REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO LOS TEQUES

Los Teques, 21 de marzo de 2012
201° y 152°

Causa Nro. 1M-379/12
JUEZ: Abg. ELENA VICTORIA PRADO RIVERO
SECRETARIO: Abg. MARIO HERNANDEZ.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

FISCAL: Abg. DERLY MARIANY PIMENTEL DE JESUS, Fiscal Décima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

ACUSADO: ZAMBRANO TORREALBA ENMANUEL JOSE.

DEFENSA: Abg. JANETH GUARIGLIA RANGEL

DELITO: ROBO AGRAVADO

REVISION DE MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACION DE LIBERTAD


Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento en relación a la solicitud presentada ante la Oficina de Alguacilazgo en fecha 09/03/12 recibida por esta Juzgadora en fecha 16/03/12, suscrita por la abogada JANETH GUARIGLIA RANGEL, en su condición de Defensora Pública Penal del imputado ZAMBRANO TORREALBA ENMANUEL JOSE titular de la cédula de identidad V-19.015.390, quien se encuentra privado de su libertad, por estar incurso en la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 458 del Código Penal en aplicación con la agravante del artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; solicitud efectuada con fundamento en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, donde requiere la REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, decretada mediante decisión emanada del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito y Sede, a los fines de dictar pronunciamiento al respecto se observa que:

PRIMERO: En fecha sábado tres (03) de diciembre de 2011, se llevó a efecto el acto de Audiencia Oral para oír al imputado en donde el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal y sede, luego de oír a las partes, entre otros pronunciamientos impuso al ciudadano ZAMBRANO TORREALBA ENMANUEL JOSE titular de la cédula de identidad V-19.015.390, la medida cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad; por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 458 del Código Penal en aplicación con la agravante del artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente y acordó continuar la causa por el procedimiento ABREVIADO conforme a lo establecido en el último aparte del articulo 372 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como se evidencia de los autos.-

SEGUNDO: En fecha lunes nueve (09) de enero de 2012 ingresa la causa signada con el N° 3C-9036-11 a este Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio donde se acordó darle entrada en los libros correspondientes, siéndole asignado el Nº 1U-379/12. En esa misma fecha se acordó fijar el ACTO DE JUICIO ORAL Y PUBLICO para el día lunes 30/12/2011 a los fines de la Constitución del Tribunal Mixto.-

TERCERO: En fecha lunes treinta (30) de enero de 2012 la Abg. MARYURI ESPERANZA BORGES a los fines de cubrir a partir del 25/01/12 a la Abg. ROSA ELENA RAEL MENDOZA Juez adscrita a este Tribunal, con motivo del disfrute de sus vacaciones legales, se aboca al conocimiento de la causa. En esta misma fecha se acuerda diferir el Acto de Juicio Oral y Público para el día martes 07/02/12, en vista que no se hizo efectivo el traslado del imputado por parte del Internado Judicial de los Teques.-

CUARTO: En fecha jueves veinticuatro (24) de febrero de 2012 la Juez suscrita se aboca al conocimiento de la presente causa, en virtud que en fecha 01-02-12 fui convocada mediante Oficio Nº 0200-12, para cubrir la ausencia temporal de la Abg. ROSA ELENA RAEL MENDOZA Juez Primera de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal con sede en los Teques, con motivo del disfrute de sus vacaciones legales correspondiente al periodo 2005-2006 y 2010-2011; debido a la renuncia como Juez Suplente de la Abg. MARYURI ESPERANZA BORGES, quien inicialmente fue convocada asumiendo esta el cargo desde el día 26-01-12 hasta el día 06-02-12; es por lo que a partir del día Martes 07 de febrero de 2012 comienza a conocer como Juez Suplente de las causas cursantes a este Tribunal, hasta la fecha en que la ciudadana Jueza Titular del despacho Abg. ROSA ELENA RAEL MENDOZA se reincorpore a sus funciones. En esta misma fecha se acordó diferir el acto de Juicio Oral para el día 06/03/12 en virtud que en fecha 07/02/2012 este Tribunal resolvió no dar despacho.-

QUINTO: En fecha martes seis (06) de marzo de 2012 se acordó diferir para el día 28/03/12, la realización del acto de Juicio Oral en vista que no se hizo efectivo el traslado del imputado por parte del Internado Judicial de los Teques, ni compareció la victima.-

Ahora bien, el Código Orgánico Procesal Penal, señala en el Titulo VIII, capitulo V, Del examen y Revisión de las medidas cautelares, y en tal sentido establece:

Artículo 264: Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.

