TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA LOS TEQUES
SALA 1 DE LA CORTE DE APELACIONES

Los Teques,
204° y 156°

CAUSA Nº 1A-a10066-15
IMPUTADO: RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, titular de la cédula de identidad Nº V-19.289.307
DEFENSA PÚBLICA: ABG. JESÚS GONZÁLEZ
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. GLADYS VALERA, FISCAL DÉCIMA NOVENA (19ª) DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
DELITOS: TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO.
MOTIVO: APELACIÓN DE MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD.
JUEZ PONENTE: DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ.

Corresponde a esta Corte de Apelaciones, conocer del Recurso de Apelación, interpuesto por la Profesional del Derecho GLADYS VALERA, en su carácter de Fiscal Décima Novena (19ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en la causa seguida al ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, en contra la decisión dictada en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), por el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, mediante la cual acordó revisar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesaba contra el referido ciudadano; y en su lugar impuso las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, establecidas en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9, del Código Orgánico Procesal Penal; por encontrase en la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas; y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en relación con el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la norma adjetiva penal vigente.

Este Tribunal de Alzada, para decidir previamente observa:

En fecha seis (06) de abril de dos mil quince (2015), se le da entrada a la causa signada con el Nº 1A-a 10066-15 designándose ponente al Magistrado DR. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ, Juez Titular de esta Corte de Apelaciones, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.-

Ahora bien, admitido como ha sido el presente recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrándose esta Corte de Apelaciones en la oportunidad de decidir, lo hace en los términos siguientes:

PRIMERO
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

En fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, dictó decisión en la causa seguida contra el ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, en la cual el Tribunal A-Quo entre otras cosas dictaminó:

“...De acuerdo a lo anterior, la medida cautelar de la Privación Judicial Preventiva de Libertad como figura del derecho procesal, necesariamente tendrá que estar supeditada a la subsistencia de las causas que le dieron origen al dictarse, de tal manera, que para que tenga lugar la revocatoria o sustitución de dicha medida, debe necesariamente haber ocurrido un cambio o modificación parcial o talmente de las circunstancias que dieron origen a su decreto, por cuanto su imposición responde a una determinada situación fáctica innegable al momento de adoptarla, que se vería desvanecida en la medida que tales circunstancias hayan cesado o sufran transformaciones a los largo del proceso de manera absoluta o parcialmente, de la revisión de las actuaciones, se observa, que aún y cuando el delito imputado es calificado por nuestro Máximo Tribunal como de lesa humanidad, estamos en presencia de la cantidad de 35.8 gramos de marihuana, siendo consideradas tales cantidades por nuestro legislador patrio, como ilícitos de droga de menor cuantía, y atendiendo el principio de presunción de inocencia y afirmación de libertad, contenidos en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, al tratarse de un caso especial donde la cantidad de droga incautada como se evidencia de la experticia signada con el Nº CG-DO-LC-DQ-13/1299, no supera la cantidad de cincuenta (50) gramos de marihuana, y en apoyo a la Jornada del ‘Plan Cayapa Penitenciaria’, se evaluó el presente caso, por lo que se declara CON LUGAR la solicitud formulada por el defensor público penal Jesús Javier González, e impone las medidas cautelares contempladas en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9 de nuestro texto adjetivo penal, consistentes en la presentación periódica cada treinta días, prohibición de salida del país y la localidad donde reside y prohibición de incurrir en hechos similares.
(...)
Este Tribunal en función de Control nro. 03 del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, procediendo de conformidad con lo establecido en los artículos 250,8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de revisión de medida privativa de libertad que pesa sobre el ciudadano RODRÍGUEZ CANELON ENDERSON WILLIAM NAZARETH, titular de la cédula de identidad Nº V-19.289.307, formulada por el Defensor Público Penal Jesús Javier González. SEGUNDO: Se impone a favor del ciudadano RODRÍGUEZ CANELON ENDERSON WILLIAM NAZARETH, las medidas cautelares contempladas en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9 de nuestro texto adjetivo penal, consistentes en la presentación periódica cada treinta días, prohibición de salida del país y la localidad donde reside y prohibición de incurrir en hechos similares, ello de conforme a los artículos 250, 8 (presunción de inocencia) y 9 (afirmación de la libertad), todos del Código Orgánico Procesal Penal...”

