JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA Los Teques, 204° y 155° De una revisión al presente expediente, el Tribunal observa que en fecha 12 de febrero de 2014, se recibió ante este Juzgado, demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, presentada por el ciudadano ROBERTO EDUARDO ASCANIO MORÍN, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 621.320; a la par, en fecha 02 de mayo de 2014, el Tribunal instó al accionante, a que consignara la certificación de gravamen, requisito establecido en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, ello, a los fines de continuar con la sustanciación del expediente. Ahora bien, llama poderosamente la atención a este Juzgado el hecho de que hasta la presente fecha, la parte interesada no ha activado absolutamente la continuación de la prenombrada demanda, habiendo transcurrido más de ocho (8) meses de inactividad contados desde la última actuación del Tribunal en el presente expediente. En razón de ello, resulta oportuno traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), el cual tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, interpretándola como una limitación a toda persona, del derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia, dentro un límite de tiempo prudencial que no denote la pérdida del interés procesal por parte del demandante, ya que éste constituye un requisito de la pretensión. En tal sentido, al ponerse de manifiesto tal desinterés, después de la admisión de dicha pretensión, o incluso antes de ser admitida, se origina el decaimiento del ejercicio de la acción, por la falta del debido impulso de parte, lo cual permite declarar terminado el procedimiento, cuando hubiere transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir a la Jueza que el solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o simplemente no requieren que se les satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento, así lo denota. En este orden de ideas, resulta suficientemente relevante que en el caso que nos ocupa, el accionante no ha impulsado debidamente el proceso, lo cual conlleva a apreciar que no está interesado en activarlo hasta el estado en que hubiere de dictarse alguna resolución. Así, aún cuando tal conducta omisiva depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, afecta sin duda, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención de la Jueza sobre otros asuntos que si la requieren. Por tanto, ha considerado la Sala Constitucional, que verificado el decaimiento del interés procesal, así, puede ser ello constatado y apreciado, sin necesidad de que los postulantes lo aleguen, surgiendo la potestad de que los jueces den por terminado el procedimiento, para así poder continuar movilizando el órgano judicial en procura de aquellos caso donde las partes o solicitantes sí hubieren demostrado su interés. Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ante la inminente pérdida del interés procesal por el demandante, declara extinguido este procedimiento, por falta de uno de los requisitos exigidos para tramitarlo, como lo es su debido impulso, y así se decide. LA JUEZA TITULAR ELSY MADRIZ QUIROZ LA SECRETARIA TITULAR JENIFER BACALLADO GONZÁLEZ EMQ/JBG/SAGL.- EXP. N° 30.432.-