TSJ Regiones - Decisión

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

EXPEDIENTE 8486

Mediante solicitud de fecha 05 de octubre de 2010, el ciudadano DERCI RAFAEL BARRIOS GRANADINO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la cédula de identidad Nº V-14.076.583, asistido por el Abogado ALBERTO RODRIGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 32.531, solicitó ante este tribunal, a la ciudadana ELIZABETH MERCEDES PATIÑO MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, domiciliada en el Municipio Zamora del estado Miranda y portadora de la cédula de identidad Nº V-8.753.785, la ENTREGA MATERIAL de bien vendido, fundamentando su solicitud en el artículo 929 del Código de Procedimiento Civil.

Admitida la solicitud se comisionó al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda a fin de la materialización de la entrega acordada, siendo remitido el despacho correspondiente.

En fecha 01/11/2010 comparece el ciudadano YONATHAN RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la cédula de identidad Nº V-11.486.227 asistido por la Abogada CARMEN MYRIAN ECHENIQUE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 59.527, como tercero interesado en la presente solicitud y presentó escrito de oposición a la materialización de la entrega material ordenada por el Tribunal; en virtud de la oposición mediante auto de fecha 03/11/2010 el tribunal suspendió la práctica de la entrega oficiando al comisionado a fin que fuese devuelto el despacho librado.

En fecha 18/02/2011, compareció el solicitante, DERCI RAFAEL BARRIOS GRANADINO, ampliamente identificado en autos, asistido por el abogado IBRAHIM JOSE GUERRERO BRACHO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 137.460 y solicitó al Tribunal la remisión nuevamente del despacho de ejecución al Juzgado ejecutor de medidas para la práctica de la entrega material solicitada.

Desde la última actuación del interesado, (18/02/2011), no consta en autos actividad alguna por parte del mismo, por lo que este Tribunal pasa a resolver, si existe pérdida del interés en el presente asunto, en los siguientes términos:

PRIMERO: el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”.

Debe entenderse, entonces, el interés procesal, como la necesidad por parte de una persona, de acudir a los órganos jurisdiccionales en procura de una tutela judicial efectiva a sus derechos insatisfechos. Al efecto, y este interés, además, debe existir a lo largo de todo el proceso.

Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 08 de mayo de 2007, N° 870, expediente N° 04-0765, con ponencia del Magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, estableció, con respecto a la pérdida de interés, lo siguiente: “…esta Sala en sentencia Nº 956 del 01 de junio de 2001 realizó un análisis sobre la perención y el abandono del trámite, equiparando ambas figuras como consecuencia de la inactividad de las partes durante la sustanciación de un proceso.
Si bien es cierto que ambas figuras pueden ser análogas, por los efectos que producen en el proceso, existen divergencias sobre el momento de su ocurrencia, sin obviar, por supuesto, la fuente que da origen a las mismas.
Así pues, a juicio de esta Sala, la pérdida del interés durante la tramitación de un proceso, puede ocurrir aun antes de ser admitida la causa, cuando interpuesta la demanda, solicitud o querella, el demandante no insta al órgano jurisdiccional para que dé el trámite respectivo, dejando transcurrir un tiempo suficiente, el cual en muchas oportunidades resulta prolongado e indefinido, actitud que denota negligencia, y hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés en obtener una solución al caso planteado y se administre la justicia que ha clamado al momento de interponer la demanda.
Dentro de este contexto, la Sala considera conveniente traer a colación el dispositivo del artículo 253 del Texto Fundamental: “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas...” y, como tal, la función jurisdiccional se activa a instancia de los ciudadanos, y el deber correlativo del Estado –a través de los órganos jurisdiccionales- es impartirla por autoridad de la ley.
En efecto, si una demanda, solicitud o querella no ha sido admitida dentro del lapso previsto en la ley, y transcurre un lapso de un año o mayor a éste –para equipararlo al de la perención, previsto en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil- para cualquier demanda –excepto en materia de amparo constitucional, el cual es de seis (6) meses- lo pertinente es que el juzgador, de oficio, declare la pérdida del interés procesal”.

