TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 05 de noviembre de 2012
202° y 153°

CAUSA N° 1E-240/12

JUEZ: NÉLIDA IRIS CONTRERAS ARAUJO, Juez de Primera Instancia en Funciones de Ejecución No. 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.-

SECRETARIA: CAROLINA VENTO GARCÍA, Secretaria Adscrita al Pool de Secretarios del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda.-

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

FISCAL: Fiscal Décimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con competencia en régimen penitenciario y ejecución de sentencias.

PENADO: PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, venezolano, natural de Caracas, Distrito Capital, nacido el día cinco (05) de febrero del año mil novecientos setenta y tres (1973), hijo de Gloria Margarita Meléndez de González y Pedro José González Ascanio, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, con octavo grado de educación básica aprobado como grado de instrucción, de oficio obrero de construcción, y con último domicilio en el barrio Alberto Ravel, callejón Alambique, frente al Club Centro de Amigos, casa número 26, Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Bolivariano de Miranda.

DEFENSA: REGINA LAYA, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del estado de Miranda, con sede en Los Teques.

DELITO: OCULTACIÓN DE DROGAS AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
PENA IMPUESTA: SEIS (06) AÑOS DE PRISIÓN.

A los fines de pronunciarse este órgano jurisdiccional en relación a la medida alternativa de cumplimiento de pena Régimen Abierto a favor del ciudadano PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, quien cumple pena en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I, como lo establece el artículo 479.1 y 500 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, visto el informe respecto de evaluación practicada al antes mencionado, por el equipo técnico adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, y de los recaudos necesarios, este Tribunal observa:
I
DE LA CAUSA
El ciudadano PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, en fecha 27 de enero de 2012, fue condenado por el Tribunal Segundo de Juicio Circunscripcional, publicó el texto íntegro de la sentencia dictada, donde condena previa admisión de los hechos, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISIÓN, y pena accesoria contempladas en el artículo 16 numeral 1 del Código Penal, por ser autor y responsable de la comisión del delito de ocultación de drogas, agravado, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
En fecha 02 de marzo de 2012, se recibe la presente causa en este Tribunal de Ejecución nro. 01 de este Circuito Judicial Penal y Sede.

En fecha 06 de marzo de 2012, este Tribunal ejecutó el fallo dictado y publicó cómputo de la pena impuesta, precisando además, las distintas fechas a partir de las cuales el condenado opta a las distintas fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.

En la fecha 30 de marzo de 2012, el penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, se dio por notificado del auto de ejecución de la pena emitido por este Tribunal y las distintas fechas a partir de las cuales el condenado opta a las distintas fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.

En la data 06 de marzo de 2012, este Tribunal tramitó lo concerniente al acopio de lo necesario para emitir lo necesario para la medida de libertad anticipada de destacamento de trabajo, que según el cómputo realizado por este Tribunal podrá optar el penado de autos.

En data 24 de abril de 2012, se aboca de la presente causa penal, la jueza Nélida Iris Contreras Araujo, en virtud que en fecha 20 de marzo del año 2012, de conformidad a lo establecido en el artículo 535 del Código Orgánico Procesal Penal, acordó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, asignar de Juez Primera de Ejecución No. 01 con sede en Los Teques, y siendo que de conformidad con el oficio No. 0636/12 datado en fecha 20-03-2012, emanado de la presidencia del referido Circuito Judicial Penal, se precisó la fecha del lunes 09 de abril del año en curso a efectos de verificarse la rotación de los jueces de primera instancia de tal circuito Judicial Penal, asumiendo la referida juez suscrita, el mismo, asi se evidencia del acta No. 092 inserta al libro llevado a tales efectos por este órgano jurisdiccional.

En fecha jueves tres (03) de mayo de 2012, hizo acto de comparecencia el ciudadano LIENDO ARANGUREN JAVIER ANTONIO, titular de la cédula de Identidad No. V- 8.677.604, en su carácter de presidente dela cooperativa de los nuevos Teques, quien es ofertante del penado de autos, quien le ofreció el trabajo como chofer en esta cooperativa, que esta operativa desde hace seis (06) años, con un horario de 07:00am hasta 04:00pm, de lunes a domingo.

