TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

EXPEDIENTE Nº 11-8912

PARTE ACTORA: PABLA JOSEFINA MARMOLE, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y Titular de la cédula de identidad N° V-6.460.554.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: HARRY RAFAEL RUIZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 50.773, 151.177 y 137.630 respectivamente.-

PARTE DEMANDADA: JUAN GREGORIO DE ALMADA VIEIRA y FRANKLIN GREGORIO FUENMAYOR ZURITA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad N° V-5.604.194 y V-17.176.878.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado constituido.-

MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS

I
En fecha 14 de abril de 2011, se recibió demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, presentada por la ciudadana PABLA JOSEFINA MARMOLE, contra los ciudadanos JUAN GREGORIO DE ALMADA VIEIRA y FRANKLIN GREGORIO FUENMAYOR ZURITA, ya identificados, por un accidente de tránsito que, presuntamente ocurrió en fecha 24 de enero de 2011, en un lugar denominado final de la Avenida Independencia, Los Teques Estado Bolivariano de Miranda.

En fecha 25 de abril de 2011, comparece la parte actora y consigna los recaudos señalados en su escrito libelar y poder que acredita su representación.-
Admitida dicha demanda en fecha 28 de abril de 2011, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, para que compareciera por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la citación y una vez conste en autos dicha actuación procesal, a los fines de que diera contestación a la demanda, y se libró oficio a la Unidad estatal Nº 12, del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transito y Transporte Terrestre, del Instituto Nacional de Transito Y Trasporte Terrestre.-
En fecha 23 de mayo de 2011, compareció la parte actora ante este Tribunal, solicitando se libre exhorto al Tribunal de Municipio del Municipio los Salías del Estado Bolivariano de Miranda a los fines de efectuar la citación del ciudadano JUAN GREGORIO DE ALMADA VIERA.-
En fecha 25 de mayo de 2011, este Tribunal dictó auto, mediante el cual libró exhorto al Tribunal de Municipio del Municipio los Salías del Estado Bolivariano de Miranda a los fines de efectuar la citación del ciudadano JUAN GREGORIO DE ALMADA VIERA.-
En fecha 11 de agosto de 2011, comparece la parte actora, mediante el cual consignó comisión Nº 2011-053, procedente del Tribunal de Municipio del Municipio los Salías del Estado Bolivariano de Miranda.-
En fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal dictó auto mediante el cual se libró exhorto al Tribunal de Municipio del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda a los fines de efectuar la citación del ciudadano FRANKLIN GREGORIO FUENMAYOR ZURITA.-
En fecha 02 de agosto de 2012, este Tribunal dictó auto mediante el cual consigna comisión Nº 1511-11, procedente del Tribunal de Municipio del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda.-
En fecha 09 de agosto de 2012, este Tribunal dictó auto mediante el cual se instó al apoderado de la parte actora a indicar o señala una nueva dirección a los fines de que el ciudadano alguacil proceda a practicar la citación personal del ciudadano FRANKLIN GREGORIO FUENMAYOR ZURITA.-
En fecha 24 de octubre de 2012, compareció ante este Tribunal el apoderado judicial de la parte actora, solicitando copia certificada de los folios 1 al 5, del folio 9 10, 11, 12 hasta el folio 41.-
En fecha 26 de octubre de 2012, este Tribunal dictó auto mediante el cual acordó expedir las copias certificadas solicitadas mediante diligencia de fecha 24 de octubre de 2012.-
En fecha 26 de noviembre de 2012, compareció ante este Tribunal, el apoderado judicial de la parte actora, retirando las copias certificadas acordadas en fecha 26 de octubre de 2012.
Para decidir el Tribunal observa:
II
Nuestro Código de Procedimiento Civil contempla la figura de la perención de la instancia, atribuyéndole carácter objetivo, al señalar en su Exposición de Motivos lo siguiente: “(...) Se logra así, bajo la amenaza de la perención una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre actualmente, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar actos y evitar la extinción del proceso. Se han escogido para lograr este propósito las mismas circunstancias tomadas en cuenta en el Proyecto mencionado –se refiere al proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código de Procedimiento Civil, preparado por el Ministerio de Justicia en el año 1959- que son aquellas que con más frecuencia permiten en la práctica la paralización del proceso por falta de actividad del demandante o de ambas partes, tal como se indica en los ordinales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 267.” Entonces podemos decir que, la perención de la instancia, a diferencia de otros medios de terminación del proceso, no se encuentra vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino que procede con ocasión de circunstancias fácticas y objetivas que deben concurrir a los fines de que se verifique la misma. En consecuencia, la adopción de este sistema objetivo, por parte del Legislador, revistió a la institución de la perención de una naturaleza eminentemente sancionatoria, siendo aplicable, conforme lo dispone el Artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, a las partes; independientemente que alguna de ellas resulte ser la República, Estados, Municipios, Establecimientos Públicos, menores ó cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes.