SEGUNDO
DEL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha doce (12) de diciembre de dos mil quince (2015), la profesional del derecho GLADYS VALERA, en su carácter de Fiscal Décima Novena (19ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, presentó Recurso de Apelación en contra de la decisión dictada en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), por el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, seguida al ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, en la cual, entre otras, cosas denunció lo siguiente:

“…Es el caso, que la Juzgadora al momento de emitir decisión, no la motiva simplemente (sic) simplemente hace referencia que las circunstancias que se tomaron en cuanta (sic) para dictar la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, han variado, sin especificar de manera precisa y analítica cuáles fueron las circunstancias que cambiaron, únicamente toma en cuenta el dicho del ciudadano defensor, ante tal razonamiento, por parte de la ciudadana Juzgadora, considera quien suscribe, que tal decisión, no fue motivada, pues no puntualiza de manera razonada, todos y cada uno de los parámetros previstos en el artículo 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual debe ser constatado al momento de efectuar la revisión de la medida.
Así las cosas, si analizamos detalladamente todas y cada una de las actas que conforman el presente expediente, contentivos de los elementos recabados durante la investigación, es evidente que aun se mantienen vigentes los elementos establecidos en el artículo 236 numerales 1 y 2 constitutivas del FUMUS BONIS IURIS, así como las circunstancias subjetivas previstas en el ordinal 3º (sic), en relación al peligro de fuga y obstaculización constitutivas del PERICULUM IN MORA, que establecen los artículos 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales fueron tomados en cuenta por la misma juzgadora, al momento de decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad, y que según criterio de la propia Juzgadora aún están vigentes, hoy observa con asombro quien suscribe que se otorga cautelar sustitutiva, sin especificar, cual de esos parámetros ha cambiado, a pesar de estar llenos los extremos legales para que siga vigente la medida privativa de libertad...
(...)
Aunado a lo anterior, es menester, referirse al parágrafo primero, del articulo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se presume el peligro de fuga en casos de hechos punible con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, en el caso de autos, tomando en cuenta el delito imputado, excede el máximo exigido, pues el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, tiene como término máximo 12 años.
En cuanto al Peligro de Obstaculización en la búsqueda de la verdad, considera esta Representación Fiscal, a tenor de lo establecido en el artículo 238 ordinal 2º (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, que existe el peligro o la grave sospecha, de que puedan intervenir e influir en el curso del proceso, y por ende en el establecimiento de la verdad de los hechos y la realización de la justicia, ya que tiene capacidad para acercase a los testigos y tratar de interferir para que este se comporte de manera reticente o tratar de debilitar su voluntad por medio de amenazas y cualquier otro tipo de medios conducentes que puedan atentar a que se logre la consecución de la justicia.
En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia vinculante No. 1728, de fecha 10 de diciembre de 2009, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, argumenta que no se deben aplicar medidas cautelares sustituvas a la privación de libertad en el delito de tráfico...
(...)
En base a los razonamiento de hecho y de derecho antes expuestos, solicito respetuosamente a la Corte de Apelaciones, que ha de conocer de este asunto DECLARE CON LUGAR, EL RECURSO DE APELACIÓN y se REVOQUE la decisión dictada por el Tribunal Tercero Estadal y Municipal en funciones de Control del este (sic) Circuito Judicial Penal, extensión Los Teques, donde sustituyo la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, que pesaba sobre el ciudadano ANDERSON WILLIAM NAZARETH RODRIGUEZ CANELON, por la medida cautelar sustitutiva, prevista en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones cada 30 días, prohibición de salida del país y de la localidad donde reside y prohibición de incurrir en hechos similares, decretando la Privación Judicial Preventiva de Libertad...”

