TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVL, MERCANTIL Y DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Los Teques, veintinueve (29) de julio de dos mil catorce (2014).
204º y 155º
Visto el escrito anterior de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales presentados por las abogadas en ejercicio LUISA MARÌA FLORES BOHÒRQUEZ y OLHEYSA BLANCO AGUILERA, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 132.271 y 79.056, respetivamente, contra los ciudadanos MARIA CAROLINA PARRA de YAÑEZ, ANDREINA JOSEFINA PARRA de SCHADENDORF, SILENIA MARIA PARRA de MONTIEL, LEONOR MONTIEL PARRA, JOSE JOAQUIN PARRA ALFONZO, IVAN ANTONIO SUAREZ, CLAUDIA MARIA PARRA LANDER, GUSTAVO ANDRES PARRA LANDER y ROBERT SALGADO OLMO, el Tribunal al respecto observa:
De la revisión efectuada a las actas procesales se evidencia que las peticionantes pretenden el pago de los honorarios profesionales causados por sus patrocinios judiciales, correspondiente a la acción que por AMPARO CONSTITUCIONAL incoara la ciudadana TAHELIS DEL CARMEN ABREU PÈREZ contra sus representados (querellados) ciudadanos MARIA CAROLINA PARRA de YAÑEZ, ANDREINA JOSEFINA PARRA de SCHADENDORF, SILENIA MARIA PARRA de MONTIEL, LEONOR MONTIEL PARRA, JOSE JOAQUIN PARRA ALFONZO, IVAN ANTONIO SUAREZ, CLAUDIA MARIA PARRA LANDER, GUSTAVO ANDRES PARRA LANDER y ROBERT SALGADO OLMO.
En este sentido, el Tribunal observa:
PRIMERO: Que en fecha 16 de enero de 2012, este Tribunal dictó el texto integro del fallo en el cual se declaró a) Sin Lugar la acción de Amparo en lo que respecta a la ciudadana LUISA YOLANDA BERNAL DE BARRIOS; b) Parcialmente con lugar la acción interpuesta y como consecuencia de ello se ordenó la restitución inmediata de la accionante, ciudadana TAHELIS DEL CARMEN ABREU PÈREZ de la posesión del inmueble ubicado en la Hacienda El Parral, Casa Nro. 1, Carretera Nacional San Diego-San José de Los Altos, Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda; comisionando al efecto al Juzgador Ejecutor de Medidas respectivo; sobre la cual fue ejercido el recurso de apelación respectivo.
SEGUNDO: Que en fecha 20 de diciembre de 2012, este Tribunal oyó en un solo efecto devolutivo la apelación ejercida por la parte querellada conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenado la remisión de las copias certificadas junto con oficio al Tribunal de Alzada.
TERCERO: Que en fecha 08 de febrero de 2013, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial y sede dictó sentencia mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso de apelación ejercido por los querellados, confirmando al efecto el fallo dictado por este órgano jurisdiccional en fecha 16 de enero de 2012.
CUARTO: En fecha 25 de octubre de 2013, este Tribunal dio por recibidas las actuaciones procedentes del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y los Salias de esta misma Circunscripción Judicial y sede.
Ahora bien, siendo que las actuaciones judiciales sometidas a Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales con fundamento en el Artículo 22 de la Ley de Abogados y su Reglamento, corresponden a un pago de Honorarios Profesionales, producidos en un juicio que actualmente se encuentra definitivamente firme en el cual se declaró Parcialmente Con Lugar la acción de Amparo Constitucional incoada, corresponde a quien suscribe establecer la competencia funcional para su tramitación y en este sentido tenemos:
Ante tal circunstancia es necesario señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 3325 del 04 de noviembre de 2005, caso: Gustavo Guerrero Eslava Y José Bernabé Nobas, estableció lo siguiente:
(…)Ahora bien, en una pretensión por cobro de honorarios profesionales pueden presentarse diferentes situaciones, razón por la cual debe establecerse de forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos casos y por vía de consecuencia, el tribunal competente para interponer dicha acción autónoma, ello con el propósito de salvaguardar el principio del doble grado de jurisdicción y los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso.
En tal sentido apunta la Sala que, conforme a la norma contenida en el señalado artículo 22 de la Ley de Abogados la reclamación por concepto de honorarios profesionales extrajudiciales, será resuelta por vía del juicio breve. Sin embargo, en lo atinente a la reclamación surgida en juicio contencioso no existe una remisión expresa, a un procedimiento propio, sino que lo vincula y concentra al juicio contencioso donde se genera la actuación del profesional del derecho. Es allí, dentro del juicio, donde el abogado va pretender cobrar sus honorarios a su poderdante o asistido.
Por ello, cabe distinguir cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustanciación diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al cliente a quien representa o asiste en la causa, a saber: 1) cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en primera
instancia; 2) cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo; 3) cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y, 4) cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se condenó al demandado.
A juicio de la Sala, en el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual el abogado pretende demandar los honorarios profesionales causados a su cliente, se encuentre en un tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental.
