TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Los Teques, diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014).
203° y 155°

Visto el contenido de la diligencia presentada en fecha 13 de marzo de 2014, por el abogado en ejercicio JOSE MIGUEL UGUETO ESCOBAR, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.715, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora y mediante la cual solicita a este Tribunal se pronuncie sobre la ampliación de la medida de fecha 30 de enero de 2014; en consecuencia, a los fines de proveer con respecto a la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora en su libelo de demanda y en su escrito de ampliación de fecha 30 de enero de 2014, este Tribunal al respecto observa:
Las medidas cautelares, son instrumentos de la justicia dispuestos para que el fallo dictado por el órgano jurisdiccional sea ejecutable y eficaz. Son expresión del derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Las medidas preventivas establecidas en este titulo las decretará el juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Los requisitos para que un Juez pueda decretar alguna de las medidas preventivas, están estrictamente limitados al cumplimiento de los siguientes presupuestos: a) Que exista presunción grave del derecho deducido en la demanda (fomus bonis iuris) y b) Que exista riesgo manifiesto o peligro de que quede ilusoria la ejecución de la decisión que se vaya a dictar al fondo en el juicio principal, (periculum in mora).
En tal virtud, las medidas preventivas proceden sólo cuando se verifiquen en forma concurrente los supuestos que los hacen viables, esto es, que la medida sea necesaria para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o para impedir que la ejecución del fallo se haga ilusoria, y que además resulte presumible que la pretensión esgrimida resulte favorable. Los dos requisitos son concurrentes, es decir, deben converger, porque la finalidad de la tutela cautelar es prever o garantizar que se pueda cristalizar o hacer efectiva la ejecución del fallo, vale decir, efectiva ejecutoriedad de la sentencia, que es en definitiva la garantía final de que toda la actividad de las partes y del Juez en el proceso pueda concretarse haciendo cumplir lo que en la sentencia se haya dictado.
En este sentido, le corresponde al juez verificar si efectivamente se encuentran demostrados o comprobados los requisitos de procedencia para decretar la medida solicitada, estos requisitos como ya se señaló con anterioridad son: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama. Sobre este particular, nuestro máximo Tribunal se ha pronunciado en distintas oportunidades, entre ellas en sentencia de fecha 30 de junio de 2005 (Caso: V.M Mendoza contra J.E Mendoza), dictada por la Sala de Casación Civil con ponencia de la magistrada Yris Armenia Peña dejó sentado lo siguiente:
“ Ahora bien, en la esfera de las medidas cautelares, para declarar o no su procedencia, corresponde al juez verificar los extremos que la ley exige, y realizar un verdadero análisis de trascendencia jurídica tal que haga necesaria la medida, es decir, es determinante que el Juez revise en cada caso, si el daño que el solicitante dice haber sufrido o la amenaza de que se produzca, es posible en la realidad (el riesgo o peligro de infructuosidad del fallo y la apariencia del buen derecho).
(…)
La Sala en sentencia de fecha once (11) de agosto de 2004, en incidencia de medida preventiva caso: María Trinidad Naidenoff Hernández contra Vicente Emilio García Calderón, Exp NºAA20-C-2003-000835, estableció lo que sigue:
“…En consecuencia, para que proceda el derecho de la medida no sólo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra la que recae la medida, si fuere alegado por el solicitante de la cautela, supuesto éste que debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en si mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba…” (Resaltado del Tribunal) (Ramírez & Garay, Tomo CCXXIII- Junio 205 Nº 1095-05, Páginas 618, 619 y 620)”.
En atención a la jurisprudencia antes transcrita, y atendiendo al contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es imperativo para el jurisdicente verificar por un lado la pretensión contenida en el libelo de la demanda, y por otro si realmente ha sido demostrado el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, ambos requisitos como ya se ha indicado anteriormente deben ser concurrentes, en todo caso, el juez deberá valorar si el demandado ciertamente ha querido o ha realizado comportamientos que lleven al convencimiento del Juez que este último persigue hacer nugatoria de cualquier manera la pretensión esgrimida por el accionante.
Ahora bien, en el caso sub exámine, la parte actora en el libelo de demanda, expone:
“…Solicitamos de este Juzgado DECRETE MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, Y MEDIDA DE SECUESTRO sobre el Bien Inmueble Objeto del Presente Litigio, ya que existe el riesgo manifiesto de quedar ilusoria la Ejecución del Fallo y de igual forma existe una presunción grave de quedar burlados los derechos de nuestra representada, ya que el Propietario ROCCO MAZZEO, ARRENDO EN VARIAS OCACIONES EL MISMO INMUEBLE OBJETO DE LITIGIO, como lo hizo con el ciudadano MANUEL DA SILVA, titular de la cédula de identidad No. V-6.859.310, que ocupan en la actualidad el inmueble, todo de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.”
Igualmente en el escrito de ampliación de la medida de fecha 30 de enero de 2014, la parte actora expuso:
“…Consigno, anexo a la presente diligencia, en este acto, constante de (8) ocho folios útiles, Copia Certificada del Documento de Propiedad del Inmueble constituido por la parcela número dieciocho (18) de la urbanización denominada la Rosaleda, Jurisdicción del Municipio Los Salias del Estado Miranda, propiedad del demandado, en el cual se edifico el EDIFICIO MAZZEO, donde se encuentra ubicado el local objeto del presente litigio, a los fines de que este tribunal ampliada con este medio de prueba, de acuerdo a lo solicitado por el Despacho a su digno cargo, provea sobre la referida MEDIDA DE ENEJENAR Y GRAVAR (sic), ya que de los autos se desprende que existe presunción grave del derecho deducido en la demanda (fomus Bonis Iuris) y existe riesgo manifiesto o peligro de que quede ilusorio la ejecución del fallo que se vaya a dictar (periculum in mora)…”
Para demostrar lo alegado, la parte actora consignó para el decreto de la medida cautelar, los siguientes documentos:
1) Copia simple de la solicitud de INSPECCIÓN JUDICIAL Nro.S-2013.171, de fecha 16-09-2013, presentada por los abogados JUAN RAMON HERNANDEZ OSUNA y JOSE MIGUEL UGETO ESCOBAR, en representación de la empresa KOOL VENEZUELA C.A., por ante el Juzgado Primero de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.
2) Copia simple de CONTRATO DE ARRENDAMIENTO suscrito entre el ciudadano ROCCO MAZZEO, en su carácter de arrendador, y la Sociedad Mercantil KOOL VENEZUELA, C.A., en su carácter de arrendatario, sobre un inmueble constituido un local comercial, ubicado en el Edificio Mazzeo, piso 5, de la avenida Principal de la Rosaleda Sur del Municipio Los Salías del Estado Bolivariano de Miranda, autenticado ante la Notaria Publica Cuadragésima Primera del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 14-09-2012, quedando anotado bajo en Nº20, Tomo 114.
3) Copia simple de INSPECCIÓN JUDICIAL Nro. S-2013-171, practica en fecha 26 de septiembre de 2013, por el Juzgado del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en el inmueble objeto del presente litigio.
4) Copia certificada de documento debidamente protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, quedando anotado bajo el número 11, Protocolo 1º, Tomo 24 de fecha 15 de diciembre de 1986, referente al inmueble constituido por una parcela numero 18 de la urbanización denominada La Rosaleda, ubicada en jurisdicción delMunicipio san Antonio de Los Altos, distrito Guaicaipuro del Estado Miranda, dicho inmueble le pertenece al ciudadano ROCCO MAZZEO.
En el caso de autos, se evidencia que la parte actora solicita le sea decretada medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble propiedad de la parte demandada ROCCO MAZZEO, para lo cual aportó las documentales supra identificadas. Ahora bien, el Tribunal observa que no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues si bien, podría considerarse de la lectura de los anexos (libelo de demanda), la eventual existencia de una presunción del derecho que se reclama, no existe presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo, pues de las actas del expediente no se evidencia que la parte demandada haya realizado actuaciones tendentes a dejar ilusoria la ejecución del fallo que pudiera dictarse en la presente causa.
Vale la pena acotar que el interesado en el decreto de una medida cautelar tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustentan en forma aparente, debiendo ser la solicitud de medida autosuficiente, es decir, debe contener de manera clara la medida solicitada y en especial, la indicación y el análisis de la lesión temida y la señalización de la prueba que demuestra tal lesión.
En tal sentido al no verificarse los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de providencia cautelar peticionado, relativa a la medida de prohibición de enajenar y gravar, más aun cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 14 de febrero de 2004 (caso: Eduardo Parilli Wilhem), estableció:
“(…) el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los -requisitos de procedencia violará flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicito la medida y no cumplió sus requisitos…”
En consecuencia, por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda NIEGA la medida de prohibición de enajenar gravar solicitada. Así se resuelve.
LA JUEZA,

DRA. ZULAY BRAVO DURAN.
LA SECRETARIA,

ABG. JAIMELIS CORDOVA.

EXP N° 20.388