Por último, se desprende de la revisión de las presentes actuaciones, que en fecha siete (07) de enero de dos mil quince (2015), el Tribunal A-quo emplaza a la Defensa Pública Penal, en virtud del Recurso de Apelación Interpuesto por la Vindicta Pública, no dando contestación la Defensa Pública.

TERCERO
ESTA CORTE DE APELACIONES A LOS EFECTOS DE SU PRONUNCIAMIENTO, OBSERVA:

En primer lugar, la decisión sometida a la consideración de esta Corte, por vía de apelación, ha sido dictada en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), por el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, mediante la cual acordó revisar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesaba contra el ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH; y en su lugar impuso las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, establecidas en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9, del Código Orgánico Procesal Penal; por encontrase en la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas; y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en relación con el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la norma adjetiva penal vigente.

Contra el referido pronunciamiento judicial, ejerció Recurso de Apelación la profesional del derecho GLADYS VALERA, en su carácter de Fiscal Décima Novena (19ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en la causa seguida al ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, quien denuncia en primer lugar que no debió revisarse la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en virtud que aún se mantienen incólumes los supuestos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y que en principio motivaran la imposición de la misma; en segundo lugar, que por la magnitud del daño causado y sobre la besa del peligro de obstaculización, lo mas ajustado a derecho era mantener la Medida Privativa de Libertad, por considerar que el delito por el cual se encuentra procesado el imputado de autos es considerado por nuestro Máximo Tribunal como de Lesa Humanidad; en consecuencia solicita se revoque la decisión dictada en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), por el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, y se decrete la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, conforme a las previsiones de los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal.

LA SALA SE PRONUNCIA

En primer lugar, en lo que respecta a la revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y la consecuente imposición de las Cautelares Sustitutivas de Privación de Libertad; por parte del Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, se desprende que el sentenciador, para decretar dicha medida pondera la aplicación del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

Artículo 250. Examen y Revisión. El imputado o imputada podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación.

En este sentido, la Jueza A-quo, estimó la imposición de las medidas contenidas en los numerales 3, 4 y 9 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala lo siguiente:

Artículo 242. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:

1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene.
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal.
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquél designe.
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal.
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres niños o niñas, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado o imputada.
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o imputada o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales.
9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria. (subrayado y negritas de ésta Alzada)

Del texto de este precepto legal, se entiende que siempre que concurran los supuestos establecidos en el artículo 236 de la norma adjetiva penal; y que a su vez puedan ser razonablemente satisfechas las resultas del proceso con la imposición de una medida menos gravosa, el sentenciador de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, puede imponerle en su lugar, mediante resolución motivada algunas de las medidas supra transcritas, con el fin de garantizar las finalidades del proceso como se dijo anteriormente, y se realice un juicio sin dilaciones indebidas, tomando en cuenta que en nuestro sistema acusatorio el juzgamiento en libertad es la regla y la prisión provisional la excepción.

Corolario a lo antes dicho, el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

Artículo 229. Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

En esta misma óptica, conviene traer a colación el principio de afirmación de la libertad, contenido en el artículo 9 ejusdem, el cual establece:

Artículo 9. Afirmación de la Libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con fuerza en la motivación que antecede y luego de haber sido expuestos los elementos procesales que constan en los autos, y analizadas las disposiciones contenidas en las normas ut-supra transcritas, se debe considerar, a la luz de la ley, la doctrina y la jurisprudencia, si le asiste o no la razón a la parte apelante en lo concerniente a la solicitud de revocar la Medida Cautelar Sustitutiva la Privación de Libertad que le fuera impuesta al justiciable de autos, para así concluir si se encuentra o no ajustada a derecho la decisión impugnada, y para ello es importante en primer lugar traer a colación el concepto del Debido Proceso:

