REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO QUINTO (5º) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA CON SEDE EN GUARENAS Años 202° y 154° EXPEDIENTE Nº 5201-13 PARTE ACTORA: JOSE LUIS CARMONA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.602.039. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: RAYZA VEGAS, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 68.163 PARTE DEMANDADA: ALNOVA C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04 de Octubre de 1979, bajo el No. 29, Tomo 158-A-Pro. APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: MARÍA BEATRIZ SANCHEZ DEVENISH y EURICE DEL CARMEN DIAZ BOZO, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 46.870 y 85.400 MOTIVO: ACCIDENTE DE TRABAJO Revisada como ha sido la presente demanda por ACCIDENTE DE TRABAJO, la cual fue admitida por este Juzgado en fecha 26/02/2013, interpuesta por el ciudadano JOSE LUIS CARMONA contra la sociedad mercantil ALNOVA C.A, siendo que en fecha 12/03/2012, consignaron escrito transaccional, cursante a los folios 25 al 34, al respecto este Tribunal observa lo siguiente: La parte actora en el escrito libelar detalló que demandaba de conformidad con el artículo 130 de la LOPCYMAT la cantidad de (Bs.- 120.000,00), el daño moral (Bs. 10.000,00), lucro cesaste (Bs. 60.422,40), total demando (Bs. 191.326,80).- Ahora bien, Examinados los términos de la transacción, se observa que el ex trabajador fundamento su transacción según lo establecido en artículo 81 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, además manifiesta que se encuentra dentro de la categoría de discapacidad total permanente para el trabajo, y articulo 130 LOPCYMAT, numeral 3: el pago de una indemnización por el daño moral producido como consecuencia de un accidente de trabajo que le ocasiono una discapacidad total y permanente y afecciones de carácter psicológico; lucro cesante por cuanto a la fecha tiene la edad de 58 años siendo su tiempo hábil laboral y reclama lo señalado en el libelo, además se observa que el demandante contó con la debida asistencia de abogado, cumpliéndose así con la garantía constitucional de asistencia debida en el proceso; de igual manera la apoderada judicial de la parte demandada está facultada para transigir y pagar cantidades de dinero, así como en la manifestación escrita del acuerdo, que el accionante actuó en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno, y visto que el escrito presentado, se encuentra debidamente circunstanciado en cuanto a la motivación de la transacción y los derechos comprendidos, es por lo que este Juzgado, como autoridad competente, acuerda concederle la homologación a la manifestación de voluntad presentada por las partes en este caso y el efecto de cosa juzgada y transcurrido el lapso sin que las partes interpongan recurso alguno contra esta decisión, se ordenará el cierre y archivo del expediente. ASI SE DECIDE. En sintonía con lo anterior, se considera esta Juzgadora pertinente traer a colación lo establecido en la decisión de la Sala de Casación Social de fecha 23/04/2012, con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz en el caso Sterling Vs. Alimentos Polar Comercial, C.A., con relación a la competencia de los Juzgados Laborales para homologar transacciones en materia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, visto el criterio manejado por la Sala Político Administrativa que el Poder Judicial no tiene jurisdicción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. En la decisión antes mencionada, el Magistrado Mora Díaz hace un análisis de la norma señala anteriormente y de las decisiones de la misma Sala Político Administrativa con relación a los Tribunales que son competentes para conocer los recursos que se interpongan contra decisiones administrativas en materia del trabajo, expuso: “…De las normas antes transcritas, se evidencia que el Legislador atribuyó competencia a los Juzgados del Trabajo para conocer y decidir los asuntos contenciosos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales, en protección de los derechos e intereses que le corresponden a toda persona en su condición de trabajador y respecto a los cuales se haya hecho titular en virtud de una relación laboral, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y dentro de la cual, necesariamente, se incluyen todas las reclamaciones suscitadas en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahora bien, resulta importante señalar que el proceso que actualmente rige la jurisdicción laboral, se encuentra inspirado en la estimulación por parte de los operadores de justicia de los medios alternos de resolución de conflicto, tal como lo señala la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual impulsa la incorporación de los mismos, como una alternativa para dirimir las controversias, ello en procura de obtener una verdadera justicia social. Una de las formas comúnmente utilizadas por los justiciables que derivan de la aplicación de los medios alternos de resolución de conflictos, es precisamente la transacción, como mecanismo de autocomposición procesal que contribuye a terminar un litigio judicial en forma definitiva y precaver uno eventual, la cual se trata de la manifestación de voluntad expresa de las partes, donde se conceden recíprocas concesiones, cuya homologación viene a constituir una resolución que dota de ejecutoriedad al contrato celebrado por las partes -transacción-, dándole firmeza y carácter de cosa juzgada. Es de destacar que, cuando el Legislador patrio hace mención al funcionario público ante quien se presentará la transacción laboral para su homologación, hace alusión, indistintamente, al Juez (a) o Inspector (a) del Trabajo competente, por lo que dicha decisión puede ser tomada en sede administrativa o judicial (vid. Artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 11 de su Reglamento). En sintonía con lo hasta aquí expuesto, esta Sala de Casación Social considera que el aparente vacío que presenta el artículo 9 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, no es tal al hacer una interpretación extensiva de la normativa que rige la materia, pues, si los órganos pertenecientes a la jurisdicción laboral son quienes, en efecto, pueden lo más, ya que tienen la competencia para conocer de las acciones que se ejerzan en contra de la decisión que homologue una transacción laboral, en sede administrativa, y además conocen y deciden de todos aquellos asuntos contenciosos que se susciten con ocasión de una relación laboral, incluso de las reclamaciones derivadas en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, tal y como quedó evidenciado del recuento efectuado en párrafos precedentes, también podrían conocer de lo menos, esto es, efectuar la homologación de la transacción presentada por la partes que versen sobre dichas materias, la cual comúnmente se presenta dado el deber que tienen los Jueces de promover los medios alternos para la resolución de conflictos. Así se decide. El razonamiento anteriormente expuesto es compartido ampliamente por esta Juzgadora, es por lo que este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con Sede en Guarenas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN suscrita entre el ciudadano JOSE LUIS CARMONA y la sociedad mercantil ALNOVA C.A. , ambas partes suficientemente identificadas en autos, a la cual se le confiere efecto de cosa juzgada. SEGUNDO: No hay condenatoria en Costas.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, y DÉJESE COPIA Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con Sede en Guarenas, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013). Años: 202º y 154º. LA JUEZ CARMEN VIOLETA CEDRE TORRES LA SECRETARIA NOTA: En esta misma fecha, previa las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior decisión.- LA SECRETARIA EXP Nº 5201-13 CVC/CG