REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA






EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE Nº 29.679

PARTE DEMANDANTE: PABLO ANTONIO DUQUE, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-1.544.313.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: LUIS ALFREDO COLINA ASCANIO, venezolano, mayor de edad e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 122.499.

PARTE DEMANDADA: CONSULTORIO MÈDICO SAGRADO CORAZÒN, A.C., debidamente inscrita en la Oficina de Registro del Municipio Plaza del Estado Miranda en fecha 02 de Agosto de 2.007, inserta bajo el Nro. 18, Tomo 56, Protocolo Primero, representada por sus directores administrativos, los ciudadanos GERLLY MENDOZA, MÒNICA PACHÒN y VERÒNICA ALEJANDRA EISFELD, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-14.775.260, V-12.422.604 y V-13.320.889, respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene constituido.

MOTIVO: RESOLUCIÒN DE CONTRATO.

SENTENCIA: Perención Anual.

I
El presente juicio se inicia por escrito libelar presentado por el abogado LUIS ALFREDO COLINA ASCANIO, ya identificado, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PABLO ANTONIO DUQUE, ya identificado, contra el CONSULTORIO MÈDICO SAGRADO CORAZÒN, A.C., ya identificado, siendo la pretensión lo siguiente: “(…) Nuestro poderdante es arrendador de un inmueble tipo local comercial ubicado en, la ciudad de Guarenas, en la carretera Nacional Guarenas-Guatire, adyacente al Seguro Social de Guarenas, en el edificio denominado Multicentro Guarenas, piso 1, en el Municipio Ambrosio Plaza, Estado Miranda…Las partes suscribieron un contrato de arrendamiento el día 21 del mes de agosto del año 2007, según consta en documento notariado ese mismo día, inserto bajo el Nº 22, tomo 85 de los libros de autenticaciones llevados por la Notaria Publica(SIC) del Municipio Plaza del Estado Miranda. En ese contrato se arrendó a la demanda arriba identificada el inmueble totalmente identificado ut supra por el periodo de un año, prorrogable automáticamente…EL contrato de arrendamiento se pactó en un principio, según se aprecia en la CLÀUSULA TERCERA un pago mensual por la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÌVARES MENSUALES ((Bs. 3.000.000,00), hoy día TRES MIL BOLÌVARES EXACTOS (Bs. 3.000,00). También en la misma cláusula se pacto el aumento del canon de arrendamiento mensual a la cantidad de CUATRO MILLONES DE BOLÌVARES (BS. 4.000.000,00) hoy día CUATRO MIL BOLÌVARES (Bs. 4.000,00) a los seis (06) meses de suscrito el contrato. Asimismo, en el primer Parágrafo Primero de la Cláusula Quinta del contrato, se pactó: PARAGRAFO PRIMERO: Al final de cada prorroga el canon de arrendamiento mensual será incrementado en la misma proporción que el índice de precios al consumidor determinado por el Banco Central de Venezuela, es decir, que se incrementará en la misma proporción en que aumente este índice. Ese canòn debería ser pagado de acuerdo a lo establecido en la parte infine de la cláusula tercera que convino: Este canon será cancelado por “EL ARRENDATARIO” por mensualidades adelantadas, el primer día de cada mes y deberá ser depositado en cuenta corriente a nombre de “EL ARRENDADOR” del Banco Provincial con Nº 0108-055-29-0100007150.Ciudadano Juez, en agosto del año 2008 se dio comienzo a la primera prorroga y el canon arrendamiento se incrementó en CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA BOLÌVARES (Bs 5.260,00) más el impuesto al valor agregado, cuya exención se deroga en febrero de ese mismo año, por lo que se le indico a la arrendataria que se debería agregar el impuesto al pago del arrendamiento, pero como quiera que el canon de arrendamiento era depositado en la cuenta bancaria antes mencionada (Banco Provincial), según se dispuso en el contrato, la arrendataria optó por no depositar el impuesto debido por concepto del pago del arrendamiento y así continuó pagándolo hasta la fecha, eso a pesar de habérsele notificado en las prorrogas del año 2.009 y 2.010 (está(SIC) último como prorroga legal), que el aumento debería pagarse con el respectivo impuesto. EN efecto ciudadano Juez, en fecha 05 de septiembre de 2009 por comunicación del ciudadano Luis Barrios contable demandante, se le indicó a la arrendataria que el canon de arrendamiento se había incrementado por efecto del primer Parágrafo Primero de la Cláusula Quinta del contrato, es decir, por efecto del aumento pactado por el contrato en función del incremento de la inflación según las tasas promediadas por el Banco Central de Venezuela, El monto vigente para ese año era CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA BOLÌVARES (Bs. 5.260,00) y debería ser aumentado a SEIS MIL SEISCIENTO SESENTA Y CINCO BOLÌVARES CON TREINTA Y UN CÈNTIMOS (Bsf6.665,31).