TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
Los Teques, veintiséis (26) de septiembre de 2012.

202º y 153º

PARTE ACTORA: JORGE MENDEZ ISAVA y NANCY DÍAZ DE MENDEZ, venezolanos, mayores de edad, casados, titulares de la cédula de identidad Nros. V-290.417 y V-4.074.425 respectivamente.
APODERADA JUDICIAL DE
LA PARTE ACTORA: ROSSANA SAPONARO DI BABBO, abogado en libre ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 31.431.
PARTE DEMANDADA: PEDRO FUENTES MUJICA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-3.222.530.
APODERADO JUDICIAL DE
LA PARTE DEMANDADA: ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 14.774.
MOTIVO: DAÑOS MATERIALES (APELACION)
EXPEDIENTE Nº 10.525

CAPITULO I
ANTECEDENTES DEL CASO

Vistas las actas que conforman la presente causa se observa: Se da inicio al presente juicio, mediante demanda de daños materiales por accidente de tránsito interpuesta por la ciudadana ROSSANA SAPONARO DI BABBO, abogado en libre ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 31.431, quien actúa en nombre de los ciudadanos JORGE MENDEZ ISAVA y NANCY DÍAZ DE MENDEZ, venezolanos, mayores de edad, casados, titulares de la cédula de identidad Nros. 290.417 y 4.074.425, en contra del ciudadano PEDRO FUENTES MUJICA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-3.222.530, la cual fue recibida por el Juzgado de Distrito del Distrito Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 25 de febrero de 1992, demanda que fue admitida por auto de fecha 11 de marzo de 1992, ordenándose la citación del demandado mediante boleta. En fecha 22 de junio de 1992, el Alguacil, ciudadano Rubén Rosales, consignó boleta de citación firmada por el ciudadano PEDRO FUENTES MUJICA. En fecha 27 de julio de 1992, tiene lugar el acto de contestación de la demanda, confiriendo la parte demandada, en este acto, poder al Abg. Enrique Rodríguez Blanco, el cual solicitó, en la misma fecha, se decretara la perención de la instancia en la presente causa, por el incumplimiento de la parte actora con el deber de pagar los aranceles para que se practicara la citación, compulsa y la Boleta, de conformidad con e artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Mediante diligencia de fecha 28 de julio de 1992, la parte actora expone mediante apoderado judicial que los derechos arancelarios fueron cancelados en fecha 13 de mayo de 1992. En fecha 14 de marzo de 1993, el Juzgado de Distrito del Distrito Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, condena a la parte demandada, declarando con lugar la acción. En virtud del recurso formulado por la parte querellada en fecha 10 de junio de 1993, fue oída libremente por el Tribunal de la causa la apelación en fecha 31 de mayo de 1994. En fecha16 de junio de 1997, comparece por ante el Juzgado, el ciudadano JORGE MENDEZ, asistido de abogado, y solicita la perención de la instancia. Se recibió el correspondiente expediente en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, por auto de fecha 12 de junio de 2000. En fecha 13 de abril de 2012, la Dra. ZULAY BRAVO DURÁN se aboca al conocimiento de la presente causa. En fecha 23 de abril de 2012, el quien aquí decide mediante auto ordenó la notificación de la parte actora para que manifestara interés en esta causa y de cuya actuación procesal dejó constancia haber cumplido la secretaria accidental mediante diligencia suscrita en fecha 03 de mayo del presente año.

CAPITULO II
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conllevaría al decaimiento y extinción de la acción.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interés procesal, señaló:
“Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
De cara al segundo supuesto, la Sala consideró que el deber fallido del Estado en decidir la causa en forma oportuna y expedita, tiene correctivos que pueden ser empleados por las partes interesadas, con el propósito de lograr que el juez sentencie, demostrando con ello que su interés en el proceso persiste, lo cual debe hacerse constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. En tal sentido, sin pretender justificar la tardanza de los jueces y, menos aún, perjudicar a los usuarios del sistema judicial, la Sala concluyó que la inacción de las partes, especialmente la del accionante, denota una renuncia a la justicia oportuna, la producirá la decadencia y extinción de la acción.
En virtud del fallo en comento, la Sala determinó que a partir de ese momento, como interpretación del artículo 26 de la Constitución, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada rebasaba el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conociere podía de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. Se dispuso, igualmente, que la falta de comparecencia de los notificados en el término que se fijara, o las explicaciones poco convincentes que expresare el actor que compareciere, sobre los motivos de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella haya producido, serían ponderados por el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado de este Tribunal).

Ahora bien, analizadas como fueron las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que desde el día 16 de junio de 1997, oportunidad en la que la parte actora solicitó mediante diligencia se decretara la perención de la instancia hasta la presente decisión, han transcurrido quince años sin que conste en autos durante todo ese tiempo la realización de alguna actuación procesal de la parte demandante como impulso del juicio principal, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período que se señaló. Ante esta situación, no comprende quien aquí decide, como en una causa paralizada en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
En efecto, según la decisión de la Sala Constitucional supra transcrita, la perención de la instancia se hace improcedente en las causas en las que se ha dicho “vistos” –como lo es la presente-, pero sí se admite la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado. Sin embargo, el Tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En razón de lo anterior, este Tribunal mediante decisión de fecha 23 de abril del presente año ordenó la notificación de la parte demandante para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a su notificación, manifestara si conservaba el interés para la continuación de éste proceso, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Ahora bien, notificada como quedó la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, habiendo transcurrido el lapso de treinta (30) días calendarios concedidos la parte demandada, la misma no compareció a manifestar el interés requerido.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación alguna en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estima pertinente declarar extinguida la acción que por TRÁNSITO ejercieron los ciudadanos JORGE MENDEZ ISAVA y NANCY DÍAZ DE MÉNDEZ contra el ciudadano PEDRO FUENTES MUJICA, en virtud de la pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se declara.
CAPITULO III
DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN EN ESTA INSTANCIA que por TRÁNSITO ejercieron los ciudadanos JORGE MENDEZ ISAVA y NANCY DÍAZ DE MÉNDEZ contra el ciudadano PEDRO FUENTES MUJICA, en virtud de la pérdida sobrevenida de interés procesal. Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado referido junto con oficio y déjese constancia de lo actuado.
Publíquese, regístrese y remítase y déjese copias certificada de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Los Teques a los veintiséis (26) días del mes septiembre de de dos mil doce (2012). AÑOS: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. ZULAY BRAVO DURAN.
LA SECRETARIA,
ABG. JAIMELIS CÓRDOVA MUJICA

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el anuncio de Ley, siendo las doce del medio día (12:00 m.).
LA SECRETARIA,

EXP N° 10.525