TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA,
SECCIÓN ADOLESCENTES CON SEDE EN LOS TEQUES
TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL
201° y 153°
Los Teques, Seis (6) de Agosto de dos mil doce (2012)

CAUSA N° 1C-2915-11

JUEZA: Dra. MARCY SOSA RAUSSEO

FISCAL: Dra. DRA. WELDYS VALERO RODRIGUEZ (Fiscal 15°)

Acusados: OMITIDO

VICTIMA: la colectividad

DEFENSA PÚBLICA: ABG. DESIREE SILVA

SECRETARIO: ABG. MAGALY RAFET

CAPITULO I
HECHOS Y EL DERECHO

Este Tribunal antes de decidir, pasa a realizar la enunciación de los hechos y circunstancias que fueron objeto DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR oral y privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 573 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En la audiencia celebrada en treinta (30) de julio de dos mil doce (2012), la Fiscalía 15 del Ministerio Publico ratifico el escrito acusatorio presentado en fecha 04-06-12, en contra del adolescente OMITIDOpor los hechos ocurridos en fecha (21) veintiuno de Diciembre de dos mil once (2011), siendo aproximadamente las 02:30 horas de la tarde, cuando los Funcionarios Oficiales Agregados Richard Guillen Bravo, Alexander Guachume Villanueva, Víctor Solórzano y Tofren Piñedo, adscritos al Instituto Autónomo de Policía de Carrizal, se encontraban realizando labores de patrullaje por el Sector Santa Bárbara, comunidad José Manuel Álvarez, de pronto avistaron a tres (03) sujetos quienes al observar la comisión policial, saliendo de un rancho apostándose en las afueras del mismo, motivo por la cual procedieron a darle voz de alto y de conformidad con los artículos 205 y 207 del Código Orgánico Procesal Penal, le realizaron la inspección corporal incautándole al adolescente OMITIDO, tres mil bolívares fuertes (3.002 BsF) en efectivo de diferente denominación de circulación nacional, un (01) teléfono celular Marca Blackberry 9780, seguidamente al inspeccionar el rancho incautaron en un zapato tipo bota, seis (06) envoltorios de regular tamaño, contentivo de restos vegetales y semillas, presuntamente droga denominada (marihuana), un bolso de color azul contentivo de cuarenta y siete (47) envoltorios de papel aluminio, en su interior de un material pastoso de color amarillento de presunta droga denominada (Cocaína).

Por ello solicito la sanción de PRIVACION DE LIBERTAD, POR EL LAPSO DE TRES (3) años, y solicito la medida cautelar del literal c del artículo 581 de la ley ORGANICA.

El Ministerio Público califico los hechos como TRÁFICO ATENUADO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

Acto seguido anunciadas las facultades procesales del artículo 573 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se impuso al acusado de los derechos y garantías consagrados en los articulo 528 al 548 de la ley orgánica, y las formulas alternativas a la prosecución del proceso del articulo 564 y 569 y 583 ejusdem y la garantía constitucional del artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, informando no deseaba rendir declaración. Una vez pronunciada por el Tribunal la admisión de la acusación presentada y las pruebas ofrecidas, por cumplir los extremos exigidos en el artículo 570 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, el juez impuso al acusado del procedimiento por admisión de hechos previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica, expresando a viva voz su deseo de acogerse al mismo y solicito se le impusiera de inmediato la sanción a que hubiere lugar, procediendo su defensora publica a adherirse a la petición y requirió la rebaja contemplada en la norma.
CAPITULO II
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS EN LA AUDIENCIA

