REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira San Antonio del Táchira, 14 de Octubre de 2011 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : SJ11-P-2002-000231 ASUNTO : SJ11-P-2002-000231 Vista la solicitud presentada en fecha 05 de mayo de 2011, por la abogada Abg. Kharina Hernández, en su carácter de Fiscal 8° del Ministerio Público, quien requiere prorroga de hasta por quince (15) días de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control No 1 de este Circuito Judicial Penal, Extensión San Antonio, en fecha 16 de septiembre del año 2011, en contra del ciudadano MIGUEL ÁNGEL CUADROS LOZANO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.776.066, natural de Delicias, Municipio Rafael Urdaneta del estado Táchira, nacido en fecha 04 de octubre de 1.980, de 30 años de edad, hijo de Adán Cuadros (f) y de María Aurora Lozano (v), Obrero, residenciada en la Invasión “El Diamante”, parte alta, tercer rancho, frente a l bodega de “Patty”, Municipio Cárdenas del estado Táchira, teléfono 0426-153.03.03 (hermana), este tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Se puede comprobar en las presentes actuaciones que conforman la presente causa, el Ministerio Público se encuentra adelantado investigación en la presente causa por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 408, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Alfredo Suárez Trazona y el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, por los hechos que dan origen a la presente averiguación, hechos estos por los que en fecha 14 de marzo de 2002 se dictó auto de detención en contra del aprehendido de autos, materializándose su captura y siendo puesto a ordenes de este Tribunal, en fecha 16 de septiembre del año en curso, se impuso del auto de detención librado en su contra y como quiera que la causa se encontraba sin ejecución del referido auto de detención, de conformidad con lo establecido en los artículos 521 y 522 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a remitir las actuaciones a la fiscalía actuante a los fines de que esta produjera el acto conclusivo respectivo. SEGUNDO: Establece el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en su tercer aparte, que acordada la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, durante la fase preparatoria, el fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, un su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la decisión judicial. Igualmente establece la norma antes invocada en su aparte siguiente que este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince (15) días adicionales, solo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del mismo. Se señala igualmente en el aparte siguiente que en ese supuesto el Fiscal deberá motivar su solicitud y el juez decidirá lo procedente dentro de los tres (03) días siguientes a la solicitud de prorroga, cuyas resultas serán notificadas a la defensa del imputado. Pues bien, las normas anteriormente transcritas, disciplinan poniendo termino al lapso dentro del cual el Ministerio Público debe presentar el acto conclusivo que corresponda, cuando esta de por medio un ciudadano, que se encuentre privado de su libertad y esto no es más que el reconocimiento de lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla de una justicia sin dilaciones indebidas, dentro de un plazo razonable como se señala para el debido proceso y en procura de una celeridad procesal que constituye uno de los paradigmas actuales de la justicia venezolana. De otro lado tenemos que efectivamente existen casos que por lo complejo de la investigación, pudieran llegar a conspirar contra los principios antes señalados, retardándose con ello el proceso, por lo que al examinar el presente caso encontramos, que si bien es cierto que la presente causa, no tiene mayores incidencias desde el punto de vista ya anotado, también es verdad que las experticias técnicas se realizan fundamentalmente en Laboratorio del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; este laboratorio presta sus servicios a todo el Occidente del País, es aquí precisamente donde surge el inconveniente que se traduce en retardo, y por lo tanto las experticias de cualquier otra naturaleza de carácter científico, sufren demoras que impiden a los ciudadanos fiscales, cumplir con exactitud en la presentación de las acusaciones o los actos conclusivos pertinentes, aunado a que como garantía procesal para el investigado se debe realizar el acto formal de imputación para el caso que este no se haya efectuado, como ocurre en el caso de autos, en el cual el Ministerio Público ha solicitado el traslado del referido imputado a la sede de este tribunal a los fines de realizar dicho acto ; es por lo que al comprobar que la solicitud fiscal para la prorroga del plazo para presentar la acusación que le asigna la ley, llena las exigencia de carácter adjetivo, pues en primer lugar se presentó un poco más de cinco (5) días antes del vencimiento del mismo, que deberá ocurrir el día catorce (14) de mayo del presente año, y la solicitud fiscal, es de fecha once (11) de septiembre de 2011, lo que quiere decir, que se hizo (06) días antes, además que el Ministerio Público ha motivado la petición desde el punto de vista de los hechos y del derecho fundamentando que no ha recibido la totalidad de las resultas de la investigación, requisitos estos que al adminicularlos encuadran en la norma antes citada, es por lo que forzosa y necesariamente se debe concluir, que el pedimento fiscal esta ajustado a derecho, y por lo tanto se prorroga el plazo para presentar la acusación fiscal, por quince (15) días, esto es, hasta el día treinta y uno (31) de octubre de 2011, plazo este último fijado, que se contó a partir del vencimiento del que inicialmente debía corresponder, dejando entendido desde ya que si vencido el plazo y su prorroga si fuera el caso, y sin que le fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión de este juez quien analizará las circunstancia y podrá imponerle una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de conformidad con la norma penal adjetiva. Y así se decide En consecuencia, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO, IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY ACUERDA: Se prorroga el plazo para presentar la acusación fiscal, en el presente asunto por quince (15) días, esto es, hasta el día treinta y uno (31) de octubre de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus apartes tercero, cuarto y quinto. Se ordena Notificar a defensa de la imputada de autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 250 eiusdem en su numeral quinto. Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión para los archivos de este Tribunal. Notifíquese de la presente decisión. Cúmplase. ABG. JERSON QUIROZ RAMIREZ JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABG. DEL VALLE GLORINETH MEDINA PAEZ SECRETARIA Asunto SJ11-P-2002-000231. JQR.