REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, PODER JUDICIAL EN SU NOMBRE: JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA LOS TEQUES 202º y 154º PARTE ACTORA: INGRID GAMBOA PARADA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.480.995, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 75.493, actuando en su propio nombre.. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: no tiene apoderado judicial debidamente constituído. PARTE DEMANDADA: NELSON TOMAS ALVARADO, venezolano, mayor de edad, de este domiclio titular de la Cédula de identidad Nº 3.150.622. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NELLY BERRIOS PEREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 48.759. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y DAÑOS Y PERJUICIOS (APELACION) EXPEDIENTE Nro. 13466 CAPITULO I ANTECEDENTES DEL CASO Se da inicio al presente juicio, mediante demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por la abogada INGRID GAMBOA PARADA, abogada en libre ejercicio e inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 75.493, quien actúa en su propio nombre, en contra del ciudadano ALVARADO ASCANIO NELSON TOMAS, la cual fue recibida por este Juzgado en fecha 10 de abril de 2003, en virtud de la apelación formulada por la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 04 de diciembre de 2002, dictada por el Juzgado del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Que en fecha 10 de abril de 2003, este Juzgado le dio entrada a la presente causa de CUMPLIMIENTO DE DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS (APELACIÒN) interpuesta por la ciudadana INGRID GAMBOA PARADA, en contra del ciudadano INGRID GAMBOA PARADA, y de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, se fijó el vigésimo día de despacho siguiente a la fecha para que las partes presentaran sus escritos de informes respectivos. Que en fecha 23 de mayo de 2003, comparecieron ante este juzgado ambas parte y mediante diligencia consignaron su escrito de informes. Que en fecha 09 de junio de 2003, el apoderado judicial de la parte actora, compareció ante este Juzgado y presentó escrito de observación de informes y en fecha 11 de junio de 2003, la parte demandada, asistida de abogado consignó escrito de observación de informes. Que en fecha 14 de enero de 2004, este Tribunal dictó auto mediante el cual la Dra. ELSY MADRIZ, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando notificar a las partes. Que en fecha 20 de agosto de 2004, este Tribunal dictó auto mediante el cual la Dra. MARIELA FUENMAYOR, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando notificar a las partes. Que en fecha 14 de septiembre de 2004, la apoderada judicial de la parte actora, se dio por notificada del abocamiento. Que en fecha 29 de noviembre de 2004, este Tribunal ordenó librar cartel de notificación del abocamiento a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Que en fecha 13 de diciembre de 2004, compareció ante este juzgado la apoderada judicial de la parte actora y mediante diligencia dejó constancia de haber recibido el cartel de notificación librado a la parte demandada. Que en fecha 03 de mayo de 2011, este Juzgado dictó auto mediante el cual el Dr. HECTOR CENTENO, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando notificar a las partes. Por auto de fecha 01 de octubre de 2012, la Dra. ZULAY BRAVO DURAN, se abocó al conocimiento de la presente causa. y ordenó notificar a la parte demandante para que expusiera si conserva interés en la presente causa. En fecha 11 de abril de 2013, el Alguacil Titular consignó boleta de notificación sin firmar. CAPITULO II MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.” El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conllevaría al decaimiento y extinción de la acción. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interés procesal, señaló: “Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. De cara al segundo supuesto, la Sala consideró que el deber fallido del Estado en decidir la causa en forma oportuna y expedita, tiene correctivos que pueden ser empleados por las partes interesadas, con el propósito de lograr que el juez sentencie, demostrando con ello que su interés en el proceso persiste, lo cual debe hacerse constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. En tal sentido, sin pretender justificar la tardanza de los jueces y, menos aún, perjudicar a los usuarios del sistema judicial, la Sala concluyó que la inacción de las partes, especialmente la del accionante, denota una renuncia a la justicia oportuna, la producirá la decadencia y extinción de la acción. En virtud del fallo en comento, la Sala determinó que a partir de ese momento, como interpretación del artículo 26 de la Constitución, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada rebasaba el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conociere podía de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. Se dispuso, igualmente, que la falta de comparecencia de los notificados en el término que se fijara, o las explicaciones poco convincentes que expresare el actor que compareciere, sobre los motivos de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella haya producido, serían ponderados por el juez para declarar extinguida la acción”. (Resaltado de este Tribunal). Ahora bien, analizadas como fueron las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que, desde el 22 de junio de 2005, oportunidad en la que la parte actora consignó escrito de alegatos ante este Juzgado, han transcurrido siete (07) años y nueve (09) meses, sin que conste en autos, durante todo ese tiempo, la realización de alguna actuación procesal de la parte actora como impulso del juicio principal, lo cual evidencia una absoluta inactividad procesal durante el período que se señaló. En efecto, según la decisión de la Sala Constitucional supra transcrita, la perención de la instancia se hace improcedente en las causas en las que se ha dicho “vistos” –como lo es la presente-, pero sí se admite la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado. Sin embargo, el Tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos. En razón de lo anterior, este Tribunal mediante decisión de fecha 1º de octubre de 2012, ordenó la notificación de la parte actora dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, manifestara si conservaba el interés en que se dicte sentencia en este proceso, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. Ahora bien, mediante diligencia de fecha 11 de abril de 2013 el ciudadano Alguacil de este Tribunal dejó constancia de la imposibilidad de realizar la notificación personal de la parte actora, debido a que transcurrió más de sesenta (60) días, tiempo sin que la misma haya sido impulsada por persona alguna. Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación alguna en que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estima pertinente declarar extinguida la acción que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DAÑOS Y PERJUICIOS, intentara la abogada INGRID GAMBOA PARADA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 75.493, actuando en su propio nombre en contra del ciudadano ALVARADO ASCANIO NELSON TOMAS, anteriormente identificado, en virtud de la pérdida sobrevenida de interés procesal. Así se declara. CAPITULO III DECISIÓN Por las razones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN EN ESTA INSTANCIA que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DAÑOS Y PERJUICIOS, intentara la abogada INGRID GAMBOA PARADA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 75.493, actuando en su propio nombre en contra del ciudadano ALVARADO ASCANIO NELSON TOMAS, en virtud de la pérdida sobrevenida de interés procesal. Es por ello, que este Juzgado ordena la remisión del mismo al Juzgado del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, junto con oficio.- Publíquese, regístrese y déjese copias certificada de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Los Teques a los dieciseis (16) días del mes de abril de dos mil trece (2013). AÑOS: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.- LA JUEZA PROVISORIO, DRA. ZULAY BRAVO DURAN. LA SECRETARIA, ABG. JAIMELIS CORDOVA MUJICA. En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el anuncio de Ley, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.). LA SECRETARIA, EXP N° 13466.