En la data 02 de mayo de 2012, se recibió informe de verificación de la oficina de alguacilazgo Circunscripcional cuyo informe de verificación, es efectivo de la carta de oferta de trabajo.

En la data 18 de mayo de 2012, se recibió oficio No. 282-12 de fecha 20 de abril de 2012, suscrito por el director de Yare I y consultor jurídico del centro penitenciario Región Capital Yare I, donde se evidencia que el penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, tiene conducta favorable y comportamiento.

En fecha 03 de julio de 2012, se recibió por ante este despacho judicial, los antecedentes penales del ciudadano PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058.

En la data 15 de agosto de 2012, se recibió informe de verificación de la oficina de alguacilazgo Circunscripcional cuyo informe de verificación, es efectivo de la carta de constancia de residencia.

En fecha 24 de agosto de 2012, se recibe por este órgano jurisdiccional certificado de clasificación de mínima seguridad del penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, y asimismo oficio signado con el No. 694-12, fechado 01-08-2012, suscrito por el director y consultor jurídico de del centro penitenciario Región Capital Yare I, donde se evidencia que el penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, no se evidencia que el mismo no tiene sanciones disciplinarias hasta la presente fecha.

En fecha 09 de octubre de 2012, este Tribunal realizó redención y computo de la pena al penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, dejando constancia de las distintas fechas a partir de las cuales el condenado opta a las distintas fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.

En fecha 25 de octubre de 2012, se recibe evaluación atinente al encausado de autos, procedente del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, realizada al penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058.

II
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, es de la competencia de los Juzgados en funciones de Ejecución, conocer sobre todo lo concerniente a la procedencia o no de las formulas alternativas de cumplimiento de pena y conmutación de la pena que correspondan a los penados, determinándose en tal sentido la facultad de éste órgano jurisdiccional para conocer de la presente causa.

Así mismo se atribuye dicha competencia a los Tribunales de Ejecución por vía jurisprudencial, de acuerdo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 292 Expediente Nº CC02-0195 de fecha 13/06/2002, de la cual se extrae:

“… De acuerdo con la competencia de los tribunales de ejecución, a éstos les corresponde no solamente la ejecución de la pena y las medidas de seguridad sino también todo lo relacionado con la libertad, las fórmulas alternativas para su cumplimiento, redención, conversión, conmutación, extinción y acumulación de las penas, es decir la vigilancia y el control del cumplimiento de las penas que fueron impuestas por el tribunal que emitió la sentencia. A su vez son competentes para velar por el cumplimiento del régimen penitenciario, a pesar de encontrarse recluido en un lugar distinto…”

Tal criterio sostenido por éste Tribunal en cuanto a su competencia para conocer en lo concerniente a las formas de extinción de las penas en un latu sensu, es igualmente reafirmado de manera pacífica y reiterada en jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Penal, Sentencia Nº 322 Expediente Nº 08-179 de fecha 01/07/2008, de la cuales entre otras cosas se establece:

“… todo aquello que tenga relación con la libertad del penado y las formas de cumplimiento de la condena, se le atribuyen como competencias expresas y exclusivas a los tribunales de Primera Instancia en funciones de Ejecución de conformidad, con lo dispuesto en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

Al quedar previamente establecida la competencia de éste Tribunal para conocer y pronunciarse sobre la procedencia o no de la fórmula alternativa de cumplimiento de pena, en relación al penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058.

