CAUSA Nº 1C-1937-10


JUEZ: DR. MARCO ANTONIO GARCIA GONZALEZ.,
FISCAL: DRA. ENMY DELGADO, 18º Especializada del Ministerio Público.
VICTIMA: EMPRESA ALFONSO RIVAS
IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA
DEFENSA: DR. ERNESTO ROSALES, Privado.
ALGUACIL: HERNAN SERRANO
SECRETARIA: ABG. ROCIO DELFIN

IMPUTACION FISCAL

La ciudadana Fiscal Décima Octava del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, Dra. ENMY DELGADO ESCALANTE, en Audiencia Preliminar celebrada en esta misma fecha presentó por ante este Tribunal Primero de Control Sección Adolescentes, de forma oral y circunstanciada, formal Acusación en contra del adolescente imputado IDENTIDAD OMITIDA, por los hechos ocurridos en fecha 11 de octubre de 2010, en la vía de Mamporal - Río Chico, Municipio Eulalio Buroz, Estado Miranda, momentos en que el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en compañía del ciudadano SANCHEZ REYNA LUIS ENRIQUE, cargaban en sus manos unas cajas confeccionadas en cartón, y fueron avistados por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, quienes en su ejercicio de sus funciones, se desplazaban por el lugar, y los antes mencionados ciudadanos al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida, introduciéndose en una vivienda fabricada en bloques frisados pintados de color melón, sin puertas ni ventanas, al ingresar a la referida vivienda los funcionarios logran observar al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, el ciudadano SANCHEZ REYNA LUIS ENRIQUE y una tercera persona de sexo femenino identificada como BRAVO MARIA, quienes trataban de ocultar las cajas en una de las habitaciones de la referida vivienda, dichas cajas contentivas de productos alimenticios varios, las cuales fueron sustraídas del vehículo clase camión, placas 94HVAY, que fue robado, anteriormente y perteneciente a la Empresa Alfonzo Rivas, el cual para el momento del robo era conducido por el ciudadano RAMON MORGADO, hechos ocurridos en fecha 10-10-2010, en horas de la madrugada, cuando la unidad de carga se desplazaba por la vía hacia Oriente con dirección a Río Chico. Los funcionaros incautaron en una de las habitaciones gran cantidad de cajas de productos y cereales varios, según consta en la EXPERTICIA DE AVALUO REAL, de fecha 12-10-2010. Nº: 9700-049-444 practicada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas penales y Criminalísticas. Luego se procedió a aprehender al adolescente IDENTIDAD OMITIDA junto a sus acompañantes, con la finalidad de colocarlos a la orden de los Tribunales de Control de Guardia correspondientes. Siendo presentado el adolescente involucrado por ante este Juzgado Primero de Control, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas, Estado Miranda en fecha 13 de octubre de 2010, debidamente asistido por el Abg. ERNESTO ROSALES, en su carácter de Defensor Privado, siéndole imputado al adolescente la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal en perjuicio de la EMPRESA ALFONSO RIVAS.

Asimismo la Fiscal del Ministerio Público ofreció los medios de pruebas testimoniales y documentales para ser debatidos en el respectivo juicio oral y reservado, debidamente señalados en su escrito acusatorio, los cuales se mencionan a continuación:

PRUEBAS TESTIMONIALES:

01.- Testimonio del Experto ARMAS LUIS, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub- delegación Higuerote, quien realizo experticia de Avaluó Real Nº 9700-049-444, de fecha 12-10-2010.

02.- Testimonio del Inspector RANDY MADRIZ, adscrito al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.

03.- Testimonio del DETECTIVE VARGAS EDWARD adscrito al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.

04.- Testimonio del DETECTIVE DIAZ ALBERTO, adscrito al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.

05.- Testimonio del ROJAS JOSE, adscrito al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.

06.- Testimonio del DETECTIVE MARIN FELIX, adscrito al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.

07.- Testimonio del DETECTIVE HERNANDEZ FELIX adscrito al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.

08.- Testimonio de la DETECTIVE MARLENE GARCIA adscrito al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, región policial Nº 06, quien depondrá en su condición de funcionario aprehensor.
09.- Testimonio del Ciudadano SIRAAK VILELA YONNY JESUS, quien depondrá en su condición de testigo.

10.- Testimonio del Ciudadano SOTO FLORES ADAN IBRAIM, quien depondrá en su condición de testigo.

11.- Testimonio del Ciudadano JUAN ANTONIO MARQUEZ ORDOÑEZ, quien depondrá en su condición de testigo.

