TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 01 de marzo de 2012
201° y 153°

JUEZ PROFESIONAL: DR. RICARDO RANGEL AVILÉS.-
SECRETARIA: ABG. ERIKA GARCÍA GONZALEZ.-

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

FISCAL: DR. ALEXIS RAFAEL ANSELMI LANDAETA; en su carácter de Fiscal Décimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con competencia en régimen penitenciario y ejecución de sentencias.-
DEFENSA PÚBLICA: DRA. DEISY CASTRO, Defensora Público Penal.-
PENADO: RODURGUEZ ROMERO DARWIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.930.601, de nacionalidad venezolana, natural de Los Teques, Estado Miranda, de profesión u oficio obrero, residenciado en: Barrio Retamal, Sector Los Javillos, casa N° 39, Los Teques, Municipio Guaicaipuro, Estado Miranda. -
DELITO: ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal Venezolano.-
PENA: SEIS (06) AÑOS DE PRISIÓN.-

En fecha 01/03/2012, se recibió expediente distinguido con el N° 4E228-12, seguido al ciudadano RODRIGUEZ ROMERO DARWIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.930.601; procedente del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06 de éste Circuito Judicial Penal y sede; al respecto éste Juzgador pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Primero: De la exhaustiva revisión de las actuaciones que conforman la causa signada bajo el N° 4E228-12, se desprende que en fecha 09/01/2012, se realizó por ante el mencionado Juzgado, Audiencia Preliminar; oportunidad en la cual se le impuso al ciudadano RODRIGUEZ ROMERO DARWIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.930.601, el procedimiento especial de admisión de los hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En virtud de lo expuesto, el Tribunal en referencia, condenó al ciudadano precedentemente identificado, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISIÓN, por ser responsable de la comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal Venezolano; procediendo a publicar la sentencia respectiva y ordenando además en esa misma fecha, remitir las actuaciones al Tribunal de Ejecución correspondiente.-
Segundo: En el acta de la Audiencia Preliminar en su parte in fine establece, que las partes quedan debidamente notificadas de lo acordado, en atención al artículo 175 ejusdem.-
Tercero: En fecha 09/01/2012, se publica la Sentencia Condenatoria del ciudadano RODRIGUEZ ROMERO DARWIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.930.601; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 376 del texto adjetivo penal; fallo en el cual se ordenó además, la remisión de las actuaciones al Tribunal de Ejecución correspondiente.-
Cuarto: En fecha 23/02/2012, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06, libra oficio N° 148-12 dirigido al Jefe de la Oficina de Alguacilazgo, remitiendo el expediente, con el objeto de su distribución en un Tribunal en funciones de Ejecución; correspondiendo su conocimiento a éste Tribunal.-
Ahora bien, del contenido del acta de la Audiencia Preliminar, se observa que efectivamente el ciudadano: RODRIGUEZ ROMERO DARWIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.930.601, fue Condenado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06 Circunscripcional, por aplicación del procedimiento especial de admisión de los hechos; a tenor de lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; No obstante lo anteriormente expuesto, observa quien aquí decide, que la redacción del texto íntegro de la sentencia fue publicado en fecha 09/01/2012; de cuyo contenido, no consta la orden de librar las boletas de notificación a la victima, lo cual evidentemente lo coloca en un estado de indefensión; más aún cuando de las actuaciones se desprende que en el cómputo de secretaría, no se indica expresamente la fecha en que las partes fueron notificadas en forma individual, ni señala cual fue el último de los notificados, pues se limita únicamente a indicar la fecha de publicación de la sentencia y se hace mención del vencimiento del lapso para que las partes ejerzan sus recursos, a partir de la publicación del texto íntegro de la Sentencia, es decir no se señala cuando quedaron notificadas las partes de la publicación del texto de la sentencia, ni cuando se inicio el lapso para realizar la solicitud de aclaratoria o ejercer la apelación, si fuere el caso; todo lo cual no permite tener la certeza, del momento preciso en que se inician los lapsos a los fines de ejercer los recursos correspondientes; siendo el caso, que la víctima no asistió a la audiencia preliminar ni fue debidamente notificada de la publicación del fallo de fecha 09/01/2012, sin embargo, se remiten las actuaciones a la Oficina de Alguacilazgo, a los fines de su distribución, ante un Tribunal de Primera Instancia en funciones de Ejecución; motivo por el cual se desprende que la sentencia proferida en fecha 09/01/2012, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06 de éste Circuito Judicial Penal y sede, cuyo texto fue publicado en esa misma fecha, no se encuentra definitivamente firme, en los términos de ley. Y así se declara.-

Al respecto el artículo 178 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Las decisiones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, cuando no procedan o se hayan agotados los recursos en su contra…”

Por su parte, el artículo 479 ejusdem, establece expresamente, la competencia de los Tribunales de Ejecución, siendo del tenor siguiente:
“…Al tribunal de ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia conoce de:

1.- Todo lo concerniente a la libertad del penado, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena;

2.- La acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona;

3.- El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines, entre otras medidas, dispondrá las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control.”.

