REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE



JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, veintinueve de Septiembre de 2.011.

201º y 152º

PARTE DEMANDANTE: BANCO SOFOTASA, BANCO UNIVERSAL C.A., inscrita bajo el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) con el N° J-09028384-6, con domicilio procesal en la 7ma Avenida, Esquina Calle 4, Edificio Banco Sofitasa, Parroquia San Sebastian, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 13 de Octubre de 1.989, bajo el N° 1, Tomo 61-A.


APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado JOSÉ ELIAS DURAN TOLOZA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 26.141 y de este domicilio.


PARTE DEMANDADA: Ciudadano YORSE GABRIEL CALDERON MARCANO, venezolano, mayor de edad, hábil, titular de la cédula de identidad N° V- 14.909.900 y de este domicilio, y Sociedad Mercantil “TELEMALL C.A.”, inscrita en la Oficina de Registro Mercantil Tercero en fecha 15 de Agosto de 2.005, inserta bajo el N° 69, Tomo 11-A y de este domicilio.

MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.


Consta de las actas procesales que desde el Veintiuno (21) de Julio de 2010, fecha en que este Tribunal acordó librar boleta de notificación a la parte demandada, ha transcurrido más de un año, sin que la parte accionante haya ejecutado ningún acto de procedimiento; en tal virtud, este operador de justicia procede a analizar la norma que rige en materia de perención, contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que señala:

“Toda instancia se extingue con el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención...”

Nuestro máximo tribunal, se ha pronunciado acerca de la perención y el interés procesal en los siguientes términos:

“La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio.
Este instituto procesal encuentra justificación en el interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso...” (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 08 de febrero de 2002, Oscar Pierre Tapia, Nº 2, año 2002, página 423 y siguientes).
“El interés procesal surge de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Esta Sala, en decisión del 1° de junio de 2001 (…) señaló:
“...Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés”. (...) Para que se declare la perención o el abandono del trámite (sic), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso...” (Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 14 de febrero del 2002, Oscar Pierre Tapia, Nº 2, año 2002, página 372 y siguientes).


Aplicando los anteriores criterios legales y jurisprudenciales al caso de autos, la pérdida de interés procesal desde el Dos (02) de Agosto de 2010, ha conllevado al decaimiento y extinción del proceso, en tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, la perención de la instancia debe ser declarada de oficio. Así se decide.


Por los razonamientos expuestos anteriormente, este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS SAN CRISTÓBAL Y TORBES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en sede civil, DECLARA:


ÚNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, que por COBRO DE BOLÍVARES, ha instaurado el BANCO SOFOTASA, BANCO UNIVERSAL C.A. en su carácter de DEMANDANTE, representado por su apoderado judicial, abogado JOSÉ ELIAS DURAN TOLOZA, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 26.141 y de este domicilio, contra el Ciudadano YORSE GABRIEL CALDERON MARCANO, venezolano, mayor de edad, hábil, titular de la cédula de identidad N° V- 14.909.900 y de este domicilio, y Sociedad Mercantil “TELEMALL C.A.” y de este domicilio. En consecuencia, EXTINGUIDO el proceso.


A tenor de lo estipulado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas.


De conformidad con lo previsto en el artículo 251 eiusdem, NOTIFÍQUESE de la presente decisión a la parte demandante, habida cuenta que la parte demandada no ha sido citada y resulta inoficiosa su notificación.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.


Abg. M. Sc. GREGORIO EDECIO PÉREZ AGUILAR
Juez Temporal



Abg. MARÍA E. VILLAMIZAR DE GALVIS
Secretaria