TSJ Regiones - Decisión

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

Expediente No. 13-8299.

Parte demandante: Ciudadano GIUSEPPE SARLI DE MARTINO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 11.306.507.
Abogado Asistente: Abogado Carlos Eduardo Núñez, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 25.099.

Parte demandada: Ciudadana RUBY SALCEDO ROJAS, venezolana mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-11.675.751, representada por la ciudadana CARMEN ZENAIDA PINEDA PEREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-9.216.261, según consta en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el No.16, Tomo 93, de fecha 14 de Junio de 2013.
Abogado Asistente: Abogado Leonel Mudarra, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 33.416.

Motivo: Desalojo.
UNICO

Corresponde a esta Alzada conocer del recurso de apelación ejercido por la ciudadana CARMEN ZENAIDA PINEDA PEREZ, quien actúa en representación de la ciudadana RUBY SALCEDO ROJAS, parte demandada, asistida por el Abogado LEONEL MUDARRA, contra la sentencia dictada en fecha 25 de octubre de 2013, por el Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, que declarara con lugar la demanda que por desalojo incoara el ciudadano GIUSEPPE SARLI DE MARTINO, contra la ciudadana RUBY SALCEDO ROJAS, ambos identificados.
Recibidas las actuaciones en esta Alzada, mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2013, se fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente para dictar sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil.

Para resolver se observa:
Antes de cualquier consideración respecto al merito del asunto sometido a conocimiento, esta Alzada debe una vez más reiterar que, en acatamiento al mandato Constitucional contenido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con lo establecido por el artículo 2 de la Resolución número 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, quien suscribe modificó su criterio atendiendo a los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En este orden de ideas, aprecia este Tribunal Superior que la citada norma del Código de Procedimiento Civil fue modificada por la aludida Resolución del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que respecta al presupuesto relativo a la cuantía necesaria para apelar, al disponer tal Resolución en su artículo 2 que se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualesquiera otras que se sometan al procedimiento breve, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T); y que las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo código, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T).
La disposición contenida en el citado artículo 891, establece el derecho a la doble instancia en los juicios breves, pero somete su ejercicio al cumplimiento de los requisitos o presupuestos procesales allí establecidos y que, conforme a la norma in comento, son: que el recurso se ejerza dentro de los tres días siguientes a la emisión del fallo y que la cuantía del asunto sea mayor de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), hoy quinientos bolívares fuertes (Bs. F. 500,oo), cantidad ésta que, conforme al artículo 2 de la aludida Resolución, debe equipararse a quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Lo señalado en el párrafo precedente va en consonancia con el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 08 de mayo de 2012, (caso: sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA 33 S.R.L.), bajo la ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, en la que se dejó establecido lo siguiente:
“…esta Sala estima pertinente destacar que la Resolución n°. 2009-0006, dictada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, actualizó los montos que aparecen en los artículos 881 y 882 del Código de Procedimiento Civil en relación con el quantum necesario para el acceso a la justicia por la vía del procedimiento breve, y el quantum mínimo de las causas cuyos fallos pueden ser objeto del recurso de apelación previsto en el artículo 891 eiusdem.
Igualmente, debe destacarse el contenido del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:
“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.”.
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en la Resolución mencionada, las demandas planteadas cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.) se tramitarán por el procedimiento breve a que se refiere el contenido del artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y, conforme a lo establecido en el artículo 891 ejúsdem su apelación, si la tuviera, se oirá solo si la cuantía es superior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.)…. (Resaltado añadido)

En aplicación a lo dispuesto por los artículos 891 del Código de Procedimiento Civil, y 2 de la Resolución No. 2009-00006 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de Marzo de 2009, y conforme al criterio jurisprudencial ut supra trascrito, puede afirmarse entonces que las sentencias proferidas en juicios tramitados por el procedimiento breve cuyas cuantías no excedan las quinientas unidades tributarias (500 U.T), no tienen apelación, siendo consecuencialmente inadmisible el ejercicio de dicho recurso contra tales fallos.
Sentadas las premisas que anteceden, observa quien decide que la demanda que dio origen al proceso donde se profirió la sentencia recurrida, fue estimada en la cantidad de NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 9.000, oo), equivalentes a OCHENTA Y CUATRO CON ONCE (84,11) Unidades Tributarias para el momento en que se introdujo la demanda, esto es, el 11 de junio de 2013, fecha posterior a la entrada en vigencia de la citada resolución, por ende, el recurso ejercido resulta manifiestamente INADMISIBLE, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.
En atención a la declaratoria de inadmisibilidad, esta Juzgadora advierte que resulta inoficioso pronunciarse con respecto a las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte demandada ante esta Superioridad y además de ello, proceder a realizar el respectivo análisis y valoración de las pruebas evacuadas durante el íter procesal. Y ASÍ SE DECIDE.
Finalmente, debe apercibirse a la Abogada Joanny Carreño, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, con el objeto de que mantenga la uniformidad de la jurisprudencia, máxime cuando se trata de un criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas interpretaciones son de carácter vinculante –ex artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, ello en virtud del principio de economía procesal y a los fines de evitar un desgaste innecesario en la administración de justicia.
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: INADMISIBLE el recurso procesal de apelación ejercido por la ciudadana CARMEN ZENAIDA PINEDA PEREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-9.216.261, quien actúa en representación de la ciudadana RUBY SALCEDO ROJAS, venezolana mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-11.675.751, según consta en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el No.16, Tomo 93, de fecha 14 de Junio de 2013, asistida por el Abogado Leonel Mudarra, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 33.416, contra de la sentencia dictada en fecha 25 de octubre de 2013, por el Juzgado del Municipio Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, y en consecuencia, se REVOCA el auto dictado en fecha 18 de noviembre de 2013, que oyera en ambos efectos dicho recurso.
Segundo: Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas.
Tercero: Remítase el presente expediente a su Tribunal de origen, en su debida oportunidad legal.
Cuarto: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los quince (15) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR TEMPORAL

JENNY M. GONZALES FRANQUIS LA SECRETARIA ACC
YAMILET PERDOMO

En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.).
LA SECRETARIA ACC

YAMILET PERDOMO

JMGF/RC/elías*
Exp. No. 13-8299