En lo que respecta al segundo supuesto -cuando se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo- la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia.
En el tercer supuesto -ejercido el recurso de apelación y oído en ambos efectos- no obstante, el juzgado de primera instancia haber perdido competencia con respecto a ese procedimiento, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, ello a fin de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el último de los supuestos -el juicio ha quedado definitivamente firme- al igual que en el anterior, sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales por vía autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, si es el caso, ya que la expresión del tantas veces señalado artículo 22 de la Ley de Abogado ‘la reclamación que surja en juicio contencioso’, en cuanto al sentido de la preposición “en” que sirve para indicar el lugar, el tiempo, el modo, significa evidentemente que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos contenidos en el primer y segundo supuesto antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que, entonces, pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales por vía incidental en el juicio principal.
A juicio de esta Sala, y en beneficio del abogado, podría pensarse que el incidente de cobro de honorarios entre el abogado y su cliente, puede suscitarse dentro de la fase de ejecución de la sentencia, por ser ésta una consecuencia del “juicio contencioso”, pero cuando el juicio ha terminado totalmente, como sucede en los casos donde no hay fase de ejecución, cual es el caso de autos, el cobro de honorarios del abogado a su cliente, es imposible que tenga lugar en la causa donde se pretende se causaron los honorarios y ante el juez que la conoció, ya que esa causa finalizó y no hay en ese momento juicio contencioso alguno, ni secuelas del mismo. (…).
Por su parte la Sala Plena en Sala Especial Primera del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 07 de abril de 2014, con ponencia del Magistrado Dr. Juan José Nuñez Calderón (Caso: Nancy Beatriz Guerra Rangel Vs. Marwin Jiménez Almeida), señaló:
“…En relación con la competencia para conocer de las demandas por intimación de honorarios profesionales de abogados, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia ha identificado cuatro distintas circunstancias que pueden presentarse, señalando en cada caso cuál será el tribunal competente. En tal sentido, en sentencia número 89 del 13 de marzo de 2003, caso Antonio Ortiz Chávez, dicha Sala estableció el siguiente criterio:
“1) Para el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre en un tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental.
2) Por lo que respecta al segundo supuesto, el cual se presenta cuando, se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo, por lo que el expediente se encuentra aún en el tribunal de cognición, remitiendo a la alzada, sólo copias certificadas, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia.
3) En el tercer supuesto, el cual se materializa, cuando ejercido el recurso ordinario de apelación en un determinado juicio, éste fue oído en ambos efectos, motivo por el cual el juzgado de primera instancia, ha perdido la jurisdicción con respecto a ese procedimiento, no obstante, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma y principal ante un tribunal civil, competente por la cuantía, todo esto con la finalidad dicha de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4) El último de los supuestos planteados sea tal vez el de menos complicación, pues basta que el juicio haya quedado definitivamente firme, con lo cual sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales si es el caso, ya que el artículo 22 de la Ley de Abogados dice: ‘...la reclamación que surja en juicio contencioso...’, denotándose que la preposición ‘en’ sirve para indicar el lugar, el tiempo, la situación, el modo, lo que significa, dentro del contexto del artículo mentado, la clara necesidad de que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos 1 y 2 antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales vía incidental en el juicio principal. Así se establece”.
Tomando en cuenta el citado criterio, se observa que el caso de autos se enmarca en el cuarto (4º) de los supuestos enunciados, esto es, que el juicio donde se habrían causado los honorarios profesionales se encuentra definitivamente firme por haber sido confirmado el fallo apelado por el Tribunal de Alzada en fecha 08 de febrero de 2013, razón por la que considera este Juzgado que la presente demanda de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, debe ser intentada de manera autónoma y principal ante un Tribunal Civil competente según la cuantía, por lo cual resulta forzoso para este Tribunal declarar INADMISIBLE la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, intentada en fecha 28 de julio de 2014, por las abogadas LUISA MARÌA FLORES BOHÒRQUEZ y OLHEYSA BLANCO AGUILERA, contra los ciudadanos MARIA CAROLINA PARRA de YAÑEZ, ANDREINA JOSEFINA PARRA de SCHADENDORF, SILENIA MARIA PARRA de MONTIEL, LEONOR MONTIEL PARRA, JOSE JOAQUIN PARRA ALFONZO, IVAN ANTONIO SUAREZ, CLAUDIA MARIA PARRA LANDER, GUSTAVO ANDRES PARRA LANDER y ROBERT SALGADO OLMO.
Por los argumentos expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: INADMISIBLE la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales interpuesta por las profesionales del derecho, abogadas LUISA MARÌA FLORES BOHÒRQUEZ y OLHEYSA BLANCO AGUILERA. Así se decide.
LA JUEZA,
Dra. ZULAY DEL V. BRAVO DURAN.
LA SECRETARIA ACC
Abg. CHRISTEL VERA R.

Exp Nº 19.787