El debido proceso en la opinión autorizada de nuestro más Alto Tribunal de Justicia en Sala de Casación Penal, en la Sentencia Nº 552 en fecha 12 de agosto de 2005 con Ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, en que se hace referencia al precedente jurisprudencial sobre la materia, ha concebido el debido proceso como:

“…el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a ser oído con las debidas garantías, el derecho a conocer la identidad del juez, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un proceso público, el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete público, en caso de no comprender o hablar el idioma, el derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho a conocer de modo detallado los pronunciamientos que se emitan en la causa seguida en su contra, el derecho que se le conceda al imputado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho de defenderse personalmente, ser asistido por un defensor de su elección, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a recurrir el fallo, el derecho a no ser juzgado nuevamente por los mismos hechos, y debe hacerse especial mención al derecho a ser juzgado por el juez natural..”

Del extracto del Precedente Jurisprudencial transcrito se colige que el debido proceso encuentra su esencia y razón de ser en un juicio justo a la persona contra la cual se sustancie una acusación penal, garantizándose plenamente la igualdad de las partes en el contradictorio, conforme a los principios de inmediación y oralidad del proceso que se cumple plenamente en el debate oral y público.

En esta misma línea de fundamentación el doctrinario Carmelo Borrego (2001), ha asentado que:

“El debido proceso nace y encuentra su mejor ambiente en el principio de legalidad procesal nula poena sine indicio, es decir tiene que ver con la legalidad de las formas de aquellas que se declaran esenciales para que exista un verdadero, auténtico y eficaz contradictorio y que a la persona condenada se le haya brindado la oportunidad de ejercer apropiadamente la defensa”... (La Constitución y el Proceso Penal. Página. 332)

Por lo demás, conviene, en este punto, citar la Jurisprudencia emanada en fecha 06 de Febrero de 2007, Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Hazz, del Tribunal Supremo de Justicia, en que se hace referencia sobre el punto controvertido:

“…Las medidas de coerción personal que sean decretadas dentro del proceso penal, antes de la sentencia, son, como su denominación inequívocamente lo indica, cautelares, esto es, dirigidas a “prevenir”, adoptar precauciones…lo cual significa que dichas medidas no constituyen un pronunciamiento extemporáneo; por anticipado, de su culpabilidad. Las mismas constituyen legítimas excepciones al postulado del juicio en libertad y están meramente dirigidas al aseguramiento de la comparecencia del imputado a los actos de su proceso y, con ello, a que se haga efectiva la garantía fundamental de un juicio dentro de un plazo razonables, sin dilaciones indebidas…”

En tal sentido, es de acortar que efectivamente el acusado se mantiene bajo una medida cautelar, y que el delito por el cual se encuentra siendo procesado, es el de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS, el cual no es un delito común, sino que por el contrario se está en presencia de un delito considerado de LESA HUMANIDAD, y donde además tuvo presente el marco constitucional que vista la gravedad del mismo lo considera imprescriptible, así como también el contenido de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, donde figura el Estatuto de Roma de la Corte Internacional en el cual se establece de manera textual en su artículo 7 lo siguiente:

“A los efectos del presente Estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque… otros aspectos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física…” (Subrayado de esta Alzada)

En este sentido, ha sido contundente y reiterada la jurisprudencia emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien en sentencia signada con el N° 1712, de fecha doce (12) de septiembre de dos mil uno (2001), dictada en el expediente distinguido con el número: 01-1006, de la nomenclatura interna de ese Alto Tribunal, bajo ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero (Caso: Rita Alcira Coy en amparo), ha venido señalando, de manera continua, reiterada y, pacífica que los delitos vinculados con drogas, se encuentran desprovistos de cualquier beneficio procesal, todo, dentro de los siguientes términos:

“…Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.
Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron:
´...Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...`.
Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia:...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal,
Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...`.
En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.
A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes. Dicho artículo reza:
Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ´crimen de lesa humanidad´ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
En atención a los razonamientos expuestos, la Sala considera acertada la decisión de la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el amparo constitucional bajo la modalidad de habeas corpus objeto de estos autos y, por tanto, se confirma la sentencia consultada, y así se declara…”. (Negrillas y subrayado añadido).

