TSJ Regiones - Decisión

CAUSA: 1U-1411-13
JUEZ: Abg. MARCO ANTONIO GARCIA
FISCALES: Abg. ENMY DELGADO ESCLANTE, Fiscal 21° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
VICTIMAS: IDENTIDAD OMITIDA
ACUSADO: MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ
DEFENSA: Abg. NAIRETH GARCIA FIGUERA (Defensora Pública Penal).
SECRETARIA: Abg. YELITZA SUAREZ

Vista la solicitud interpuesta por la ciudadana Abg. NAIRETH GARCIA FIGUERA, en su condición de Defensora Pública Penal del ciudadano acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad V-15.577.220, en la cual solicita a este Tribunal la revisión de la medida de privación de libertad impuesta por el Tribunal Tercero de Control de este mismo Circuito Judicial Pena en fecha 20 -08-2009, en contra de su defendido por el Decaimiento de la misma, conforme a lo dispuesto en el Artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el referido ciudadano se encuentra Privado de su Libertad por un periodo de tiempo superior a los cuatro (04) años, incluyendo el lapso de Prórroga de dos (02) años que fuera acordado en su debida oportunidad procesal de conformidad con lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la fecha, específicamente desde el día desde el 20-08-2009 y hasta la presente fecha no se ha realizado el juicio oral y público, por lo que solicita al Tribunal que le sea otorgada su libertad plena de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 49 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 1 y 230 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido este Tribunal entra a conocer la solicitud de la Defensa y observa lo siguiente:
En Audiencia de Presentación del Imputado, celebrada en fecha 20-08-2009, el Tribunal Tercero en Funciones de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, decreto en contra del ciudadano acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo previsto en los Artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la fecha de ocurrir los hechos, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y VIOLENCIA SEXUAL EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 43 de la misma Ley Especial en concordancia con el artículo 99 del Código Penal vigente para la fecha, en perjuicio de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, ordenándose su ingreso en el Internado judicial penal Rodeo II, con sede en Guatire, Estado Miranda.

En fecha 02 de octubre de 2009, se recibe por ante el Tribunal Tercero en Funciones de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, Escrito Acusatorio en contra del ciudadano acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, suscrito por la Fiscal 21º del Ministerio Público ABG. ANA OLIVIER, mediante el cual solicita el enjuiciamiento del referido ciudadano por la presunta comisión de los delitos de AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y VIOLENCIA SEXUAL EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 43 de la misma Ley Especial en concordancia con el artículo 99 del Código Penal vigente para la fecha, en perjuicio de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA; en el cual se describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar como ocurrieron los acontecimientos, indicando entre otras cosas que a partir del mes de abril de 2008, el acusado comenzó a tener contacto sexual con penetración vaginal, bajo coacción psicológica y sin consentimiento de su adolescente hija, hechos que se repitieron frecuentemente en su lugar de residencia ubicado en la población de Chuspita, estado Miranda, toda vez que el mismo obligaba a su hija a dormir con él en una habitación en la parte superior de la vivienda, amenazándola de llevarla a un internado si no accedía a sus peticiones, indicándole igualmente que el fantasma de su madre difunta se le aparecería por las noches en la parte de debajo de la casa. Es el caso que la abuela de la victima la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, al observar a su nieta con el abdomen pronunciado, sospechó que estaba embarazada, por lo que en fecha 14 de agosto de 2009, decide realizarle una prueba de embarazo, dando como resultado positivo, ante tales hechos, la adolescente le confiesa a su abuela que era consecuencia del abuso frecuente de su propio padre que comenzó desde que su madre falleciera, indicando que el hijo que esperaba era de su padre, tales hechos fueron conocidos igualmente por la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, quien procedió a denunciar el hecho ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; y al tener conocimiento el acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, de la referida denuncia, en fecha 18 de agosto de 2009, aproximadamente a las 6:00 horas de la mañana, se presentó en la casa de la abuela de la víctima y las amenazó con causarles un grave daño, logrando la adolescente escabullirse por una zona boscosa adyacente a la vivienda, logrando llegar hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con la finalidad de denunciar el hecho intimidatorio, procediendo a la aprehensión del referido ciudadano a los fines de ser puesto a la orden del Ministerio público, por lo que en fecha 07 de octubre de 2009, se fijó por primera vez la Audiencia Preliminar en la presente causa para el día 20-10-2009, siendo debidamente notificada las partes.

