TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy

Valles del Tuy, 27 de Marzo de 2012
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL: MP21-P-2012-001048

RESOLUCION JUDICIAL (REVISION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD)

En el día de hoy, este Juzgado, luego de revisada la causa seguida al ciudadano ROBERTO ANTONIO SALCEDO CAMPOS, signada con el número MP21-P-2012-001048, para decidir observa:

En fecha 14 de febrero de 2012, se celebro la audiencia oral en contra de los ciudadanos ROBERTO ANTONIO SALCEDO CAMPOS, por la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Publico, por la comisión del delito Ocultación de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en dicha audiencia este Juzgado decreto Medida Privativa de Libertad, por estar llenos los extremos del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Hasta la presente fecha no fue presentada el correspondiente escrito acusatorio, ni acto conclusivo alguno, por parte de la Fiscalia Décima Sexta del Ministerio Publico, ni solicitada la prorroga, a los fines de presentar el correspondiente acto conclusivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44 Ordinal 1º último aparte establece el Juicio en Libertad en concordancia con la Ley adjetiva penal, como lo es el Código Orgánico Procesal Penal, Título VIII, De las Medidas de Coerción Personal, Capítulo I “Principios Generales, en su artículo 243 y siguientes, norma de aplicación inmediata, establece:

Artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, consagra:
“Estado de Libertad: Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible, permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones establecidas en este Código...”

Igualmente al citar los artículos 26 y 49 ordinal 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual copiados textualmente es del tenor siguiente:

Artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece:
“... El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, establece:
“El debido proceso se aplicará todas las actuaciones judiciales...2). Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario…”

Artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“Presunción de Inocencia: Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante Sentencia Firme.”

Artículo 9 Código Orgánico Procesal Penal, señala:
“Afirmación de la Libertad: Las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pude ser impuesta”.

Aunado a lo anteriormente expuesto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la novena conferencia Internacional Americana (Bogotá-Colombia, 1948); en su Capítulo Primero, Artículo XXV, establece:
“Nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.
Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.
Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida, y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

Igualmente, la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, aprobada en la conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22 de Noviembre de 1969, dispone en el artículo 7 lo siguiente:
“Derecho a la libertad Personal:
2.- Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conformes a ellas.
3.- Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario”.

Es conocido tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en todos los tratados y convenios internacionales suscritos por la misma, la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, derecho humano fundamental dentro de todo proceso penal, suponiendo ciertas circunstancias para la aplicación de medidas de coerción, ofreciendo una serie de medidas de protección, tanto para garantizar que a los individuos no se les prive de su libertad de forma ilegal o arbitraria como para establecer salvaguardias contra otras formas de abuso que puedan sufrir los detenidos. Algunas de estas normas son aplicables a todas las personas privadas de libertad, sea o no en relación con una infracción penal, mientras que otras sólo lo son a las personas detenidas en relación con infracciones penales.

El corolario fundamental del derecho a la libertad es la protección contra la detención arbitraria o ilegal. A fin de proteger el derecho a la libertad, las normas internacionales, como el artículo 9 de la Declaración Universal, afirman:
“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido...”. Esta garantía básica es aplicable a todas las personas, incluso las que están detenidas acusadas de haber cometido alguna infracción penal...”.

El hecho de que una persona en detención preventiva sea puesta en libertad porque su proceso no ha dado comienzo en un tiempo razonable no significa que se retiren los cargos, sino que ha pasado a la situación de libertad en espera de la continuación del proceso.