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el ciudadano PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, fue condenado por el Tribunal Segundo de Juicio Circunscripcional, previa admisión de los hechos, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS DE PRISIÓN, y pena accesoria contempladas en el artículo 16 numeral 1 del Código Penal, por ser autor y responsable de la comisión del delito de OCULTACIÓN DE DROGAS AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Asimismo, y como se ha señalado supra, el penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, opta por una de las medidas alternativas de cumplimiento de pena establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, específicamente RÉGIMEN ABIERTO.
Sin embargo, observa quien aquí decide, que el penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, ha sido condenado por la comisión del delito de OCULTACIÓN DE DROGAS AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al ser incautada, la cantidad de cuarenta y dos con sesenta y cinco gramos positivo de cocaína y once con diez gramos, positivo de cocaína, con un total de cincuenta y tres con setenta y cinco gramos de cocaína, según consta de la experticia química correspondiente, suscrita por los experto químico Francy L. Blandin y Carlos Mora, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la Dirección de Toxicología forense; siendo un delito que se considera lesivo de bienes jurídicos fundamentales; en tal razón este Tribunal considera necesario señalar el criterio que ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en consonancia con los principios internacionales de cooperación para la lucha en contra de los delitos de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, en todas sus modalidades, que el mismo se trata de un delito de LESA HUMANIDAD y en consecuencia corresponde a uno de los delitos excluidos de la aprobación de beneficios; en tal sentido es relevante citar el contenido de la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia del magistrado FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO de fecha 28 de noviembre de 2008 que señala entre otras cosas lo siguiente:

“…Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía” (subrayado añadido).

Asimismo, es evidente que la referida sentencia obvió interpretaciones de la Constitución, efectuadas por esta Sala, con anterioridad al fallo impugnado, concretamente, interpretaciones de la precitada disposición constitucional.
Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara. Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron: Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal, estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad. A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes”. (Subrayado de la Sala).

Así mismo, debe señalarse el contenido de la sentencia de Sala Constitucional de fecha 27 de marzo de 2009 con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES, Sentencia Nª 349 la cual señala entre otras cosas lo siguiente:

“ … En consecuencia, los delitos relativos al Tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad. En tal sentido, no puede la Sala- como ningún otro órgano del poder judicial- dejar a un lado la realidad que perturba no solo a nuestra sociedad sino al mundo entero, en razón del incremento del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, ello a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno Nacional para combatir este tipo de delitos, que afecta no sólo a la estructura misma del Estado sino también a los cimientos de la sociedad. Por ello, resulta propicio resaltar el ineludible compromiso que poseen los órganos de administración de justicia en la lucha permanente contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. Se trata, entre otras cosas de la interpretación progresiva de la normativa legal que regula la materia. Amoldando la misma a la realidad que vive nuestra sociedad a fin de coadyuvar con los órganos de seguridad del Estado a combatir férreamente esta actividad delictual, sin que ello implique salirse del marco legal previamente establecido y, siempre resguardando los derechos y garantías de las personas dentro del proceso penal a que haya lugar. Debe insistir la Sala que los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentran un escalón por encima del resto de los delitos, por la gravedad que los mismos conlleva- se trata como antes se expresó de delitos de lesa humanidad-, es por ello que el trato que se les debe dar a los mismos no puede ser el de un delito común, sino por el contrario los jueces se encuentran en la obligación de tomar todas las medidas legales que tengan a su mano y que estimen pertinentes, para llegar a la verdad de los hechos y convertirse en un factor determinante en la lucha del mismo…” (negrillas y subrayado por el Tribunal)

En tal sentido, se hace necesario citar el contenido de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de noviembre de 2007 con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán en la cual se señala entre otras cosas lo siguiente:
“El Artículo 31 de la ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipifica varios delitos, que no tendrán ningún tipo de beneficio procesal. Tales delitos, los cuales se refieren tanto al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en forma genérica, como en sus distintas modalidades, son catalogadas por esta sala, como bien lo considero la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Lara, como de lesa humanidad… y por disposición propia del legislador no gozarán de beneficios procesales, por lo que los procesados y penados por esos tipos de hechos punibles, deben afrontar el proceso, en sus distintas fases, incluyendo la fase de ejecución, privados de la libertad. Se trata de una adopción por parte del legislador de la jurisprudencia pacífica de este Alto Tribunal referida a que no se puede conceder beneficio alguno a los delitos que atentan contra la salud física y moral del pueblo, como es el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, por lo que precisa, que a estos tipos de delitos no le es aplicable la suspensión condicional de la pena prevista en el artículo 60 de la ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…”

