TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Guatire, 17 de Enero de 2012
201° y 152°

Admitida como fue la solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por los ciudadanos NELSON REVERÓN GARCÍA, WILLIAMS JOSÉ MATTEY CELDEÑO y JOSÉ DE JESÚS FARAMAYAS TORRES, y abierto como ha sido el presente cuaderno de medidas a objeto de proveer acerca de la medida cautelar innominada solicitada por la parte accionante, a tales fines este Tribunal OBSERVA:
PRIMERO: Plantea la parte accionante, en términos generales, lo siguiente:
Que un denominado comité del portón, al frente del mismo se encuentra la ciudadana MATILDE MARTINEZZ CABRERA o MATILDE MARTÍNEZ DE OLIVIERO, decidió en franco desacato e inobservancia de la orden de Paralización y la debida autorización de la Dirección de Ingeniería y Urbanismo Municipal de la Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Miranda, a construir un portón en la entrada de la calle 18 del Conjunto Ginebra de la Urbanización Valle Arriba, al cual le fue colocada electricidad en fecha 05 de septiembre de 2011, a petición de la ciudadana FLORENTINA RODRÍGUEZ DE JIMÉNEZ.-
Que el derecho a la vida es primordial, sin embargo, no es licito ejercer un derecho violando otro.-
Que es errado sostener que por ser una practica de algunos cerrar calles, también los demás pueden hacerlo.-
Que sostienen el criterio de que cualquier ciudadano, habite o no en esa calle, podría demandar mediante recurso de Amparo y peticionar que le restituyan el libre acceso.-
Que el cierre permanente o definitivo de la calle no es legal, se lesiono el derecho al goce de los servicios domiciliarios básicos, reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-
Que los obstáculos y las restricciones en el acceso de dicha calle 18 pueden crear problemas al momento de necesitar servicios como aseo público, bomberos, patrullaje policial, paramédicos o cualquier servicio particular de importancia.-
Que el comité del Portón usurpó la autoridad que tiene la atribución de autorizar o no el cierre de las calles de la urbanización.-
Que la calle fue cerrada en ausencia del permiso correspondiente.-
Que al cerrar las calles se le negó la posibilidad de vivir independientemente porque se le sometió a las directrices señaladas por las personas que decidieron restringir el acceso, y se les obligó a hacer aportes para el mantenimiento de unas rejas y una infraestructura que supuestamente beneficiaba a los vecinos.-
Que la colocación del portón en la calle 18 pudiera amenazar el Derecho a la salud, en cualquier momento y sobre todo en horas nocturnas o de madrugada.-
Que en varias oportunidades el Servicio de Medicina Pre Hospitalaria RESCARVEN no ha podido ingresar a dicha calle con la ambulancia a atender a los ciudadanos NELSON REVERÓN GARCÍA y JOSÉ DE JESÚS FARAMAYAS TORRES.-
Que en fecha 21 de Septiembre de 2011, NELSON REVERÓN GARCÍA, adquirió un vehículo y a pesar de no estar de acuerdo con la colocación de dicho portón eléctrico, autorizó al ciudadano JOSÉ DE JESÚS FARAMAYAS TORRES, habitante de la casa 18-12 para que le solicitase previo pago de la llave del portón a la ciudadana MATILDE MARTÍNEZ CABRERA o MATILDE MARTÍNEZ DE OLIVIERO dejando constancia de no estar de acuerdo con la colocación del mismo y dicha ciudadana se negó rotundamente a dicha entrega, trayendo como consecuencia que cada vez que se necesita entrar o salir a la calle 18 hay que hacerlo bien pidiendo el favor a otros ciudadanos que abran dicho portón o saliendo o entrando con algunos de ellos.-
Que por los razonamientos anteriormente esgrimidos, es que solicitan se sirva Amparar sus Derechos Constitucionales y que se restablezca la situación Jurídica infringida..-
Que solicitan se dicte medida cautelar innominada a los fines de que se ordene a CORPOELEC, Región Plaza y Zamora, suspender el servicio eléctrico del contrato signado bajo el Nro. 100002152240.0 y se le ordene a la ciudadana MATILDE MARTÍNEZ CABRERA o MATILDE MARTÍNEZ DE OLIVIERO, abstenerse de poner en funcionamiento dicho portón.-
SEGUNDO: La representación Judicial de la demandante, en su escrito libelar, pide que se decrete la siguiente medida cautelar:
1. Que se ordene a CORPOELEC, Región Plaza y Zamora, suspender el servicio eléctrico del contrato signado bajo el Nro. 100002152240.0 y se le ordene a la ciudadana MATILDE MARTÍNEZ CABRERA o MATILDE MARTÍNEZ DE OLIVIERO, abstenerse de poner en funcionamiento dicho portón.-
Ahora bien, para pronunciarse sobre la medida solicitada esta Juzgadora observa, que de la revisión del contenido de la demanda y de los recaudos consignados, se desprende que la parte actora solicita al Tribunal se sirva DECRETAR MEDIDA INNOMINADA, mediante la cual se le ordene CORPOELEC, Región Plaza y Zamora, suspender el servicio eléctrico del contrato signado bajo el Nro. 100002152240.0 y así mismo, se le ordene a la ciudadana MATILDE MARTÍNEZ CABRERA o MATILDE MARTÍNEZ DE OLIVIERO, abstenerse de poner en funcionamiento dicho portón.-