Ahora bien, este Tribunal de control, aprecia los elementos de convicción presentados por el Representante del Ministerio Público y a tenor del criterio de la Sala de Casación Penal sobre la obligación del juez de control de establecer los hechos que estima acreditados cuando se aplique el procedimiento por admisión de hechos, en orden al principio de la tutela efectiva, y el debido proceso como garante del derecho a la defensa, a cuyos efectos en el presente caso se individualizara los mismos a los fines de determinar lo que aportan las mismas al proceso, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 604 Literal c) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Acta de aprehensión de fecha 21 de Diciembre de (2011), realizada por funcionarios del los Funcionarios Oficiales Agregados Richard Guillen Bravo, Alexander Guachume Villanueva, Víctor Solórzano y Tofren Piñedo, adscritos al Instituto Autónomo de Policía de Carrizal, donde señalas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la localización de una sustancia ilícita en las ropas de acusado.
Consta acta de Inspección Técnica, Signada bajo el Nº 2411, de fecha 22 de Diciembre de 2011, suscrita por el Funcionario Agente de Investigaciones Jhon Pérez (Técnico), adscrito al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación de los Teques. Consta Experticia de reconocimiento legal signada bajo el Nº 9700-113-RT, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil once (2011), suscrita por el funcionario agente de investigaciones Gerson F. Curvélo, adscrito al Área de Técnica Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación del Estado Miranda. Consta Experticia al serial de carrocería y motor, signada bajo el Nº 0948, de fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil once (2011), suscrita por el funcionario José García, adscrito a la Brigada de Investigaciones de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación de los Teques. Consta Experticia del serial de carrocería y motor signada bajo el Nº 0953, de fecha veintitrés (23) de diciembre de 2011, suscrito por el funcionario José García, adscrito a la brigada de Investigaciones de vehículos del cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub-Delegación del Estado Miranda. Consta experticia química-botánica, signada bajo el Nº 9700-130-726, de fecha dos (02) de febrero de dos mil doce (2012), suscrita por los funcionarias Karibay del Valle Ribas Vizcaya y Maryorie Marcano M, adscritas a Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas. Dejando constancia se trata de sesenta y cinco (65) gramos con setecientos (700 mg ) de marihuana, y la muestra 2) quince (15) gramos con quinientos diez (510) miligramos de Cocaína base Crack. con pureza de (51,33 % ) .
DE LA DECLARACION DEL ACUSADO
El acusado en audiencia oral y privada, al momento de la apertura del debate, previa imposición de los derechos y garantías de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y el artículo 49.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expuso “Si deseo admitir los hechos, se que actué mal estoy arrepentido de lo que hice y quiero que se me imponga la sanción que me corresponda en este momento, es todo”.
CAPITULO III
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

De conformidad a lo previsto en el artículo 583 para la procedencia de la admisión de hechos se requiere la pluralidad de elementos de convicción que permitan la certeza de que si se realiza el juicio oral, podría demostrarse la responsabilidad y culpabilidad del acusado, por tanto evitar así lo que la doctrina denomina la “pena del banquillo”.

En la causa que nos ocupa el delito objeto de la acusación están acreditados con las actas policiales que contienen la exposición de los funcionarios aprehensores, el acta de colección de evidencias aunado a las experticias de reconocimiento realizada por el experto Karibay del Valle Ribas Vizcaya y Maryorie Marcano M, de donde se desprende la individualización de la conducta desplegada por el acusado, aunado a su reconocimiento sala, de haber participado en el mismo, permiten dar por sentado que el mismos es responsable en la medida de su culpabilidad por haber poseído en sus pertenencias sustancias ilícitas.

Respecto de la motivación del fallo, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No 203, de fecha 11 de junio de 2004, con Ponencia del Magistrado HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, dispuso lo siguiente:

“…en relación con la correcta motivación que debe contener toda sentencia, que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que debe señalarse:
-La expresión de las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes. –Que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley adjetiva Penal. –Que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella; y –Que en el proceso de decantación, se transforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal. Cumplido así con lo anterior, entonces puede decirse, que se ha efectuado la motivación, correctamente conforme al artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal.”

De la admisión de hechos

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dispone en el artículo 583 que el juez podrá realizar una rebaja de un tercio a la mitad en caso de que el adolescente reconozca por admisión de hechos su conducta contraria a la norma, debiendo el juez analizar los requisitos para imponer la sanción que estipula el articulo ejusdem:

La vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes consagra para la imposición de las sanciones dos principios que se encuentran íntimamente vinculados a saber: El principio de la proporcionalidad de la sanción y la discrecionalidad del Juez, y se constituyen a su vez en dos vertientes fundamentales para proceder a la imposición de la sanción.

El artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño del Adolescente prevé los tipos de sanciones a imponer y el artículo 622 ibidem, fija las pautas para la determinación y aplicación de la misma, debiendo tenerse en cuenta el artículo 621 ibídem establece lo siguiente: “…Las medidas señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad primordialmente educativa...”, para formar una futura conducta socialmente proactiva, de modo tal que se aprecia los siguientes elementos:

1.- Que este plenamente comprobado el hecho punible, que se ha ocasionado un daño lo que pone en evidencia la lesividad del hecho por constituir un delito, que atenta contra los bienes jurídicos, tutelados por la Ley y que este plenamente comprobada la participación y responsabilidad a titulo de culpabilidad del acusado; apreciada la edad y capacidad para cumplir la medida, y los esfuerzos por reparar el daño.