Por último, es importante mencionar y citar el contenido de la última sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de junio de 2012, con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELA MORALES LAMUÑO, expediente Nº 11-0548, en la cual se reitera y señala entre otras cosas lo siguiente:
“… en este mismo sentido, ha sido contundente y reiterada la jurisprudencia emanada de la sala (sic) Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien en sus diferentes sentencias ha dictaminado:
1) Sentencia signada con el Nro. 3421, de fecha nueve (09) de Noviembre de dos mil cinco (2005), emanada de la Sala Constitucional (…), en relación a los delitos de Lesa Humanidad indicó:
‘Los delitos de Lesa Humanidad se equiparan a los llamados Crimen Majestatis, infracciones__penales máximas, constituidas por crímenes CONTRA LA PATRIA O EL ESTADO Y QUE AL REFERIRSE A LA HUMANIDAD SE REPUTAN QUE PERJUDICAN EL GENERO HUMANO Y QUEDAN EXCLUIDOS DE BENEFICIOS Y MEDIDAS MENOS GRAVOSAS’ (subrayado de esta Corte de Apelaciones).
2) Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en su más reciente y novísima sentencia signada con el N°: 349, de fecha veintisiete (27) de Marzo del dos mil nueve (2009), (…) Dictaminó:
(...)
Debe insistir la Sala que los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se encuentran un escalón por encima del resto de los delitos, por la gravedad de los mismos conlleva -se trata como antes se expresó de delitos de lesa humanidad- , es por ello que el trato que se le debe dar a los mismos no puede ser el de un delito común, sino por el contrario los jueces se encuentran en la obligación de tomar todas medidas legales que tengan a su mano y que estimen pertinentes, para llegar a la verdad de los hechos y convertirse en un factor determinante en la lucha del mismo. No se trata de violentar el principio de la presunción de inocencia ni ningún otro derecho o garantía legal o constitucionalmente establecido, pues la aplicación de cualquier medida o decisión judicial debe hacerse de forma razonada y motivada respetando los derechos y garantías de los particulares. .’ (Negrita y subrayado de esta Corte de de Apelaciones).
(...)
Ahora bien, ciertamente la Sala ha catalogado el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en forma genérica, como en sus distintas modalidades, como lo consideró la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, como de lesa humanidad –ver sentencias números 1712/01, 1776/01 y 1114/06, entre otras- y por disposición propia del constituyente, no gozarán de beneficios que conlleven a su impunidad, conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual no hace distinción entre procesados y penados por esos tipos penales, por lo que se entiende, que deben afrontar el proceso, en sus distintas fases, incluyendo la fase de ejecución, privados de libertad; así como tampoco hace distinción entre los tipos de beneficios que les está negado aplicar a los jueces a quienes se encuentren incursos en este supuesto, pues de su contexto se desprende que abarca tanto los previstos dentro del proceso de juzgamiento como los establecidos en la fase de ejecución. Así se indica en el único aparte de dicha normativa constitucional, cuando establece:
“Artículo 29:
(…)
Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”
De manera que, precisa la Sala distinguir entre los beneficios que pueden ser dictados dentro de las tres primeras fase del proceso penal –investigativa, preliminar y de juicio- llamados procesales, y aquellos que pueden ser dictados en la fase de ejecución, llamados postprocesales, entendiéndose por los primeros todos aquellos que, aun cuando son restrictivos a la libertad, se consideran como menos gravosos a la privación de libertad, y que al otorgarse mejoran, considerablemente, la condición actual del procesado objeto de esta medida, encontrándose dentro de éstos las medidas cautelares que sustituyen a las de privación de libertad, y por los segundos, aquéllos que se dictan en la fase de ejecución, una vez que, sometido el encartado a un juicio previo, ha emanado del mismo una sentencia condenatoria definitivamente firme, encontrándose dentro de aquéllos la suspensión condicional de la suspensión de la pena, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras, entendiéndose que operan como beneficio, toda vez, que mejoran la situación del penado.