Seguidamente esta Juzgadora pasa a pronunciarse respecto a la Medida Cautelar Innominada solicitada por la parte actora.-
El Artículo 585 de Código de Procedimiento Civil, impone al Tribunal a los fines de que sea acordada la referida protección cautelar, examinar los requisitos de procedencia a saber;
1. Que existe presunción grave del buen derecho (fumus bonis iuris).-
2. Que exista riesgo manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva (Periculum in mora).-
3. Que se acompañe prueba de lo anterior.-
Por otra parte, el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, consagra la facultad del Juez para acordar las providencias cautelares que estime adecuadas, siempre que verificados los anteriores requisitos, exista el fundado temor de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación por la decisión que ponga fin al proceso.-
Esto no es otra cosa, que en cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar y el Juez podrá acordar las medidas que considere pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado; para garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva; sin embargo, para declarar o no su procedencia, corresponderá al juez verificar los extremos que la Ley exige y a su vez realizar un verdadero análisis de los hechos señalados y probados por el solicitante, para constatar si se hace necesario decretar la medida solicitada, quiere decir entonces que se hace imperante para el juez precisar si el daño o la amenaza de que se produzca es posible en la realidad, y establecer la certeza de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, la existencia de un peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho; en otras palabras, que se den las condiciones de la providencia cautelar a saber;
1º la existencia de un derecho.-
2º el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho.-
De manera pues, que para decretarse la medida no solo debe evaluarse la apariencia de certeza de credibilidad del derecho invocado, sino que es necesario determinar si las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante se desprende el peligro de infructuosidad de ese derecho. En el caso de las medidas cautelares innominadas se hace necesario además, tomar en cuenta consideraciones procesales, como las expresadas por RAFAEL NARCISO ORTIZ ORTIZ (las medidas cautelares innominadas, Estudio Analítico y Temático de la Jurisprudencia Nacional, Paredes Editores, Caracas 1.999, Tomo 1, paginas 23 y siguientes), quien ha analizado profundamente los elementos, caracteres y requisitos de procedencia de las medidas innominadas y al efecto entre otras cosas ha expresado: “… Estas condiciones están expresamente previstas en la ley y constituyen el límite de discrecionalidad judicial para decretar y ejecutar la medida.”-
Las medidas cautelares innominadas constituyen un tipo de medida y, como tal, están sujetas a la previsión genérica establecida en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro de infructuosidad del fallo, conocido normalmente como periculum in mora y la verosimilitud del derecho a proteger que se conoce con la denominación latina de fumus boni iuris. Sin embargo, el legislador procesal venezolano, ha sido mas estricto en cuanto a la procedencia de las cautelares innominadas, puesto que aunado a los anteriores requisitos se le suma la exigencia del parágrafo primero del mismo artículo 588, esto es el peligro inminente de daño que hemos bautizado con el nombre de Peliculum in dami recordando su mas remoto antecesor, la cautio Per Damni infecti que formaba parte de la stipulatio en Roma para garantizar la eficacia del proceso que debería iniciarse frente al iudex.-
Profundizando su análisis en cuanto al peligro inminente de daño, el citado autor señala:
…” El peligro inminente de daño lo hemos denominado Pelicurum in Damni por cuanto, de nuestras investigaciones encontramos que el antecedente mas remoto no esta en la figura de los interdictos pretorianos o en el secuestro, sino en las stipulaciones, entre las cuales se encontraba la stipulatio cautio per damni infecti y la cautio per iudicatum solvi, que consistía justamente en el acuerdo que presentaban las partes al iudex de no infringir daño a la otra parte mientras estuviera en litigio.-