Ahora bien, este Juzgador, procede a la revisión de las presentes actuaciones a los fines de verificar los motivos por los cuales fue diferida la celebración de la Audiencia Preliminar por el respectivo Tribunal de Control y las causas de los mismos, observando lo siguiente:

1.- En fecha 20-10-2009, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 03-11-2009 a las 10:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

2.- En fecha 03-11-2009, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 17-11-2009 a las 11:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

3.- En fecha 17-11-2009, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, falta de comparecencia de La Defensa y La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 01-12-2009 a las 11:20 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

4.- En fecha 01-12-2009, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, falta de comparecencia de La Fiscal 21 del Ministerio Púbico, La Defensa y La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 15-12-2009 a las 10:45 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

5.- En fecha 15-12-2009, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, y se fijó nueva fecha para el día 14-01-2010, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

6.- En fecha 14-01-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 28-01-2010, a las 10:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

7.- En fecha 28-01-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 11-02-2010, a las 9:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

8.- En fecha 01-02-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, falta de comparecencia de La Defensa y La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 25-02-2010 a las 10:10, horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.
9.- En fecha 25-02-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 11-03-2010, a las 9:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

10.- En fecha 11-03-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 23-03-2010, a las 9:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

11.- En fecha 23-03-2010, el Tribunal ordena reactivar la causa y se fija nuevamente la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 29-04-2010, a las 10:45 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

12.- En fecha 29-04-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 13-05-2010, a las 9:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

13.- En fecha 13-05-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, y se fijó nueva fecha para el día 25-05-2010, a las 9:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

14.- En fecha 25-05-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 08-06-2010, a las 8:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

15.- En fecha 08-06-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 22-06-2010, a las 9:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

16.- En fecha 22-06-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, falta de la Fiscal 21º del Ministerio Público y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 08-07-2010, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

17.- En fecha 08-07-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 20-07-2010, a las 9:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

18.- En fecha 20-07-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 03-08-2010, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

19.- En fecha 03-08-2010, el Tribunal ordena reactivar la causa y se fija nuevamente la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 09-09-2010, a las 09:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

20.- En fecha 09-09-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de comparecencia de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 23-09-2010, a las 10:10 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

21.- En fecha 23-09-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 07-10-2010, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

22.- En fecha 07-10-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 28-10-2010, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

23.- En fecha 28-10-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Defensor Público y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 16-11-2010, a las 09:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.
24.- En fecha 16-11-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 02-12-2010, a las 09:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

25.- En fecha 02-12-2010, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de comparecencia de Todas las Partes, y se fijó nueva fecha para el día 08-12-2010, a las 09:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

26.- En fecha 30-05-2011, el Tribunal ordena reactivar la causa y se fija nuevamente la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 08-06-2011, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

27.- En fecha 08-06-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 22-06-2011, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

28.- En fecha 22-06-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, (Problemas Penitenciarios Internos) y se fijó nueva fecha para el día 06-07-2011, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

29.- En fecha 06-07-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, (Problemas Penitenciarios Internos) y se fijó nueva fecha para el día 20-07-2011, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

30.- En fecha 20-07-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, falta de comparecencia de La Fiscal 21 del Ministerio Púbico y de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 03-08-2011 a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

31.- En fecha 03-08-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, falta de comparecencia de La Fiscal 21 del Ministerio Púbico y de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 17-08-2011 a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