En ese orden de ideas, el artículo 480 ejusdem, consagra:
“El tribunal de control, o el de juicio, según sea el caso, definitivamente firme la sentencia, enviará el expediente junto al auto respectivo, al tribunal de ejecución, el cual remitirá el cómputo de la pena al establecimiento penitenciario donde se encuentre el penado privado de libertad…” (Subrayado y Negrillas del Tribunal).-

De las normas antes transcritas se observa que es deber del Juzgador, bien sea en funciones de Control o Juicio, según corresponda, remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución una vez que la sentencia proferida se encuentre definitivamente firme; bien porque fue confirmada por la alzada respectiva; o bien porque vencieron los lapsos procesales sin que las partes ejercieran recurso alguno en su contra; sin embargo, en el caso de marras se desprende que la sentencia no se encuentra en esas condiciones; toda vez que la victima no ha sido notificada de la publicación de la sentencia efectuada en fecha 09/01/2012; todo lo cual imposibilita a este Juzgador a dictar el auto de ejecución y cómputo de la pena impuesta; en aras de resguardar la Garantía del Debido Proceso, muy especialmente el Derecho a la Defensa; consagrado en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el contenido del artículo 120 numerales 2 y 7 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara.-

Al respecto, el último aparte del artículo 64 de la norma adjetiva penal vigente, establece lo siguiente:
“… Corresponde al tribunal de ejecución velar por la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas…”. (Subrayado y negrillas nuestras).

De igual forma, el tercer aparte del artículo 532, contempla las funciones jurisdiccionales, y textualmente señala:
“… Los jueces de ejecución de sentencia velarán por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en la sentencia, vigilando y haciendo respetar los derechos humanos del penado consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República y en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas…”.-

En tal sentido, el juez de ejecución constituye una instancia especialísima que garantiza al penado su reinserción en la sociedad (controlando y vigilando el adecuado régimen penitenciario) como fin de la pena, el respeto de los derechos que le otorgan las leyes nacionales e internacionales, el otorgamiento de los beneficios y fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, siendo que su función comienza después que se ha dictado contra reo o rea una sentencia condenatoria definitivamente firme; lo cual no es el caso de marras.-
Se trata pues, de “…un juez con funciones específicas que va a tener por norte el manejo, control y evaluación del penado a los efectos de que busque el cumplimiento de su pena, sin que medien las violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, en la búsqueda de su reincorporación a la sociedad como elementos útiles, entre otras cosas, por el estímulo a la consecución de los beneficios que la propia ley adjetiva les concede…”, y así lo sostiene el profesional del derecho ARQUÍMIDES GONZALEZ FERNANDEZ, en su obra “CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL CON PRÁCTICA FORENSE”, páginas 704 y 705.-

El artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“... En cualquier estado del proceso el tribunal que esta conociendo de un asunto podrá declinarlo mediante auto motivado, en otro tribunal que considere competente....” (Negrillas y subrayado del Tribunal).

El artículo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales o administrativas, en consecuencia:
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley…”(Negrillas del Tribunal).-

La norma adjetiva penal estable en su artículo 120 de los Derechos de la víctima:
Quien de acuerdo con las disposiciones de este Código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido o constituida (sic) como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos:
1. Presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en este Código.
2. Ser informada de los resultados del proceso, aun cuando no hubiere intervenido en él.
3. Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.
4. Adherirse a la acusación de el o de la Fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado o imputada en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes de instancia de parte.
5. Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.
6. Ser notificada de la resolución de el o la Fiscal que ordena el archivo de los recaudos.
7. Ser oída por el tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.
8. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

Por su parte, el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone lo siguiente:
“La incompetencia por la materia debe ser declarada por el Tribunal de oficio, o a solicitud del Ministerio Público o del imputado…” (Negrillas y subrayado nuestro).-

En consecuencia, estima este Juzgador que en el caso de marras, carece de competencia funcional para ejecutar la sentencia, por tratarse de una decisión que no se encuentra definitivamente firme, por no haber sido notificada la víctima de la publicación del texto íntegro de la Sentencia, y sin embargo, fue remitida la causa a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución; razón por la cual, este Tribunal se DECLARA INCOMPETENTE POR LA MATERIA, PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida al ciudadano: RODRIGUEZ ROMERO DARWIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.930.601, y en tal sentido DECLINA LA COMPETENCIA de la misma, al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de los Teques, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 numeral 4 Constitucional y en los artículos 64 último aparte, 119 numerales 2 y 7 479, 480, 532 último aparte, 67 y 77 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Remítase las presentes actuaciones. Y Así se declara.-

DECISIÓN:
Por los razonamiento anteriormente expuestos, éste Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Ejecución N° 04 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley; se DECLARA INCOMPETENTE POR LA MATERIA, PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida al ciudadano RODRIGUEZ ROMERO DARWIN, titular de la cédula de identidad N° V-19.930.601; al considerar que carece de competencia funcional para ejecutar una sentencia que no se encuentra definitivamente firme; y en tal sentido se DECLINA LA COMPETENCIA de la misma, al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en la Ciudad de los Teques, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 numeral 4 Constitucional y en los artículos 64 último aparte, 120 numerales 2 y 7, 479, 480, 532 último aparte, 67 y 77 todos del Código Orgánico Procesal Penal. Remítase la presente causa con oficio al Tribunal en cuestión.-
Notifíquese a las partes, conforme al único aparte del Artículo 175 ejusdem.-.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada. Cúmplase.-
El Juez

Dr. Ricardo Rangel Avilés
La Secretaria

Abg. Erika García Gonzalez
Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede. Y así lo certifico.-
La Secretaria

Abg. Erika García Gonzalez

Causa: 4E-228-12
RRA/EGG/rr