REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO. EXTENSIÓN VALLES DEL TUY.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, SEDE OCUMARE DEL TUY.- 202º y 153º De la revisión de las actuaciones que conforman el presente expediente contentivo de la solicitud de INTERDICCION, interpuesta por el ciudadano GONZALO RODRIGUEZ LANDIN; y por cuanto de las mismas se evidencia que hubo un error en el procedimiento de revocatoria de la interdicción, ya que en fecha 17/07/12, se acordó abrir articulación probatoria de ocho días, siendo lo correcto abrir el lapso probatorio del procedimiento ordinario, previsto en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil.- Debido a que conforme a lo previsto en el artículo 733 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para el procedimiento de Interdicción se prevé dos etapas: 1) la sumaria y 2) la plenaria. La primera comienza con la solicitud, abriendo el Juez el proceso correspondiente que se inicia con una averiguación sumaria de los hechos, debiendo el tribunal designar dos facultativos -por lo menos- para que examinen al notado en demencia y emitan juicio (Informe), el tribunal interrogará a la persona y oirá a cuatro de sus parientes inmediatos, y en defecto de éstos oirá amigos de su familia. La etapa plenaria se inicia una vez concluida la anterior y ésta, es decir, la sumaria se consuma con el decreto provisional y la designación del tutor interino, la segunda etapa del juicio de interdicción se tramita por el procedimiento ordinario quedando la causa abierta a pruebas y ésta a su vez termina con el decreto definitivo de interdicción o revocatoria. Ahora bien, y siendo que no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido a la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público.- En materia de reposición existen innumerables decisiones del Máximo Tribunal donde se explana las causas de su procedencia, así la Sala de Casación Civil en sentencia de 20 de mayo de 2003, expresó lo siguiente: “…la reposición trae aparejada la nulidad, por lo que los jurisdicentes deben revisar muy cuidadosamente y a la luz de sus consecuencias, la conveniencia en declararla solo cuando se haya menoscabado derechos como el de defensa y debido proceso, o se haya violentado el orden publico y siempre que dichas fallas no pueda subsanarse de otra manera, lo que deviene en que la reposición debe decretarse cuando realmente se persiga con ella una finalidad útil, pues de no ser este el supuesto se estaría violentando los mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se acuerda…”. Cabe destacar que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, en su estricta observancia, con materia ligada al orden público la cual no puede renunciarse ni relajarse por las partes; así pues, el proceso una vez iniciado, no es un asunto exclusivo de las partes, pues al requerirse el ejercicio de la función jurisdiccional entra en juego también el interés público en una recta y pronta administración de Justicia. En tal sentido, cuando la actividad jurisdiccional implique en la situación jurídica de un particular una infracción al derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución Nacional, se debe restituir la situación jurídica infringida mediante el amparo al justiciable, que puede otorgarse a través de la reposición del juicio al estado de renovar el acto irrito o cumplido con error judicial, ya que la ley concede a los Jueces la potestad de enmendar este tipo de situaciones, como un medio o forma de corrección para mantener la estabilidad del proceso; limpiándolo de los vicios que en una forma u otra puedan afectar su validez. Tratándose el presente caso de interdicción que es un asunto relativo al estado y capacidad de las personas, las normas sustantivas y adjetivas que la rigen, ostentan el carácter de eminente orden público. Por tanto, cualquier infracción o inobservancia de las mismas que implique incumplimiento de una formalidad esencial a la validez del acto o del procedimiento, hace procedente la declaratoria de nulidad del acto o actos procesales respectivos, aun de oficio, y el consiguiente decreto de renovación o reposición de la causa, según corresponda, conforme a lo previsto en los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 26, primer aparte, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por las anteriores consideraciones, este tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DEJA SIN EFECTO el auto dictado en fecha 17 de julio de 2012, y en consecuencia, REPONE LA CAUSA al estado de promoción y evacuación de pruebas, de conformidad con lo previsto en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, En consecuencia, se declara la nulidad de todas las actuaciones posteriores al auto dictado en fecha 17 de julio de 2012.- Notifíquese a la Fiscal Decima Cuarta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Líbrese la correspondiente boleta.- Déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y Regístrese. Dada, sellada y firmada en Ocumare del Tuy, en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con Sede en Ocumare del Tuy, a los Dos (02) días del mes de agosto de dos mil doce (2.012). Años: 202º de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZ DRA. ARIKAR BALZA SALOM EL SECRETARIO ABG. MANUEL GARCÍA ABS/yv. EXP-2631-11