PRUEBA DOCUMENTAL:

EXPERTICIA DE AVALUO REAL Nº 9700-049-444, suscrita el Agente ARMAS LUIS, experto al servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Sub- Delegación Higuerote.

Por todo ello, la ciudadana Fiscal 18º del Ministerio Público solicitó la imposición de una sanción socioeducativa de dos (02) años de Libertad Asistida, dos (02) años de Imposición de Reglas de Conducta y seis (06) meses de Servicios Comunitarios por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal en perjuicio de la EMPRESA ALFONSO RIVAS.

DE LA VICTIMAS

Se deja constancia que las victimas en la presente causa, representantes de la Empresa denominada “ALFONZO RIVAS, CA”, no comparecieron a la celebración de la Audiencia Preliminar, siendo debidamente notificadas de los actos procesales llevados a cabo por este Juzgado, sin que los mismas acudieran al llamado de este Juzgado, siendo estas circunstancias no imputables a este Juzgado, razón por la cual se ordenó la notificación de las mismas conforme a lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.-

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

En la Audiencia oral, el Tribunal le cedió el derecho de palabra al ABG. ERNESTO ROSALES, en su condición de Defensor privado del adolescente imputado, quien expuso: “…La Defensa en conversación sostenida en privado con el adolescente antes de las celebración de la presente audiencia, el mismo me manifestó la posibilidad de admitir su responsabilidad por los hechos que ha sido acusado por el Ministerio Público , es por ello que la defensa solicita al tribunal que una vez que sea admitida o no, la acusación le otorgue el derecho de palabra al adolescente a los fines de verificar si se va a acoger al procedimiento especial por Admisión de los Hechos previsto en el artículo 583 de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Por último solicito copia simple de la presente acta, es todo…”.

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

Una vez constatado que el adolescente imputado IDENTIDAD OMITIDA, ha comprendido el contenido de la acusación presentada en su contra por el Fiscal 18º del Ministerio Público, así como los alegatos de la defensa, se le concedió el derecho de palabra, advirtiéndole que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio lo perjudique, que su declaración puede usarla como un medio de defensa, imponiéndolo del Precepto Constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la disposición contenida en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, y de los artículos 542 y 543 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 583, ejusdem, se le informo sobre el procedimiento de admisión de los hechos y se le concedió el derecho de palabra a los fines que manifestara lo que a bien tenga, exponiendo lo siguiente: “… Yo le quiero decir al tribunal que yo si tenía esas cajas de cereales cuando me agarro la policía, a mi me la dieron unas personas que no conozco como pago por ayudarlo a descargar ese camión pero yo no sabía que eso era robado, yo admito los hechos por lo que me está acusando la fiscal y le pido al tribunal que me imponga la sanción que considere conveniente en mi caso. Es todo...”

La Defensa, se adhirió al pedimento libre, voluntario y sin coacción de su defendido, solicitando que sea impuesta la correspondiente sanción de conformidad con el procedimiento de admisión de hechos, previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la ciudadana Fiscal del Ministerio Publico manifestó no tener objeción alguna en cuanto a lo manifestado por el Adolescente y su Defensor Publico.

ADMISION DE LA ACUSACION

Se le atribuye al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal en perjuicio de la EMPRESA ALFONSO RIVAS, por los hechos narrados por la representante del Ministerio Publico. Ahora bien, considera este Juzgado que el escrito acusatorio cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el articulo 570 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ante lo cual SE ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACION, en contra del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, de conformidad con lo establecido en el articulo 578 literal “a” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos en el articulo 570 eiusdem. En relación a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, el Tribunal las ADMITE EN SU TOTALIDAD, ya que fueron obtenidas en forma idónea, son legales, lícitas y son pertinentes y necesarias para fundamentar la acusación y se encuentran suficientemente especificadas en el escrito acusatorio, todo a tenor de dispuesto en los artículos 570 y 578 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Así se declara.

FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR ADMISION
DE LOS HECHOS.

La Institución de la admisión de los hechos es el procedimiento especial cuya aplicación procede cuando el imputado, mediante acto de manifestación voluntaria, reconoce su participación en el hecho punible que se le atribuye, y además consiente en la aplicación del referido procedimiento al solicitar la aplicación inmediata de la pena que le corresponde, tal como lo dispone el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, atendiendo en todo momento a las circunstancias que rodearon la comisión del hecho punible, considerando el bien jurídico afectado, y el daño social causado. La admisión de los hechos supone en efecto la renuncia voluntaria al derecho a un juicio seguido conforme a las garantías Constitucionales y Legales previstas tanto en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, como por el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes sobre la materia, como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y las que devienen también de los instrumentos y tratados internacionales ratificados por la Republica. Paralelamente esta admisión evita al Estado, el desarrollo de un proceso judicial que resultara siempre oneroso en todo sentido. El artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que admitidos los hechos objeto de la acusación, el acusado podrá solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la sanción. En el caso que nos ocupa, el Juez una vez analizada la solicitud, observa que ciertamente es procedente la admisión realizada por el adolescente acusado quien reconoció haber participado en los hechos que el Ministerio Publico les imputó y además se ha cumplido el requisito de ley, al haber solicitado igualmente, le fuera impuesta inmediatamente la sanción.

