TSJ Regiones - Decisión

CAUSA Nº 2Aa-0196-13
PRESUNTO AGRAVIANTE: TRIBUNAL CUARTO (4º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSIÓN BARLOVENTO
PRESUNTO AGRAVIADO: MATA CEDEÑO WANDER ARMANDO
MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
JUEZ PONENTE: DRA. RAFAELA PÉREZ SANTOYO

Corresponde a esta Segunda 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda extensión Barlovento, en Sede Constitucional; conocer de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta por el profesional del derecho JAVIER RICARDO ACOSTA CASTRO, a favor del ciudadano MATA CEDEÑO WANDER ARMANDO; actuando como defensor privado del mismo, contra el presunto agraviante Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, extensión Barlovento, por considerar que a su defendido se le está violando el Derecho a la Defensa.

En data 01 de febrero de 2012, se le dio entrada a la causa, quedando esta signada con el Nº 2Aa-0196-13, designándose ponente a la Magistrada DRA. RAFAELA PÉREZ SANTOYO, Juez de esta Corte de Apelaciones, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En este sentido esta Sala de la Corte de Apelaciones observa:

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 01 de febrero de 2.013, se recibe en esta Sala de la Corte de Apelaciones, escrito de acción de amparo constitucional interpuesto por el ABG. JAVIER RICARDO ACOSTA CASTRO, actuando en representación del ciudadano MATA CEDEÑO WANDER ARMANDO; contra el Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, la cual fundamentó en los siguientes términos:

“Es el caso ciudadana Jueza, que en fecha 23/11/2012, el ciudadano WARNER ARMANDO MATA CEDEÑO, plenamente identificado en autos, fue privado de su libertad por orden del Tribunal a su digno cargo, por lo que se encuentra preventivamente detenido en el Internado Judicial Región Capital RODEO I, con sede en la ciudad de Guatire, estado Miranda. En fecha 27-11-2012, quien suscribe consignó escrito contentivo del RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS, por ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. En dicho escrito se apela la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad impuesta a mi patrocinado en fecha 23-11-2012 y por la cual se encuentra privado de su libertad. Sin embargo, es el caso ciudadana Jueza, que desde el día en que se consignó el referido RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS (27-11-2012), hasta la presente fecha, no se ha materializado el emplazamiento a que se contrae el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal vigente…omisis…

Dicho de otro modo, NO SE HA EMPLAZADO A LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, para que la misma proceda a dar contestación al ya citado Recurso de Apelación de Autos, y para que a su vez el Tribunal a su digno cargo remita las actuaciones contenidas en el expediente de marras a la Honorable Corte, de Apelaciones, con el ánimo de que ésta se pronuncie, de acuerdo a lo contemplado en nuestra Norma Penal Adjetiva.

CAPITULO II
DEL DERECHO

La presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL se fundamenta en los artículos 49 en sus numerales 1, 2 Y 8; Y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos .5, 6, 8 9, 12 Y 19 del Código Orgánico Procesal Penal vigente; por cuanto están siendo vulnerados los derechos del ciudadano WARNER ARMANDO MATA CEDEÑO, ya identificado, específicamente: el derecho a la defensa, al debido proceso, a la doble instancia, a la presunción de inocencia, a la afirmación de libertad, y a la igualdad entre las partes.
…Omisis…

Los citados artículos constitucionales claramente establecen que, en todo estado y grado de la investigación los derechos a la defensa y a la asistencia jurídica son inviolables, es decir, que por ningún motivo o excusa puede privarse al imputado de ejercer los recursos a que hubiere lugar, en este caso esgrimiendo el derecho que tiene a la doble instancia, al interponer Recurso de Apelación de Autos encontrándose dentro del lapso legal, en fecha 27-11-2012; pero, que por dilaciones inexcusables e inexplicables para esta Defensa Privada, no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal; es decir, hasta la presente fecha 21-01-2013, no se ha emplazado a la Representación Fiscal del Ministerio Público; violentando así de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales de mi defendido, al no permitírsele ocurrir ante una instancia superior.
…Omisis…

En tal sentido, se desprende que, de la autoridad y atribuciones que tienen todos los Jueces y Juezas de la República, se encuentra la particular facultad de hacer cumplir con los autos y decisiones que resulten de su ejercicio, aun y más, el deber de cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la Constitución y las Leyes; así pues, se resume que, el Tribunal, presidido por el ciudadano Juez, debería hacer cumplir con lo preceptuado en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, en lo que refiere al emplazamiento de la representación Fiscal del Ministerio Público en ocasión de la Apelación de Autos; y sin mayores dilaciones remitir a la Corte de Apelaciones el ya mencionado RECURSO DE APELACIÓN. Siendo que esta Defensa Privada, ha solicitado muy respetuosamente la tramitación de lo conducente a la remisión del referido Recurso; al no obtener respuesta positiva, se evidencia que se violan los derechos y garantías constitucionales de mi defendido, así como lo establecido en la propia Norma Penal Adjetiva, en su artículo 441, y al incurrir en esta violación también se transgredí por inobservancia los principios contenidos en los citados artículo de Código Orgánico Procesal Penal.

