TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE,
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

204° y 155°

PRESUNTA AGRAVIADA: Ciudadana MARIA LUISA CORREIA DE SOUSA, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-16.368.998.
ABOGADO ASISTENTE
DE LA PRESUNTA AGRAVIADA: Ciudadano JUAN PABLO BORREGALES DELGADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 22.916

PRESUNTOS AGRAVIANTES: Ciudadano ARMANDO RAUL MARTINEZ LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.419.731, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA y ADMINISTRADORA LOS TEQUES C.A. (CONTECA)
APODERADOS JUDICIALES DE
LA PRESUNTA AGRAVIANTE NO CONSTITUYO

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE Nº: 20.306

I
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

En fecha 08 de julio de 2013, fue presentada la presente acción de amparo constitucional por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripciòn Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, por la ciudadana MARIA LUISA CORREIA DE SOUSA contra el ciudadano ARMANDO RAUL MARTINEZ LOPEZ.
En fecha 10 de julio de 2013, se declaró INCOMPETENTE para conocer de la acciòn de amparo constitucional, ordenando la remisión del presente asunto a los Tribunales de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la esta Circunscripciòn Judicial y sede.
En fecha 29 de julio de 2013, el Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripciòn Judicial del Estado Miranda, ordenò la remisión del presente expediente al Juzgado Distribuidor de Primera en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripciòn Judicial y sede.
En fecha 06 de agosto de 2013, este Juzgado recibió el presente expediente, ordenando notificar a la parte querellante, con la finalidad de que dentro del lapso de (48) horas siguientes a la constancia en autos de su notificación, comparezca a los fines de corregir las omisiones en la presente demanda.
En fecha 14 de agosto de 2013, se ordenò remitir el presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de esta Circunscripciòn Judicial y sede, a los fines de que corrija las omisiones contenidas en el escrito de querella constitucional, de conformidad con la Resolución Nº 04 de fecha 12 de agosto de 2013, emanada de la Rectoría Civil y del Trabajo de esta Circunscripciòn Judicial, en la cual se le designa como Tribunal de Guardia de Primera Instancia.
En fecha 16 de septiembre de 2013, el Juzgado Primero de Primera Instancia ordenò remitir el presente expediente al Tribunal de origen, en virtud de haberse culminado el Receso Judicial.
En fecha 19 de septiembre de 2013, este Juzgado le dio entrada al presente expediente.

II
MOTIVA
Este Tribunal actuando en sede constitucional, tomando en cuenta el precepto constitucional contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la tutela efectiva de los derechos, así como la obtención con prontitud de la decisión correspondiente, garantizando de esta manera una justicia gratuita y sin dilaciones indebidas, procede previamente a realizar las siguientes consideraciones:
Se observa de las actas que conforman el presente expediente, que desde la fecha en que se ordenó la notificación de la parte querellante, a los fines de corregir las omisiones en la presente demanda (06-08-2013) hasta la presente fecha han transcurrido en este Tribunal más de seis meses, sin que constara en autos actuación alguna por parte de los accionantes, a los fines de darle continuidad al procedimiento. En este sentido, resulta procedente señalar el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres, sentencia Nº 982), estableció:

“…la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono de trámite, que expresa también el ‘decaimiento del interés’ del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actos, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. (…) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse – entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional – una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos – el abandono, precisamente – de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes. Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo – al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos – un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue el amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél (…) De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”.
De conformidad con lo expuesto, considera este Juzgador que la inactividad por seis (6) meses de la parte accionante en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.
En cuanto al caso de autos, dado que la presente causa ha sido evidentemente abandonada desde la notificación de la parte querellante, a los fines de corregir las omisiones en la presente acción de amparo el día 06 de agosto de 2013, y que, además, no existen intereses de orden público inherentes a la misma, se constata la extinción de la instancia por abandono del trámite con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
III
DECISION
Por los razonamientos y consideraciones que anteceden, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, actuando como Tribunal Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por el abandono del trámite en la QUERELLA CONSTITUCIONAL incoada por la ciudadana MARIA LUISA CORREIA DE SOUSA, suficientemente identificado en la presente causa.
Por la naturaleza especial del fallo no hay condenatoria en costas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada de la presente decisión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 251 eiusdem, notifíquese a la parte querellante.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en Los Teques, a los veintitrés (23)días del mes de abril de dos mil catorce(2014). AÑOS: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.
LA JUEZ
DRA. ZULAY BRAVO DURÁN
LA SECRETARIA,
ABG. JAIMELIS CÓRDOVA
En la misma fecha registró y publicó la anterior sentencia, siendo las 1:00 p.m, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.

LA SECRETARIA,
ABG. JAIMELIS CÓRDOVA

Exp. Nº 20.306