Ahora bien, debe establecerse, en el caso bajo estudio, la pérdida del interés anteriormente mencionada y ver si se trata de una pérdida de interés sustancial o procesal, para lo cual se trae a colación sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 10 de Febrero del 2000, con ponencia del Magistrado Dr. Rafael Ortiz-Ortiz, en la cual señaló lo siguiente: “…En el ordenamiento jurídico venezolano, así como en las modernas legislaciones procesales, la falta de impulso a las causas, se sanciona con la “perención” de la causa, constituyendo con esto una sana política para descongestionar a los tribunales de aquellos procesos en los cuales las partes les deviene una falta de interés sobrevenida. La norma marco de esta situación viene dada por el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: OMISSIS…, la norma anteriormente transcrita sugiere que los motivos para declarar la perención operan en dos sentidos: a) cuando transcurra un año sin haberse ejecutado “ningún acto de procedimiento por las partes”; pero la segunda parte que dispone: “la inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención,” hace surgir la duda si la inactividad del Juez “antes” de vista la causa produce o no la perención. En este sentido cabe observar que el impulso procesal no sólo corresponde al Juez (de manera oficiosa) según lo establece el Artículo 14 del Código Procedimiento Civil, sino que es una “carga procesal” (imperativo en el propio interés) de las partes a quién corresponda. Luego, es perfectamente lógico pensar que la “inactividad del Juez” aunado a la “inactividad de las partes” genera sin dudas las consecuencias de una causa sin actividad alguna durante un año (1), y ello es justamente lo que se requiere para decretar la perención. (…)
Aún resuelto este punto, y para el caso concreto, queda otra duda por resolver: SI NO HABIÉNDOSE ADMITIDO LA DEMANDA PUEDE DECRETARSE LA PERENCIÓN; el argumento en contra de esta posibilidad viene dado por lo que ha establecido alguna jurisprudencia nacional y es la de considerar que como no hay “proceso” por la falta de admisión, entonces no puede decretarse la perención de la instancia, el asunto se resuelve si se repara de la distinción entre “proceso y “procedimiento”; en efecto la noción de proceso es el vínculo consecuencial entre la “acción” y la “jurisdicción”, sin embargo, para la noción de “procedimiento” no es requisito indispensable la admisión ni la contestación de la demanda, tanto es así que puede haber procedimiento sin contestación a la demanda (piénsese en las demandas no admitidas las cuales son sujetas a apelación y casación). El procedimiento en cambio es la consecuencia del ejercicio de la acción y corresponde al efecto de la instancia o la petición. Por esta vía concluye, esta Corte que el requisito de instancia no exige que haya habido contestación o admisión de la demanda, sino que por el contrario es necesaria la petición de las partes al órgano jurisdiccional en hacer el pronunciamiento respectivo.
Por otra parte, observa esta Corte que el Artículo 16 del Código de Procedimiento Civil exige como requisito de la demanda el que haya un “interés jurídico actual,” y esa actualidad se demuestra no sólo por las consecuencias que emanan de un acto que se cuestiona en la esfera subjetiva de la parte peticionante, sino también implica el interés puesto por el peticiente de requerir de los órganos jurisdiccionales el pronunciamiento que corresponda según la etapa procesal de que se trate.
La primera noción que tenemos de “interés “es la de la “necesidad de hacer uso de la acción”; pero técnicamente el interés, como condición para accionar, tiene que ver con el interés procesal.