Así las cosas, artículos en referencia, contentivos de los principios de Derecho a la defensa e Igualdad entre las partes, Obligación de decidir, Presunción de inocencia, Afirmación de la libertad y Control de la constitucionalidad, claramente ratifican el derecho constitucional a la defensa en todas las fases del proceso penal; derechos que han sido conculcados, por dilaciones y trabas inexcusables; por lo que en el caso de marras, el simple trámite consistente en el emplazamiento a la representación Fiscal del Ministerio Público, ha resultado tardío y violatorio del debido proceso, por cuanto desde el día en que se interpuso el RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS 27-11-2012, hasta la fecha en que se interpone la presenta ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL 21-01-2013, han transcurrido CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS continuos.

Resulta más que evidente que esta situación de denegación de justicia perjudica grandemente a mí patrocinado, en virtud de que ha transcurrido un espacio de tiempo considerable sin que la Corte de Apelaciones de ésta Circunscripción Judicial Penal, haya podido conocer de la apelación interpuesta por esta Defensa Privada. Lo que por mas sugiere un retardo innecesario e inexcusable que lesiona una vez más los derechos de mi defendido, al negársele de manera directa y por demás muy lesiva el derecho a la defensa; ya que aun y cuando esta defensa ha ejercido los recursos y practicado las diligencias tendientes a garantizar los derechos de ciudadano imputado, en cuanto a la defensa' oportuna y eficaz; la respuesta del órgano jurisdiccional pareciera no ser consecuente con el cumplimiento de la norma, ya que al presentar retardos innecesarios, se transgrede la Ley y se vulneran Derechos, Garantías y Principios contenidos en ella.

III
DE LA PRETENCIÓN

Así pues, ciudadana Jueza, con fundamento en lo contémplalo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal vigente y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en los Artículos 1,2 y 5, interpongo la presente Acción de Amparo Constitucional, y solicito que este Tribunal decrete las medidas necesarias para que CESE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES en contra de mi defendido, las cuales han sido detalladas en el Capitulo 1 de este escrito…omisis…”

PRIMERO

DE LA COMPETENCIA DE ESTA ALZADA PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN DE SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL:

Con relación a los supuestos de procedencia de la acción de amparo contra decisiones judiciales, la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales prevé en el artículo 4, lo siguiente:

Artículo 4. “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” (Negrilla de la Sala).

En este sentido debe en primer lugar esta Sala de la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente acción de amparo y en tal sentido trae a colación la decisión dictada por la Máxima Garante Judicial de la Constitución del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de enero de 2000, Sentencia Nº 01, caso EMERY MATA MILLAN, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, donde se evidencia la competencia de este Órgano Jurisdiccional para conocer del presente asunto, por ser el Superior Inmediato del Tribunal contra quien se ejerce la presente acción de amparo, en concordancia con el artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Asimismo, establece el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, que cuando el presunto agraviante sea un Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal competente para conocer la acción de amparo constitucional será el superior jerárquico, en este caso, la Corte de Apelaciones.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión emitida en el expediente Nº 00-2419, de fecha 13-02-2001, con ponencia del Magistrado JOSE MANUEL DELGADO OCANDO, precisó:

“… En el otro supuesto, si la acción va dirigida contra una privación judicial preventiva de libertad ordenada por un Juez, por considerarse que actuó con abuso de poder o con extralimitación de funciones en cualquiera de las fases del proceso penal, es decir, actuando con facultad jurisdiccional -no administrativa- con ocasión de la comisión de un delito o falta, con fundamento en el Código Orgánico Procesal Penal o en cualquier otra ley penal, aun cuando el contenido de la pretensión involucre un hábeas corpus por alegarse que tal detención en sí misma resulta ilegítima o que por extensión excesiva de la misma en el tiempo haya adquirido el carácter de ilegitimidad, se atenderá al orden de gradación del órgano en contra de quien se acciona. No cabe duda, entonces, de que el caso deberá analizarse bajo la óptica del artículo 4 de la Ley de Amparo, y la competencia corresponderá a un Tribunal Superior, en el orden jerárquico, de aquél que emitió el pronunciamiento, puesto que se trata de un acto, resolución o sentencia emanados de un órgano jurisdiccional actuando en tal condición…”. (Negrilla de la Sala).