En este sentido, aún y cuando el delito cometido en el caso de marras es uno de los denominados de lesa humanidad por su altísima peligrosidad a la sociedad; considera este Tribunal de alzada, que en el presente caso, los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad pueden ser razonablemente satisfechos con las medidas impuestas al ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, en la decisión de fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, asegurando así las finalidades del proceso y tomando en cuenta que las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de libertad, también son medidas restrictivas de libertad, cuyo fin no es mas que el aseguramiento de las resultas del proceso y que en el presente caso fueron aplicadas correctamente por el Tribunal A quo. Y ASI SE DECIDE.-

Por último, y a los fines de abundar en la exegética de la jurisprudencia, nuestra Máxima Garante Judicial de la Constitución, mediante sentencia Nº 1859 de fecha 18/12/2014, dictada en el Exp. Nº 11-0836, con ponencia del Magistrado Juan Mendoza Jover; se hace necesario establecer analíticamente el sentido, contenido y alcance de la misma, dado su carácter vinculante, por ser éste Tribunal Colegiado respetuoso de la doctrina e interpretación de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En este sentido, resulta impretermitiblemente necesario traer a colación el contenido de la sentencia Nº 1859, dictada por la Máxima Garante Judicial de la Constitución, en fecha 18/12/2014, con ponencia del Magistrado Juan Mendoza Jover, Exp. Nº 11-0836, la cual a la letra es del siguiente tenor:

“...Finalmente, es deber de esta Sala, para preservar los principios que informan el proceso constitucional y la prevalencia del orden jurisdiccional, en razón de las distintas interpretaciones que los jueces y juezas de la República han dado al criterio de esta Sala conforme al cual “el delito de tráfico de estupefacientes, (…) debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad” (Vid. sentencia n.° 1712, del 12 de septiembre de 2001, caso: Rita Alcira Coy y otros), adecuar dicho criterio atendiendo el carácter judicial de la ejecución de la pena, el principio de proporcionalidad y los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, y sobre la base de la distinción establecida en la reforma del Código Orgánico Procesal de 2012 (Vid. artículos 38, 43, 374, 375, 430, parágrafo único, y 488), entre tráfico de drogas de mayor y menor cuantía, lo cual permita que se le conceda a los imputados y penados de esta última categoría de delito, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y a la ejecución de la pena, y, de esta manera, permitir que el Estado cumpla con las estrategias de transversalidad humanista que apuntan hacia una reinserción social, razón por la cual queda entendido que las fórmulas señaladas no constituyen beneficios procesales ni conllevan a la impunidad.

...(OMISSIS)...

En este contexto, esta Sala debe considerar como tráfico de menor cuantía de drogas, semillas, resinas y plantas los supuestos atenuados del tráfico previstos en los artículos 149, segundo aparte, y 151, primer aparte, de la Ley Orgánica de Drogas, los demás tipos penales contemplados en los artículos señalados conformaran el tráfico ilícito de mayor cuantía de drogas, semillas, resinas y plantas.

...(OMISSIS)...

