REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

Los Teques, 201° y 152° Causa Nº 1A-a- 8822-11 Motivo: AMPARO CONTITUCIONAL Accionantes: ABG. RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, Defensores del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME. Presunto Agraviante: TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, EXTENSIÓN VALLES DEL TUY. Magistrado Ponente: Dr. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ Corresponde a esta Corte de Apelaciones conocer de la Acción de Amparo Constitucional, interpuesto por los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, en contra del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación con el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículo 1 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 03 de noviembre de 2011, los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, interponen por esta Corte de Apelaciones, Acción de Amparo Constitucional a favor de su defendido, de conformidad con los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En esta misma fecha se le dio entrada a la causa contentiva de la Acción de Amparo, siendo designado como ponente el Dr. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ, quien suscribe el presente fallo con tal carácter. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN En fecha 03 de noviembre de 2011, los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, fundamentaron su escrito de Acción de Amparo Constitucional en los siguientes términos: “…acudimos a los fines de interponer Acción de Amparo Constitucional… contra la medida privativa de libertad inconstitucional que pretende mantener el Juzgado tercero en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda Extensión Valles del Tuy e igualmente la ausencia del pronunciamiento legal del Juzgado Tercero en funciones de Control, por cuanto la representación de la defensa, solicito (sic) mediante escrito el pronunciamiento del Juzgador, en virtud de la violación del derecho Constitucional del debido proceso, el derecho a la defensa, garantías procesales Constitucionales vulneradas por parte del representante del Ministerio Público… Quien presentó Escrito Acusatorio Extemporáneamente, en contra del ciudadano Rafael Elpidio Jaimes, en virtud que vencido el lapso establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en su numeral tercero (3°) quinto (5°) aparte, el mencionado representante del Ministerio Público, solicito (sic) de manera inconstitucional ‘Solicito se mantenga la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad acordada por ese Tribunal en fecha 15 de Octubre de 2010’. …omissis… Por todo lo anteriormente expuesto y por las razones de derecho y los principios Constitucionales que rigen la Administración de Justicia, en la República Bolivariana de Venezuela, esta defensa técnica solicita con el debido respeto y acatamiento a este honorable Tribunal, los pronunciamientos de ley, conforme a lo establecido en el artículo 49, 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 250 en su noveno aparte del Código Orgánico Procesal Penal. …omissis… En nuestro caso ciudadanos Magistrados, se violenta el derecho a la defensa y el debido proceso de nuestro defendido Rafael Elpidio Jaime, pues se mantiene privado de su libertad mediante un escrito acusatorio que fue dictado sin ningún respeto a las garantías procesales constitucionales. …omissis… En base a lo anterior podemos afirmar que en el presente caso, en el que existe un proceso penal sancionatorio, este principio de inocencia ha sido totalmente desconocido por el Tribunal Tercero en funciones de Control, al pretender aplicar una medida de privación judicial preventiva de libertad fundamentada en un escrito acusatorio por parte del representante del Ministerio Público cuyas características están viciadas de inconstitucionalidad, antijurídico y extemporáneo en base a dichos sustentos contrarios a derechos, de manera alguna llegan a justificar tal actuación violatoria de las garantías procesales constitucionales como lo es el principio de seguridad jurídica, tan sagrado en el ordenamiento jurídico de un país, que se precie de tener las bases de sus fundaciones en sus principios democráticos, participativos y en los cuales la igualdad de todos sus ciudadanos ante la justicia es el horizonte que apuntala el desarrollo de sus instituciones jurídicas revestidas de inmaculada transparencia. …omissis… Que se ha lesionado el derecho a la defensa y el debido proceso de nuestro defendido; en este caso los medios procesales ordinarios no serían plenamente satisfactorios para tutelar los derechos y garantías constitucionales, pues la tutela que ameritarían el justiciable para la restitución de la situación jurídica infringida, vistos los hechos narrados y vista su condición de permanecer privado de su libertad no puede esperar. PETICIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Con base en los argumentos y pruebas de hecho y de derecho expuestas, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicito (sic) muy respetuosamente, en nombre de nuestro representado Rafael Elpidio Jaime. Se declare Con Lugar, la presente acción de amparo constitucional, a fin de que se restablezca la situación jurídica infringida, por cuanto la presunta decisión del Tribunal Tercero en Funciones de Control mediante la cual omite un pronunciamiento sobre el escrito acusatorio extemporáneo por parte del Ministerio Público, el cual ha sido convalidado por cuanto se encuentra vigente la privación ilegítima judicial preventiva de libertad, es violatoria de las garantías constitucionales denunciadas como conculcadas. En consecuencia, SE ORDENE la restitución de sus derechos y garantías procesales constitucionales del ciudadano Rafael Elpidio Jaime…” SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CORTE