REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
PARTE DEMANDANTE: PEDRO AMORÍN RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V- 6.329.731.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: IDANIA MONTENEGRO y JUAN DE DIOS MEJÍAS MENDOZA, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 33.545 y 30.219, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: JOSÉ LUIS BROSA GÓMEZ y ZULINET CRISTINA MORALES ANILLO, quienes son de nacionalidad Española y Venezolana, respectivamente, mayores de edad, él titular del pasaporte número AB826714 y ella titular de la cédula de identidad número V- 12.827.981.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tienen apoderado debidamente constituido en autos.
MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.
SENTENCIA: PERENCIÓN ANUAL.
EXPEDIENTE: 28.386.-
-I-
El presente juicio se inicia por escrito libelar presentado ante el Juzgado Distribuidor de causas de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 29 de septiembre de 2008, por la abogada IDANIA MONTENEGRO, inscrita en el Inpreabogado bajo el 33.545, mediante el cual incoó demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO en contra de los ciudadanos JOSÉ LUIS BROSA GÓMEZ y ZULINET CRISTINA MORALES ANILLO, quienes son de nacionalidad Española y Venezolana, respectivamente, mayores de edad, él titular del pasaporte número AB826714 y ella titular de la cédula de identidad número V- 12.827.981.-
Admitida la demanda en fecha 5 de noviembre de 2008, se emplazó a la parte demanda para que comparecieran ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación que se practicara.
Corren insertas a los folios quince (15) al cuarenta y nueve (49), actuaciones referentes a la citación de la parte demandada, las cuales no se realizaron.
Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal procede a hacerlo en los términos siguientes:
-II-
Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el artículo 267 del texto legal mencionado.
En concordancia con lo antes expuesto, el artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 5 de noviembre de 2008. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación acaeció en fecha 13 de agosto de 2009, fecha en la cual la parte actora solicitó se le nombrara Defensor Ad Litem a los demandados. Después de esa fecha la causa se ha mantenido inactiva por más de dos (02) años, cumpliéndose así el presupuesto general de la disposición contenida en el artículo 267 antes mencionado y, así se decide.
-III-
Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 eiusdem.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 de la Norma Adjetiva, déjese copia certificada de la anterior sentencia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, __________________. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,
ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA TITULAR,
RUTH GUERRA MONTRAÑEZ
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las __________________.
LA SECRETARIA TITULAR,
RUTH GUERRA MONTRAÑEZ
EMQ/RGM/DRWG.-.-
Exp. N° 28.386.-
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA.
Los Teques,
199° y 150°
En virtud de haber sido juramentada Juez Titular de este despacho, en fecha 20 de junio de 2007, me AVOCO al conocimiento de la presente causa.
LA JUEZA TITULAR,
ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA,
RUTH GUERRA MONTAÑEZ
EMQ/lisbeth
Exp. Nº 23098
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