2) Que se impondrá oralmente al ADOLESCENTE de las razones legales y de carácter ético social de las sanciones aplicadas en esta sentencia en conformidad con el artículo 543 ejusdem.

3) En cuanto a la proporcionalidad e idoneidad de la medida, se observa que el legislador patrio consideró que algunos delitos fueran merecedores de privación de libertad en virtud de la gravedad de los hechos ejecutados por el adolescente y otros no, a los fines de contribuir con el desarrollo del adolescente en sociedad buscando como norte de la medida la finalidad primordialmente educativa, pues la misma debe coadyuvar con su desarrollo integral, y propender a la modificación de su comportamiento, la comprensión del delito cometido y el daño social causado por su acción, lo que en definitiva le ayudara a integrarse a la vida en sociedad.

4) que las medidas podrán ser sucesivas, alternativas o simultaneas sin exceder el plazo fijado por la sentencia.

En cuanto a la proporcionalidad es un principio vértice citando en este sentido al autor CESAR BECCARIA en su libro DE LOS DELITOS Y LAS PENAS, asentando que la verdadera medida de la gravedad de los delitos, y por consiguiente, de la dureza de la pena, que debe guardar proporción con la gravedad del acto delictivo, es el daño social producido por ellos. No se trata tanto de castigar al que realizó una acción mala como al que hizo algo socialmente dañoso; afirmando como conclusión que debe existir una "proporción entre los delitos y las penas". Esa proporción se debe a que no todos los delitos dañan de igual manera a la sociedad; entonces cuanto mayor sea el delito, mayor deberá ser la pena correspondiente.

Es esencia y parte de la justicia penal, pues, la sanción debe imponerse en la medida de la culpabilidad del adolescente tal como lo señala en artículo 528 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Conforme a lo apreciado y valorado en la audiencia oral y privada, la Jueza Profesional en atención a los principios de inmediación, admitida la acusación, luego de haber concatenado los elementos de convicción traídos al proceso, ejercido debidamente las facultades procesales de las partes, este juzgado estima procedente en derecho proceder a imponer la sanción por admisión de hechos, al acusado OMITIDO, de acuerdo a las pautas para imponer la sanción analizadas y los aspectos individuales de la acusada.

Tal consideración se desprende de lo apreciado y valorado en el CAPITULO III, de la presente sentencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 y 198 del Código Orgánico Procesal Penal, cual es el principio de libertad de medios de prueba, el cual esta vigente desde la fase preparatoria, y que por tanto el Ministerio Público fija los hechos objeto de la investigación, a través de medios distintos, es decir, actas de investigación, inspecciones o experticias, entre otros, conforme a la etapa intermedia el proceso y en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es imponerle la sanción y dictar en su contra SENTENCIA CONDENATORIA, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Y ASI SE DECIDE.

En nuestro sistema procesal penal, no basta señalar la existencia de un hecho, se debe probar, ya que el Ministerio Público, debe desvirtuar el principio de inocencia que asiste a todo adolescente que se encuentre inmerso en la actuación del sistema penal juvenil, y en el caso objeto de estudio, observado que el Ministerio Publico en primer orden incorporo elementos de convicción concordantes y determinantes que desvirtuarían la presunción de inocencia en contra del adolescente acusado SANOJA ROMERO NESTOR ANTONIO, lo cual permite dictar el fallo en los términos expuestos en la audiencia preliminar.

DE LA CALIFICACIÓN JURIDICA

El tribunal admite LA CALIFICACION dada a los hechos por el Ministerio Publica ya que el delito de TRAFICO ILICITO ATENUADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

El delito de TRAFICO ILICITO ATENUADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, reza: “ el o la que ilícitamente trafique, comercie, distribuya, oculte, trasporte, por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje, con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere la ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes, será penado con…”. En doctrina se trata de un delito de tipo pluriofensivo, y la jurisprudencia le ha calificado como delito de lesa humanidad, no obstante tratándose de un proceso socio educativo acorde a los principios rectores de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, no se le fija la connotación social que se aplica para la jurisdicción ordinaria, mas si se establece que la actividad estadal emanada del ejercicio de la jurisdicción es efectivamente acorde a los principios de las sentencias de carácter vinculante de la Sala Constitucional sobre el delito de trafico de droga, al sancionar el hecho y sus consecuencias jurídicas evitando la impunidad del delito objeto de la acusación.

