TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA CON FUNCIONES DE EJECUCIÓN,
No. 01, LOS TEQUES

Los Teques, 14 de julio de 2014
204° y 155°
CAUSA 1E-101/09

JUEZ: LIESKA DANIELA FORNES DÍAZ
SECRETARIA: RUMELY ROJAS MURO

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: Fiscal Décimo del Ministerio Público con competencia en régimen penitenciario y ejecución de sentencias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

VÍCTIMA: Niña de once (11) años de edad para la data de comisión del delito perpetrado en su agravio (identificación omitida por exigencia legal).

PENADO: CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, natural de Bahía, Brasil, nacido el día dos (02) de marzo del año mil novecientos cincuenta y seis (1956), hijo de Josefa Barzoza de Matos y José Francisco Díaz dos Santos, titular de la cédula de identidad personal número V-24.671.716, de estado civil casado, de profesión u oficio comerciante, y con último domicilio en el sector Los Tres Puentes, zona Industrial El Tambor, casa sin número, Los Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Miranda.

DEFENSA: ABG. SOR ESTHER BAZAN GÓMEZ, adscrita a la Unidad de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Los Teques.

DELITO: VIOLACIÓN CON ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 375 del Código Penal, en relación con el artículo 374, numeral 1, eiusdem.

Visto que en fecha once (11) del mes y año en curso, recibió este Tribunal oficio No. 1750/14, datado 10/07/2014, suscrito por el Presidente de este Circuito Judicial Penal y sede, mediante el cual remite adjunto informe técnico respecto del penado CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad personal número V-24.671.716; en consecuencia, en la competencia que atribuyen a este órgano jurisdiccional los artículos 69, artículos 471 y 531, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 488 eiusdem, debe pronunciarse esta instancia judicial observándose al efecto lo siguiente:

En fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil seis (2006), ante presentación que del ciudadano CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad personal número V-24.671.716, hiciera el Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en audiencia realizada por el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 04, con sede en la ciudad de Los Teques, dada la detención practica al precitado por actuar de funcionarios policiales en razón de orden de aprehensión emitida por el aludido Juzgado el día seis (06) de junio de igual año, se pronunció la Juzgadora manteniendo, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la detención judicial preventiva del imputado en cuestión, por la presunta comisión del delito de violación con abuso de autoridad, librando, en consecuencia, boleta de encarcelación respectiva, distinguida ésta con el número 078/2006, dirigida al Director del Internado Judicial de Los Teques.

En fecha veintitrés (23) de octubre del mismo año, presentada como fuere acusación fiscal en contra del ciudadano encausado, como acto conclusivo de la investigación, se llevó a cabo ante el Tribunal en función de control en comento, el acto procesal de la audiencia preliminar, siendo que en tal acto emitió pronunciamiento la Juzgadora admitiendo totalmente la acusación del Ministerio Público, así como las pruebas ofrecidas por tal parte, emitiendo, consecuencialmente, orden de apertura a juicio oral, así como manteniendo la medida de coerción personal antes dictada respecto del sub iúdice.

En fecha siete (07) de agosto del año dos mil ocho (2008), el Tribunal de primera instancia en función de juicio, No. 03, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, concluye el debate oral iniciado el día cinco (05) de mayo de tal año, concerniente a la causa seguida al ciudadano en comento, pronunciándose el Juzgado mixto, por unanimidad, acerca de la culpabilidad del acusado y condenando al mismo, en consecuencia, a cumplir la pena de trece (13) años de prisión, más las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de violación con abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 375 eiusdem, en concordancia con el artículo 374, numeral 1, ibidem; publicándose el texto íntegro de la sentencia en cuestión el día veinticuatro (24) del mes de octubre del mismo año.

