TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
LOS TEQUES

202º y 153º

PARTE ACTORA: MERCEDES JOSEFINA SANTANA BURGUILLOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-6.835.839.
APODERADO JUDICIAL
DE LA PARTE ACTORA: JOSÉ LUIS MENESES CHIRINOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 158.649.

MOTIVO: INTERDICCIÓN CIVIL.

EXPEDIENTE Nro.: 20.353.

-I-
Se inició el presente asunto por solicitud que introdujera en fecha 21 de octubre de 2013, por la ciudadana MERCEDES JOSEFINA SANTANA BURGUILLOS, debidamente asistida por la abogada IVANNA ALVARADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 143.297, en la cual pretende la DECLARATORIA INTERDICCIÓN del ciudadano JESÚS RAÚL SANTANA BURGUILLOS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 6.732.990, quien es su hermano. Dicha solicitud correspondió ser conocida por este Juzgado luego de haberse efectuado el sorteo correspondiente.
En fecha 30 de octubre de 2013, la parte actora consignó los siguientes recaudos: Marcada “A” fotocopia comunicación dirigida por el Dr. JORGE LUIS YANEZ AVILAN.- Marcada con la letra “B” Fotocopia informe médico emanado por el Dr. PEDRO JOSÉ MUJICA, y otorgo Poder apud acta al abogado en ejercicio JOSÉ LUIS MENESES CHIRINOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 158.649.
En fecha 04 de noviembre de 2013, se admitió la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, se ordeno abrir una averiguación sumaria sobre los hechos imputados.
En fecha 06 de noviembre de 2013, el apoderado judicial de la parte actora, mediante diligencia: 1) consignó marcada con la letra “A” constancia de evaluación de incapacidad residual del ciudadano JESÚS SANTANA, titular de la cédula de identidad Nº V 6.732.990; 2) Solicitó que de conformidad con lo ordenado en el auto de admisión se fije la oportunidad para la declaración testimonial de los cuatro (04) familiares o amigos del presunto entredicho, para lo cual señala cuatro (04) amigos de la misma; 3) consigna los fotostatos para la notificación fiscal.
Visto lo anterior, debe este Tribunal pasar a realizar las siguientes consideraciones:
-II-
Previo a cualquier otra consideración, debe este Tribunal establecer su competencia para el conocimiento de la acción en esta instancia, en el entendido de que el principio del Juez Natural tiene una prevalente importancia en el tratamiento adjetivo de los juicios como el de autos. En este sentido, se señala que la competencia por la materia debe establecerse, en primer término por las disposiciones de las leyes especiales que se hayan dictado para crear Tribunales especializados en el conocimiento de determinados asuntos. El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil consagra lo siguiente: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan”. Por cuanto la competencia por la materia es de orden público, la misma puede ser examinada en cualquier estado e instancia del proceso.
Por lo que la competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un solo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional. La determinación de la competencia por la materia se atiende a la naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia, y sólo en consideración a ellas se distribuye el conocimiento de las causas entre diversos jueces. Para el legislador fijar si un Tribunal es o no competente por la materia, lo primero que debe atenderse es la esencia de la propia controversia. Luego debe remitirse a las disposiciones legales que la regulan. Aquí no sólo atañe a las normas que regulan la propia materia, sino también el aspecto del criterio atributivo de competencia, que el ordenamiento jurídico le asigna a cada órgano jurisdiccional en general; y particular, al que examina su propia competencia o incompetencia. La combinación de ambos criterios, desde el punto de vista del derecho adjetivo, determina la competencia por la materia.
El artículo 60 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente: “La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso”.
En el caso bajo estudio se trata de una solicitud de Interdicción, la cual fue incoada ante el Juzgado Distribuidor de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, el cual previa distribución correspondió a este Tribunal conocer de la presente causa. En este sentido, es de mencionar el artículo 735 del Código de Procedimiento Civil que establece: “El juez que ejerza la jurisdicción especial de los asuntos de familia y, en su defecto, el de primera instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, es el competente en estos juicios”. Sin embargo, la Resolución 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial No. 39.152 de fecha 02 de abril de 2.009, en consideración de que los Juzgados de Primera Instancia agotan buena parte de sus recursos atendiendo asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, nuestro Máximo Tribunal estableció en su artículo 3 lo siguiente: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales”. De conformidad con la Resolución anteriormente citada, se le atribuye competencia a los Tribunales de Municipio para conocer de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, quedando sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales, por lo que corresponde determinar si el procedimiento de interdicción que tiene naturaleza eminentemente civil, es de jurisdicción voluntaria o no contenciosa y, al respecto observa quien decide que, analizando los artículos 393 y 395 del Código Civil Venezolano, el promovente de la interdicción es una de las partes en el juicio, siendo la otra el propio indiciado como débil mental o pródigo. Una vez entablado el juicio correspondiente, tan solo el promovente y el indicado tienen el carácter de partes y habida cuenta de la naturaleza del juicio de interdicción, cuyo interés principal es constatar la debilidad mental del indiciado, a fin de que se dicten las medidas que tiendan a proteger sus intereses, extraños a la capacidad del indiciado, lo cual es materia esencialmente de orden público. Pero no basta el hecho concerniente a que el juicio sea de orden público, para que pueda considerarse que esta clase de procedimientos constituyen materia contenciosa, pues se trata de un procedimiento que solo interesa al promovente y al indiciado de incapacidad, en el cual, el Juez, vistas las evidencias presentadas declarará o no la interdicción. Por consiguiente, concluye quien decide en que la presente solicitud de interdicción es materia civil de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, razón por la cual, a la luz de las consideraciones anteriores, corresponde la competencia por la materia a los Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Así se declara.-
Declarado lo anterior, y en vista de que el notado de demencia tiene su domicilio en jurisdicción del Municipio de Andrés Bello, este Tribunal se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA para seguir conociendo la presente solicitud de interdicción, y en consecuencia declina la competencia en el Juzgado del Municipio Andrés Bello de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Así se decide.-
-III-
Con fundamento a las razones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se Declara:
PRIMERO: INCOMPETENTE POR LA MATERIA PARA SEGUIR CONOCIENDO LA PRESENTE SOLICITUD DE INTERDICCIÓN propuesta por la ciudadana MERCEDES JSEFINA SANTANA BURGUILLOS, actuando en este acto en beneficio de su hermano JESUS RAFAEL SANTANA BURGILLOS, titular de la cédula de identidad Nº V-6.732.990, domiciliado Sector Madre Vieja, Primera Transversal casa s/n, Parroquia San José, Municipio Andrés Bello del Estado Bolivariano de Miranda, en aplicación de la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y del dispositivo contenido en el Artículo 3 de la Resolución N° 2009-0006 dictada en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión, este Tribunal DECLINA la competencia para conocer de la presente solicitud al Tribunal de Municipio Andrés Bello de esta Circunscripción Judicial.
Remítase el presente expediente junto con oficio, al Juzgado respectivo, una vez vencido el lapso de cinco (5) días de despacho, a que se refiere el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 eiusdem.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Los Teques, a los ocho (08) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013). AÑOS: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZ,

DRA. ZULAY BRAVO DURAN
LA SECRETARIA,

ABG. JAIMELIS CORDOVA MUJICA
En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 02:30 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de ley.

LA SECRETARIA,

ABG. JAIMELIS CORDOVA MUJICA.

Exp.Nº 20.353