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción de que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone, tal y como se desprende de la disposición contenida en el Artículo 267 del texto legal mencionado, según la cual:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”
En concordancia con la disposición antes transcrita, el Artículo 268 eiusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso. Adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.
Ahora bien, constituyen presupuestos de procedencia de la perención los siguientes: 1) La existencia de una instancia válida, de allí que no pueda operar en el caso de una demanda que no ha sido admitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de mayo de 2001, sostuvo lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de partes. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido, habla el Código de Jueces de Instancia, o juez de primera o segunda instancia”. En el caso sub-iúdice, la demanda que da lugar al presente juicio fue admitida por este Tribunal en fecha 28 de abril de 2011. En tal virtud se cumple el primer presupuesto de la norma. 2) El transcurso de un lapso de tiempo que varía según las distintas modalidades que ha previsto el legislador. Efectivamente, el legislador estableció que opera la perención por el transcurso de un lapso de tiempo de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, y en este caso en particular, previa revisión de las actas procesales que conforman el expediente, se evidencia que la última actuación procesal fue realizada por la parte actora en fecha 26 de noviembre de 2012, mediante diligencia retiro las copias certificadas acordadas por este Tribuna en fecha 26 de octubre de 2012. Después de esa fecha la parte accionante no realizó ninguna otra actuación. En consecuencia, ha transcurrido más de un año sin que las partes hubieren ejecutado algún acto de procedimiento, a los fines de impulsarlo. 3) La inejecución de obligaciones o actos de procedimiento referidos a las partes (obligaciones y cargas procesales). Al respecto, el artículo 267 antes citado prevé las conductas procesales que deben desarrollar las partes a los fines de evitar que se verifique la perención de la instancia, aunado ello al hecho de que el acto capaz de interrumpir la misma, debe tener la connotación de entrañar una solicitud clara e inequívoca de impulso procesal, del cual se presume que el interés verdadero de la petición es que prosiga el curso de la causa hacia la fase de sentencia de fondo o que se reanude dicha causa posteriormente a que hubiere operado algún motivo legal que incida en el iter procesal causando su detención. En este sentido, el Maestro Cuenca estableció: “No todos los actos ejecutados por los órganos jurisdiccionales, las partes o los terceros, tienen carácter procesal (...) No son actos procesales los preparativos para introducir la demanda, como la solicitud de la copia certificada de un documento, tampoco la actividad de hecho desempeñada durante el proceso, como el retiro de un documento presentado, ni aquellas actividades de derecho sustantivo realizadas en el curso del proceso, como el pago de honorarios, de emolumentos judiciales, etc. Pero estas mismas actividades de mero hecho pueden revestir carácter procesal cuando tienen el impulso de la causa (...) Desde este punto de vista, el acto procesal tiene la misma finalidad del proceso aquel que mantiene la relación de un mismo estado, que la estanca o detiene, sin ponerla a marchar, como la simple extensión de una copia certificada...”. En el caso que nos ocupa, la parte accionante no ha realizado actuación alguna ni cumplido con sus cargas procesales para impulsar la presente causa, por más de un año, cumpliéndose así el tercer presupuesto de la disposición antes parcialmente transcrita.
Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara que en la presente causa ha operado la perención de la instancia, por haber transcurrido más de un año sin que las partes hubieren efectuado algún acto procesal, y así se decide.
III
Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y consecuentemente, EXTINGUIDO EL PRESENTE PROCESO de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 270 eiusdem.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Para darle cumplimiento a lo ordenado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada de la anterior sentencia.-
Notifíquese a la parte actora.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en la ciudad de Los Teques, a los trece (13) días del mes de abril del dos mil quince (2.015). Años: 204º de la Independencia y 156º de la Federación.-
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Abg. TERESA HERRERA ALMEIDA
LA SECRETARIA,

Abg. LESBIA MONCADA de PICCA
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el anuncio de Ley, siendo las 11:00 de la mañana.

LA SECRETARIA,

THA/LMdP/jcrl
Exp. 2011-8912.