En este sentido, es menester referir sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nro 2439 de fecha 01-08-05 bajo la Ponencia del Magistrado Luís Velásquez Alvaray, donde establecieron:

(omisis)La Sala advierte que, en efecto el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal dispone a favor del imputado el mecanismo atinente al examen y revisión de las medidas cautelares a los efectos de solicitar la revocatoria o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que considere pertinente, la cual es la vía idónea para lograr, que en el caso de autos se sustituya la medida cautelar de privación de libertad que pesa sobre el imputado, tal como fue señalado por el a quo en la sentencia consultada. (omisis).

Por lo que conforme a la norma antes transcrita y al fallo parcialmente expresado, el procesado puede cada vez que lo considere, solicitar la revisión de la medida que le fuere decretada en contra de su persona.

De igual manera, nuestra Constitución Nacional, así como, los Tratados, Pactos y Acuerdos Internacionales suscrito y ratificados por la Republica de Venezuela, han establecido que la libertad es la regla y la privación de la misma durante el proceso es la excepción; y esta última es decretada por el Juez cuando considera que el investigado no se va a someter al Proceso Penal en que este involucrado.

Por lo que es necesario destacar, que entre los derechos y libertades fundamentales del ser humano, el que, de siempre más ha sufrido los embates de la actividad represiva cuando no francamente autoritaria de los órganos del Estado, es el de la libertad personal cuya privación constituye una de las más graves irrupciones en la esfera de los derechos humanos del individuo, ya que la misma va seguida, casi irremisiblemente, de la privación o limitaciones de muchos otros derechos, como es el presente caso, donde la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el imputado de autos, lo limita a ejercer sus derechos.

Alega la profesional de derecho en su solicitud el principio de presunción de inocencia que asiste a su representado, el principio de afirmación de libertad y el respeto a la dignidad humana, tales alegatos los hace la defensa sin tomar en consideración las circunstancias que motivaron la imposición de la medida de privación judicial preventiva de libertad, fundamentando la solicitud en elementos que no desvirtúan las circunstancias que dieron lugar a la decisión del Juzgado Tercero en función de Control, mediante la cual privó de libertad al hoy imputado; es decir, el peligro de fuga y la magnitud del daño causado; además considera esta juzgadora que aún existe el peligro de fuga, toda vez que la pena probable en caso que resultare condenado sería superior a diez (10) años; por lo que estima quien aquí decide que en el presente caso estamos en presencia de uno de los supuestos de excepción autorizados por el legislador para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad; por lo que no se estaría vulnerando el derecho a la libertad ni la presunción de inocencia del imputado; estando esta medida dentro de los parámetros de la proporcionalidad, y que no han variado las circunstancias que ameritaron la privación de libertad del acusado; en consecuencia considera quien aquí decide que en virtud del delito por el cual ha sido acusado el prenombrado ciudadano, de la magnitud del daño causado; la medida cautelar que le ha sido impuesta al mismo, es la idónea para garantizar las resultas del proceso y su sujeción al mismo; por lo que lo procedente y ajustado a derecho es mantener y ratificar la medida de privación judicial preventiva de libertad del acusado dictada por el Juzgado Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal y sede.

Ahora bien, se evidencia que desde la fecha en la cual el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control de éste Circuito Judicial Penal, decretó la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado de marras; es decir, 03/12/2011, hasta la presente fecha, han transcurrido tres (03) meses y dieciocho (18) días; tiempo éste que ni sobrepasa la pena mínima prevista para el delito por el cual esta siendo procesado, ni excede del plazo de dos (02) años, en consecuencia, considera quien aquí decide, que debe mantenerse la medida privativa judicial de libertad y asumir desde ya la celeridad que el caso requiera, ya que en la presente causa aún no podemos hablar de RETARDO PROCESAL. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En razón de los argumentos antes esgrimidos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, con sede en los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: Una vez revisada la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesa en contra del ciudadano ZAMBRANO TORREALBA ENMANUEL JOSE titular de la cédula de identidad V-19.015.390, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara SIN LUGAR LA SOLICITUD presentada por la abogada JANETH GUARIGLIA RANGEL en su condición de defensora pública penal del acusado, en el sentido que se le otorgue una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad menos gravosa que la impuesta; por considerar que se mantienen incólumes los supuestos establecidos en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Segundo: Se RATIFICA la medida judicial privativa de libertad que pesa sobre el imputado ZAMBRANO TORREALBA ENMANUEL JOSE titular de la cédula de identidad V-19.015.390. Notifíquese a las partes conforme al artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal.-

Regístrese y Publíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión. En los Teques, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año 2012. Años 201° y 152°.
LA JUEZ SUPLENTE DE JUICIO

Abg. ELENA VICTORIA PRADO RIVERO
EL SECRETARIO

Abg. MARIO HERNANDEZ
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo acordado en la presente decisión y así lo certifico.
EL SECRETARIO

Abg. MARIO HERNANDEZ













CAUSA N° EVPR/evpr-mh.