REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CORTE DE APELACIONES Los Teques, 201° y 153° CAUSA Nº 1A-a 8987-12 ACUSADOS: NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO DEFENSOR PRIVADO: ABG. ERASMO SIGNORINO FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. VALENTINA ZABALA VIRLA, FISCAL AUXILIAR PRIMERA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, SEDE LOS TEQUES DELITOS: COOPERADORES EN EL DELITO DE EXTORSIÓN VICTIMA: CARLOS ENRIQUE GERIK CURVELO PROCEDENCIA: TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ESTADO MIRANDA, SEDE LOS TEQUES. MOTIVO: APELACIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR MAGISTRADA PONENTE: DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO DECISIÓN:PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho ERASMO SIGNORINO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO, a quienes se les sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL DELITO DE EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 11 con la agravante establecida en el artículo 19 numeral 2 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012) en ocasión de la celebración de la Audiencia Preliminar por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sede Los Teques, mediante la cual ente otra cosas ADMITIÓ los medios de pruebas promovidos por el representante del Ministerio Público, específicamente la declaración testimonial de los funcionarios Gerson Curvelo, Davila Reiner, Armando Vásquez, Franklin Morales, Villamizar William, Moreno Francisco, Dominguez Carlos, Navarro Oswaldo y Perez Jhon, todos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Los Teques, lo cuales fueron promovidos en su oportunidad legal, por ser lícitos, idóneos y útiles Corresponde a esta Corte de Apelaciones, emitir pronunciamiento acerca del Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho ERASMO SIGNORINO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO, contra la decisión dictada en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sede Los Teques, mediante la cual el prenombrado Órgano jurisdiccional entre otras cosas, DECLARÓ SIN LUGAR las excepciones opuestas por considerar que la acusación Fiscal cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITIÓ totalmente la acusación y asimismo ADMITIÓ todos y cada uno de los medios probatorios ofrecido por el Ministerio Público. En fecha veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012), se le dio entrada a la causa distinguida con el Nº 1A-a 8987-12, designándose ponente quien suscribe el presente fallo con tal carácter, Dra. DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO. Este Tribunal del Alzada dictó auto de admisión, conforme a lo previsto en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal de Alzada, para decidir previamente observa: DE LA DECISION RECURRIDA En fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Estado Miranda, Sede Los Teques, celebró acto de Audiencia Preliminar en la causa seguida a los acusados NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO, por la presunta comisión del delito de COOPERADORES EN EL DELITO DE EXTORSIÓN, en la cual emitió los siguientes pronunciamientos: “…PUNTO PREVIO: Considera este Tri9bunal que la solicitud de nulidad absoluta del escrito acusatorio presentado por la defensa técnica, no cumple los extremos legales de los artículos 190, 191 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir los actos cumplidos en la Acusación Fiscal, fue Ron dados de las formas y condiciones previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, tratados, convenciones, y tratados y acuerdos suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, por lo que en ningún momento fueron vulnerados la asistencia, representación e interposición de los acusados…en la presente causa penal. PRIMERO: Se declara sin lugar las excepciones opuesta (sic) por la defensa, prevista en el artículo 28 numeral 4 literal ‘i’ del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la acusación presentada en contra de los imputados…por la presunta comisión de cómplices en el delito de Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en relación con lo dispuesto en el artículo 11 ejusdem, con la agravante prevista en el artículo 19 numeral 2 ibidem, por cuanto considera este Tribunal que la acusación fiscal presentada llena los extremos legales del artículo 326 ejusdem, en sus ordinales 2, 3, 4 y 5, es decir en el escrito acusatorio se evidencia una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye a los imputados de autos; existiendo fundados elementos de imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; y la expresión de los preceptos jurídicos aplicables…con el respectivo ofrecimiento de los medios probatorios que se presentaran en un eventual juicio oral y público, con la indicación de su pertinencia y necesidad; en consecuencia se declara sin lugar el sobreseimiento de la causa, y la libertad plena solicitada por la defensa. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal SE ADMITE TOTALMENTE la acusación presentada por la Fiscal Auxiliar Décimo Novena del Ministerio Público, en contra de los ciudadanos NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSE GREGORIO, por la presunta comisión del delito COOPERADORES INMEDIATOS EN EL DELITO DE EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 11 y con la agravante del artículo 19 numeral 2 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio del ciudadano Carlos Enrique Gerik Curvelo. TERCERO: SE ADMITEN todos y cada uno de los medios de pruebas ofrecidos por la VINDICTA PÚBLICA y por la DEFENSA PRIVADA, ABG. ERASMO SIGNORINO, por cuanto dichos medios probatorios son útiles, legales, lícitos, necesarios y pertinentes a los fines de su evacuación en un eventual juicio oral y público…” DEL RECURSO DE APELACION En fecha primero (01) de marzo de dos mil doce (2012), el Profesional del Derecho ERASMO SIGNORINO PÉREZ, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO, interpuso Recurso de Apelación contra el fallo dictado en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), por el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, SEDE LOS TEQUES, mediante el cual el Órgano Jurisdiccional entre otras cosas, DECLARÓ SIN LUGAR las excepciones opuestas por considerar que la acusación Fiscal cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITIÓ totalmente la acusación y asimismo ADMITIÓ todos y cada uno de los medios probatorios ofrecido por el Ministerio Público, en dicho recurso de apelación expresó lo siguiente: “…El fundamento mediante el cual esta defensa hizo oposición a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público en el escrito de acusación fiscal, era básicamente, porque fueron obtenidos e incorporados de forma ilícita al proceso, en contravención a las formas y condiciones previstas en nuestra Carta Magna y en el Código Orgánico Procesal Penal… (…) …Estos funcionarios ofrecidos por el Ministerio Público, es para que declaren en el juicio Oral y Publico (sic), sobre una actuación por ellos realizada en la fase de investigación en contravención y, con inobservancia de las formas y condiciones que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, estos funcionarios realizaron actuaciones sin esta debidamente ordenadas por el Ministerio Público…en tal sentido esa actuación de los funcionarios Gerson Curvelo y Reiner Davila relativa a la Inspección Técnica practicadas en la fase de investigación sin estar ordenadas por el Ministerio Público, no forma parte de las diligencias urgentes y necesarias contenidas en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto, esos funcionarios son ofrecidos para que declare sobre una actuación ilícita la cual no ha debido ser admitida por la Juez de Control, en aras de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva… (…) Ruego al Magistrado Ponente que le corresponda conocer del presente Recurso de Apelación y los demás Magistrados Miembros integrantes de esta Honorable Corte de apelaciones con sede en la ciudad de Los Teques Estado Bolivariano de Miranda, se sirva admitir el presente Recurso de Apelación y declararlo con lugar en todas y cada una de sus partes y, como consecuencia de ello, decretar la Nulidad Absoluta de la Acusación Fiscal y del Auto de Apertura a Juicio, toda vez, que la misma esta sustentada en el ofrecimiento de medios de prueba obtenidos de forma ilícita e ilegal, por lo que al decretar con lugar el presente Recurso de Apelación y decreta inadmisibles todos lo medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y admitidos ilegalmente e indebidamente por el Tribunal A-quo, no tendrá sentido alguno la Acusación Fiscal ni el Auto de Apertura a Juicio, en tal sentido, y como consecuencia de la declaratoria con lugar del presente Recurso de Apelación, solicito sea decretado el Sobreseimiento de la causa a favor de mis defendidos…plenamente identificados en la presente causa, otorgándole la libertad plena sin restricciones…” En fecha cinco (05) de marzo de dos mil doce (2012), el Tribunal A-quo emplazo al Fiscal del Ministerio Público en virtud del recurso de apelación interpuesto, no constado en autos contestación alguna por parte de la vindicta pública. ESTA CORTE DE APELACIONES A LOS EFECTOS DE SU PRONUNCIAMIENTO, PREVIAMENTE OBSERVA: Ciertamente el auto que ordena la apertura a juicio es inapelable, por cuanto el mismo comporta la decisión de conducir al acusado al Juicio Oral y Público, pero ello no quiere decir que entre los pronunciamientos contenidos en él, se puedan producir decisiones que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación, o impliquen un gravamen irreparable para los derechos individuales del imputado. Decisiones que a la luz del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, son recurribles en apelación. Observa esta Alzada que la decisión que se recurre, fue proferida por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sede Los Teques, con ocasión de la realización de la Audiencia Preliminar, en la que consta que el Tribunal a-quo, decretó la ADMISIÓN de todos y cada uno de los medios probatorios ofrecido por el Ministerio Público. Contra dicha decisión proferida por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sede Los Teques, el defensor privado