32.- En fecha 17-08-2011, se difiere la celebración de la Audiencia preliminar en la presente causa, en virtud de encontrarnos dentro del periodo de Receso Judicial desde el 15-08-2011 hasta el 15-09-2011, otorgado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se fija nueva fecha para el día 21-09-2011, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.
33.- En fecha 21-09-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Fiscal 21 del Ministerio Púbico y de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 19-10-2011 a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

34.- En fecha 19-09-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 09-09-2011 a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

35.- En fecha 09-09-2011, se difiriere la Audiencia Preliminar por cuanto no hubo despacho en este Tribunal en dicha fecha, fijándose nueva fecha para el día 07-12-2011, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

36.- En fecha 07-12-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 21-12-2011 a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

37.- En fecha 21-12-2011, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 18-01-2012 a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

38.- En fecha 18-01-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 01-02-2012, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

39.- En fecha 01-02-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 29-02-2012, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

40.- En fecha 30-03-2012, el Tribunal ordena reactivar la causa y se fija nuevamente la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 25-04-2012, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

41.- En fecha 25-04-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 09-05-2012, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

42.- En fecha 11-05-2012, se difiriere la Audiencia Preliminar por cuanto no hubo despacho en este Tribunal en dicha fecha, fijándose nueva fecha para el día 30-05-2012, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

43.- En fecha 30-05-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 20-06-2012, a las 9:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

44.- En fecha 20-06-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado y de La Victima, y se fijó nueva fecha para el día 18-07-2012, a las 9:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

45.- En fecha 18-07-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de comparecencia de la Defensa Publica, quien se encuentra de Guardia en esa misma fecha, y se fijó nueva fecha para el día 15-08-2012, a las 9:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

46.- En fecha 15-08-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de comparecencia de Todas las Partes, y se fijó nueva fecha para el día 20-09-2012, a las 9:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

47.- En fecha 20-09-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 17-10-2012, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.
48.- En fecha 17-10-2012, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de LA Fiscal 21 del Ministerio Publico y de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 07-11-2012, a las 11:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

49.- En fecha 04-12-2012, el Tribunal ordena reactivar la causa y se fija nuevamente la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 15-01-2013, a la 1:00 horas de la tarde; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

50.- En fecha 15-01-2013, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta comparecencia de La Víctima, y se fijó nueva fecha para el día 05-02-2013, a las 10:00 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

51.- En fecha 05-02-2013, se difiere la celebración de la Audiencia Preliminar por la falta de Traslado del Acusado, y se fijó nueva fecha para el día 28-02-2013, a las 8:30 horas de la mañana; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

52.- En fecha 26-06-2013, el Tribunal ordena reactivar la causa y se fija nuevamente la celebración de la Audiencia Preliminar para el día 11-07-2013, a las 12:00 horas del Mediodía; siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

Celebrada la Audiencia Preliminar en fecha 11-07-2013, por ante el Tribunal Tercero en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, ratificó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, de conformidad con lo previsto en los Artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la fecha de ocurrir los hechos, ordenándose la correspondiente Apertura a Juicio Oral y Público, por la presunta comisión de los delitos de: AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y VIOLENCIA SEXUAL EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 43 de la misma Ley Especial en concordancia con el artículo 99 del Código Penal vigente para la fecha, en perjuicio de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA.
En Fecha 12 de Septiembre de 2013, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de esta Circunscripción Judicial, dicto auto dándole entrada a la presente causa, procedente del Tribunal Tercero de Control de este mismo Circuito Judicial Penal y se fijó la correspondiente audiencia de juicio oral y público para el día 10-10-2013, siendo debidamente solicitado el traslado del acusado y notificada a las partes.

Dispone textualmente el Artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente:

Proporcionalidad. “…No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso se podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años..”. (Negrillas del Tribunal).