En tal sentido, esta Corte de Apelaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara competente para conocer de la presente solicitud de Amparo Constitucional. Y ASI SE DECIDE.

SEGUNDO

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Los derechos y garantías fundamentales y aquellos inherentes a todo ser humano, se encuentran tutelados efectivamente en nuestra Carta Magna, y para ello se contempló una acción con características excepcionales para la restitución expedita y eficaz de éstos, la cual es la acción de amparo constitucional, siendo un medio judicial breve y eficaz, a través del cual se protegen derechos fundamentales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce, operando sólo cuando se dan las condiciones establecidas como necesarias de esta institución de conformidad con la ley que rige la materia.

Esta Corte de Apelaciones observa que en el caso que nos ocupa se ha denunciado la presunta violación de un derecho constitucional, referente al derecho a la defensa, en virtud que según lo manifestado por el accionante JAVIER RICARDO ACOSTA CASTRO, el presunto agraviante Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, en lo que respecta a la causa seguida en contra de su patrocinado MATA CEDEÑO WANDER ARMANDO, por cuanto hasta la presente fecha según lo denunciado no se ha tramitado el recurso de apelación por el consignado en fecha 23-11-12.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 27, lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella…”.

Asimismo se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales que:

“Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...”.

Con relación a los requisitos que debe contener la solicitud de Amparo Constitucional a los fines de que sean admitidas, el artículo 18 de la citada Ley, prevé:

“En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido…”.

En la presente solicitud de amparo constitucional, observamos que el accionante, fundamenta su acción de amparo en la presunta violación del derecho constitucional, establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en virtud de que a su juicio, el Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, ha violentado el derecho a la defensa y al debido proceso del ciudadano MATA CEDEÑO WANDER ARMANDO.

Ahora bien, es necesario establecer en cuanto a la legitimidad del defensor privado que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional, según Sentencia Nº 926 de fecha 11-06-2008, con Ponencia del Magistrado DR. MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN, se ha dejado sentada su postura al respecto, en consecuencia ha señalado lo siguiente:

“…Esta Sala ha señalado, en casos similares, que en materia penal a los fines de verificar la legitimidad del defensor privado para solicitar la tutela constitucional a favor de su defendido, sólo debe comprobarse la consignación del nombramiento que le haya hecho el imputado así como la constancia de haber prestado el debido juramento de ley ante el órgano jurisdiccional (…). Al efecto, en el referido fallo se indicó que la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la república…”.

En este mismo contexto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 481 de fecha 16-03-2007; con Ponencia del Magistrado ARCADIO DELGADO ROSALES, expresó:

“…precisado lo anterior, considera oportuno esta Sala reiterar la jurisprudencia dictada en esta materia, la cual ha quedado expresada en sentencia Nº 1364 del veintisiete (27) de junio de dos mil cinco (2005) (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt), ratificada entre otras, en sentencias Nº 2603 del doce 12 de agosto de dos mil cinco (2005) (caso: Gina Cuencas Batet), Nº 152 del dos (2) de febrero de dos mil seis (2006) (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza) y Nº 1316 del tres (3) de junio de dos mil seis (2006) (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.), en las cuales se señaló que: Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de este tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso el ius postulandi o derecho de hacer pretensiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente. Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el Juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…” (Resaltado propio).

De la misma forma en fecha 25-02-2011; el Magistrado DR. MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN, en Sentencia Nº 134, sostuvo de forma reiterada lo siguiente:

“…Ahora bien, dicha solicitud de amparo fue interpuesta por los abogados Rafael Alfonso Tosta Ríos y Omar Mora Tosta, quienes alegaron actuar como defensores privados del ciudadano Raúl Isaías Baduel. Del análisis de las actas, esta Sala advierte que los profesionales del derecho Rafael Alfonso Tosta Ríos y Omar Mora Tosta, no acompañaron a la presente pretensión de amparo constitucional ningún documento que acredite la supuesta cualidad enunciada para intentar ante esta Sala la presente acción de amparo constitucional.
Sobre este particular esta Sala en sentencia No. 866 del 2 de julio de 2009 (caso: William Saud Álvarez y otros), estableció que:
“…En efecto, de la revisión de las actas que conforman el expediente, esta Sala observa que no aparece el acta que deje constancia de que el abogado Francisco Sierra Corrales haya prestado el juramento de ley como defensor privado del accionante, de conformidad con el artículo 136 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 136. Limitación. El nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad. Una vez designado por el imputado, por cualquier medio, deberá aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente ante el juez, haciéndose constar en acta. El imputado no podrá nombrar más de tres defensores, quienes ejercerán sus funciones conjunta o separadamente, salvo lo que se dispone en el artículo 143 sobre defensor auxiliar’.
Por otra parte, esta Sala mediante sus sentencias Nos. 969 del 30 de abril de 2003 (caso: Roberto Carlos Montenegro Gómez); 1340 del 22 de junio 2005 (caso: Mireya Ripanti De Amaya) y 1108 del 23 de mayo de 2006 (caso: Eliécer Suárez Vera), entre otras, estableció la importancia y el alcance del juramento del defensor del imputado a los efectos de su cabal defensa técnica, lo cual señaló en los términos siguientes:

“..A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado en concordancia con sus derechos fundamentales. Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que está asignada imperativamente al Juez como formalidad esencial para ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible. Al efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República…” (Subrayado de los fallos citados).

Criterios que fueron reforzados mediante Sentencia Nº 491 del 16-03-2007 (caso: Johan Alexander Castillo), en la cual estableció:

“…Al respecto, cabe señalar que el Código Orgánico Procesal Penal establece como necesaria la efectiva designación del sujeto como defensor, aunado a lo cual, se requiere que el mismo acepte ese cargo y jure desempeñarlo fielmente ante el Juez, haciéndose constar en acta, para poder actuar en el proceso penal como tal. (omissis).

Ahora bien, en materia de amparo constitucional, la Sala ha establecido que la legitimación activa corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales; y en el caso sub júdice el supuesto agraviado no otorgó, conforme lo prescribe la norma penal adjetiva, un mandato que permitiera al profesional del derecho, el empleo de medios idóneos para su supuesta defensa…”.

En tal sentido, visto que en el caso bajo análisis no cursa en autos copia certificada del acta en la que se deja constancia de que los abogados Rafael Alfonso Tosta Ríos y Omar Mora Tosta hayan prestado el juramento de ley como defensores privados del accionante, de conformidad con el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal y tampoco se observa mandato alguno que evidencie a la Sala la representación que se atribuyen los mencionados abogados; de conformidad con la jurisprudencia citada precedentemente y de acuerdo al citado artículo 133.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aplicable por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala estima que el amparo interpuesto resulta inadmisible. Así se decide…”.

Dicho lo anterior, este Órgano Jurisdiccional observa que en la presente solicitud del accionante no demostró de manera alguna y suficiente la condición de Defensor Privado del ciudadano presuntamente agraviado, tomando en consideración que la Jurisprudencia reiterada de nuestro Máximo Tribunal de Justicia es clara al determinar que para lograr el mandamiento de la acción de amparo constitucional, se requiere que el accionante detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente; considerando este Tribunal Colegiado actuando en Sede Constitucional que en la presente acción hay una ausencia de tan indispensable requisito procesal en materia de Amparo Constitucional, lo cual trae como consecuencia inmediata, la declaratoria de Inadmisibilidad de la referida acción.

Por lo tanto, siendo que en la presente causa el Profesional del Derecho JAVIER RICARDO ACOSTA CASTRO no consignó el poder que le acredita la cualidad con la que actúa, necesario para intentar la acción de amparo constitucional, siendo ésta, causal de Inadmisibilidad de acuerdo con lo reiterado en Jurisprudencia de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 18, numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es por lo que esta Sala Segunda de la Corte de Apelaciones debe declarar INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Sala Segunda (2ª) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, extensión Barlovento, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad que le Confiere la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el Profesional del Derecho JAVIER RICARDO ACOSTA CASTRO, actuando en nombre el ciudadano MATA CEDEÑO WANDER ARMANDO, en contra del presunto agraviante Tribunal Cuarto (4º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado de Miranda, extensión Barlovento; de conformidad con lo establecido en Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional y, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 18, numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASI SE DECIDE.

Regístrese, déjese copia de la presente decisión, notifíquese al accionante y en su oportunidad legal remítase al archivo judicial.

LA MAGISTRADA PRESIDENTA

Dra. GLEDYS JOSEFINA CARPIO CHAPARRO

LA MAGISTRADA PONENTE

Dra. RAFAELA PÉREZ SANTOYO

EL MAGISTRADO INTEGRANTE

Dr. JOSÉ BENITO VISPO LÓPEZ

EL SECRETARIO

ABG. JOSUÉ ROJAS

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado.

EL SECRETARIO

ABG. JOSUÉ ROJAS

Causa Nº 2Aa-0196-13
GJCC/RPS/JBVL/JR/sc