del acusado ERASMO SIGNORINO, ejerció recurso de apelación, denunciando la violación del debido proceso al haber admitido unas pruebas que, a criterio de la defensa fueron incorporadas ilícitamente al proceso. El debido proceso en la opinión autorizada de nuestro más Alto Tribunal de Justicia en Sala de Casación Penal, mediante Sentencia Nº 552, de fecha 12 de agosto de 2005, con Ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, ha sido concebido como: “…el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a ser oído con las debidas garantías, el derecho a conocer la identidad del juez, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un proceso público, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete público, en caso de no comprender o hablar el idioma, el derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho a conocer de modo detallado los pronunciamientos que se emitan en la causa seguida en su contra, el derecho que se le conceda al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho de defenderse personalmente, ser asistido por un defensor de su elección, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a recurrir el fallo, el derecho a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, y debe hacerse especial mención al derecho a ser juzgado por el juez natural..” Del extracto del Precedente Jurisprudencial transcrito se colige que el debido proceso encuentra su esencia y razón de ser en un juicio justo a la persona contra la cual se sustancie una acusación penal, garantizándose plenamente la igualdad de las partes en el contradictorio, conforme a los principios de inmediación y oralidad del proceso que se cumple plenamente en el debate oral y público. En esta misma línea de fundamentación el doctrinario Carmelo Borrego (2001), ha sentado que: “El debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nula poena sine indicio, es decir tiene que ver con la legalidad de las formas de aquellas que se declaran esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa”... (La Constitución y el Proceso Penal. Página. 332) El Profesional del Derecho ERASMO SIGNORINO, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO, considera que se infringió el derecho fundamental del derecho a la defensa y al debido proceso a su patrocinado, causándole al mismo un daño irreparable, por el hecho de que el Tribunal A-quo admitió las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, específicamente la declaración testimonial de los funcionarios Gerson Curvelo, Davila Reiner, Armando Vásquez, Franklin Morales, Villamizar William, Moreno Francisco, Dominguez Carlos, Navarro Oswaldo y Perez Jhon, todos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Los Teques. Es así mismo de observar, que en el caso bajo examen ha quedado evidenciado en los autos, que el Juez de la recurrida en la audiencia preliminar admitió totalmente la acusación interpuesta por el Ministerio Público contra los acusados NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO, por la presunta comisión del delito de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL DELITO DE EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 11 y con la agravante del artículo 19 numeral 2 de la ley Contra el Secuestro y la Extorsión. Visto lo anterior, observa esta Instancia Superior, que para aclarar el punto controvertido, es importante traer a colación Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión N° 1768, de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil once (2011), con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, en la cual se estableció lo siguiente: “…esta Sala Constitucional modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la imposibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión contenida en el auto de apertura a juicio, referida a la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, toda vez que, tal como ha quedado expuesto, la admisión de uno o varios medios probatorios obtenidos ilegalmente, impertinente, o innecesarios pueden causar un gravamen irreparable a quien pudiere resultar afectado con tal disposición, al crearse la expectativa de una decisión definitiva fundamentada en la valoración de aquellos. Siendo así, las decisiones referidas a la admisión o negativa de una prueba ofertada para el juicio oral y público, forman parte de la categoría de aquellas que son recurribles en apelación, contempladas en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se establece…” (Subrayado de ésta Corte de Apelaciones) Resulta de importancia destacar que de la motivación realizada por la Jueza Sexta de Control de este Circuito y sede, específicamente en la parte dispositiva en el punto Cuarto, explana lo siguiente: “…TERCERO: SE ADMITEN todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por la VINDICTA PÚBLICA y por la DEFENSA PRIVADA, ABG. ERASMO SIGNORINO, por cuanto dichos medios probatorios son útiles, legales, lícitos, necesarios y pertinentes a los fines de su evacuación en un eventual juicio oral y público...” (Subrayado nuestro) Así mismo, considera este Tribunal de Alzada que en cuanto a la falta de motivación alegada por el