REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA PARTE ACTORA: MAIRY FADAIS QUIJADA ÁLVAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.508.913, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 128.541, actuando en su propio nombre y representación. PARTE DEMANDADA: VÍCTOR MANUEL MONSALVE RIVAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad N° V-14.934.224. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial debidamente constituido.- MOTIVO: DIVORCIO EXPEDIENTE N° 29957. SENTENCIA: PERENCIÓN I En fecha 13 de agosto de 2012, se recibió mediante el sistema de distribución, expediente por declinatoria de competencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, correspondiéndole su conocimiento a este Tribunal, el escrito libelar fue presentado por la ciudadana MAIRY FADAIS QUIJADA ÁLVAREZ, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 128.541, quien actúa en su propio nombre y representación, para demandar al ciudadano VÍCTOR MANUEL MONSALVE RIVAS, por DIVORCIO.- En fecha 17 de septiembre de 2012, el Tribunal le dio entrada al presente expediente, en auto aparte de la misma fecha fue admitida la demanda emplazándose a la parte demanda, a los fines de que compareciera a los actos del juicio. Estando dentro de la oportunidad de decidir este Tribunal dispone: -II- Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, por tanto la perención de la instancia a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo por parte del legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Articulo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores o cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes. La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado. En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 269 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente. Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia valida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida en fecha 17 de septiembre de 2012. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. En el caso que nos ocupa y previa revisión de las actas procesales, se evidencia que desde la fecha de la admisión, 17 de septiembre de 2012, la parte demandante no consignó los fotostatos necesarios a los fines de que este Juzgado procediera librar compulsa al demandado. Así como tampoco sufrago los gastos de traslado al Alguacil encargado de la citación. De lo anterior se desprende que la parte accionante no cumplió con la carga que le impone el Ordinal Primero del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dentro del lapso de treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, razón por la cual se cumple el presupuesto contenido en la disposición antes mencionada y así se decide. -III- Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de La Ley, decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem. Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas. Para darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 248 eiusdem, déjese copia certificada de la anterior sentencia. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción del Estado Miranda. Los Teques; Años 202° de la Independencia y 154° de la Federación. LA JUEZA TITULAR, ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA, Acc. JENIFER BACALLADO GONZÁLEZ En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.). LA SECRETARIA, EMQ/ci* Exp. Nº 29957