Ciertamente el procedimiento por admisión de los hechos exige la concurrencia de los requisitos siguientes:

1.- Que el acusado en la Audiencia Oral admita los hechos históricos imputados por el Fiscal del Ministerio Publico en forma personal y voluntaria, estando sin juramento alguno y libre de toda prisión, coacción y apremio y solicite la imposición inmediata de la sanción ante el Juzgado que conoce de la causa.

2.- Que el pedimento se verifique una vez que la acusación sea presentada por la Representación del Ministerio Público.

3.- Que esté plenamente demostrada la responsabilidad del acusado.

4.- Que se encuentre plenamente demostrada la materialidad de los hechos objeto del juicio.

En el caso que nos ocupa, en la audiencia preliminar se verifico la presentación de la acusación, que la misma cumple con todos los requisitos de ley, el acusado admitió haber participado en los hechos imputados por la representante del Ministerio Publico y sin juramento, bajo las garantías y libertades que le asisten en el proceso, solicitó la imposición de la sanción en forma inmediata; es por ello que el Tribunal luego de haber admitido la acusación y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, las cuales son legales, pertinentes, idóneas, útiles y necesarias y fueron obtenidas en forma licita y además arrojan suficientes elementos de convicción que permiten a este Juzgador concluir que se encuentra plenamente demostrada la comisión de un hecho punible, perpetrado en las circunstancias de lugar, tiempo y modo que constan suficiente de las pruebas, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentra prescrita y que no merece sanción privativa de libertad y finalmente se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad del acusado.

En consecuencia, satisfechas plenamente las formalidades de procedencia del procedimiento por admisión de los hechos solicitado por el adolescente, este Juzgado procede a imponerle la sanción aplicable mediante sentencia y por mandato expreso del contenido del artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con lo previsto en el artículo 622 ejusdem. La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes consagra dos principios que se encuentran íntimamente vinculados: El principio de la proporcionalidad de la sanción y la discrecionalidad del Juez, y se constituyen a su vez en dos vertientes fundamentales para proceder a la imposición de la sanción. El artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes prevé los tipos de sanciones a imponer por el Tribunal y el artículo 622 ibidem, fija las pautas para la determinación y aplicación de la misma, debiendo tenerse en cuenta que la sanción tiene como finalidad preventiva especial, una futura conducta socialmente proactiva, de modo tal que se ha de apreciar los siguientes elementos:

a) La comprobación del hecho delictivo y la existencia del daño causado.
b) La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo.
c) La naturaleza y gravedad de los hechos.
d) El grado de responsabilidad del adolescente.
e) La proporcionalidad e idoneidad de la medida.
f) La edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida.
g) Los esfuerzos del adolescente por reparar el daño.
h) Los resultados de los exámenes clínicos y psicosociales.

Es evidente que de las actuaciones aparece plenamente demostrado que se realizo un acto delictivo, como fue el delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal en perjuicio de la EMPRESA ALFONSO RIVAS, hecho que atenta contra la propiedad, igualmente se encuentra demostrado con los fundamentos de la imputación y las pruebas recavadas en la investigación, que el adolescente fue partícipe del hecho delictivo imputado. Demostrado como ha sido en grado de responsabilidad con carácter de autoría directa del adolescente ya que su conducta fue contraria a la norma, lo cual lo hace responsable de su comportamiento, en primer orden por cuanto se trata de un hecho punible, y en segundo orden, al ser declarado responsable, está obligado a cumplir con la sanción que se les ha de imponer. En cuanto a la proporcionalidad e idoneidad de la medida, se observa que el legislador patrio consideró que algunos delitos fueran merecedores de privación de libertad en virtud de la gravedad de los hechos ejecutados por el adolescente y otros no, pues estableció que estos “otros” delitos debían ser sancionados de otra forma a los fines de contribuir con el desarrollo del adolescente en sociedad, en cuyo caso se hace necesario imponer una sanción al hecho y sus consecuencias, como en efecto se hace en este acto, buscando como norte de la medida la finalidad primordialmente educativa, pues la misma debe coadyuvar con su desarrollo integral y propender a la modificación de su comportamiento, la comprensión del delito cometido y el daño social causado por su acción, en atención a la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la sanción, lo que en definitiva le ayudará a integrarse a la vida en sociedad.

