REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Pedro Gual de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Rio Chico. .Años: 203º y 155°. Solicitud N°: 2013-14. PARTE SOLICITANTE: Ciudadana ANGENIA YSABEL HERNANDEZ BERMEJO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.835.433. MOTIVO: Titulo Supletorio de Propiedad. En fecha 23 de enero de 2013 se recibió por ante la Secretaría de este Despacho Judicial, solicitud de Titulo Supletorio de Propiedad, presentada por la ciudadana ANGENIA YSABEL HERNANDEZ BERMEJO, ya identificada; debidamente asistida por el profesional del derecho ANAURO ANDRÉS HERNANDEZ BERMEJO, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 152.063. Mediante auto dictado en fecha 29 de enero de 2013, cursante al folio 11, se admitió la presente solicitud, en cuanto ha lugar en derecho y se fijó el acto de evacuación de testigos dentro de los cinco (05) días de despacho. En fecha 29 de abril de 2013 se recibió por ante la Secretaría de este Despacho Judicial, diligencia presentada por la ciudadana ANGENIA YSABEL HERNANDEZ BERMEJO, debidamente asistida por el abogado ANAURO ANDRÉS HERNANDEZ BERMEJO, ya identificados, solicitando cambio de testigos en la presente solicitud. Mediante auto dictado en fecha 02 de mayo de 2013, cursante al folio 15, se admitió la diligencia y se fijó nuevamente el acto de evacuación de testigos para dentro de los cinco (05) días de despacho. Mediante auto dictado en fecha 19 de junio de 2014 (f. 16), quien suscribe el presente fallo, se abocó al conocimiento de la causa que nos ocupa. Ahora bien, el Tribunal, a los fines de proveer sobre la presente solicitud de Titulo Supletorio de Propiedad, hace las siguientes observaciones: Es menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes...”. Por su parte, el artículo 269 ejusdem reza que: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. (Subrayado de este Sentenciador). A este respecto, el Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido que: "…Un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el cual no se realizan actos de impulso procesal y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. Toda paralización del proceso contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse, según se den o no los factores legales que la determinan. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso y; por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal…". (Subrayado de este Sentenciador). Igualmente, La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 156, de fecha diez (10) de agosto del año 2.000, expresó: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...” (Negrilla de este Tribunal). Es así como la misma Sala, en la sentencia N° 211 de fecha veintiuno (21) de Junio del año 2.000, estableció que: “...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...”. Establecido previamente lo anterior, observa este Sentenciador, que el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal como ocurrió en el presente caso, el cual estuvo paralizado desde el día 02 de mayo de 2013, fecha el cual se admitió la presente solicitud; y como consecuencia de la inactividad procesal imputable a la solicitante, se han configurado los supuestos para decretar la perención de la instancia, y así se hace saber. En mérito de las anteriores consideraciones, este Juez del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Pedro Gual de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la población de Rio Chico, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, y en consecuencia, se producen los efectos indicados en el artículo 271 ibidem; y así se decide. Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con el artículo 283 del Código in comento, no hay especial condenatoria en costas. A tales, efectos, se ordena el cierre y archivo del presente expediente, y así se decide. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Pedro Gual de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la población de Rio Chico, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil catorce (2014). Años: 203° de Independencia y 155° de la Federación. EL JUEZ TEMPORAL, ABG. JOHNNYS OSTO BRAVO. LA SECRETARIA, MARIA ANTONIETA PACHECO BAUTE. En esta misma fecha 27 de junio de 2014, dentro de las horas de despacho se registró y publicó la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley. LA SECRETARIA MARIA ANTONIETA PACHECO BAUTE. J.O.B/m.a.p.b/l.p SOLICITUD: 2013-14.