Al respecto, como se sabe, el Primer Aparte del Artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la medida de coerción personal impuesta “en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”. La norma in comento vincula el límite temporal de la medida de coerción personal ordenada, en primer lugar, al delito, específicamente, a la pena mínima prevista para cada delito, y, en segundo lugar, de forma general y concluyente, al término de dos años.

Sin embargo, el Código Orgánico Procesal Penal se limita a indicar que “…en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…”, sin señalar ninguna otra circunstancia. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Ahora bien, ante la falta de previsión normativa expresa que regule las consecuencias derivadas del Primer Aparte del mencionado Artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, (antiguo 244) del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido, entre otras consideraciones, las que se transcriben a continuación:

“...La privación de la libertad por orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordena la excarcelación (artículo 44.5 constitucional) la cual tendrá lugar por las causas previstas en las leyes. Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 (actual 244) del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años. Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.
...omissis...

En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 (actual 244) del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional…

A juicio de esta Sala, el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia firme condenatoria que sustituye la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa” (Sentencia N° 1712, del 12 de septiembre de 2001) –Subrayado y negrillas del tribunal).

“De lo anterior deriva que es derecho de la accionante solicitar la libertad por transcurso de más de dos (2) años de estar privado de la libertad sin mediar juicio oral y público y es obligación del juez de la causa principal decretar la libertad, al verificar el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, pues lo contrario sería violar el derecho a la libertad consagrado en el artículo 44 Constitucional, a menos que se evidencie la concesión de la prórroga referida supra, se advierta que el juicio no se ha llevado a cabo por culpa del imputado o si configura, en la concesión de la libertad de éste la amenaza o riesgo a los cuales alude el artículo 55 de la Constitución” (Sentencia N° 2249, del 1 de agosto de 2005 –Subrayado y negrillas del Tribunal).

“...cuando la medida de coerción personal (cualquiera que sea) sobrepasa el término establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente, sin que el señalado texto adjetivo prevea, para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, ya que el cese de la coerción en principio- obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, so pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional. Ello es así en razón de procurar diligencia en el desarrollo del proceso, evitar dilaciones injustificadas y proteger a los imputados de la posibilidad de sufrir detenciones eternas sin que, contra ellos, pese sentencia condenatoria firme. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Importante es para este Juzgador lo estimado por la Sala, acerca que la dilación indebida no hace referencia exclusiva y de manera inmediata a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Al respecto reitera la Sala que los plazos deben cumplirse, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental.
Continúa el Tribunal Supremo de Justicia:
“… no es posible entonces decidir en abstracto, qué son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando en todo caso establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada.

De allí que, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales.

A criterio de la Sala, este último, es obviamente el criterio determinante, siendo la evaluación del mismo independiente del requerimiento de responsabilidad disciplinaria del órgano judicial y de las carencias que afectan las estructuras de la administración de justicia…” (Sala Constitucional en fecha 12-08-05, sentencia N° 2627. Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero) (resaltado y subrayado del Tribunal).

De las consideraciones precedentes, importantes Juristas venezolanos, como la Dra. Magaly Vasquez Gonzalez, señalan que “El establecimiento de límites temporales a la duración de las medidas de coerción personal se fundamenta en el derecho del imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable” (Subrayado y negrillas del Tribunal), en lo que justamente se fundamenta la presente causa puesto que este Juzgado en todo momento ha garantizado el debido proceso y no ha dado pie a dilaciones indebidas, cumpliendo a cabalidad y respetando los lapsos previstos en la norma adjetiva, prevaleciendo así criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 35 de fecha 19 de enero de 2007, en la que se asentó: “Los Jueces, en tanto directores del proceso, tienen el deber de dar el tramite y el impulso necesario a las causas que conozcan, especialmente a aquellas en las que se han dictado medidas cautelares, y con mayor celo aún, a aquellas en las cuales el imputado o acusado se encuentra sometido a una medida privativa de libertad”.