(SIC). Se le participó que dicho monto debería tener el respectivo pago del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÌVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMOS, (Bs. 799,84, para un monto total del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÌVARES CON OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMOS, (Bs. 799,84), para un monto total del canon màs el impuesto de SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÌVARES CON QUINCE CÈNTIMOS (Bs 7.465,15), monto que debió haber sido depositado en la cuenta bancaria acordada y nunca lo fue. Sin embargo, la arrendataria no fue del todo renuente e inició el pago del aumento del arrendamiento mensual de a SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÌVARES CON TREINTA Y UN CÈNTIMOS (BS. 6.665,31) y así lo deposito según se puede apreciar de los estados de cuenta del Banco Provincial Nº 0108-055-29-0100007150 a nombre de Pablo Antonio Duque. Eso fue hasta el año 2010, fecha en la que se ha debido pagar un incremento del pago del arrendamiento por Bolívares OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÌVARES CON CUARENTA Y TRES CÈNTIMOS (Bs. 8.696,43) más el Impuesto al Valor agregado para un gran total de NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÌVARES CON EXACTOS (Bs 9.740,00). Pues bien ciudadano Juez, este incremento nunca se depositó y a la fecha la arrendataria sólo deposita SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO BOLÌVARES F CON TREINTA Y UN CÈNTIMOS (Bs 6.665,31) mensuales, incumpliendo con lo pactado en el primer Parágrafo de la Cláusula Quinta del contrato…Procedo a DEMANDAR, como en efecto lo hago, por RESOLUCIÒN DE CONTRATO a la ASOCIACIÒN CIVIL CONSULTORIO MÈDICO SAGRADO, A.C, previamente identificada, en las personas de sus representantes legales GERLLY MENDOZA, MÒNICA PACHÒN y VERÒNICA ALEJANDRA EISFELD, previamente identificadas, para que convenga o en su defecto, sea condenado por este Tribunal a: 1) A resolver el contrato de arrendamiento por falta de pago del canon de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2011. 2) A pagar por concepto de daños y perjuicios la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE BOLÌVARES CON SETENTA Y SIETE CÈNTIMOS (Bs. 35.687,77), que es la diferencia entre lo pagado por la demandada y lo debido por ella hasta el mes de junio de 2011. 3) La indexación de las cantidades según la inflación mediante la corrección monetaria en una experticia complementaria del fallo al momento de la definitiva o acto que tenga fuerza de tal. 4) Las costas y costos del presente proceso. (…)”.
Mediante auto de fecha 28 de Julio de 2.011, este Tribunal admitió la demanda, emplazando a la parte demandada para que comparecieran ante este Juzgado, al segundo (02) día de despacho siguiente a la constancia en autos de citación, a los fines de dar contestación a la presente demanda. Se libró compulsa en fecha 03 de agosto de 2.011 y posteriormente en fecha 06 de octubre se acuerdan copias certificadas solicitadas por el apoderado actor.
-II-
DE LA PERENCIÓN BREVE
Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Articulo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado.
Expuesto lo anterior esta Juzgadora se permite traer a colación lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, los cuales rezan, lo siguiente:
“(…) Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…También se extingue la instancia:.. 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado… 2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado… 3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla (…)”.
“(…) Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente (…)”.
En dichos artículos se establecen los parámetros bajo los cuales el Juzgador debe declarar la perención de la instancia en los procesos civiles; señalándose que la perención opera de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso por el Tribunal, siendo éstas normas de orden público, en el entendido que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional y que no son derogables por disposición privada, por lo que está claro que no es cualquier acto el que puede interrumpir la perención, éstos deben ser actos de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio.
