TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO MIRANDA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL – EXTENSIÓN VALLES DEL TUY
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL
EN FUNCIONES DE CONTROL

Ocumare del Tuy, 28 de Diciembre de 2015
205º y 156º

ASUNTO: MP21-P-2015-002198

IDENTIFICACION DEL TRIBUNAL
JUEZ: ABG. CÉSAR ALBERTO GONZÁLEZ CHÁVEZ

SECRETARIO: ABG. RORAIMA SILVA

IDENTIFICACION DE LAS PARTES
FISCAL: ABG. NORA LUZ ECHAVEZ POLO, FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

SOLICITANTE: BRIGIDA ISABEL MARCANO BALOA, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-12.411.021

Vista la solicitud presentada por la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, DRA. NORA LUZ ECHAVEZ POLO, mediante el cual requiere de este órgano jurisdiccional, medida de protección a favor de la ciudadana BRIGIDA ISABEL MARCANO BALOA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.411.021, en su condición de víctima en relación a la causa signada con el Nº MP21-P-2015-002198 (nomenclatura de este Despacho), este Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control, a los fines de resolver en cuanto al pedimento formulado, realiza las siguientes consideraciones:

Fundamenta su solicitud la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en acta de entrevista levantada a la ciudadana BRIGIDA ISABEL MARCANO BALOA, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.411.021, en la sede de la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, de fecha 08/06/2015, en la cual informa que:

“Solicito medida de protección ya que me encuentro amenazada de muerte tanto por miembros de la banda delictiva Los Salamanca, quienes me sacaron de mi vivienda desde el 28 de abril de 2015, alegando que yo los denuncie en la Policía Municipal Cristóbal Rojas, dejándome en la calle con mi hija de 13 años de edad. Efectivamente uno de los funcionarios de esa policía les notifica a los de la Banda que yo los había denunciado. Además de esto hay otros funcionarios de ahí mismo que se dedicaban a cobrarle dinero a los de la Banda para no investigarlos, ahora también me amenazan estos policias, ya que yo me entere de todo esto. Actualmente el funcionario Robles de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas esta privado de libertad por otro delito distinto a lo que yo se, pero desde donde esta me llama para amenazarme, me pregunta donde estoy y que tenga ciudadano con lo que hablo, que la que puede pagar todo es mi hija, actualmente no tengo donde vivir, pienso alojarme un tiempo en casa de mis padres pero pido que esta dirección sea resguardada para que ellos no sepan donde estamos mi hija y yo, y para no poner en peligro a mis padres…”

Del análisis de tales circunstancias de hecho, se estima que en efecto estamos en presencia de un caso que amerita protección por parte del Estado, en favor de la ciudadano BRIGIDA ISABEL MARCANO BALOA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.411.021, por evidenciarse de tales argumentos un inminente peligro en cuanto a la integridad física del solicitante y de sus familiares.

Respecto de la garantía del Estado en favor de los intereses de los particulares, establece nuestra Carta Magna en su artículo 55, lo siguiente:

“Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Art. 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por Ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes...”

En consecuencia de las motivaciones de hecho explanadas en la solicitud y en estricto apego al texto constitucional, al debido proceso y al derecho que ampara al particular de acceder a los mecanismos de protección estipulados por el legislador, en conformidad con lo señalado en la norma constitucional antes transcrita, este Tribunal considera procedente la SOLICITUD DE PROTECCIÓN, formulada por el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, a favor de la ciudadana BRIGIDA ISABEL MARCANO BALOA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.411.021, a los fines de brindar seguridad a su vida e integridad física, ello conforme a lo estipulado en los artículos 4, 5 y 7, 19 y 21 numeral 1, de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, y artículos 19, 26 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se acuerda y ordena oficiar a la autoridad policial estadal con jurisdicción en el domicilio de la víctima, a los fines de que presten la debida protección, debiendo realizar en consecuencia, rondas de vigilancia en la residencia de la víctima BRIGIDA ISABEL MARCANO BALOA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.411.021, con frecuencia de dos (2) a tres (3) veces por día, durante tres (03) meses, e informen a este Tribunal, cada quince (15) días, sobre las diligencias realizadas en relación a la protección ordenada.

DISPOSITIVA

Por las motivaciones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, Extensión Valles del Tuy, emite el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: Declara CON LUGAR la MEDIDA DE PROTECCIÓN, solicitada por la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, en favor de la ciudadana BRIGIDA ISABEL MARCANO BALOA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.411.021, de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 5, 7, 19 y 21 numeral 1, de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, y artículos 19, 26 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que SE ACUERDA Y ORDENA oficiar a la autoridad policial estadal con jurisdicción en el domicilio de la víctima, a los fines de que presten la debida protección, debiendo realizar en consecuencia, rondas de vigilancia en la residencia de la víctima, con frecuencia de dos (2) a tres (3) veces por día, durante tres (3) meses, e informar a este Tribunal, cada quince (15) días, sobre las diligencias realizadas en relación a la protección ordenada.
Notifíquese al Fiscal superior del Ministerio Público y líbrese oficio respectivo.
JUEZ SEGUNDO DE CONTROL

ABG. CÉSAR ALBERTO GONZÁLEZ CHÁVEZ
LA SECRETARIA,

ABG. RORAIMA SILVA

Seguidamente se dio cumplimiento a lo aquí ordenado.

LA SECRETARIA,

ABG. RORAIMA SILVA
ASUNTO: MP21-P-2015-002198.-