En el presente caso, observa este Tribunal, que ciertamente la medida judicial privativa de libertad que pesa sobre el ciudadano acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, sobrepasó el plazo de los dos (02) años, inclusive en el presente caso sobrepasó los dos (02) años de prorroga adicionales que fueran acordado en su debida oportunidad procesal; pero de dicha circunstancia se evidencia, luego de la revisión del presente caso, y tomando en consideración el artículo 230 ejusdem, que se refiere a la proporcionalidad de la medida de coerción personal impuesta con la gravedad del delito imputado; en el presente caso, nos encontramos en presencia de la presunta comisión de los delitos de AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y VIOLENCIA SEXUAL EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 43 de la misma Ley Especial en concordancia con el artículo 99 del Código Penal vigente para la fecha, en perjuicio de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA; en consecuencia el bien jurídico tutelado de acuerdo al tipo de delito, es el de suma importancia y de los más preciados por el legislador, como lo es la integridad de una adolescente, quien funge como víctima en la presente causa, delito que atenta contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, cuya afectación no solo influye en las víctimas directas e indirectas, sino a la sociedad en general por la entidad del mismo. En tal sentido es deber de este juzgador considerar que el bien jurídico tutelado es de los más importantes, al respecto la jurisprudencia, como fuente de Derecho ha tratado la realidad de la práctica forense y ha señalado, con fundamento en los derechos humanos, así como el derecho a la vida, a la libertad y a la protección de los bienes jurídicos tutelados por el Estado, dentro de un Debido Proceso, debe el juez analizar previamente si a le acusado, se les ha vulnerado el cumplimiento de las mínimas garantías procesales para el juzgamiento, que implican el trato que se le ha dado durante las fases del proceso, y el cumplimiento de una serie de requisitos y formas, que le permitan materializar su defensa en condiciones de igualdad frente a la acusación penal.

En el mismo sentido en jurisprudencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, tenemos, específicamente la Sala Constitucional, Magistrado Jesús Eduardo Cabrera. Exp.: 1572-04. Sentencia Nro 646, señala:

“…Y en consecuencia ordenó al juzgado accionado, que procediera a verificar si el retardo procesal denunciado por el accionante era imputable a éste, o a su abogado defensor y, de no ser así, revisara la medida cautelar sustitutiva acordada y la sustituyera por otra medida de posible cumplimiento, que garantice la presencia del acusado en los actos del juicio…
Etimológicamente por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso, las medidas cautelares…..sin embargo cuando la medida cualquiera que sea, sobrepasa el término del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción, en principio obra automáticamente y la orden de excarcelación….
A juicio de esta sala, cuando se limita la medida de coerción personal a DOS AÑOS, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los DOS AÑOS señalados, sin que exista sentencia firme, y ello en principio, bastaría para que ocurra el supuesto. Sin embargo, debido a TÁCTICAS PROCESALES DILATORIAS ABUSIVAS, producto del mal proceder de los imputados y sus defensores, el proceso penal, puede tardar más de DOS AÑOS sin sentencia firme condenatoria que sustituya la medida, y, en éstos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fé un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa…”

De igual manera la misma sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo cabrera, en exp. 0073, Sentencia Nro 1315, de fecha 26-06.05, estableció:

“…En relación con lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta sala Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de DOS AÑOS de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio…”

