TSJ Regiones - Decisión

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE Nº 1062
Mediante libelo de fecha veinte (20) de Noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996), la ciudadana YVETTE PRADO MADERA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, portadora de la cédula de identidad N° V-3.988.873, asistida por la ciudadana: EGILDA ESCALANTE DE COVA, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 18.715, demandó al ciudadano JOSE ANTONIO ORTIZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, por DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRANSITO.
I
DEMANDA
Alega el actor que en fecha 25 de Mayo de 1996, aproximadamente a las 11:00 de la noche cuando el vehículo de su propiedad marca Toyota, Servicio de carga, tipo estaca, clase jeep, año 1980 placas N º492-GAE, conducido por el señor JOSE LEON JIMENEZ, portador de la cédula d identidad Nº V-5.941.631 se trasladaba a mi residencia ubicada en el Conjunto Residencial Colina Alta, Urbanización Oropeza Castillo, Guarenas, a la altura de Aconcagua cerca del estadium de Oropeza Castillo, un vehículo clase camión tipo estaca, modelo 1967, marca G.M.C., placas Nº 624-MAI, que se desplazaba en sentido contrario haciendo zig zag, se les fue encima tomando el canal de circulación y sin poder evitarlo la choco aparatosamente. El camión era conducido por el ciudadano JOSE ANTONIO ORTIZ quien bajo los efectos de bebidas alcohólicas en forma imprudente, a exceso de velocidad sin tomar ningún tipo de previsión, en una forma irresponsable invadió el canal de circulación contrario por donde se desplazaba y produjo una serie de daños tanto materiales como personales. Continua alegando que debido al accidente resultó lesionada, por lo que las actuaciones originales de tránsito se encuentran cursando al expediente Nº 16.260, llevado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guatire y como consecuencia del accidente, le fueron ocasionadas una serie de lesiones con numerosos traumatismos, por lo que fue ingresada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Guarenas, donde recibió las primeras curas y en vista de que no presentaba graves daños le mandaron varios medicamentos hasta que regresara para practicarle unas radiografías, trasladándose a su casa, posteriormente al cabo de pocas horas empezó a presentar un dolor intenso a la altura del cerebro por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico de la Policía Metropolitana de Caracas, en donde quedó hospitalizada y dada de alta al siguiente día con el diagnostico de latigazo cervical con tratamiento y reposo absoluto por 30 días, según informe medico que acompañó a su demanda y que el vehículo de su propiedad sufrió daños materiales de consideración, constante en parachoques delantero y trasero, puertas, parrilla, capó, guardafangos delantero, cabina, techo doblado, parabrisas, vidrios laterales y espejos retrovisores, volante, tablero, cardan, radiador, caucho y rin trasero izquierdo, ballestas, crucetas, base de la caja y motor, transmisión, tanque de gasolina, dirección, tren delantero, chasis doblado, durmientes de madera, plataforma salida de su sitio y doblada, tubo de escape, stop y carrocería, todos dañados, lo cual asciende a la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.500.000,00), equivalente en la actualidad por la reconversión monetaria en la cantidad de MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.500,00). Como consecuencia de las lesiones que sufrió en dicho accidente permaneció de reposo, imposibilitada para trabajar sufriendo su patrimonio un daño adicional constituido por el lucro cesante o cantidades de dinero que dejó de percibir en su condición de abogado en ejercicio, monto que estima en la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00), equivalente en la actualidad por la reconversión monetaria en la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00).

Con fundamento en el artículo 1.185 del Código Civil demanda por DAÑOS y PERJUICIOS, pretendiendo una reparación por la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 3.500.000,00), equivalente en la actualidad por la reconversión monetaria en la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 3.500,00).

DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA
Resultando imposible la citación personal de la parte demandada se llamó por carteles, siéndole designado Defensor Ad Litem, recayendo dicho nombramiento en la persona de la Abogada ANA MIRIAN CLAVO DE MARCANO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 54.334, en quien se practicó la citación, en fecha 21 de Febrero de 1997, y en la oportunidad de la contestación de la demanda, presentó escrito constante de un (1) folio en el cual rechazó y contradijo la misma de manera genérica.

DEL DECAIMIENTO DE LA ACCION
Encontrándose la causa paralizada en estado de sentencia, sin actividad procesal del actor, por un lapso mayor nueve (09) años, para el 28 de enero de 2004, fecha en la cual se ordenó la notificación de las partes conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 956, del 01 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual se estableció la siguiente doctrina:(Omissis) “…A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional…OMISSIS…En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde…OMISSIS... Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse. No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales: 1.- Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. 2.- La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como el caso de marras. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido” consta que en fecha 15 de Julio de 2010, se practicó la notificación ordenada en cartelera conforme lo previene el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, sin que la parte actora compareciera dentro del lapso concedido a exponer las razones o motivos que hubiere tenido para no instar el pronunciamiento de la sentencia

En la presente causa, se evidencia que la última actuación procesal de la parte actora es de fecha 16/04/97, cuando compareció a presentar escrito de informes, ausentándose del proceso, y de ello han transcurrido más de dieciséis (16) años, a la fecha, sin que las partes hayan impulsado el proceso para que se dicte sentencia, mostrando un total desinterés. En virtud de lo cual, se deduce que es indiscutible que ambas partes, no quieren que se sentencie el presente juicio, por ello, no accionan al órgano jurisdiccional para este fin, ni piden en la causa que le fallen.
Ahora bien, en virtud de haber transcurrido mas de dieciséis (16) años, desde la última vez en que las partes impulsaron el proceso, hasta la presente fecha, sin que demostraran interés procesal alguno en dicha causa, superado con creces el lapso de prescripción que en materia de tránsito es de un (01) año, este Juzgado, acogiendo el criterio jurisprudencial reiterado por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, relativo al decaimiento de la acción cuando se trata de falta de interés procesal, siendo este uno de los caracteres principales para la procedencia y continuidad de la pretensión, pues el mismo es un medio restablecedor de situaciones jurídicas infringidas, relacionadas directamente con el goce y ejercicio de derechos y garantías constitucionales, considera, que en el caso de autos, en virtud de encontrarse la causa sin actividad de las partes por más de dieciséis (16) años, ha sobrevenido el decaimiento de la acción.

CONCLUSION
En cumplimiento a los principios constitucionales relativos al debido proceso, el derecho a la defensa, igualdad de las partes, celeridad y economía procesal, previstos en nuestra Carta Magna, así como en nuestro ordenamiento jurídico, y conforme ha sido establecido en sentencia de fecha 14 de febrero de 2002, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (caso Banco Central de Venezuela) y sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de febrero de 2003 (asunto N° 02-0827), aunadas a la arriba citada parcialmente, mediante las cuales se ha establecido el criterio relativo al decaimiento de la acción por falta de interés e impulso procesal, en virtud de la inactividad indefinida de las partes, deberá declararse la extinción de la acción en esta instancia, por la pérdida de interés en la presente demanda. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derecho anteriormente explanadas, y en mérito de las anteriores consideraciones, este JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, administrando justicia en NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley, DECLARA: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio que por DAÑOS y PERJUICIOS sigue YVETTE PRADO MADERA contra JOSE ANTONIO ORTIZ, en consecuencia se da por terminado el juicio. Archívese el expediente.
Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas conforme al artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Déjese copia de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despachos de este Juzgado, en Guarenas a los treinta (30) días del mes de Octubre de dos mil trece. (2013). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ

Abg. WILMER HERNANDEZ OROPEZA
LA SECRETARIA

Abg. CARMEN JANETH MARTINEZ
Expediente: 1062
En fecha 30 /10 /2013, siendo las 12:30 PM, se publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA

Abg. CARMEN JANETH MARTINEZ