Conforme a lo anterior, esta Sala estima que no es posible dar el mismo trato a todos los casos, en razón de que no todos los supuestos de los delitos que corresponden a esta sensible materia son iguales, ni el daño social -consecuencias sociales- que ellos generan es de igual naturaleza. Sin embargo, existen situaciones cuyas consecuencias jurídicas y sociales son de mayor magnitud que otras, y es allí en donde el legislador por medio de la normativa vigente impone un orden para evitar que iguales conductas se realicen de nuevo.
Para esta Sala, el hecho de que los delitos de tráfico de mayor cuantía de drogas, de semillas, resinas y plantas tengan asignadas penas mayores se fundamenta en una razón objetiva: la magnitud de sus consecuencias jurídicas y sociales, en virtud de lo cual a los condenados se les pospone la posibilidad de obtener las fórmulas para el cumplimiento de la pena, solo para cuando el recluso haya cumplido las tres cuartas (3/4) partes de la misma, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico, toda vez que existe primacía de los derechos e intereses colectivos sobre los individuales, como consecuencia de la proclamación en la Constitución, de un Estado como social y democrático de Derecho.
En tal sentido, esta Sala estima oportuno citar lo establecido por la Sala de Casación Penal en su sentencia n.° 376, de fecha 30 de julio de 2002, caso: “Felina Guillén Rosales”, respecto de la aplicación en los procesos por delitos de drogas del principio de proporcionalidad en el sentido siguiente:

(…) hacer distingos entre quienes operan con una gran cantidad de drogas y quienes lo hacen con una ínfima cantidad. Es paladino que el desvalor del acto es muy diferente en ambos supuestos, así como también el desvalor del resultado y a tenor del daño social causado.
(…)
En suma, hay que tomar en consideración que habría un mínimum de peligrosidad social –siempre en relación con la muy alta nocividad social de tal delito– si una actuación criminosa con drogas fuera sin un ánimo elevado de lucro o, por lo menos, sin una posibilidad real de lograr un elevado beneficio económico: esto puede inferirse de una cantidad muy baja de droga y que, por lo tanto, representaría un ataque no tan fuerte al muy alto y trascendente bien jurídico protegido. La fuerza del ataque a dicho bien debe influir en el criterio de peligrosidad, pues de eso dependería en principio el peligro social implícito en la conducta delictuosa.

De esta manera, esta Sala como máxima garante e intérprete de la Constitución, en ejercicio de las atribuciones que le confiere dicho Texto y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, replantea el criterio estableciendo de forma vinculante conforme a lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución, la obligación para todos los jueces y juezas con competencia en lo penal de la República Bolivariana de Venezuela, que cumplan cabalmente con los preceptos señalados en el presente fallo. Así se declara.

De igual modo, en virtud del presente pronunciamiento, esta Sala ordena la publicación de esta decisión en la Gaceta Oficial de la República, en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, la posibilidad de conceder a los imputados y penados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía, fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y a la ejecución de la pena, y a los condenados por el delito de tráfico de drogas de mayor cuantía se les pospone la posibilidad de obtener las fórmulas para el cumplimiento de la pena, solo para cuando el recluso haya cumplido las tres cuartas (3/4) partes de la misma, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico”. Así se decide.

En tal sentido, se puede inferir del extracto jurisprudencial ut-supra transcrito, que efectivamente se hace referencia directa a que en los casos de tráfico de drogas de los denominados de “menor cuantía” (establecidos en los artículos 149 segundo aparte y 151 de la Ley Orgánica de Drogas), el Juez tiene la posibilidad (es decir, se establece el carácter discrecional del Juez) de conceder a los imputados y penados que se encuentren incursos en la comisión de los delitos antes mencionados, las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso y las fórmulas alternativas a la ejecución de la pena; destacando además que: “queda entendido que las fórmulas señaladas no constituyen beneficios procesales ni conllevan a la impunidad”; de lo cual observamos a través de la exegética jurídica, que las precitadas fórmulas atienden a que el procesado asuma la responsabilidad de los actos atribuidos, y lograr la culminación del proceso alternativamente de la prosecución natural del proceso penal (vale decir, la realización de un juicio oral y público).