En nuestra norma adjetiva penal se establece no sólo la presunción de inocencia, la afirmación de libertad sino que además el artículo 1 refiere el juicio previo y el debido proceso y que este se realice sin dilaciones indebidas y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República, estableciendo en dicho artículo el control de la constitucionalidad inserto en el artículo 19 del mismo texto adjetivo penal que nos rige, y que los jueces debemos velar por la incolumidad de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sobre el derecho a la inocencia, refiere el autor: Orlando Alfonso Rodríguez, en su libro “La Presunción de Inocencia”, Pág. 151, lo siguiente:
“…El derecho a la presunción de inocencia, además de su obvia proyección objetiva como límite de la potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas vigentes, opera su eficacia en un doble plano: 1.-Por una parte, incide en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de carácter delictivo, y determina por ende el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos vinculados a hechos de tal naturaleza; y 2.- Por otro lado, despliega su virtualidad, fundamentalmente, en el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. Desde este punto de vista, el derecho a la presunción de inocencia significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. Además, significa que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas. Significa, asimismo, que la carga de la actividad probatoria pese sobre los acusadores y que no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia…”.

Considera este Juzgado que estos enunciados son de vital importancia, por cuanto son el fundamento legal para la excepción de privación preventiva de libertad, estableciendo la legalidad del régimen de restricción de libertad y de privación de la misma. En consecuencia, todo lo que se aplique o intérprete fuera del ámbito de estas normas en cuanto a este régimen es totalmente ilegal, y tomando en consideración que en la causa seguida al ciudadano ROBERTO ANTONIO SALCEDO CAMPOS, a pesar de la gravedad del hecho presuntamente cometido, la cantidad de sustancia ilícita, incautada, tal como se desprende del acta de colección de muestra y entrega de evidencia física, cursante en las actuaciones, ya que hasta la presente fecha no cursa la correspondiente experticia química a la sustancia en cuestión, la Fiscalía del Ministerio Publico, no presento el acto conclusivo, ni solicito la correspondiente prorroga, viéndose este Juzgador, en la imperiosa obligación, de revisar la Medida Privativa de Libertad, dictada en fecha 14 de febrero de 2012, por el mal actuar de la Vindicta Publica, quien omitió los lapsos legales, que es deber de este Tribunal garantizar, a pesar, como en el presente caso, signifique otorgar una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en un caso donde existían los elementos necesarios para mantener la Medida Privativa de Libertad, en virtud de lo expuesto anteriormente, se acuerda MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, conforme a lo dispuesto en el articulo 256 ordinal 3, 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la presentación periódica ante el Juzgado de Control cada Quince (15) días, y prohibición de salir del Estado Bolivariano de Miranda, hasta tanto concluya el proceso que se sigue en su contra, y la presentación de Dos (2) fiadores, que devenguen cada uno un salario igual o superior a TREINTA (30) UNIDADES TRIBUTARIAS, en caso de incumplimiento a la medida aquí acordada, se procederá de inmediato a revocar dicha medida, conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy, acuerda revisar la medida privativa de libertad, dictada en fecha 14 de febrero de 2012 y en su lugar se acuerda Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, al ciudadano ROBERTO ANTONIO SALCEDO CAMPOS, conforme a lo dispuesto en el articulo 256 ordinal 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la presentación periódica ante el Juzgado de Control cada treinta (30) días, y prohibición de salir del Estado Bolivariano de Miranda, hasta tanto concluya el proceso que se sigue en su contra, y la presentación de Dos (2) fiadores, que devenguen cada uno un salario igual o superior a TREINTA (30) UNIDADES TRIBUTARIAS, de igual forma se deja constancia que en caso de incumplimiento a la medida aquí acordada, se procederá de inmediato a revocar dicha medida, conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal. Observando al Ministerio Público, que en lo subsiguiente sea más cuidadoso con los lapsos procesales, a los fines de evitar que los Tribunales en funciones de Control, nos veamos en la imperiosa necesidad de revisar Medidas Privativas de Libertad, en casos tan graves como la presente causa, a los fines de evitar la impunidad.
EL JUEZ TERCERO DE CONTROL (E)

ROBINSON SUAREZ ROMANO
EL SECRETARIO

JOSE LUIS DIAZ

Líbrese la correspondiente notificación, al Fiscal del Ministerio Publico, a la defensa.
EL SECRETARIO

JOSE LUIS DIAZ