TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, VALLES DEL TUY

Ocumare del Tuy, 16 de mayo de 2011
200° y 151°

CAUSA Nº: MP21P2011001859

JUEZ: ABG. JACQUELINE MARÍN DE SOTO
SECRETARIO: ABG. EDWIN CAMACARO

SOBRESEIMIENTO
AUTO FUNDADO

CAPITULO I

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

IMPUTADO: RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nª V-12.951.124

FISCAL: ABG. MARIELIS MENA ALEX (Fiscal 1º Auxiliar Municipal del Ministerio Público del Estado Miranda, Valles del Tuy.)

VICTIMA: JENNIFER EMPERATRIZ DELGADO MUJICA, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.153.234

Visto el escrito presentado por la Abg. MARIELIS MENA ALEX (Fiscal 1º Auxiliar Municipal del Ministerio Público del Estado Miranda, Valles del Tuy.), este Tribunal para decidir observa:

Denuncia de fecha 11-06-2010, se recibe denuncia interpuesta ante funcionarios policiales, de la ciudadana JENNIFER EMPERATRIZ DELGADO MUJICA, en contra de su marido, el ciudadano RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ “…en la madrugada de ayer me cayó a patadas, porque constantemente me agrede físicamente, me ofende me dice groserias…es todo”

Orden de inicio de la investigación de fecha 11-06-2010, solicitado por la Abg. MARIELIS MENA ALEX (Fiscal 1º Auxiliar Municipal del Ministerio Público del Estado Miranda, Valles del Tuy.)

Acta de Entrevista a la víctima de fecha 07-01-2011, en la cual señala ante la sede de esta Fiscalia que se reconcilio con su marido, el ciudadano RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

Ahora bien, la característica primordial de la fase investigativa es el resolutivo del Ministerio Publico, quien luego del análisis de los medio probatorios recabados durante la investigación, presenta su acto conclusivo cualquiera que este sea, acusando, archivando o sobreseyendo.

En el presente caso, analizar el pedimento realizado supone una base o sustento jurídico, por lo que es importante señalar lo establecido en el artículo 318 del Código orgánico Procesal Penal:

“El sobreseimiento procede cuando: 1. El hecho objeto del proceso no se realizo o no puede atribuírsele al imputado; 2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; 3. La acción pena se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; 4. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado…Así lo establezca expresamente este Código…” (Subrayado del Tribunal).

Igualmente el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, establece en su ordinal 7 entre las funciones dadas al Fiscal del Ministerio Publico:

“Corresponde al Ministerio Publico en el proceso penal: … 7°. Solicitar, cuando corresponda, el sobreseimiento de la causa o la absolución del imputado…”

Esta facultad también se encuentra regulada en la Ley del Ministerio Publico, a saber:

Artículo 34.- Son Deberes y atribuciones de los Fiscales del Ministerio Publico:…10°. Solicitar el sobreseimiento cuando corresponda…”

Tomando en consideración que la persecución judicial de los delitos de acción pública corresponde exclusivamente al Estado a través del Ministerio Público, principio contenido en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya acción deberá ser ejercida por él ante los Tribunales de Instancia correspondientes, salvo que sólo pueda ejercerse por la victima o a su requerimiento, conforme a lo establecido en el artículo 24 ibidem; y al no existir interés de ese órgano en la formulación de cargos o acusación en un proceso, no habrá juicio penal, como lo es en el presente caso, ya que solicitó el Sobreseimiento de la presente causa, por cuanto carecía de suficientes elementos probatorios y considerando que de las actas que conforman el presente expediente, no existen suficientes elementos de convicción que demuestren la participación del investigado, en los hechos narrados.

Una vez analizado y revisado el basamento legal para la solicitud planteada, quien aquí decide, considera que el hecho que nos ocupa, constituye el delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 39, 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora bien, la Representación Fiscal afirma en su deposición al presentar la solicitud de sobreseimiento que solo cursa en autos el actas policiales, acta de entrevista y actas de denuncias, así mismo este juzgador considera que los hechos de marras se presume la presencia del tipo penal violencia psicológica, pero que en las presentes actuaciones se determina que la victima jamás acudió o fue evaluado por un médico forense por lo que a criterio de este Tribunal no hay base solidad, firme y contundente para calificar jurídicamente uno de los delitos contra las personas y en ese orden de ideas realizar el enjuiciamiento del ciudadano RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, en consecuencia este despacho considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA de conformidad con lo dispuesto en el articulo 318 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal. En virtud de lo antes expuesto a criterio de este decisor no existen elementos o evidencia de interés criminalístico y ante la imposibilidad de agregar nuevos elementos a la investigación que permita establecer la responsabilidad del imputado en el referido hecho punible.

Es importante señalar, que el representante del Ministerio Público, en su escrito mediante el cual solicita se decrete el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, manifestó que con la investigación penal de los hechos, que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, considerando que no tenía bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En tal sentido, observa este Tribunal que al no existir razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos o elementos probatorios a la investigación, y no encontrándose suficientemente probado el hecho antijurídico que dio motivo a la formación de la presente causa imputada al ciudadano de marras, toda vez que no existen indicios o motivos suficientes que comprueben el hecho o su responsabilidad como para acusarlo, aunado a que la víctima manifestó haberse reconciliado con su esposo, demostrando desinterés siendo la persona directamente afectada y siendo que el Fiscal del Ministerio Público, titular de la acción penal y el único en poder ejercerla en el presente caso, no tenga bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, en consecuencia este Tribunal de Control considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nª V-12.951.124, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 39, 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como el cese de cualquier medida Cautelar sustitutiva a la Privación de Libertad que pese sobre el ciudadano antes mencionado, conforme a lo contenido en el artículo 319 ejusdem y en concordancia con lo establecido en el artículo 318 numeral 4, y 320 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en el artículo 11 ejusdem, y a tal efecto se le ACUERDA SU LIBERTAD PLENA; todo de conformidad a lo establecido en los artículos 26 y 49 de Nuestra Carta Magna. Y ASI SE DECIDE.

Estimo el tribunal innecesaria la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto para la comprobación del motivo que origina el Sobreseimiento se aclara por si solo. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa, a favor del ciudadano RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nª V-12.951.124, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA, AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 39, 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana JENNIFER EMPERATRIZ DELGADO MUJICA; ya que, a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, así como el cese de cualquier medida Cautelar sustitutiva a la Privación de Libertad que pese sobre el ciudadano antes mencionado, conforme a lo contenido en el artículo 319 eiusdem y en concordancia con lo establecido en el artículo 318 numeral 4, y 320 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en el artículo 11 eiusdem, y a tal efecto se le ACUERDA SU LIBERTAD PLENA; todo de conformidad a lo establecido en los artículos 26 y 49 de Nuestra Carta Magna.

Publíquese, regístrese, diaricese la presente decisión, remítase en su oportunidad a la sede del archivo judicial para su guarda y custodia, notifíquese a las partes.
LA JUEZ SEGUNDO DE CONTROL

ABG. JACQUELINE MARÍN DE SOTO

EL SECRETARIO

ABG. EDWIN CAMACARO

Causa MP21P2011001859