Así pues, siguiendo a Enrico Tulio Liebman (Vid. Manual de Derecho Procesal Civil) (tra. Santiago Sentís Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1980).
“El interés para accionar es el elemento material del derecho de acción y consiste en el interés para obtener la providencia solicitada. El mismo se distingue del interés sustancial es por eso que el interés procesal es secundario e instrumental, respecto del interés sustancial primario y tiene por objeto la providencia que se pide al Magistrado, como medio para obtener la satisfacción del interés primario, que ha quedado lesionado por el comportamiento de la contraparte, o más genéricamente por la situación de hecho objetivamente existente.
El interés para accionar surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para protegerlo y satisfacerlo. “

Tan distintos son el “interés sustancial” del “interés procesal” que el reconocimiento del interés para accionar no significa todavía que el actor tenga razón. Visto así, la pérdida del interés procesal se genera en la inactividad de las partes y en consecuencia produce la perención de la instancia; en cambio la pérdida del interés sustancial genera la improcedencia del derecho sustancial deducido en juicio.
En nuestro ordenamiento jurídico la falta de interés sustancial genera la inadmisión de la demanda, pero la falta de interés procesal genera la pérdida de la instancia (perención); de hecho, esta tesis se ve confirmada en el hecho que decretada la perención (por falta de interés procesal), el actor puede interponer nuevamente la acción pasados que fueren noventa días de verificarse aquélla (véase artículo 271 del Código de Procedimiento Civil).
Si no fuera cierta esta tesis, (diferenciar entre “interés procesal” e “ interés sustancial”) no tendría sentido establecer en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil que “para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual,” porque el artículo 361 lo establece como defensa de fondo del demandado; esta aparente antinomia se explica estableciendo que el interés “ no es un requisito de la demanda” sino de la pretensión procesal, y que la falta de interés in limine litis solo puede estar referida al interés procesal que se refiere a la innovación de un procedimiento jurisdiccional. “La falta de interés sustancial opera como una defensa de fondo a tenor de lo establecido en el primer aparte del artículo 361 del CPC, en cambio que la falta de interés a la que se refiere el artículo 16 eiusdem, se refiere al interés procesal…”.

Es entonces que este Juzgador se acoge a los criterios anteriormente expuestos, observándose en el caso de marras que desde la fecha 18/02/2011 no ha habido ninguna actuación por parte del solicitante para obtener la entrega material solicitada en su petitorio; por tanto se evidencia falta de interés procesal de éste, lo cual trae como consecuencia la perención de la misma. ASÍ SE DECLARA.

CONCLUSION
En el caso de autos, nos encontramos dentro del primer supuesto, establecido en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, es decir, cuando habiéndose interpuesta la acción, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Ahora bien, siendo ésta una solicitud en sede de jurisdicción voluntaria, se observa que han transcurrido, desde el 18/02/2011 hasta el día de hoy, dos (02) años, seis (06) meses y diecinueve (19) días, sin que el solicitante haya desplegado actividad alguna, lo cual hace presumir que no tiene interés procesal en que se le administre justicia considerándose esto una renuncia a la justicia oportuna; por lo que es forzoso para este Juzgador declarar la perención por pérdida del interés procesal en la presente solicitud, como así se declarará en la dispositiva del fallo. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA:
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, Administrando Justicia EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA: LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en esta solicitud presentada por el ciudadano DERCI RAFAEL BARRIOS GRANADINO, plenamente identificado, lo que causa la decadencia del procedimiento; interés necesario de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que se aplica por analogía.
No hay condenatoria en costas por la índole de la decisión.
Téngase la presente solicitud como terminada y se ordena el archivo del presente expediente y su remisión al Archivo Judicial con oficio
PUBLIQUESE.
Déjese copia de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Guarenas, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013). Años: 202° de la Independencia y 154° de la Federación
EL JUEZ

Abg. WILMER HERNÀNDEZ OROPEZA

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

ABGD. LUIS ENRIQUE PULIDO

En fecha 17/09/2013, siendo las 12:30 PM., se publicó la anterior sentencia
EL SECRETARIO ACCIDENTAL

ABGD. LUIS ENRIQUE PULIDO
Exp. 8486
WHO/CJMV/gustavo