En data dieciséis (16) de julio del año dos mil nueve (2009), definitivamente firme como quedara la aludida sentencia condenatoria, este Tribunal de primera instancia en función de ejecución, No. 01, con sede en la ciudad de Los Teques, procediendo de conformidad con la normativa adjetiva penal patria acordó la ejecución del pronunciamiento judicial, practicando, en consecuencia, el cómputo de pena correspondiente, considerando para ello la fecha de detención del condenado, a saber, el seis (06) de junio del año dos mil seis (2006), precisando en dicho cómputo la fecha de cumplimiento de las penas, principal y accesoria, así como determinando no optar el condenado a la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena, y fijando, asimismo, las datas a partir de las cuales opta el condenado en cuestión a las distintas medidas de libertad anticipada.

El día treinta (30) inmediato, en comparecencia ante la sede de este Tribunal, previo su traslado desde el Internado Judicial de Los Teques, fue notificado el condenado en cuestión del cómputo de pena practicado en el asunto seguido en su contra, manifestando en tal oportunidad, el ciudadano CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, su solicitud de serle concedida, llegada la oportunidad, la medida de trabajo fuera del establecimiento, expresando a tales fines su compromiso de dar estricto y cabal acato a las obligaciones que puedan serle impuestas con ocasión del otorgamiento de tal beneficio.

En fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diez (2010), dictó pronunciamiento este Tribunal mediante el cual se negó la medida de pre-libertad de “trabajo fuera del establecimiento” o “destacamento de trabajo” a favor del condenado CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS.

En fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil once (2011), dictó pronunciamiento este Tribunal mediante el cual se acordó redención judicial de la pena por el trabajo a favor del condenado ut supra mencionado por el lapso de tres (03) meses y siete (07) días, practicándose como consecuencia de ello nuevo cómputo de pena en el cual se determinó nueva fecha de cumplimiento de pena y de opción a los distintos beneficios de Ley.

En fecha tres (03) de mayo del año dos mil doce (2012), dictó pronunciamiento este Tribunal mediante el cual se acordó redención judicial de la pena por el trabajo a favor del condenado ut supra mencionado por el lapso de dos (02) meses y veinticuatro (24) días, practicándose como consecuencia de ello nuevo cómputo de pena en el cual se determinó nueva fecha de cumplimiento de pena y de opción a los distintos beneficios de Ley.

En fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil trece (2013), dictó pronunciamiento este Tribunal mediante el cual se negó la medida de pre-libertad de “destino a establecimiento abierto” o “régimen abierto” a favor del condenado CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS.

En fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictó pronunciamiento este Tribunal mediante el cual se acordó redención judicial de la pena por el trabajo a favor del condenado ut supra mencionado por el lapso de tres (03) meses y veinticuatro (24) días, practicándose como consecuencia de ello nuevo cómputo de pena en el cual se determinó nueva fecha de cumplimiento de pena y de opción a los distintos beneficios de Ley.

Y, por último, en fecha once (11) del mes y año en curso, recibió este Tribunal oficio No. 1750/14, datado 10/07/2014, suscrito por el Presidente de este Circuito Judicial Penal y sede, mediante el cual remite adjunto informe técnico respecto del penado CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, el cual revela pronóstico DESFAVORAVLE y grado de seguridad MEDIA.

DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER

El Legislador ha contemplado una serie de de normas y preceptos legales aplicables a la competencia funcional de los Tribunales de la República y entre ellas, en materia penal se establecieron principios reguladores específicos en cuanto a la Jurisdicción y la materia, entre ellos cabe señalar los siguientes:

El Título III del Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal, señala la Jurisdicción ordinaria, al decirnos que corresponde a los Tribunales ordinarios el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el Código Orgánico, Leyes Especiales, y en fin los asuntos penales cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Venezolanos según el Código Penal, los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por la República.

Es aún más específico Nuestro Legislador patrio, al señalar la competencia por la materia, y al efecto, en el Capítulo III del artículo 69 de la Norma Adjetiva Rectora señala, que es competencia del Tribunal de Ejecución velar por la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas.

El artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el margen de competencia de los Jueces de Ejecución, y al efecto el mismo preceptúa entre otras cosas lo siguiente:

“Al tribunal de Ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de: 1.- Todo lo concerniente a la libertad del penado o penada, las formulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena. 2.- La acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona.3.-La realización periódica de inspecciones de establecimientos penitenciarios, que sean necesarias y podrá hacer comparecer ante sí a los penados o penadas con fines de vigilancia y control. Cuando por razones de enfermedad un penado o penada sea trasladado o trasladada a un centro penitenciario, se le hará la visita donde se encuentre.
En las visitas que realice el Juez o Jueza de ejecución levantará acta y podrá estar acompañado por fiscales del Ministerio público.
Cuando el Juez o Jueza realice las visitas a los establecimientos penitenciarios, dictará los pronunciamientos que juzgue convenientes para prevenir o corregir las irregularidades que observe” (Subrayado y resaltado nuestro)

Determinada como ha sido la competencia, antes de decidir se hacen las siguientes observaciones.

El ciudadano CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad personal número V-24.671.716, le fue practicada evaluación psicosocial en fecha 04/06/2014, en la cual se emitió pronostico de conducta DESFAVORABLE estableciéndose un grado de clasificación de MEDIA seguridad, ello en razón, entre otras cosas, de haber mostrado frialdad emocional y altos niveles de posible reincidencia.

Ahora bien, el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal dispone:

“…El Tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados y penadas que hayan cumplido, por lo menos, la mitad de la pena impuesta. El destino al régimen abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado o penada haya cumplido, por lo menos, dos tercios de la pena impuesta… Además para cada uno de los casos anteriormente señalados deben concurrir las circunstancias siguientes… 2. Que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en el grado de mínima seguridad por la junta de clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria. 3. Pronostico de conducta favorable del penado o penada emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo evaluador designado por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria…” (subrayado y negrillas por el Tribunal)

Señalamos anteriormente que el penado CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad personal número V-24.671.716, le fue practicada evaluación psicosocial en la cual se pudo verificar que el pronostico fue DESFAVORABLE, aunado que el grado de clasificación actual, es media, y no de mínima seguridad, como lo establece la norma adjetiva penal derogada, es por lo que estima esta juzgadora, que el penado antes mencionado, no puede hacerse acreedor al otorgamiento de la medida de pre-libertad de “destino a establecimiento abierto” o “régimen abierto”, en consecuencia se NIEGA el otorgamiento de la misma; en virtud de que no se encuentran llenos los extremos del artículo 500 específicamente el de los numerales 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, decisión que se dicta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 471.1 y 488 eiusdem. Y ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución No. 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la Ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: ÚNICO: Por cuanto en el caso sub exámine no se cumplen los requisitos expresamente establecidos por el legislador patrio en los numerales 2 y 3 del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal, en su texto publicado el cuatro (04) de septiembre del año dos mil nueve (2009), Gaceta Oficial No. 5930 , a efectos de la procedencia u otorgamiento de la fórmula de libertad anticipada de destino a establecimiento abierto o “régimen abierto”, niega, por tanto, este órgano jurisdiccional, en la facultad que le confieren los artículos 69 y 471 eiusdem, la concesión de tal medida de pre-libertad a la persona del penado, ciudadano CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS, natural de Bahía, Brasil, nacido el día dos (02) de marzo del año mil novecientos cincuenta y seis (1956), hijo de Josefa Barzoza de Matos y José Francisco Díaz dos Santos, y titular de la cédula de identidad personal número V-24.671.716; en consecuencia, se mantiene el estado de privación de libertad del precitado como forma de cumplimiento de la pena principal que le fuera impuesta

Líbrense las respectivas boletas de notificación a las partes de conformidad con el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, Regístrese, Diarícese y déjese copia certificada de la presente decisión.
LA JUEZ

LIESKA DANIELA FORNES DÍAZ

LA SECRETARIA

RUMELY ROJAS MURO

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado. Y así lo certifico.

LA SECRETARIA

RUMELY ROJAS MURO

LDFD/ldfd*
Causa N° 1E 101-09

Penado: CARLOS ANTONIO BARBOZA DOS SANTOS
Fecha: 15-07-2014
Asunto: Niega Régimen Abierto