En nuestro caso debemos considerar, de acuerdo al grupo etareo del adolescente acusado, el mismo cuenta actualmente con capacidad para cumplir con la medida que se ha de imponer y tienen plena conciencia para entender sus actos, pues de hecho manifestó estar arrepentido del mismo; por lo tanto existe una disposición de rectificar sobre la conducta desplegada. En relación a los esfuerzos del adolescente por reparar el daño causado se observa que durante el curso del proceso el adolescente cumplió con los requerimientos impuestos por el Tribunal, asistiendo las veces que ha sido llamado, dando fiel y cabal cumplimiento a las medidas cautelares que le fueran impuestas por este juzgado en su debida oportunidad, relativo a un régimen de presentaciones, sin que el mismo haya incurrido nuevamente en la comisión de algún otro hecho punible de la misma naturaleza, reconociendo como delito el APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal. Ahora bien, demostrada suficientemente su responsabilidad en el delito imputado como resultado de su comportamiento, lo procedente y ajustado a derecho es imponerle al adolescente, IDENTIDAD OMITIDA, LA SANCION SOCIOEDUCATIVA DE UN (01) AÑO DE IMPOSICION DE REGALS DE CONDUCTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 620 literal “B” en relación con el artículo 624, así como en el artículo 622, en concordancia con el artículo 583, todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes, por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal en perjuicio de la EMPRESA ALFONSO RIVAS. Las reglas de conducta que deberá cumplir el adolescente son las siguientes: 1.- el adolescente tiene la obligación de presentarse por ante el Tribunal de Ejecución correspondiente cada treinta (30) días. 2.- El adolescente tiene la obligación de continuar con sus estudios académicos, en su defecto participar en cursos o talleres de capacitación personal, o incorporarse al Sistema Laboral, debiendo consignar las correspondientes constancias o certificados de participación o de inscripción. 3.- El adolescente tiene prohibido portar o manipular cualquier tipo de arma. 4.- El adolescente no podrá mudarse o cambiarse de residencia sin la autorización del Tribunal de Ejecución que les corresponda. 5.- Prohibición de consumir Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas así como bebidas alcohólicas.
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos expuestos, este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se declara penalmente responsable al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto en el artículo 470 del Código Penal en perjuicio de la EMPRESA ALFONSO RIVAS, delito que le fuera imputado por la Representante del Ministerio Público en la oportunidad correspondiente y SE CONDENA A CUMPLIR LA SANCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE UN (01) AÑO DE IMPOSICION DE REGALS DE CONDUCTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 620 literal “B” en relación con el artículo 624, así como en el artículo 622, en concordancia con el artículo 583, todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niñas y Adolescentes. Las reglas de conducta que deberá dar cumplimiento el adolescente sancionado son las siguientes: 1.- el adolescente tiene la obligación de presentarse por ante el Tribunal de Ejecución correspondiente cada treinta (30) días. 2.- El adolescente tiene la obligación de continuar con sus estudios académicos, en su defecto participar en cursos o talleres de capacitación personal, o incorporarse al Sistema Laboral, debiendo consignar las correspondientes constancias o certificados de participación o de inscripción. 3.- El adolescente tiene prohibido portar o manipular cualquier tipo de arma. 4.- El adolescente no podrá mudarse o cambiarse de residencia sin la autorización del Tribunal de Ejecución que les corresponda. 5.- Prohibición de consumir Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas así como bebidas alcohólicas.

SEGUNDO: Se ordena a la Secretaria de este Tribunal Primero de Control, Sección Adolescentes, ABG. ROCIO DELFIN, remitir las presentes actuaciones, dentro del lapso procesal correspondiente al Tribunal de Ejecución competente, una vez transcurrido al lapso para la interposición de recursos.

TERCERO: Con la lectura y firma del acta de audiencia quedaron las partes debidamente notificadas de lo aquí acordado, de conformidad con el contenido del articulo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente Sentencia. Dada firmada y sellada en la Sede del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas, a los diecinueve (19) días del mes de Mayo de 2011, Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ

ABG. MARCO ANTONIO GARCÍA
LA SECRETARIA

ABG. ROCIO DELFIN
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que antecede.

LA SECRETARIA

ABG. ROCIO DELFIN







Causa 1C-1937-10
MAGG/RD.-