Ello así las restricciones que establece el constituyente para optar a los beneficios, tanto procesales como postprocesales, con respecto a ciertos delitos, responden a un interés legítimo de salvaguarda del interés social, contraponiéndolo al interés particular del contraventor, por lo que debe entenderse, no atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos, sino que intentan mantener el equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos.
Así pues, cuando el constituyente estableció la limitación para optar a los beneficios que puedan conllevar a la impunidad, en los casos de delitos de lesa humanidad, así como en los de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, no distinguió entre las dos categorías mencionadas anteriormente, entendiéndose, entonces que esta excepción opera en ambos casos, tanto en el otorgamiento de beneficios procesales como en el de los beneficios postprocesales. Ello es así, porque una de las fases en el cumplimiento de la pena es de carácter retributivo, entendiéndose por tal, la “finalidad de la pena, que trata de corresponder con el mal señalado en la ley al causado por el delincuente” (Manuel Osorio: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 1999, p. 881).
En ese mismo sentido se ha orientado la jurisprudencia pacífica de este Alto Tribunal, la cual se ha mantenido en el tiempo, como puede observarse en las sentencias números 1.485/2002, 1.654/2005, 2.507/2005, 3.421/2005, 147/2006, 1.114/ 2006, 2.175/2007, entre otras, las cuales fueron ratificadas en sentencias recientes, como las números 1.874/2008, 128/ 2009 y 90/2012, dirigidas a ratificar la imposibilidad de conceder beneficio alguno a los delitos que atentan contra la salud física y moral del colectivo, como es el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, en todas sus modalidades, por lo que se precisa, que a estos tipos penales no le es aplicable ninguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena, ni algún otro beneficio de los establecidos en el Capítulo Tres del Libro Quinto, referido a la ejecución de la pena, del Código Orgánico Procesal Penal, ni a la suspensión condicional de la pena prevista en el artículo 60 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, -aplicable ratione temporis en el presente caso- y en el 177 de la vigente Ley Orgánica de Drogas, que es un beneficio que se concede en la fase de ejecución del proceso penal, y que sí puede proceder en los casos del delito de posesión ilícita, previsto en el artículo 34 eiusdem, -ver sentencia de esta Sala número 2.175/2007, caso: “Jairo José Silva Gil”- y, actualmente, en el artículo 153 de la vigente Ley Orgánica de Drogas, el cual no tiene contemplado dicha limitante… (Subrayado y negrillas por la Sala Constitucional).
No obstante, son reiteradas las sentencias máximo Tribunal supremo de Justicia que consideran que el delito de drogas en todas de sus modalidades, específicamente el caso en concreto OCULTACIÓN DE DROGAS AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no se trata de un delito común, sino por el contrario estamos en presencia de un delito que es considerado de LESA HUMANIDAD, los delitos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y donde además tuvo presente el marco constitucional que vista la gravedad de los mismos se considera que son imprescriptibles, así como también hay que tener presente el contenido de los Tratados y Convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela donde figura el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, en el cual se establece de manera textual en su Artículo 7 lo siguiente:
“A los efectos del presente Estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque... otros aspectos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física a la salud mental o física…” (Subrayado del tribunal).

