REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA PARTE DEMANDANTE: Empresa Mercantil V.R. INVESTIGACIONES C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y el Estado Miranda, bajo el No. 100, tomo 57-A.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: CARLOS A. CARRIZO G. abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.050.- PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (ASOVET), Asociación sin fines de lucro inscrita por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Los Salias, bajo el No. 48, Protocolo Primero, Tomo 2. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: CARLOS R. MACHUCA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 93.213.- MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- SENTENCIA: PERENCIÓN ANUAL.- EXPEDIENTE: 23.064.- -I- El presente juicio se inicia por escrito libelar presentado ante el Juzgado Distribuidor de causas de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 30 de octubre del año 2002, por el profesional del derecho CARLOS A. CARRIZO G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.050, en representación de la Empresa Mercantil V.R. INVESTIGACIONES C.A., ampliamente identificada, mediante el cual demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO a la ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO (ASOVET) ya identificada. Admitida la demanda en fecha 18 de noviembre del año 2002, se emplazó a la parte demandada para que compareciera dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, con la finalidad de que diera contestación a la demanda. Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal procede a hacerlo en los términos siguientes: -II- Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la Perención de la Instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes. La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el artículo 267 del texto legal mencionado. En concordancia con la disposición antes transcrita, el artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente. Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 18 de noviembre del año 2002. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que daría según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que la última actuación acaeció en fecha 04 de noviembre del año 2003. Después de esa fecha la causa se ha mantenido inactiva por más de ocho (08) años, cumpliéndose así el presupuesto general de la disposición contenida en el artículo 267 antes mencionado y así se decide. -III- Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 eiusdem. Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 de la Norma Adjetiva, déjese copia certificada de la anterior sentencia. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques, . Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZA TITULAR ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA TITULAR JENIFER BACALLADO En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las __________________. LA SECRETARIA TITULAR EMQ/JB/SAGL.- JENIFER BACALLADO Exp. N° 23.064.-