Ahora bien, demostrada la lesividad ocasionada por parte del adolescente, como resultado de su comportamiento, lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR PENALMENTE RESPONSABLE Y EN CONSECUENCIA CULPABLE, por lo cual habrá de imponerle la medida socioeducativa con miras a los fines del proceso.

En nuestro caso el joven adulto OMITIDO, contaba con 17 años para la fecha de la comisión del delito, ubicándose dentro del segundo grupo etareo, y se entiende con capacidad para cumplir con la medida que se ha de imponer, pues ha manifestado en su exposición oral comprender y tener conciencia de la realización del juicio y de sus derechos debidamente impuestos. En relación a los esfuerzos del adolescente por reparar el daño causado se observa que durante el curso del proceso el adolescente estuvo bajo medidas cautelares que cumplió, apreciado que no constan los estudios psicológicos que indiquen los rasgos de su personalidad y madurez mental, que clínicamente ilustran al juez sobre este aspecto; siendo un joven que posee un buen grado de comprensión de acuerdo al desenvolvimiento en la sala de audiencia y el grado de instrucción escolar que evidencia retardo de acuerdo a su edad cronológica, habiendo cursado solo hasta grado de instrucción BACHILLER, no obstante, se estima tiene aptitud mental adecuada a su edad cronológica para la comprensión del acto de audiencia y del fallo dictado. El Ministerio Publico ha solicitado una sanción privativa de máxima índole, y se estima de acuerdo a los términos de la Convención Sobre los Derechos del Niño, publicado en Ley Aprobatoria de fecha 20 de julio de 1990, en su Artículo 37 literal “b” que indica “….ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevara a cabo de conformidad con la ley y se utilizara tan solo como medida de último recurso y durante el periodo mas breve que proceda,…” y cuyo principio es plasmado en el articulo 628 parágrafo primero de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo el carácter de excepcionalidad; y analizados los aspectos particulares del joven adulto que nos ocupa, estima este Tribunal adecuado establecer sanciones educativas NO privativas de acuerdo a los términos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que propendan al logro de su desarrollo evolutivo, alcance de madurez y participación activa en la sociedad lo cual cumplirá con la que le será impuesta y que finalmente dará vida a los fines de la ley, estableciendo la proporción de la sanción y el hecho ilícitos perpetrados, con la rebaja respectiva.

En consecuencia, que en orden a la culpabilidad establecida en este fallo quedara sujeto a cumplir la SANCION DE LIBERTAD ASISTIDA CONJUNTAMETE CON REGLAS DE CONDUCTA por el lapso de de UN (1) AÑO Y SEIS (6) meses por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO ATENUADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Y ASI SE DECLARA.

CAPITULO V
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Sección Adolescentes, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley; y conforme a lo previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA PENALMENTE RESPONSABLE POR ADMISION DE HECHOS, de conformidad con el articulo 583 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes al adolescente OMITIDO, por la comisión del delito de TRÁFICO ATENUADO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, EN LA MODALIDAD DE OCULTACION, previsto en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio de LA COLECTIVIDAD, y le CONDENA a cumplir la sanción de LA SANCIÓN de UN (1) AÑO Y SEIS (6) meses de SANCION DE LIBERTAD ASISTIDA CONJUNTAMETE CON REGLAS DE CONDUCTA, en conformidad con los artículos 620 literales “d Y b”, en concordancia con los articulo 622, y 626 Y 624, todos de la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes. SEGUNDO: En virtud de la sentencia se declara la cesación de la medida cautelar sustitutiva de libertad. TERCERO: Se exonera al acusado por cuanto era adolescente para la fecha de comisión del delito, del pago de costas procesales contempladas en el artículo 34 del Código penal y 265, 267 272 ejusdem, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. CUARTO: las partes están debidamente notificadas. QUINTO: Se ordena la remisión de esta causa al tribunal de ejecución una vez transcurridos los lapsos para la interposición de los recursos de ley.
Regístrese, publíquese y déjese copia de la presente sentencia.
Dada, sellada, firmada y refrendada en la Sede del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Sección Adolescentes, con sede en Los Teques, del Estado Bolivariano de Miranda, siendo las 12:10 a.m., a los Seis (6) días del mes de Agosto del año dos mil Doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA
Dra. MARCY SOSA RAUSSEO EL SECRETARIO

Abg. MAGALY RAFET
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que antecede.
EL SECRETARIO

Abg. MAGALY RAFET
Causa: 1C-2915-11