PARA CONOCER: Ahora bien, considera necesario esta Instancia Superior, aclarar como punto previo, que en el caso examinado los accionantes solicitan que la Acción de Amparo sea declarada con lugar y con ello se restablezca la situación jurídica infringida y se ordene la restitución de los derechos y garantías procesales constitucionales del ciudadano Rafael Elpidio Jaime, tratándose de una acción de amparo en la que denuncia la supuesta violación de los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Juzgado Tercero en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Valles del Tuy, que conoce del proceso penal seguido en contra de su defendido. En consecuencia, conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se trata de un amparo contra decisión de un órgano jurisdiccional que debe entenderse comprendida en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Esta Corte de Apelaciones considera que es competente para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, en virtud de que la misma fue presentada invocando una presunta violación de una garantía constitucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales el cual establece: “Artículo 4: Igualmente procede la acción de Amparo cuando un Tribunal de la República actuando fuera su competencia, dicta una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho Constitucional. En este caso la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal superior al que emitió el pronunciamiento quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva...” “Artículo 5: La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional”. A los efectos de determinar la competencia en el presente caso, resulta ilustrativa la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de Enero de 2000, en la que asentó, entre otras cosas: “... Consecuencia de la doctrina expuesta es que el llamado amparo que se intente ante el mismo Juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el Juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una decisión sujeta apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del lapso legal y a petición de parte. Tal principio recogido en el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que comentan los jueces serán conocidas por los jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció u ordenó el acto que contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales....”. En este caso se hace necesario reseñar sentencia dictada por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de julio del 2000, en la que asentó, entre otras cosas: “...Observa la Sala, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procésales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello. Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que le lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica. Sin mucha claridad, fallos de diversos tribunales, incluyendo los de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, han negado el amparo al accionante, aduciendo que el mismo ha debido acudir a las vías procésales ordinarias, aunque sin explicar la verdadera causa para ello, cual es que por estas vías se podía establecer la situación jurídica infringida antes que la lesión...”. De esta misma forma la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció la Competencia para conocer de las Acciones de Amparo Contra Decisiones, a través del fallo de fecha 13 de Febrero de 2001, con Ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, estableciendo: “... De tal manera, que en supuesto de privaciones ilegítimas por privaciones policiales o administrativas, incluidas las practicadas en acatamiento de las sanciones disciplinarias decretadas por los Jueces, debemos reiterar que corresponde la competencia en primera instancia, como regla general, a los jueces de control de primera instancia en lo penal. En el otro supuesto, si la acción va dirigida contra una privación judicial preventiva de libertad ordenada por un Juez, por considerarse que actuó con abuso de poder o con extralimitación de funciones en cualquiera de las fases del proceso penal, es decir, actuando con facultad jurisdiccional –no administrativa- con ocasión de la comisión de un delito o falta, con fundamento en el Código Orgánico Procesal Penal o en cualquier otra ley penal, aún cuando el contenido de la pretensión involucre un habeas corpus por alegarse que tal detención en sí misma, resulta ilegítima o por extensión excesiva de la misma en el tiempo que haya adquirido el carácter de ilegitimidad, se atenderá al grado de gradación del órgano en contra de quien se accione. No cabe duda, entonces de que el caso deberá analizarse bajo la óptica del artículo 4 de la Ley de Amparo, y la competencia corresponderá a un Tribunal Superior, en el orden jerárquico de aquél que emitió el pronunciamiento, puesto que se trata de un acto, resolución o sentencias emanadas de un órgano jurisdiccional actuando en tal condición....” (Subrayado Nuestro)...” Por todo lo antes expuesto esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda SE DECLARA COMPETENTE y pasa a conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, donde señalan como presunto agraviante al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE. MOTIVACIÓN PARA DECIDIR El amparo constitucional tiene como objeto la protección frente a las actuaciones que puedan producir lesiones, en forma directa, sobre la esfera de garantías y derechos constitucionales de los particulares. Esta acción está destinada a restablecer a través de un procedimiento breve los derechos lesionados o amenazados de violación, siendo un instrumento para garantizar el pacífico disfrute de los mismos, que opera sólo cuando se dan las condiciones previamente expuestas y aceptadas como necesarias de la institución de amparo, de