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de mayo de dos mil uno (2001), sostuvo lo siguiente:“(…) Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el termino instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige al Juez proceda a instancia de partes. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido, habla el código de Jueces de Instancia, o Juez de Primera o Segunda Instancia (…)”. En la causa que nos ocupa, la admisión se produjo en fecha 27 de Febrero de 2012 y; 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. Al respecto, el Artículo 267 antes citado prevé las conductas procesales que deben desarrollar las partes a los fines de evitar que se verifique la perención de la instancia, aunado ello al hecho de que el acto capaz de interrumpir la misma, debe tener la connotación de entrañar una solicitud clara e inequívoca de impulso procesal, del cual se presume que el interés verdadero de la petición es que prosiga el curso de la causa hacia la fase de sentencia de fondo o que se reanude dicha causa posteriormente a que hubiere operado algún motivo legal que incida en el iter procesal causando su detención. En este sentido, el Maestro Cuenca estableció: “(…) No todos los actos ejecutados por los órganos jurisdiccionales, las partes o los terceros, tienen carácter procesal… No son actos procesales los preparativos para introducir la demanda, como la solicitud de la copia certificada de un documento, tampoco la actividad de hecho desempeñada durante el proceso, como el retiro de un documento presentado, ni aquellas actividades de derecho sustantivo realizadas en el curso del proceso, como el pago de honorarios, de emolumentos judiciales, etc. Pero estas mismas actividades de mero hecho pueden revestir carácter procesal cuando tienen el impulso de la causa… Desde este punto de vista, el acto procesal tiene la misma finalidad del proceso que mantiene la relación de un mismo estado, que la estanca o detiene, sin ponerla a marcha, como la simple extensión de una copia certificada (…)”.
Establecido lo anterior, se observa que en sentencia de fecha 06 de Julio de 2.004, caso José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció acerca de las cargas procesales que la parte actora debe cumplir dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma y los efectos que acarrea su inejecución, que no es otro que la procedencia de la perención de la instancia.
En el cuerpo del citado fallo, la Sala estableció que la aplicación e interpretación de la referida institución procesal era de carácter restrictivo, es decir, limitativo, dada la dureza que conlleva su sanción, que no es otra que la extinción del proceso, lo cual determinó de la siguiente manera:
“(…) Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal como ocurría anteriormente. Por lo tanto, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención…” (Subrayado añadido)
A la par también estableció que:
“(…) Así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que pongan a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide….” (Subrayado añadido).
De modo que nuestro máximo Tribunal de la República mediante la decisión in comento modificó el criterio que venía aplicando y, concluye que tiene plena aplicación la disposición contenida en el Artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, por lo que impone a los demandantes la carga de presentar – sin hacer distinciones de ninguna naturaleza - dentro del lapso de treinta (30) días, contado a partir de la admisión de la demanda, diligencias en las cuales pongan a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, carga cuya omisión o incumplimiento dará lugar a la perención de la instancia, criterio que acoge este Juzgado conforme a lo previsto en el Artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, se desprende de las actas procesales que la parte accionante, una vez admitida la demanda en fecha 28 de Julio de 2.011, no impulso la citación de las accionadas dentro del lapso de 30 días contado a partir del auto de admisión de la demanda, no se evidencia que en dicho lapso se haya ejecutado la carga que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, referente a poner a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, cuya vigencia fue reconocida por el máximo Tribunal de la República en la sentencia comentada anteriormente, razón por la cual, este Juzgado considera que en la presente causa se ha verificado la perención de la instancia, a que se contrae el ordinal 1º del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y así se decide.
-III-
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 Ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques; Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

ELSY MADRIZ QUIROZ
LA SECRETARIA TITULAR,

JENIFER BACALLADO

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las __________________________.

LA SECRETARIA TITULAR,

JENIFER BACALLADO



EMQ/JB/OTCA
Exp. Nº 29.679