En efecto, el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:
«El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía». (Negrillas del tribunal)

El referido delito de OCULTACIÓN DE DROGAS AGRAVADO, ha sido catalogado tanto como por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la reiterada jurisprudencia nacional como por la doctrina, y jurisprudencia internacional como de LESA HUMANIDAD, en virtud de atentar contra bienes jurídicos fundamentales para la salud mundial y ser considerado un flagelo que ataca gravemente los cimientos de todas las sociedades, motivo por el cual las naciones han unido esfuerzos para su ataque y la lucha incansable en su contra, a través de convenciones y tratados internacionales en los cuales Venezuela ha sido partícipe y ha demostrado su empeño y preocupación por la lucha contra el narcotráfico en todas sus modalidades, razón por la cual nuestro Máximo Tribunal de Justicia a través de sus jurisprudencias ha hecho un llamado a la responsabilidad y compromiso de cada uno de los administradores de justicia a la toma de conciencia en cuanto a que nos encontramos delante de delitos que están por encima de cualquiera otro de los delitos ordinarios, sin que ello pueda entenderse como discriminación, por cuanto todos los delitos tienen una escala de gravedad según los bienes jurídicos que afecten, y es así como los delitos de tráfico de drogas y sus diferentes modalidades atentan contra bienes jurídicos fundamentales como es la salud mundial, razón por la cual los jueces están comprometidos en su lucha y erradicación.
Ahora bien, en el caso en concreto, al penado de autos, fue sentenciado por la comisión del delito de OCULTACIÓN DE DROGAS AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, siendo que, además de la entidad del delito cometido, la cantidad incautada de cuarenta y dos con sesenta y cinco gramos positivo de cocaína y once con diez gramos, positivo de cocaína, con un total de cincuenta y tres con setenta y cinco gramos de cocaína, según consta de la experticia química correspondiente, suscrita por los experto químico Francy L. Blandin y Carlos Mora, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la Dirección de Toxicología forense; por tanto, en aplicación al criterio discrecional que le es otorgado al Juez en funciones de Ejecución en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, como parte de su competencia, es decir es el Juez de Ejecución el llamado a determinar cual es la forma más apropiada para que los penados cumplan las penas impuestas, y en consonancia a la jurisprudencia patria e internacional, considera quien decide, que en el presente caso que el penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, debe permanecer privado de su libertad en cumplimiento de la condena impuesta, sin que ello obste que la defensa haga en lo adelante nuevas solicitudes y sean estudiadas nuevamente, es decir, que las consideraciones aquí expuestas pueden resultar modificadas ya que de eso se trata el sistema de progresividad y reinserción del penado que rige nuestro sistema penitenciario, en ir vigilando el cumplimiento de la pena y considerar las circunstancias del caso en cada oportunidad a los fines de considerar cual es el momento idóneo para la reinserción del penado a la sociedad, ya que si bien es cierto el Juez de Ejecución cuenta con la colaboración de equipos multidisciplinarios que emanan evaluaciones sociales, psicológicas, psiquiátricas y otras, no es menos cierto que quien se encuentra a cargo del cumplimiento de la pena de cada penado es el Juez de Ejecución, quien es el encargado de decidir cual es la forma más idónea de cumplir la pena, tomando en consideración la magnitud del daño causado por el delito y los demás análisis sociales y psicológicos que se realicen, debiendo recordar que el fin de la pena no es sólo la reinserción del penado a la sociedad, sino también el devolver el equilibrio a ésta a través del castigo y la retribución del mal causado a la colectividad.
En consecuencia, observa este Tribunal que el delito de OCULTACIÓN DE DROGAS AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, unos de los delitos por el cual fue condenado el ciudadano PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, es un DELITO DE LESA HUMANIDAD, en consecuencia, lo procedente a derecho es NEGAR el otorgamiento de la Formula Alternativa de Cumplimiento de Pena, denominada régimen abierto, de conformidad con los criterios jurisprudenciales expuestos, en concordancia con el articulo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en relación con la potestad discrecional contemplada en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal al Juez de Ejecución. ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Con Sede en los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley NIEGA el otorgamiento de la fórmula alternativa de cumplimiento de pena de RÉGIMEN ABIERTO al penado PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ, titular de la cédula de identidad personal número V-11.070.058, de conformidad con los criterios jurisprudenciales expuestos, en concordancia con el articulo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en relación con la potestad discrecional contemplada en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal al Juez de Ejecución.
Publíquese, regístrese, notifíquese. Líbrese lo conducente.

LA JUEZ

NÉLIDA IRIS CONTRERAS ARAUJO

LA SECRETARIA

CAROLINA VENTO GARCÍA

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA

CAROLINA VENTO GARCÍA

Nica/nélida
1E-240-12
PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ MELÉNDEZ,
Niega Régimen Abierto
05-11-2012.