conformidad con la ley que rige la materia y la jurisprudencia. Del estudio de las actas procesales que conforman el expediente, observa esta Alzada que los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, interponen Acción de Amparo Constitucional a favor del referido ciudadano, en virtud de la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, debido a la ilegítima privación de libertad al ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME. Ahora bien, es necesario para esta Alzada, señalar el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en cuanto a la legitimidad del Defensor Privado, en Sala Constitucional, Sentencia N° 926 de fecha 11 de Junio de dos mil ocho (2008), con Ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRON, ha señalado lo siguiente: “…Esta Sala ha señalado, en casos similares, que en materia penal a los fines de verificar la legitimidad del defensor privado para solicitar la tutela constitucional a favor de su defendido, sólo debe comprobarse la consignación del nombramiento que le haya hecho el imputado así como la constancia de haber prestado el debido juramento de ley ante el órgano jurisdiccional… Al efecto, en el referido fallo se indicó que la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la república…” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones). Asimismo, señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 7, de fecha 01-02-2000, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA, lo siguiente: “…Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral…” En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 912, de fecha 16/03/2007 y con Ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, sostuvo: “…precisado lo anterior, considera oportuno esta Sala reiterar la jurisprudencia dictada en esta materia, la cual ha quedado expresada en sentencia Nº 1364 del veintisiete (27) de junio de dos mil cinco (2005) (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias Nº 2603 del doce 12 de agosto de dos mil cinco (2005) (caso: Gina Cuencas Batet), Nº 152 del dos (2) de febrero de dos mil seis (2006) (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y Nº 1316 del tres (3) de junio de dos mil seis (2006) (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.), en las cuales se señaló que: Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de este tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso el ius postulandi o derecho de hacer pretensiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente. Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el Juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…” (Subrayado nuestro). Observa este Órgano Jurisdiccional de Alzada, que en fecha 03 de noviembre de 2011, los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, presentan escrito de Acción de Amparo Constitucional, sin la debida Acta de Aceptación y Juramentación que los acredite como Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME. Considera este Órgano Jurisdiccional que con el escrito presentado, debieron los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, consignar la debida Acta de Aceptación y Juramentación, que demuestre de manera suficiente la condición de Defensores Privados, por cuanto la Jurisprudencia emanada de nuestro Máximo Tribunal de Justicia es clara al determinar que para lograr el andamiento de la acción de amparo constitucional, se requiere que el accionante detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente, al igual que la constancia de haber prestado el debido juramento de Ley ante el Órgano Jurisdiccional; y siendo que en la presente acción hay una ausencia de tan indispensable requisito procesal en materia de Amparo Constitucional, trae como consecuencia inmediata la declaratoria de Inadmisibilidad de la referida acción. Por lo tanto, siendo que en la presente causa los profesionales del derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, no consignaron la debida Acta de Aceptación y Juramentación, que demuestre su acreditación como Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, acta necesaria para intentar la Acción de Amparo Constitucional y, siendo esta una de las causales de Inadmisibilidad de conformidad con lo reiterado en Jurisprudencia por nuestro máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional; es por lo que esta Corte de Apelaciones debe declarar INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional. ASÍ SE DECLARA.- DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se declara competente para conocer de la presente Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en relación con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la solicitud de Amparo Constitucional interpuesta por los Profesionales del Derecho RAMÍREZ RANGEL JEANNETTE y OCHOA LUIS ANTONIO, en su carácter de Defensores Privados del ciudadano RAFAEL ELPIDIO JAIME, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como del criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 912, de fecha 16/03/2007, con Ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, sentencia N° 7, de fecha 01-02-2000, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA y Sentencia N° 926 de fecha 11/06/2008, con Ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRON. Regístrese, diarícese, déjese copia de la presente decisión y remítase a la sede del Archivo Judicial de este Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, en su oportunidad legal. MAGISTRADO PRESIDENTE DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ MAGISTRADO INTEGRANTE DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO LA SECRETARIA Abg. MARÍA EUGENIA JARDÍN ÁLVAREZ En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. LA SECRETARIA, Abg. MARÍA EUGENIA JARDÍN ÁLVAREZ JLIV/ LAGR/ MOB/MEJA/dv Causa: 1A-a8822-11