En este sentido las medidas cautelares están íntimamente emparentadas con la “cautio iudicatum solvi” confirmándose nuestra tesis que esta institución es su mas claro antecedente, pues como se recordará la cautio iudicatium solvi era un régimen de garantía mediante el cual las partes aseguraban el cumplimiento de la sentencia y se encontraba inserta en las llamadas stipulaciones pretorie, y mas concretamente la llamada “cautio damni infecti”, esto es, la garantía de no causar daño en el derecho de los litigantes una vez declarado en la sentencia. Este temor de daño inminente no es una simple denuncia ni una mera afirmación sino que debe ser serio, probable, inminente y acreditado con hechos objetivos. El texto procesal es enfático al requerir el cumplimiento del requisito al emplear la expresión “... siempre y cuando las partes...”, demostrar que es una condición necesaria para la procedencia de la cautelar.”-
En criterio de quien aquí decide que, en nuestra legislación, no se presume la insolvencia del deudor, ni la demora en los juicios es lo suficientemente capaz como para fundamentar, sin mas, el dictado de una medida cautelar sino que, por el contrario, el elemento del peligro en la demora debe estar acreditado en los autos, a través de una comprobación sumaria que la persona sobre la cual se dicta la medida pretende insolventarse, o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; implica, además, la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictarse acaecerá fatalmente el riesgo que se teme.-
Así mismo, se estima que la solicitud de la medida debe ser autosuficiente, es decir, debe contener de manera clara la medida solicitada y, de especial manera, la indicación y el análisis de la lesión temida y la señalización de la prueba que demuestra tal lesión; ya que las medidas cautelares tienen como objetivo evitar un daño en la esfera patrimonial o personal de los litigantes y nadie mas que la parte afectada por la lesión para la indicación y demostración de los hechos que configuran su interés cautelar. Por otro lado los Jueces están sometidos al principio dispositivo y de ninguna manera pueden actuar de oficio salvo que se trate de orden público, moral y buenas costumbres, o de alguna disposición expresa de la ley; es una obligación para los Jueces no permitir ni permitirse ellos mismos extralimitaciones de ninguna especie que coloquen a las partes en ventaja procesal con respecto a la otra, tratando de mantenerlas en igualdad de condiciones.-
Como antes se dijo, además de la explanación de los motivos que justifican la adopción de la medida, esto es, la indicación del Periculum in mora, fumus boni iuris y el Pelicurum in Damni debe existir una actividad probatoria por parte del solicitante para llevar a conocimiento del Juez tal necesidad; en este sentido no es suficiente con señalar que existe peligro de daño o lesión, debe existir la prueba de que efectivamente ello es así, por lo que previo análisis de los hechos en que se fundamenta la demanda y de los recaudos consignados; concluye que en este caso los requisitos del Periculum in mora, fumus boni iuris y el Periculum in Damni no se encuentran cumplidos, debido a que, la solicitud adolece de insuficiencia argumentativa y probatoria, que no cumple con las cargas procesales en cabeza del solicitante, que este Tribunal no puede suplir de oficio, es decir, carece de la articulación necesaria y exhaustiva, y además no realiza el aporte de los elementos probatorios con indicaciones de los hechos que hagan presumir gravemente el fumus boni iuris, el Periculum in mora y el Periculum in damni, por lo que en consecuencia no se encuentran cumplidos los extremos de ley para el otorgamiento de la medida cautelar innominada solicitada, sin que este juicio preliminar objetivo se pueda ahondar pues ello implicaría pronunciarse sobre el fondo del problema debatido.-
Por las razones anteriormente expuestas, esta Juzgadora en virtud de observar que no se encuentran llenos los extremos de ley, acuerda celebrar previamente la Audiencia Constitucional de Amparo a los efectos de esclarecer la totalidad de los hechos acaecidos y así poder proceder acordar o no lo pertinente de dicha medida.- ASÍ SE DECIDE.-
No prejuzga este Tribunal con la presente decisión sobre el fondo del procedimiento, ni sobre posibles solicitudes de medidas que en un futuro puedan efectuar los interesados, sino sobre lo aquí analizado.-
LA JUEZ PROVISORIA,

Abg. ANA MARIA BONAGURO BLANCO
LA SECRETARIA TEMP,

Abg. NEREYDA HENRIQUEZ URES

AMBB/NHU/Neil.-
EXP: 3366-11.-

Abg. NEREYDA HENRIQUEZ URES, Secretaria Temporal del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien suscribe, CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslado fiel y exacto de sus originales, correspondiente a la decisión dictada por este Tribunal, en el expediente signado con el Nro. 3366-11, en la solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL incoado por NELSON REVERÓN GARCÍA, WILLIAMS JOSÉ MATTEY CELDEÑO y JOSÉ DE JESÚS FARAMAYAS TORRES contra MATILDE MARTÍNEZ CABRERA. Todo de conformidad con la Ley. En Guatire, a los 17 días del mes de Enero de dos mil Doce (2012). Años 201° y 152°.-
LA SECRETARIA TEMP,

Abg. NEREYDA HENRIQUEZ URES

NHU/Neil.-
EXP: 3366-11.-