TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Los Teques, cuatro (04) de diciembre de dos mil doce (2012).

202º y 153º

PARTE ACTORA: JOSEFINA MAIZO VIERA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-4.054.332.
APODERADAS JUDICIALES DE
LA PARTE ACTORA: IRAIDA RODRÍGUEZ DE MORAN y AIDA NOGUERA, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 24.604 y 16.670 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: OMAR RAFAEL GONZÁLEZ y WILMER CENTENO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.054.172 y V-6.455.102 respectivamente.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDADA: CARMEN MACHUCA, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 12.217.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (APELACIÓN)
EXPEDIENTE Nº 13.073

CAPITULO I
ANTECEDENTES DEL CASO

Vistas las actas que conforman la presente causa se observa: Se da inicio al presente juicio, mediante demanda interpuesta por las abogadas IRAIDA RODRÍGUEZ DE MORAN y AIDA NOGUERA, actuando como apoderadas judiciales de la ciudadana JOSEFINA MAIZO VIERA, contra los ciudadanos OMAR RAFAEL GONZÁLEZ y WILMER CENTENO, por concepto de COBRO DE BOLÍVARES-APELACIÓN, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Primero del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se verifica que, en fecha 22 de marzo de 2001, los ciudadanos OMAR RAFAEL GONZÁLEZ y WILMER CENTENO, actuando como parte demandada y asistidos por la abogada CARMEN MACHUCA, apelaron de la Sentencia dictada por el Tribunal de la causa en fecha 30 de abril de 2002, mediante la cual se declaró con lugar la demanda de COBRO DE BOLÍVARES y vista la apelación interpuesta, el Tribunal en fecha 24 de septiembre del 2002, la oyó en ambos efectos y ordenó la remisión del expediente en su forma original al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. En fecha 30 de septiembre de 2002 se dio por recibido el expediente procedente del Juzgado Primero del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en virtud de la apelación interpuesta y se le dio entrada en el libro de causas. Mediante auto dictado el día 29 de abril de 2011, el Dr. HÉCTOR DEL V. CENTENO G., se abocó al conocimiento de la causa ordenando la notificación de las partes. En fecha 24 de abril de 2012, la Dra. ZULAY BRAVO DURÁN se abocó al conocimiento de la presente causa y asimismo ordenó la notificación de la parte demandada para que manifestara interés en esta causa y de cuya actuación procesal practicada por el Alguacil de este Despacho dejó constancia la secretaria temporal mediante diligencia suscrita en fecha 29 de junio del presente año.

CAPITULO II
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conllevaría al decaimiento y extinción de la acción.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interés procesal, señaló:
“Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
De cara al segundo supuesto, la Sala consideró que el deber fallido del Estado en decidir la causa en forma oportuna y expedita, tiene correctivos que pueden ser empleados por las partes interesadas, con el propósito de lograr que el juez sentencie, demostrando con ello que su interés en el proceso persiste, lo cual debe hacerse constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. En tal sentido, sin pretender justificar la tardanza de los jueces y, menos aún, perjudicar a los usuarios del sistema judicial, la Sala concluyó que la inacción de las partes, especialmente la del accionante, denota una renuncia a la justicia oportuna, la producirá la decadencia y extinción de la acción.
En virtud del fallo en comento, la Sala determinó que a partir de ese momento, como interpretación del artículo 26 de la Constitución, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada rebasaba el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conociere podía de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. Se dispuso, igualmente, que la falta de comparecencia de los notificados en el término que se fijara, o las explicaciones poco convincentes que expresare el actor que compareciere, sobre los motivos de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella haya producido, serían ponderados por el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado de este Tribunal).
Ahora bien, analizadas como fueron las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que desde el día 16 de septiembre de 2002, oportunidad en la que la parte actora apeló mediante diligencia de la sentencia dictada el día 30 de abril de 2002, han transcurrido más de diez años sin que conste en autos durante todo ese tiempo la realización de alguna actuación procesal de la parte demandante como impulso del juicio principal, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período que se señaló. Ante esta situación, no comprende quien aquí decide, como en una causa paralizada en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
En efecto, según la decisión de la Sala Constitucional supra transcrita, la perención de la instancia se hace improcedente en las causas en las que se ha dicho “vistos” –como lo es la presente-, pero sí se admite la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado. Sin embargo, el Tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En razón de lo anterior, este Tribunal mediante decisión de fecha 24 de abril del presente año ordenó la notificación de la parte demandante para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a su notificación, manifestara si conservaba el interés para la continuación de éste proceso, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Ahora bien, mediante diligencia de fecha 08 de agosto del presente año el ciudadano alguacil de este Despacho dejó constancia de la imposibilidad de realizar la notificación personal de la parte demandada debido a que transcurrido más de siete (7) meses sin que la misma haya sido impulsada por persona alguna.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación alguna en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estima pertinente declarar extinguida la acción que por COBRO DE BOLÍVARES ejerció la ciudadana JOSEFINA MAIZO VIERA contra los ciudadanos OMAR RAFAEL GONZÁLEZ y WILMER CENTENO, en virtud de la pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se declara.
CAPITULO III
DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN EN ESTA INSTANCIA que por COBRO DE BOLÍVARES ejerció la ciudadana JOSEFINA MAIZO VIERA contra los ciudadanos OMAR RAFAEL GONZÁLEZ y WILMER CENTENO, en virtud de la pérdida sobrevenida de interés procesal. Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado referido junto con oficio y déjese constancia de lo actuado.
Publíquese, regístrese y remítase y déjese copias certificada de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Los Teques a los cuatro (04) días del mes diciembre de de dos mil doce (2012). AÑOS: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

DRA. ZULAY BRAVO DURAN.
LA SECRETARIA,

ABG. JAIMELIS CÓRDOVA MUJICA
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el anuncio de Ley, siendo las doce del medio día (12:00 m.).
LA SECRETARIA,

EXP N° 13.073