recurrente no se evidencia en el caso de marras siendo que en el auto de apertura a juicio la Jueza de la recurrida hace una motivación minuciosa de la admisión de cada uno de los medios probatorios que fueran parte de la controversia que hoy ocupa nuestra atención indicando su pertinencia, licitud y su necesidad en el juicio oral y público, por lo que estima este Tribunal Colegiado que dicha admisión no causa el gravamen irreparable alegado. De igual forma cabe advertir que siempre que la prueba sea promovida en la forma y tiempo previstos en la ley, y constatada la licitud, necesidad y pertinencia de la misma, el Juez de Control puede admitirla, al respecto, este Tribunal Colegiado observa lo establecido en el numeral 9 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos: Artículo 330. “Finalizada la audiencia el Juez resolverá, en presencia de las partes, sobre las cuestiones siguientes, según corresponda… 9. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral...” (Subrayado de este Tribunal Colegiado) Asimismo se observa que, los Tribunales de Primera Instancia en funciones de Control en principio no son jueces valoradores del fondo del asunto, es decir, no pueden entrar a valorar los medios de probatorios promovidos por las partes para lograr la certidumbre acerca de la culpabilidad del acusado en el hecho punible que se le atribuye, en virtud que ésta es una función propia de los Juzgados en funciones de Juicio. Así las cosas, considera esta Alzada, que los medios de prueba promovidos por la Vindicta Pública en su oportunidad legal, cumplen con las limitaciones de la libertad probatoria, es decir, son lícitas, se refieren directa o indirectamente a lo que se pretende demostrar, en otras palabras, son idóneas y son útiles, siendo que constituyen hechos que deben y tienen que ser discernidos en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal al cual le corresponda el conocimiento del presente asunto, ya que este es el Juez valorador por excelencia y no el Juez en Funciones de Control. En el caso que hoy nos ocupa resulta totalmente pertinente, apropiado, útil y lícito, los medios de prueba consistentes en: las pruebas promovidas, específicamente la declaración testimonial de los funcionarios Gerson Curvelo, Davila Reiner, Armando Vásquez, Franklin Morales, Villamizar William, Moreno Francisco, Dominguez Carlos, Navarro Oswaldo y Perez Jhon, todos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Los Teques. En base a lo antes expuesto el presente recurso de apelación debe ser DECLARADO SIN LUGAR, en los términos expuestos en el presente fallo, en consecuencia, se CONFIRMA la decisión emanada del Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sede Los Teques, en ocasión de la Audiencia Preliminar de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012) mediante la cual ADMITIÓ todos y cada uno de los medios probatorios promovidos por la Vindicta Pública, específicamente la declaración testimonial de los funcionarios Gerson Curvelo, Davila Reiner, Armando Vásquez, Franklin Morales, Villamizar William, Moreno Francisco, Dominguez Carlos, Navarro Oswaldo y Perez Jhon, todos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Los Teques, las cuales fueran promovidas, en su oportunidad legal, por ser lícitas, idóneas y útiles. Y ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVA Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en los Teques, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos. PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Profesional del Derecho ERASMO SIGNORINO, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos NATERA BLANCO CARLOS ALBERTO, MORENO MARCANO ELIO JOSÉ Y REY DIAZ JOSÉ GREGORIO, a quienes se les sigue proceso penal por la presunta comisión del delito de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL DELITO DE EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 11 con la agravante establecida en el artículo 19 numeral 2 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012) en ocasión de la celebración de la Audiencia Preliminar por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sede Los Teques, mediante la cual ente otra cosas ADMITIÓ los medios de pruebas promovidos por el representante del Ministerio Público, específicamente la declaración testimonial de los funcionarios Gerson Curvelo, Davila Reiner, Armando Vásquez, Franklin Morales, Villamizar William, Moreno Francisco, Dominguez Carlos, Navarro Oswaldo y Perez Jhon, todos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Los Teques, lo cuales fueron promovidos en su oportunidad legal, por ser lícitos, idóneos y útiles. Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y remítase a su tribunal de origen. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DR. JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA LA MAGISTRADA PONENTE DRA. MARINA OJEDA BRICEÑO EL MAGISTRADO INTEGRANTE DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ EL SECRETARIO Abg. PABLO FERNANDO FERNANDEZ Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado. EL SECRETARIO Abg. PABLO FERNANDO FERNANDEZ Causa 1A-a 8987-12 JLIV/MOB/LAGR/GHA/oars.