REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL EXTENSIÓN VALLES DE TUY

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Valles del Tuy Ocumare del Tuy, 12 de junio de 2013 203º y 154º ASUNTO: MP21-P-2013-012346 IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL JUEZ: ABG. MARLENE CABRILES ALVARADO Tribunal Segundo de Control. SECRETARIO: ABG. MARIA ELENA DIAZ IDENTIFICACION DE LAS PARTES FISCAL: ABG. MARIA MERCEDES RAMIREZ, Fiscal de la Sala de Flagrancias del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda. IMPUTADO: CARLOS ALBERTO LOPEZ SUAREZ, v-28.207.264 DEFENSA: ABG. RAFAEL SIMANCAS Defensor Publico 10 (S) Visto el escrito presentado por el Abg. RAFAEL SIMANCAS, en su carácter de Defensor Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, recibido en este Tribunal en fecha 04-06-2013, mediante el cual solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada por este órgano jurisdiccional en fecha 18 de mayo de 2013, en contra del ciudadano CARLOS ALBERTO LÓPEZ SUAREZ; este Tribunal a los fines de emitir pronunciamiento respectivo se observa: Capitulo I ANTECEDENTES DEL PROCESO En fecha 17 de mayo de 2013, los funcionarios adscritos al Instituto de Policía Municipal Independencia, estado Bolivariano de Miranda, señalan las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, en los cuales fue aprehendido el ciudadano CARLOS ALBERTO LÓPEZ SUAREZ y puesto a la orden de la Fiscalía de Sala de Flagrancias del Ministerio Público del estado Bolivariano de Miranda. Presentadas como fueron las actuaciones policiales por parte de la Abg. MARIA MERCEDES RAMIREZ, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, procedió a fijar la respectiva audiencia oral de presentación de aprehendido para el día 18 de mayo de 2013.- En fecha 18 de mayo de 2013, fue celebrada audiencia oral de presentación de aprehendido por ante este Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, oportunidad en la cual se decretó, entre otros, la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del acusado CARLOS ALBERTO LÓPEZ SUAREZ, por considerar llenos los extremos de ley contenidos en los artículos 236, 237 y 238, todos del texto adjetivo penal, por ser presuntamente responsable de la comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal.- En fecha 04-06-2013, es recibido en este órgano jurisdiccional escrito de solicitud presentado por el Abg. RAFAEL SIMANCAS, en su carácter de Defensor Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, mediante el cual solicita la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, acordada en fecha 18-05-2013. Capitulo II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Respecto de la procedencia del pedimento formulado por el defensor público Abg. RAFAEL SIMANCAS, observa este Tribunal el contenido del artículo 250 del código orgánico procesal penal, el cual reza lo siguiente: “Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación…” (Subrayado y negrillas del Tribunal). En este orden de ideas, el legislador autoriza con carácter provisional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas de coerción personal bajo las formas y exigencias previstas en el ordenamiento jurídico, en virtud que dichas medidas garantizan el eventual cumplimiento y los posibles resultados del proceso penal, así como, el interés de la víctima y la pretensión punitiva del Estado. No obstante se hace necesario en resguardo de los derechos Constitucionales consagrados a toda persona como son el derecho a la libertad y a ser juzgado en libertad, que tales medidas de coerción sean aplicadas únicamente cuando sean necesarias y proporcionables para neutralizar los peligros que puedan ceñirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva y deberá ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso en concreto así lo amerite. Ahora bien, respecto de la medida de coerción personal que pesa sobre el hoy imputado RAFAEL SIMANCAS, estimó este Tribunal procedente la misma, basada entre otros, en los siguientes elementos de convicción: 1.- Acta Policial, suscrita por funcionarios del Instituto Autónomo de Policía municipal de Independencia del estado Bolivariano de Miranda, de fecha 17/05/2013 (F. 4). 2.- Acta de entrevista rendida por el ciudadano JOSE, ante el Instituto Autónomo de Policía municipal de Independencia del estado Bolivariano de Miranda, de fecha 17/05/2013 (F. 5). 3.- Acta de entrevista rendida por la ciudadana YORYELIS, ante el Instituto Autónomo de Policía municipal de Independencia del estado Bolivariano de Miranda, de fecha 17/05/2013 (F. 6). 4.- Acta de entrevista rendida por la ciudadana MICHEL, ante el Instituto Autónomo de Policía municipal de Independencia del estado Bolivariano de Miranda, de fecha 17/05/2013 (F. 7). 5.- Acta de entrevista rendida por la ciudadana MARIA, ante el Instituto Autónomo de Policía municipal de Independencia del estado Bolivariano de Miranda, de fecha 17/05/2013 (F. 8). Los referidos elementos de convicción, en su globalidad, llevan a la convicción a esta Juzgadora, de establecer la presunta autoría y responsabilidad penal del ciudadano CARLOS ALBERTO LÓPEZ SUAREZ, en el ilícito calificado de manera provisional por la representación Fiscal, y acogida por este Tribunal, en cuanto al delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal.- Es de importancia señalar, que aplicar la medida de privación judicial preventiva de libertad no menoscaba el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8 del texto adjetivo penal, es decir, aún cuando el imputado en el presente caso tiene el derecho y la garantía a que se les presuma inocente, no obstante, esa medida coercitiva fue concebida por el legislador con el objeto de garantizar las finalidades del proceso, como lo es la de establecer la verdad de los hechos, de llevar a cabo la conclusión del proceso, del debate y de dictar una sentencia definitiva, a través de la aplicación del derecho y la justicia, y que en nada afecto la referida garantía del imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que, esta Juzgadora considerando de lo anteriormente señalado, que no han variado las circunstancias que motivaron la aplicación de la medida de coerción impuesta, es por lo que estima procedente y ajustado a derecho RATIFICAR LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del imputado CARLOS ALBERTO LÓPEZ SUAREZ, de conformidad con lo establecido en el articulo 236 numerales 1, 2 y 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 237 numerales 2 y 3, y el artículo 238, todos del código orgánico procesal penal, y así se decide. DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO. Una revisada y examinada las actuaciones que conforman el presente asunto, tal y como lo solicitare la defensa técnica del imputado de autos, declara SIN LUGAR la imposición de una medida cautelar sustitutiva de libertad y en consecuencia acuerda RATIFICAR la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en contra del imputado CARLOS ALBERTO LÓPEZ SUAREZ, por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal; ello de conformidad con lo establecido en el articulo 236 numerales 1, 2 y 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 237 numerales 2 y 3 y el artículo 238, todos del código orgánico procesal penal, por considerar que no han variado las circunstancias que motivaron la aplicación de la referida medida de coerción personal. Notifíquese a las partes conforme lo establecido en el único aparte del artículo 159 del texto adjetivo penal. LA JUEZ SEGUNDO DE CONTROL, ABG. MARLENE CABRILES ALVARADO LA SECRETARIA ABG. MARIA ELENA DIAZ Seguidamente se dio cumplimiento a lo aquí ordenado. LA SECRETARIA ABG. MARIA ELENA DIAZ ASUNTO: MP21-P-2013-012346