En este hilo expositivo, encuentra ésta Alzada, que efectivamente, el otorgamiento de medidas de coerción personal, atiende únicamente al principio de proporcionalidad que aflora entre el delito cometido y la responsabilidad penal derivada del mismo, para lo cual la Máxima Garante Judicial de la Constitución estableció el deber de: “hacer distingos entre quienes operan con una gran cantidad de drogas y quienes lo hacen con una ínfima cantidad”; indicado a su vez, que tal situación “Es paladino que el desvalor del acto es muy diferente en ambos supuestos, así como también el desvalor del resultado y a tenor del daño social causado”; por lo que “En suma, hay que tomar en consideración que habría un mínimum de peligrosidad social –siempre en relación con la muy alta nocividad social de tal delito– si una actuación criminosa con drogas fuera sin un ánimo elevado de lucro o, por lo menos, sin una posibilidad real de lograr un elevado beneficio económico: esto puede inferirse de una cantidad muy baja de droga y que, por lo tanto, representaría un ataque no tan fuerte al muy alto y trascendente bien jurídico protegido. La fuerza del ataque a dicho bien debe influir en el criterio de peligrosidad, pues de eso dependería en principio el peligro social implícito en la conducta delictuosa”.

En tal sentido, considera éste Tribunal Colegiado, que el criterio loable establecido por nuestro Máximo Tribunal, en lo atinente al Tráfico de Drogas, mantiene imperante que el mismo es un delito de los más gravosos por ser de Lesa Humanidad, por lo cual en materia de coerción personal de los procesados por dichos delitos, el Juzgador, debe mantener y seguir las tácticas de transversalidad humanista adoptadas por el Estado, que apuntan hacia una reinserción social del individuo que incida en dichos delitos; en este tenor, el Juzgador, debe sopesar con sosiego el daño que se le pudiera causar a la sociedad y a las resultas del Proceso en la realización de la Justicia como Valor Supremo del Derecho, evitando la impunidad es estos delitos; lo cual podemos concluir en la necesidad de ponderar la Proporcionalidad en las Medidas Cautelares que se adopten, y así garantizar el Proceso conforme al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal; en el caso particular, revisadas las actas que conforman la presente incidencia, se considera ajustada a derecho la decisión de A-quo de revisar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y acordar al imputado de autos Medidas Cautelares Sustitutivas a la Libertad, dado el estado actual de la causa, conforme a lo establecido en el artículo 250 ejusdem, por su presunta participación en los delitos de TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas; y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en relación con el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. Y ASÍ SE DECLARA.

En consecuencia, al encontrarse legitimada la decisión recurrida conforme a lo establecido en la ley procesal penal y en aplicación a los precedentes Jurisprudenciales antes transcritos pretendiéndose que se realice un juicio, sin dilaciones indebidas, con plena garantías de un debido proceso, estima esta Corte de Apelaciones, que lo procedente y ajustado a derecho, es DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Vindicta Pública y CONFIRMAR la decisión dictada el veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual acordó revisar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesaba contra el referido ciudadano; y en su lugar impuso las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, establecidas en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9, del Código Orgánico Procesal Penal; por encontrase en la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas; y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en relación con el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la norma adjetiva penal vigente. Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le Confiere la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la Profesional del Derecho GLADYS VALERA, en su carácter de Fiscal Décima Novena (19ª) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión emanada del Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, con Sede en la ciudad de Los Teques, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual acordó revisar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que pesaba contra el ciudadano RODRÍGUEZ CANELÓN ENDERSON WILLIAM NAZARETH, titular de la cédula de identidad Nº V-19.289.307; y en su lugar impuso las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, establecidas en el artículo 242 numerales 3, 4 y 9, del Código Orgánico Procesal Penal; por encontrase en la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas; y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en relación con el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la norma adjetiva penal vigente. Y ASÍ SE DECIDE.-

Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada y remítase a su tribunal de origen.
EL JUEZ PRESIDENTE

Dr. LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ
(Ponente)

EL JUEZ INTEGRANTE

DR. YVAN DARIO BASTARDO FLORES

LA JUEZA INTEGRANTE

Dra. MARINA OJEDA BRICEÑO

LA SECRETARIA

ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA

ABG. GHENNY HERNANDEZ APONTE

CAUSA Nº 1A- a 10066-15
LAGR/YDBF/MOB/GHA/oars.