Igualmente, en Sentencia Nro 2627, de la misma Sala Constitucional, de fecha 12 de agosto de 2005, el Magistrado Jesús Eduardo Cabrera sentó lo siguiente, siendo éste el criterio sustentado reiteradamente por la mencionada Sala.
“…dicho decaimiento no opera automáticamente cuando el proceso se ha retardado debido a tácticas procesales dilatorias abusivas de las partes o no imputables al órgano jurisdiccional, por cuanto en estos casos una interpretación literal, legalista de la norma, no puede llegar a favorecer a aquellos que tratan de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. En tal sentido, acota, la Sala, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es un derecho de configuración legal. En consecuencia, dicho derecho contiene un mandato al legislador para que ordene el proceso de forma que se alcance el difícil equilibrio entre su rápida tramitación y las garantías de la defensa de las partes, proporcionando los medios legales para que el juez pueda evitar las maniobras dilatorias. El derecho a un proceso sin Dilaciones Indebidas plantea como principal problema el determinar que debe entenderse por dilación indebida. Al respecto, el tribunal Constitucional español, en sentencia Nro 36/1984 estableció: “El concepto de dilaciones indebidas es manifiestamente un concepto indeterminado o abierto que ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico”.
Estima la Sala, que la dilación indebida a los plazos procesales legalmente establecidos, sino al límite que no debe ser traspasado en el cumplimiento de los mismos. Los plazos deben constituirse en orientadores del juicio de valor que ha de precisar si se ha producido o no una dilación indebida. Pues el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es el derecho a que los plazos se cumplan, pero el cumplimiento de los mismos no puede entenderse dentro de la categoría de derecho fundamental.
En tal sentido, no es posible entonces decidir en abstracto, que son dilaciones indebidas y cuando estamos en presencia de la infracción de tal derecho, dejando, en todo caso, establecidos ciertos criterios objetivos a ser tomados en cuenta por el juzgador, al momento de decidir sobre la supuesta violación denunciada. De allí, en todo caso, debe apreciarse, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la conducta personal del justiciable, el riesgo del demandante en el proceso y la conducta de los órganos judiciales…”

Si bien es cierto en el presente caso, han transcurrido más de Dos (02) años desde el decreto de la Medida de Privación de Libertad, y ha vencido igualmente el lapso de prórroga de dos (02) años que fuera otorgado en su debida oportunidad por el Tribunal de Control; por lo cual debería decaer tal medida, no es menos cierto que no siempre debe ser declarada de forma automática y plausible como un rotundo fracaso del Estado por no haber realizado el juicio oral y público en éste lapso, aunado a que en el presente caso se desprende que las causas de los múltiples diferimientos no son imputables al Tribunal.

En relación con lo estipulado por el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, ya anteriormente citado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas jurisprudencias ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de dilación procesal, cuando han transcurrido más de DOS (02) AÑOS de su vigencia contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el DECAIMIENTO DE LA MEDIDA, aunque, hayan transcurrido los DOS (02) AÑOS, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado o a la defensa técnica de éste, considerando igualmente nuestro Máximo Tribunal, que cuando se decrete esta libertad y se ponga en peligro el contenido del artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Subrayado del Tribunal)

De la revisión de las actas procesales, considera quien aquí decide, que en la presente causa no se encuentra demostrado las justificaciones por parte de la defensa que originaron el retardo procesal, ya que tomando en consideración la presunción legal de fuga por la gravedad del delito imputado y por los cuales se decreto el auto de apertura a juicio oral y público, siendo aplicable a este tipo penal el principio de proporcionalidad por la magnitud del daño causado, siendo que de conformidad con el artículo 230 existe la proporcionalidad de la medida de coerción personal en relación con la pena, en las circunstancias de la comisión y de resultar culpable en el debate, la sanción que pudiera llegar a imponerse, de tal manera que considera el tribunal, que debe mantenerse la medida decretada.

En el presente caso, el límite máximo de la posible pena a imponer por el tipo penal calificado es de considerable monta, al respecto, el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal en su parágrafo primero establece: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, se presume el peligro de fuga de fuga por la posible pena a imponer la cual puede llegar a ser hasta de diez años, según se prevé en el texto sustantivo especial, por cuanto el Ministerio Público califico los ilícitos penales como los delitos de AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y VIOLENCIA SEXUAL EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 43 de la misma Ley Especial en concordancia con el artículo 99 del Código Penal vigente para la fecha, en perjuicio de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA; en tal sentido, este Juzgador debe valorar la circunstancia citada, ya que es facultad del Juez analizar de acuerdo de las circunstancias del caso, la presunción o no del peligro de fuga.

