años de prisión y siendo que en el presente caso resultaron muertas varias personas, como lo establece el último aparte del citado artículo la pena de prisión podrá aumentarse hasta ocho años (08) años de prisión; y el mismo fue admitido por el Juez de Control, en la Audiencia de Presentación de Aprehendido, como calificación Jurídica aplicable a los hechos pudiendo entonces estimarse la presunción de peligro de fuga, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, en virtud de lo cual hace que esta Corte de Apelaciones estime procedente que se debe asegurar los fines del proceso penal a través de la privación judicial preventiva de libertad del imputado. En este estado, cabe mencionar la jurisprudencia emanada de Nuestro Máximo Tribunal, en Sala Constitucional, en relación a la medida privativa de libertad, que señala: “…Ahora bien, debe afirmarse el hecho de que la medida de coerción personal antes mencionada posea en principio un contenido material que coincide con el de las penas privativas de libertad, no implica que ella persiga el mismo fin de tales sanciones, es decir, no puede concebirse como una pena anticipada, toda vez que la misma recae sobre ciudadanos que se ven amparados por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 492 Constitucional y el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, cristalizándose así el principio indubio pro liberate…De lo anterior se infiere que a través de la medida de privación judicial preventiva de libertad no se puede anticipar la protección de un bien jurídico utilizándola como pena, toda vez tal función le corresponde al Derecho penal material. Por el contrario, la privación judicial preventiva de libertad debe atender la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose aquellos en la conjugación de ciertos riesgos relevantes, a saber, la sustracción del encartado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva… En pocas palabras, es una medida que esencialmente se justifica por la necesidad de asegurar el proceso, específicamente, garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación…” (Sentencia N° 1998, de fecha 22 de junio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ). Subrayado nuestro. Asimismo, con respecto a la Naturaleza de la Medida Privativa de Libertad, la Sala de Casación Penal, con ponencia del Magistrado HECTOR CORONADO FLORES, mediante sentencia N° 185 de fecha 07 de Mayo de 2009, señaló: “… Lo anteriormente expuesto responde a que las medidas de coerción personal, restrictivas o privativas de libertad, dada su naturaleza cautelar y no sancionadora, tienen el exclusivo propósito de asegurar los fines del proceso penal (artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal)…” La Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, no puede ser entendida como una sanción o castigo anticipado, sino más bien como una excepcional limitación a la garantía fundamental del juicio en libertad, necesaria para el aseguramiento de que se cumplan las finalidades del proceso, tal como lo preceptúa el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal: Artículo 13. “Finalidad del Proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al adoptar su decisión.” De ahí se desprende que una finalidad muy importante perseguida con la imposición de una Medida Privativa de Libertad, es garantizar que el proceso penal concluya sin trabas o dilaciones indebidas hasta llegar a la fase del juicio, y en el presente caso, dada la pena que podría llegar a imponerse, el delito presuntamente cometido, lo ajustado a derecho es decretar en contra del ciudadano ALBERTO JOSÉ GUAIMARO GONZALEZ, la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. De todo lo anteriormente señalado, Esta Corte de Apelaciones considera que no se encuentra ajustada a derecho la decisión dictada en fecha Trece (13) de Marzo del Dos Mil Once (2011) por el Juzgado Cuarto en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Barlovento, por cuanto se encuentran satisfechos los extremos establecidos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que lo procedente y ajustado a derecho es declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abg. MERCEDES GAMARRA VENEGAS, Fiscal Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, por lo cual SE REVOCA la decisión de fecha Trece (13) de Marzo del Dos Mil Once (2011), dictada por el Juzgado supra mencionado, mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, Otorgó al ciudadano ALBERTO JOSÉ GUAIMARO GONZALEZ, las Medidas Cautelares Sustitutivas previstas en los numerales 3°, 4°, 6°, 8° y 9° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal; en consecuencia SE ACUERDA: MEDIDA PRIVATIVA PREVENTIVA DE LIBERTAD al ciudadano ALBERTO JOSÉ GUAIMARO GONZALEZ; de conformidad a lo establecido en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal. Debiéndose seguir con el procedimiento Penal Ordinario para el esclarecimiento total de los hechos. Y ASÍ SE DECIDE DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de La Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del Derecho: MERCEDES GAMARRA VENEGAS, Fiscal Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. SEGUNDO: SE REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, de fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Once (2011), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, Otorgó al ciudadano ALBERTO JOSÉ GUAIMARO GONZALEZ, las Medidas Cautelares Sustitutivas previstas en los numerales 3°, 4°. 6°, 8° y 9° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y se Decreta en contra del imputado de autos la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. TERCERO: Líbrese el correspondiente oficio a la División de Aprehensiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, sede El Rosal, Caracas Distrito Capital, anexándose la Boleta de Encarcelación del ciudadano supra mencionado al Internado Judicial Región Capital Rodeo I. Cúmplase.- Regístrese, déjese copia y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.- MAGISTRADO PRESIDENTE DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA MAGISTRADA PONENTE DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO MAGISTRADO INTEGRANTE DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ LA SECRETARIA Abg. GHENNY HERNANDEZ APONTE Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado. LA SECRETARIA Abg. GHENNY HERNANDEZ APONTE JLIV/MOB/LAGR/GHA/oars. Causa N° 1A-a 8564-11