Por otra parte, en relación a la pena que se pueda llegar a imponer y la magnitud del daño causado, debemos tomar en cuenta la pena que pudiera llegar a imponerse de demostrarse la responsabilidad del acusado, superando ésta los diez años de prisión, por lo que una vez verificado el peligro de fuga no puede apartarse este Juzgador del peligro de Obstaculización, el cual puede producirse de cualquier forma el proceso, poniendo en peligro las resultas del mismo, la verdad de los hechos y la realización de la justicia, pudiendo influir para que los testigos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, poniendo en peligro en consecuencia la prosecución del proceso, considera quien aquí decide, que se debe mantener la medida impuesta al acusado de autos.

En tal sentido considera quien aquí decide, que debe tomarse en cuenta la magnitud del daño causado, ya que se trata de uno de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia donde se trata de una víctima adolescente, siendo éste un delito de suma gravedad por el legislador; lo que conlleva a la existencia de la presunción legal de fuga contenida en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, donde fundamentándose en la Sentencia de la Sala Constitucional, la cual hace referencia a que el juez puede considerar según el caso, la magnitud del daño causado y el bien jurídico tutelado lesionado, que con fundamento al artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en garantía a la protección de los derechos Civiles de los ciudadanos, deba evitarse la obstaculización a la búsqueda de la verdad en el desarrollo del juicio oral y público, pudiendo mantenerse la presunción legal de la fuga de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Considerando además que los delitos por los cuales se decreto el auto de apertura a juicio oral y público, es aplicable el principio de proporcionalidad por la magnitud del daño causado y en los casos donde se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, siendo que de conformidad con el artículo 244 existe la proporcionalidad de la medida de coerción personal en relación con la gravedad del delito imputado al acusado, de las circunstancias de la comisión y de resultar culpable en el debate, la sanción que pudiera llegar a imponérsele de resultar condenada en el juicio. De tal manera que considera el tribunal, que debe mantenerse la medida decretada. En especial si se observa que la gran mayoría de los diferimientos, son por la falta de traslado del acusado, siendo que no ha quedado demostrado que muchos de estos no sean atribuibles al mismo.

En consecuencia este Tribunal Primero en Funciones de Juicio de esta Circunscripción Judicial, conforme a los razonamientos antes expuestos, considera procedente y ajustado a Derecho, DECLARAR SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Abg. NAIRTEH GARCIA FIGUERA, en su condición de Defensora Pública del ciudadano acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, y en consecuencia, se NIEGA EL DECAIMIENTO de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, del referido ciudadano acusado, por no estar cubiertas las circunstancias ni dadas las condiciones previstas en el Artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.

PARTE DISPOSITIVA

Con fundamento a las razones de hecho y de derecho analizadas, este Juzgado Primero en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en la ciudad de Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que confiere la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la solicitud interpuesta por el ciudadano Abg. NAIRETH GARCIA FIGUERA, en su condición de Defensora Pública del ciudadano acusado MARTIN OSCAR GUTIERREZ GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad V-15.577.220, y en consecuencia se NIEGA EL DECAIMIENTO de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que le fuera impuesta en su debida oportunidad, por la presunta comisión de los delitos de los delitos de AMENAZAS, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y VIOLENCIA SEXUAL EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 43 de la misma Ley Especial en concordancia con el artículo 99 del Código Penal vigente para la fecha, en perjuicio de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA; por considerar que no han variado las circunstancias que dieron origen a la misma. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Notifíquense a las Partes de la presente decisión. Regístrese, Diaricese. Cúmplase.

En Guarenas, a los veinticuatro (24) días del mes de Septiembre de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ PRIMERO DE JUICIO (T)

ABG. MARCO ANTONIO GARCIA
LA SECRETARIA

ABG. YELITZA SUAREZ

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado

LA SECRETARIA

ABG. YELITZA SUAREZ

Causa N° 1U-1411-13
MAGG/YS.-